Comunicados

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presenta los resultados del “Diagnóstico sobre la situación actual de trabajadores freelance en medios digitales”, en el marco del proyecto FIP L.A.  N°60342.

La investigación representa un primer acercamiento a las condiciones de trabajo y afectaciones por no tener garantías en el cumplimiento de sus derechos laborales.

El estudio se realizó del 9 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022, obteniendo el primero directorio de 29 fuentes directas y 60 indirectas y se levantó 25 cuestionarios y 7 entrevistas a profundidad, para un total de 32 fuentes directas. Las y los consultados oscilan entre los 24 y 56 años. Entre los principales hallazgos están: la mayoría de los periodistas freelancers no poseen seguro médico, cotización para pensiones y estabilidad laboral.

Muchos de ellos han sufrido abuso laboral, persecución política, insultos y amenazas en redes sociales, no poseen contratos, no cuentan con horarios fijos, no descansan los fines de semana, atraviesan problemas de salud física y mental, han sido víctimas de violencia de género o de la delincuencia. Los periodistas freelance también son objeto de persecución política y el acoso en redes sociales, incluso de amenazas de muerte e insultos.

Otro hallazgo es que no se les otorgan gastos de depreciación por el uso de sus propios equipos con los que realizan su trabajo, ni gastos para pagar energía eléctrica, internet y telefonía para hacer su trabajo. Algunas veces no se respetan sus derechos de autor o no se les pagan las regalías correspondientes. Lastimosamente, el 68% reporta que no lleva una vida digna con la remuneración y condiciones a su trabajo y el 92% tiene incertidumbre hacia el futuro de la profesión. La mayoría de los entrevistados reconoce la necesidad de sindicalizarse o agremiarse.

Resultados cuantitativos

  • Se contó con una muestra de 32 fuentes, entre los 24 y 56 años. El 54% mujeres, el 42% hombres y 4% no binaries.
  • El 64% trabaja para un medio de comunicación y el 36% presta sus servicios para varios.
  • El 56% dijo que sí cubre sus gastos y el 44% no cubre sus gastos con los ingresos que percibe. El 68% cree que no lleva una vida digna gracias a las condiciones de su trabajo.
  • El 40% no tiene contrato. El 92% tiene incertidumbre hacia el futuro en su profesión.
  • El 52% trabaja más de 40 horas a la semana y el 48% trabaja menos de 40 horas a la semana. Mientras que el 76% expuso que no tiene horario de entrada ni de salida laboral.
  • El 60% de los participantes duerme menos de ocho horas, el 40% no tiene horario fijo para alimentarse. Y el 64% no descansa los fines de semana
  • De los participantes en el estudio, el 72% dijo que su salud física está comprometida por el oficio y el 84% reconoció problemas de salud mental. El 56% considera que tiene baja autoestima laboral.
  • El 76% no cotiza al ISSS y el 64.4% no tiene seguro privado.
  • El 36% expuso haber sido objeto de persecución política a causa de su trabajo. Un 8% ha recibido intento de sobornos por el régimen actual.
  • El 40% ha sido víctima de acoso sexual o ha visto alguno y el 32% ha sufrido violencia de género. El 20% abuso laboral.
  • El 76% de los freelances ha estado expuesto a la delincuencia.
  • El 84% no tiene ingresos de depreciación de equipos de trabajo y el 88% tiene que cubrir por su cuenta los gastos de energía eléctrica, telefonía e internet para desarrollar su trabajo.
  • Algunos de los consultados ejercen otro tipo de actividades además del periodismo, 13.3% ejerce docencia, 20% consultorías y 6.7% otros negocios.

Peticiones y recomendaciones

  • Algunas de las recomendaciones de los periodistas freelance dirigidas al Estado, Gobierno, instituciones, empresas privadas, medios de comunicación digitales o clientes particulares tienen que ver con tener acceso a servicios médicos a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Aunque algunos pueden pagar las cuotas de U$40 y US$56 mensuales, pero otros no tienen las condiciones para hacerlo.
  • También piden mecanismos para seguir cotizando al sistema de ahorro de pensiones u otras formas de ahorro previsional. Así como tener acceso a seguros de vida y seguros de gastos funerarios.
  • Se destaca entre las peticiones que quienes soliciten sus servicios les den contratos en tiempo y forma. Que los medios digitales respeten sus derechos laborales plenamente y les ofrezcan estabilidad laboral.
  • Pleno respeto de la libertad de expresión y libertad de prensa por parte del gobierno y la sociedad salvadoreña.
  • Capacitaciones para palear la brecha digital o académica y conseguir mejores oportunidades de trabajo.
  • El cese de la violencia de género y el acoso sexual por parte de las fuentes, jefes o colegas es otra de las exigencias, ya que es uno de los problemas que enfrentan periodistas en El Salvador.
  • Contar con atención psicológica a bajo costo o gratuita, así como cursos para el manejo del estrés son otras de las necesidades expresadas por los comunicadores independientes, entre otras.

