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En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) aprovechó la conmemoración para presentar el Informe de Libertad de Expresión que corresponde al periodo de enero de 2017 hasta abril 2018.

El documento divulgado detalla las situaciones que atentan contra el ejercicio periodístico y se divide en siete apartados  que abordan diferentes temáticas entre ellas: asesinatos, amenazas verbales, resultado de la cobertura electoral, acceso a la información, restricción de cobertura, fake news, situación de mujeres periodistas y precarización laboral.

“En un contexto de país en que no se está brindando las condiciones para proteger el trabajo que estamos realizando, dedicar un espacio a este tema es vital”, dijo Dalila Arriaza, presidenta de la APES. Asimismo, aseveró que el escrito se ha construido día a día con la información que los mismos periodistas han generado.

Los casos más latentes son los despidos masivos en diferentes medios de comunicación, ante ello las empresas mediáticas aducen que son a causa de problemas económicos o reestructuración y en algunos casos a los despedidos no se les ha proporcionado las prestaciones laborales correspondientes.

Cabe resaltar que, en el periodo estipulado anteriormente, se contabilizaron tres casos de asesinato en la zona central, de los cuales dos están siendo judicializados; el accionar de APES ante tales casos fue presionar a las autoridades correspondiente para investigar a los autores intelectuales y materiales de los hechos.

Intimidación, agresión y prohibición del acceso a los medios de comunicación a los centros de votación, fueron los casos que se obtuvieron del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodista que se instaló el 3 de marzo previo a las Electorales 2018, en total son 25 las denuncias recibidas.

Entre otras categorías las más relevantes fueron las vulneraciones al derecho de acceso a la información por autoridades del órgano judicial, acoso y estigmatización hacia las mujeres periodistas.

Ante dicha situación, la APES muestra su preocupación por la precarización laboral en el sector periodístico, sobre todo las malas condiciones laborales y el retraso de pagos de salarios, sobrecarga laboral, incluso la misma presión de jefaturas de medios para la realización de labores extenuantes, no dotarlos de herramientas esenciales para su trabajo.

Descarga el informe completo aquí:INFORME LIBERTAD DE PRENSA ENERO 2017-ABRIL 2018

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa para Protección a Periodistas y Trabajadores Relacionados a la Información, con el auspicio de Internews, implementaron talleres de consultas para elaboración de Ley Integral de Protección a Periodistas en El Salvador.

El objetivo de los talleres fue la recolección de insumos para elaboración dicha Ley, lo que permitió identificar cuatro grandes rubros de protección integral, entre ellos: seguridad física, laboral, social y previsional.

Según Oscar Campos, facilitador de los talleres, expresó que la preocupación más latente que invade al gremio es la seguridad personal a causa de la delincuencia social; también, la persecución e intimidación, ya sea por parte de funcionarios públicos o jefaturas en los medios de comunicación.

De la misma manera, el acoso laboral de toda índole, sea este de carácter profesional, sexual, intimidación o manipulación. No obstante, las condiciones laborales injustas.

Por otra parte, los hallazgos más relevantes fueron la programación de radios, las pautas o espacios donde se permita la denuncia, incluso   aquellos programas que fomente la denuncia, pueden poner en riesgo la vida de las personas que trabajan en el medio de comunicación.

Con los insumos recopilados se está trabajando en la propuesta de Ley y en la creación de mecanismos para resguardar los derechos del gremio periodístico, que será presentada en los próximos días.

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Foto de referencia

Juez bloquea acceso a periodistas en proceso por corrupción

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información se muestra preocupada ante la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, de no permitir el ingreso de periodistas a la sala de audiencia en el proceso judicial en contra el expresidente Elías Antonio Saca, a pesar que no existe ninguna declaración de reserva total o parcial en el caso.

Por tercer día consecutivo no se permitió el ingreso a los periodistas que dan cobertura noticiosa a los tribunales de justicia donde se desarrolla la audiencia preliminar contra el exmandatario, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, lo que consideramos es una decisión arbitraria del juzgador que coarta el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y las libertades constitucionales de expresión y prensa de quienes transmiten la información. Este caso reviste de importancia para la ciudadanía, por lo cual se debe respetar su derecho a estar informada, sobre todo cuando con la posible comisión de los delitos que se atribuyen, se puede haber generado una afectación colectiva a los ciudadanos.

