La Mesa de Protección a Periodistas muestra su condena ante las últimas vulneraciones a la libertad de prensa cometidos por diversos agentes del Estado que ponen en duda las garantías para ejercer un periodismo libre e independiente en El Salvador. 

Durante los últimos tres días periodistas de diversos medios de comunicación han enfrentado declaraciones estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país por el simple hecho de ejercer su profesión con rigor y ética. 

El primer caso es el del periodista del canal 33, Luis Muñoz, a quien el magistrado presidente de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jeréz, denigró luego que el colega le hiciera una pregunta “creo que es un periodista con una mentalidad bastante pobre”, fue la frase utilizada por el abogado en un comentario inapropiado para un funcionario público en un claro acto de intolerancia a recibir preguntas. 

El segundo hecho fue el martes 06 de julio cuando el gobierno de Nayib Bukele negó el permiso de residencia al periodista Méxicano, Daniel Lizárraga bajo el argumento que no se pudo comprobar su calidad de periodista. Lizárraga es un reconocido periodista mexicano y maestro de la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación Gabo). Pese a que su estancia terminaba a finales de julio, el gobierno salvadoreño le dio cinco días para salir del país. 

Dicho acto es un agravio al ejercicio periodístico pues el gobierno utiliza un argumento falaz para expulsar al periodista de El Salvador y constituye una antesala para negar el ingreso a periodistas extranjeros. 

El tercer acto, ocurrió la tarde de este 07 de julio cuando el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velasquez, agredió físicamente al periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura a la recuperación de  del cadáver de un estudiante en la rivera del río Tomayate, en el municipio de Apopa. 

Esta acción constituye un acto de intolerancia al ejercicio periodístico de un actor que en lugar de salvaguardar la integridad del periodista, realiza lo contrario. 

Datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a periodistas registran del 01 de enero hasta el 07 de julio del 2021 un total de 153 vulneraciones a la prensa. Durante el 2020 se reportaron 125 agresiones.

El acelerado aumento de vulneraciones a la prensa tiene su efecto ante la narrativa antiprensa que el gobierno Nayib Bukele ha instaurado en el país y del que el resto de funcionarios y seguidores del bukelimo aprovechan para atacar a la prensa independiente en un claro ejemplo de intolerancia, sabiendo que sus actos quedarán en la impunidad. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner los ojos en El Salvador ante un escenario que nos acerca cada día más a países como Nicaragua o Venezuela. 

San Salvador, 08 de julio de 2021.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alerta a la comunidad internacional ante las declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, quien confirmó que el Ejecutivo realiza un monitoreo sistemático contra la prensa independiente.

“Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”, dijo Villatoro en una entrevista radiofónica la mañana del martes 08 de junio.

Las declaraciones del Ministro se dan luego de que varios periodistas dieran cobertura a una actividad del Sindicato de Empleados del Instituto de Medicina Legal, quienes denunciaron la manipulación de autopsias a cadáveres recuperados en el caso de Chalchuapa. 

El concepto de “seguimiento” suele emplearse a los delincuentes, por lo que esta Asociación no descarta la persecución y posible captura de periodistas que no son cómodos para el Ejecutivo.  

Es necesario aclararle a los funcionarios públicos que los periodistas nos regimos por la ética y uno de sus pilares es la responsabilidad investigativa, la cual implica indagar un hecho de interés común, como es el caso de Chalchuapa y del cual las autoridades se han negado a brindar información clara y oportuna de uno de los hechos que pone en duda los planes de seguridad implementados por el gobierno.

La APES también les recuerda a los funcionarios públicos que, como ha señalado Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), “el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo”. Pensar que la postura oficial es la única verdad es propio de los regímenes autoritarios, no de una democracia. 

Para la APES es sumamente grave que el gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alineada. Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha demostrado estar en contra del periodismo y, por tanto, en contra de la transparencia. Atacar a la prensa es una afrenta a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental en cualquier sociedad democrática. 

Reiteramos nuestra condena a las amenazas del Ministro de Seguridad y lo responsabilizamos de cualquier vulneración contra nuestro gremio.

San Salvador, 08 de junio de 2021.