San Salvador, 17 de enero de 2022.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presenta la Política de Género para periodistas de medios de comunicación digitales y comunitarios, que se realizó en el marco del proyecto FIP L.A N°60342.

Las mujeres periodistas enfrentan de manera habitual obstáculos y violencias que son consecuencia de las inequidades de género por el hecho de ser mujeres. Y a su vez, la interseccionalidad de otras variables como su identidad de género, orientación sexual, raza, clase socioeconómica, etnia, pueden aumentar el riesgo en el ejercicio de su profesión.

Durante el 2021 el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró 219 denuncias, en las que se vieron afectadas 226 personas. De esa cantidad, 70 fueron mujeres y 2 de comunidad LGBTI.

En razón de que no es posible tener una actitud indiferente frente a la inequidad de género, integrar la perspectiva de género en los medios de comunicación significa hacer visibles las desigualdades de género entre hombres y mujeres cisgénero (cis), transgénero (trans) y personas no binarias (nb) que ejercen su oficio como periodistas en medios de comunicación comunitarios y digitales.

Los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres se enmarcan en una estructura de exclusión de las mujeres de la vida pública. Este es un fenómeno multidimensional que incluye una diversidad de factores que se traducen en violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres a lo largo de su vida, tales como la violencia contra las mujeres basada en el género, la prevalencia de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios, la falta de acceso a una educación igualitaria, la pobreza y falta de recursos económicos, las barreras en el acceso a los medios de comunicación y la brecha digital. Todas estas variables también son obstáculos para que las mujeres ejerzan su libertad de expresión y de prensa.

Los actos de violencia contra las mujeres y específicamente contra mujeres periodistas no son actos aislados, sino que responden a patrones socioculturales, patriarcales y misóginos de una estructura de discriminación basada en género.

La Política de Género tiene como objetivo identificar las necesidades de las y los periodistas cisgénero, transgénero y personas no binarias para transversalizar la perspectiva de género y equidad en el ejercicio periodístico dentro de los medios comunitarios y digitales.

Los principios de la Política son: Equidad de género, equidad en cargos de decisión, igualdad de oportunidades, no al ciberacoso ni a la violencia de género en línea; no discriminación basada en género, no a la violencia y acoso sexual; responsabilidad de los cuidados, transversalidad, no sexismo, respeto e inclusión de identidades de género y orientaciones sexuales.

San Salvador, 17 de enero de 2022.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena y externa su mayor preocupación ante la confirmación del uso del software de vigilancia Pegasus para espiar ilegalmente a periodistas de varios medios de comunicación salvadoreños. La APES, coherente con su compromiso de promover la protección, se solidariza con los y las 31 periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y periodistas freelance que han sido víctimas de esta persecución.

La APES agradece y destaca el trabajo de las organizaciones internacionales, Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnesty International, Fundación Acceso, and SocialTIC, que condujeron una seria y profesional investigación que ha determinado el uso de Pegasus para espiar a periodistas y sociedad civil en El Salvador.

Sin existir una orden judicial, las intervenciones telefónicas -o más grave aún, el uso de softwares especializados en vigilancia- son completamente ilegales y representan un atropello a derechos fundamentales y la libertad de expresión y prensa. Cualquier Estado con mínima dignidad, respetuoso de la democracia, debe condenar e investigar a fondo a los responsables.

 
Es muy preocupante lo que establece la investigación internacional independiente, que señala que NSO Group, como lo ha afirmado en numerosas ocasiones, solo vende el software Pegasus a gobiernos. El punto principal, pues, es que no se trata de aparatos telefónicos intervenidos, son 31 personas perseguidas y vigiladas. El Estado tiene la obligación de protegerlas. De dar una respuesta.

El espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, y desvía cuantiosos recursos en el seguimiento de todas las personas relacionadas en el ambiente personal, profesional y familiar, mientras alienta un mensaje de odio contra el periodismo independiente y profesional.

La revelación sobre la confirmación de Pegasus llega en un momento delicado para el periodismo salvadoreño, en constante ataque por el autoritario gobierno liderado por el presidente Bukele. El actual Gobierno se ha caracterizado desde sus primeros días por imponer límites y restricciones arbitrarias al acceso a la información oficial, a pesar de que este constituye un derecho exigible desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2012.

Además de imponer el secreto de Estado sobre todo lo relativo al trabajo administrativo y operacional del Organismo de Inteligencia del Estado, a las compras y contrataciones durante el primer año de la pandemia, y a todo lo relativo a la implementación de las políticas de salud y seguridad, se ha mantenido por parte del presidente Bukele y sus funcionarios un discurso público en contra de periodistas y medios de comunicación.