Ante ello expresamos:

  • El sistema judicial debe garantizar los derechos colectivos relativos a la Libertad de Expresión, de prensa y a la información.
  • Por tratarse de un caso de afectación a la economía pública, cuya víctima indirecta es la ciudadanía y no un ente privado, el sistema judicial debe permitir la máxima publicidad del caso para que los ciudadanos estén informados.
  • Que el sistema judicial debe girar directrices para que a nivel nacional se permita la publicidad del proceso penal en aquellos casos en los que la ley no lo prohíba expresamente.
  • Que ante el rechazo del juez a la petición escrita presentada por los periodistas para que se les permitiera el acceso a la diligencia judicial y en caso de persistir la restricción arbitraria que se ha señalado, las organizaciones integrantes de la Mesa nos reservamos el derecho a presentar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para hacer respetar el derecho ciudadano de acceso a la información como garantía constitucional de la democracia.

    San Salvador, 26 de abril de 2018

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) procesó la denuncia por restricción al ejercicio periodístico por parte del Juez 4° de Instrucción, Rigoberto Chicas, quien dirige el proceso judicial contra el expresidente Antonio Saca y otros siete exfuncionarios.

A partir de la denuncia el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información publicó una alerta en la que se detalla que desde el 16 de abril de 2018, que fue instalada   la audiencia preliminar del caso Saca el juez giró una orden de para impedir el ingreso de los medios de comunicación a la audiencia.

Según los periodistas, siendo el proceso penal de carácter público, el funcionario no deja entrar a la prensa a la audiencia, a pesar que no existe reserva del caso.

“Hemos entrado sin ningún problema a audiencias anteriores sobre el delito de lavado de dinero y nunca nos han negado el acceso”, aseveró Stanley Luna, periodista de El Diario de Hoy (EDH).

Periodistas de varios medios que cubren la fuente judicial han expresado en redes sociales su inconformidad con el proceder del juzgador.

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información prepara un pronunciamiento y no descarta presentar recursos legales ante instancias superiores para lograr que este proceso de trascendencia pública sea conocido por los salvadoreños.

 

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Foto extraída de: http://www.fiscalia.gob.sv/la-fgr-resuelve-caso-de-feminicidio-de-la-periodista-karla-turcios/

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información, envía un mensaje a quienes pretendan atentar contra los periodistas en El Salvador, en donde asegura que, la Mesa es una instancia de coordinación; ante el caso de Turcios, la Mesa reunió esfuerzos junto al gremio periodístico, con la finalidad de presionar a las autoridades para que los hechos no quedarán en la impunidad.

Transcurrieron ya diez días desde el asesinato de Karla Turcios, periodista de La Prensa Gráfica (LPG) y según la Fiscalía General de la República (FGR), el caso ha sido solventado a través de indagaciones tecnológicas, revisión de cámaras de videovigilancia y bitácoras de llamadas.

“Como gremio estamos satisfechos de la prontitud mostrada por los organismos de investigación en este caso y esperamos la misma diligencia para actuar en otros hechos en los que las victimas son periodistas o trabajadores de medios relacionados con la información”, manifestó Javier Najarro, miembro directivo de Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

A raíz de una orden administrativa girada por la fiscalía, el lunes 23 de abril, en horas de la noche, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mario Huezo, compañero de vida de la víctima, en las inmediaciones del hotel Real Intercontinental en San Salvador.

Desde que Huezo dio declaraciones sobre el asesinato de su compañera, las autoridades de investigación empezaron a indagar minuciosamente el contexto de los hechos, y no eran congruentes con su versión, por lo tanto, era el principal sospechoso.

Suficientes elementos verídicos sobre el atentado

Douglas Meléndez, fiscal general de la república, dijo que Turcios presentaba dos golpes situados en su rostro, uno en la frente, otro en su boca, antes de ser estrangulada, dichos datos son parte de los elementos que la fiscalía maneja ante el hecho.

“Tenemos elementos suficientes para establecer el feminicidio”, aseguró Howard Cotto, director general de la PNC.

También, accidentalmente al agresor se le cayó de su bolsillo una nota similar a la que había encontrado en su casa (la diferencia de ese escrito era la letra “A”) y que posteriormente entregó a las autoridades.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), impulsó el proyecto “Seguridad  de Periodistas de El Salvador”, la vacante para coordinador del proyecto se publicó el 12 de marzo de 2018.

En relación a lo anterior, ocho periodistas aplicaron  a la plaza de coordinación, sin embargo, el perfil que más se apegó a los Términos de Referencia (TDR)  fue el de Byron René Sosa, Lic. en Periodismo, quien según la Junta Directiva de APES llenó el perfil que se estaba buscando.

Sosa tiene una amplia experiencia en el área de prensa escrita, multimedia, funciones administrativas, coordinación de proyectos; además, su proactividad  en trabajos anteriores  le ha permitido desarrollar competencias profesionales eficientes, entre ellas: capacidad de gestión y elaboración de informes.

El objetivo del proyecto es fortalecer mecanismos de protección a los periodistas mediante la sensibilización, formación y cambio de prácticas por parte del gremio y de fomentar protocolos de protección por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

Al ejecutar el proyecto, la APES espera brindar herramientas a los periodistas para autoprotección por medio de de seis talleres dirigidos al gremio y fuerzas de seguridad; asimismo, serán distribuidos en la zona central, oriental y occidental del país, y darán  inicio el 12 de mayo.

Al mismo tiempo, la gremial pretende mejorar la reducción de los niveles de agresiones contra el gremio y que exista una mejor comunicación entre las fuerzas de seguridad y los periodistas.

Cabe resaltar que, las líneas de acción de la gremial son mejorar el desarrollo profesional del gremio periodístico, por medio de formación continua y en conjunto con organismos nacionales e internacionales vinculados al quehacer periodístico.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador(APES), en conjunto a la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y maestrantes de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) desarrollaron el taller sobre “Empoderando Periodistas en Derechos Humanos y Género”, dirigido a periodistas.

El taller contó con temas complementarios alusivos a las prácticas periodísticas a la luz de los derechos humanos, ya que es una temática que requiere de conocimientos que permitan a los comunicadores ser entes de cambio en el abordaje de temas de género, defensores de los derechos de la sociedad, incluso de  sus propios derechos.

“Los periodistas deben asumir el rol defensor de los derechos de la población al igual que sus propios derechos, para que sea un mecanismo recíproco entre la población salvadoreña y el gremio periodístico, expresó Mónica Rodríguez, miembro de Junta Directiva de APES.

Además, agregó Rodríguez que estas actividades pretenden generar espacios de sensibilización en los temas tratados, asimismo, continuar realizando actividades formativas en beneficio del gremio.

Dinámicas: asistentes al taller participaron en las dinámicas  inclusivas de derechos humanos.

El objetivo de dichas actividades es concientizar a los periodistas para no excluir, ni discriminar a las personas por su género; al respecto, estas dinámicas promueven el respeto que deben tener los comunicadores a la integridad y la igualdad de las personas, al momento de difundir noticias sobre temas de género.

“Los periodistas debemos ser defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información y derecho a la verdad”, detalló Keli Durán, facilitadora del taller.

El taller fue impartido por: Keli Durán, Dinora Torres y Ileana Corado, egresadas de la maestría en derechos humanos y educación para la paz.

Con el taller se benefició un grupo de 15 personas, entre ellos periodistas y estudiantes de comunicaciones de la zona central del país.

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Según la Policía Nacional Civil (PNC) el cadáver de la periodista de Grupo de La Prensa Gráfica  Karla Turcios fue encontrado el sábado 14 de abril, en Santa Rosa Guachipilin, en Santa Ana. Sobre el hecho, la Fiscalía General de La República (FGR) afirmó que su deceso fue a causa de estrangulación.

Asimismo, la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información expresó una enérgica condena por la muerte de la periodista Karla Elizabeth Turcios y demandó de las autoridades pronta y profunda investigación para evitar quw el caso quwde wn impunidad.