Aprovechando este ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, el actual Ministro de Seguridad reconoció en una entrevista radial, a mediados de 2021, que: “Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”. (Entrevista YSKL, 8 de junio 2021). A estas declaraciones se suman los casos de censura previa, proscritos por la Constitución, y que a lo largo del año pasado afectaron mediante órdenes judiciales a la libertad de prensa.

Todo esto forma parte de una escalada de violencia de todo tipo contra quienes hacen periodismo en El Salvador. Del ocultamiento de información se pasó al discurso de odio, luego a la censura de contenidos, más tarde a la amenaza desde los principales órganos del Estado para aprobar una “Ley de Agentes Extranjeros” que obstaculice el sostenimiento de las investigaciones  periodísticas, y ahora la revelación sobre espionaje estatal. Es de temer que el siguiente paso comprometa la libertad y la integridad de los periodistas y haga de este oficio uno de los más peligrosos en un país que pretende constituirse en un ejemplo para el mundo.

Pese a la falta de garantías constitucionales o la independencia en las investigaciones fiscales, la APES exige -no pide- al Estado salvadoreño a responder de una manera seria y responsable a este grave señalamiento. Y a la comunidad internacional a no apartar la mirada de El Salvador, que cada vez se entrega a una vorágine autoritaria.

 

San Salvador, 12 de enero de 2022.

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Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos el uso de la tecnología Pegasus de la empresa NSO Group en El Salvador para la vigilancia de periodistas y la sociedad civil, tal como lo señalaron inicialmente El Faro y Gato Encerrado, y lo confirmaron a través de una investigación conjunta de Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC. Aunque, hasta la fecha, no se ha establecido quién es el perpetrador de esta vigilancia, NSO Group ha afirmado en repetidas ocasiones que solo vende tecnología Pegasus a los gobiernos.

Estos ataques son particularmente alarmantes, debido a que varias de las infecciones ocurrieron después de que las revelaciones del Proyecto Pegasus se hicieran públicas en julio de 2021, lo que indica que quienes estaban detrás de los ataques de spyware estaban al tanto, pero ignoraron, la denuncia generalizada del uso de Pegasus, incluidos los pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos y expertos y funcionarios de la ONU.

Infectando teléfonos de periodistas y activistas: qué es lo que ocurrió

En septiembre de 2021, un grupo de periodistas independientes se puso en contacto con la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now después de probar sus dispositivos con el kit de herramientas de verificación móvil de Amnistía Internacional para detectar el software espía Pegasus. SocialTIC, una organización de la sociedad civil que trabaja en tecnología digital, también remitió casos a Front Line Defenders para su investigación. Todas las infecciones fueron confirmadas a través de un análisis forense realizado por The Citizen Lab, y luego confirmadas de forma independiente por Amnistía Internacional.

Hasta la fecha, se ha confirmado que 37 dispositivos pertenecientes a 35 personas están infectados. Veintitrés de esos dispositivos pertenecen a profesionales afiliados al medio regional El Faro, y cuatro al medio nacional Gato Encerrado. El Faro y Gato Encerrado son medios de investigación independientes que a menudo han publicado información crítica de las acciones del gobierno salvadoreño. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a otros medios de comunicación incluyen: un dispositivo del personal de La Prensa Gráfica, uno de Revista Digital Disruptiva, uno de El Diario de Hoy, uno de El Diario El Mundo y dos periodistas independientes. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a ONG incluyen: uno de Cristosal, dos de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y uno de una ONG que desea permanecer en el anonimato.

Los dispositivos fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021, algunos más de 40 veces, lo que refleja uno de los usos conocidos más persistentes e intensos de Pegasus para vigilar a los periodistas en el mundo. No descartamos la posibilidad de que más personas de los medios independientes y de la sociedad civil en El Salvador puedan ser objetivos de Pegasus y otros programas de espionaje.

El 23 de noviembre de 2021, El Faro anunció que 12 de sus periodistas recibieron una notificación oficial de Apple, alertándolos sobre la posibilidad de que sus dispositivos pudieran haber sido atacados por el spyware Pegasus. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció que un total de 23 periodistas de distintas redacciones recibieron la misma información. Otros que recibieron notificaciones de Apple que podrían haber sido objetivo de Pegasus incluyen a Jhonny Wright Sol, diputado (exmiembro del partido Arena y fundador del partido Nuestro Tiempo), y Héctor Silva, concejal de San Salvador.