La Mesa es una instancia de coordinación que aglutina a organizaciones de periodistas, defensores de Derechos Humanos, universidades y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos(PDDH).

En una conferencia de prensa con representación de todas las organizaciones y la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, se dio lectura al comunicado emitido.

Además, se hizo un llamado a los diferentes sectores periodísticos y profesionales de la información para unir esfuerzos para la creación de una ley de protección integral a periodistas y profesionales de la información, ya que APES en conjunto a diversos sectores está elaborando.

 “EL llamado al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa para la creación de esta ley de protección a periodistas; además de un marco jurídico, también el  dotar recursos para la investigación específica”, manifestó la procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero.

Cabe resaltar que estas situaciones demuestran que el gremio periodístico no está excepto de la violencia que arremete al territorio salvadoreño.

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La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información denuncia la desaparición desde el sábado 14 de abril de 2018 de la Periodista Karla Turcios.
De acuerdo a la información publicada por La Prensa Gráfica, lugar de trabajo de la víctima, y familiares, Turcios fue vista por última vez el mediodía del sábado en su casa de habitación.
Desde la plataforma de alertas de APES se ha hecho la denuncia respectiva para difundir masivamente la desaparición.
Pedimos a las autoridades prioridad, celeridad y profundidad en las investigaciones para resolver cuanto antes este caso.
Hacemos del conocimiento nacional e internacional está desaparición y pedimos respaldo a esta denuncia.

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública concluyen con éxito las actividades del “Programa de Transparencia, Acceso a la Información y Contraloría Social para Periodistas y Personal de Medios de Comunicación” con la realización del Foro “Buenas prácticas de Transparencia”.

Dicho programa inició en septiembre pasado (2017) y contempló cinco grandes actividades: el levantamiento de una base de datos de periodistas y medios de comunicación del país, la realización de un diagnóstico sobre el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) por parte de periodistas y personal de medios de comunicación, la creación de dos manuales sobre el uso sistemático de la LAIP (uno para facilitadores y otro para estudiantes), y tres jornadas de capacitaciones sobre Transparencia, Acceso a la Información y Contraloría Social en las zonas oriental, central y occidental del país. Estas capacitaciones inclusivas alcanzaron a 51 personas, entre ellos a mujeres, jóvenes, periodistas de la zona rural y una persona con discapacidad.

Como parte de la clausura fue realizado un Foro Nacional de Buenas Prácticas de Transparencia donde participaron: un experto internacional, los 51 integrantes de las capacitaciones y representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al tema de la transparencia. Durante la actividad se brindaron ejemplos de buenas prácticas de transparencia con periodistas y personal de medios de comunicación, y se destacó el uso de las nuevas tecnologías para un mejor acceso a la información pública.

El evento contó con la ponencia magistral: “Tecnologías, transparencia y acceso a la información pública”, ofrecida por el experto internacional  Federico Ricciardi, conocedor de nuevas tecnologías de la comunicación e información y transparencia, quien cuenta con una amplia experiencia en la temática y que ha liderado el desarrollo de tres proyectos en su país: Portal Oficial de la República Argentina, Internet en Municipios y programa Argentina Digital Asimismo, se realizó el conversatorio: “Periodismo de datos: ¿cómo usar los datos para hacer periodismo?”, que tuvo como panelistas a los periodistas que facilitaron las capacitaciones en las diferentes zonas del país: David Bernal, experto en datos y editor del área de deportes de La Prensa Gráfica; Jessica Ávalos, jefa editora del área judicial de La Prensa Gráfica; Fernando Romero investigador de la revista digital FACTUM.

Tanto el Foro como el Conversatorio moderado por Miguel Peñailillo, de TETRA TECH, enriquecieron el debate acerca del acceso y la libertad de información, la utilización de datos y la necesidad de obtener información sobre las actividades del gobierno, como de la administración pública en general.

Finalmente, se entregó diplomas a los periodistas y personal de medios de comunicación que aprobaron la serie de capacitaciones en Transparencia, Acceso a la Información y Contraloría Social y se instó a los presentes a realizar cambios sustantivos en la forma de hacer periodismo basados en el buen manejo de la LAIP como herramienta para transparentar la función pública.

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