Un Estado y un presidente matón

El trato hostil de Nayib Bukele a los medios comenzó temprano en su presidencia, cuando, durante los primeros meses de su mandato, generalmente evitaba dar conferencias de prensa. En cambio, usó su cuenta personal de Twitter para emitir órdenes, despedir a funcionarios y acosar a periodistas, a quienes a menudo clasifica arbitrariamente como “activistas políticos”.

El gobierno salvadoreño ha hostigado repetidamente a los periodistas de El Faro y Gato Encerrado en particular. En septiembre de 2019, El Faro y otros medios fueron bloqueados de una conferencia de prensa por “mal comportamiento” en el pasado. Desde julio de 2020, El Faro denunció ser víctima de hostigamiento administrativo por parte del gobierno en forma de auditorías desproporcionadas, acompañadas de falsas acusaciones de evasión fiscal. En el mismo mes, Julia Gavarrete, una víctima de Pegasus que actualmente trabaja en El Faro y anteriormente en Gato Encerrado, denunció el robo de su computadora portátil de trabajo, lo que generó sospechas sobre si las autoridades estaban involucradas. En febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 integrantes de El Faro por “supuestamente ser objeto de hostigamiento, amenazas, intimidación y estigmatización, principalmente a través de las redes sociales, en razón de su trabajo como periodistas”. Y en septiembre de 2021, Javier Argueta, asesor legal de la casa presidencial amenazó a Gato Encerrado con infracciones si no revelaba su fuente de información. El presidente Bukele ha realizado múltiples acusaciones desacreditando a ambos medios en Twitter.

El presidente Bukele también ha contribuido a menospreciar y tergiversar el trabajo de algunas mujeres periodistas. Después de los tuits de Bukele, los usuarios de Twitter las acosaron y algunos incluso dijeron que deseaban que las mujeres fueran violadas.

De manera alarmante, el acoso del presidente a la sociedad civil en El Salvador está siendo imitado por otros funcionarios gubernamentales. En junio de 2021, el Ministro de Seguridad afirmó que “vivimos en libertad de expresión, pero como siempre digo, todo tiene sus límites, y sí, estamos dando seguimiento a muchos periodistas”. En octubre, el partido del presidente, Nuevas Ideas, discutió una propuesta de “agentes digitales encubiertos”, que permitiría a la Fiscalía General eludir la necesidad de órdenes judiciales y autorizar a los agentes, poniendo en serio peligro la privacidad de las personas. Y en diciembre, el asesor legal de Casa Presidencial recomendó a los funcionarios designados por actos que pudieran estar relacionados con la corrupción por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emprender acciones legales contra quienes escriban sobre ello en El Salvador.

Además, el nuevo proyecto de ley de Agentes Extranjeros, si se aprueba, podría contribuir a un clima de miedo y censura al limitar y controlar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades “son directa o indirectamente financiadas por un extranjero”. Este incremento de autoridad incluye inspecciones gubernamentales, un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera y la apertura de las puertas a la censura al prohibir las actividades políticas. Leyes similares se promulgaron en Rusia y Nicaragua se han utilizado para hostigar y silenciar a organizaciones de derechos humanos, medios independientes, periodistas, blogueros y activistas.

Lo que sigue: un llamado a la acción para proteger a los periodistas y a la sociedad civil del spyware

Hacemos un llamado a los periodistas y activistas en El Salvador, sin importar su afiliación, a comunicarse con la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now para confirmar si sus dispositivos han sido infectados. Como ya sabemos, el software espía Pegasus de NSO Group puede infectar silenciosamente el dispositivo de una persona, sin necesidad de que se haga clic en un enlace o se atienda una llamada telefónica. Cuando se infecta, Pegasus tiene acceso completo al dispositivo de su anfitrión, incluidas fotos, contactos, conversaciones y más.

Reiteramos nuestros llamados a los estados para que implementen una suspensión inmediata sobre la venta, transferencia y uso de dicha tecnología de vigilancia hasta que se establezcan las garantías adecuadas de derechos humanos.

Exigimos a las autoridades de El Salvador tomar las siguientes acciones urgentes:

Dejar de acosar a periodistas y defensores de derechos humanos de cualquier forma, proteger la libertad de expresión, opinión y prensa, y respetar la privacidad de sus ciudadanos;

Iniciar una investigación, a través de la Fiscalía General de la República de El Salvador, sobre el uso de Pegasus en el país;

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones realizadas recientemente por la CIDH en su informe, especialmente en lo relativo al Capítulo 6: el derecho a la libertad de expresión; y

Cumplir a cabalidad con las medidas cautelares otorgadas a favor de periodistas de El Faro por la CIDH.

Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales y regionales para que tomen las siguientes acciones urgentes:

La ONU: a denunciar el desarrollo y la violación de derechos humanos a una escala sin precedentes por parte de los Estados facilitadas por el uso del software espía Pegasus del Grupo NSO, y ofrecer un apoyo sólido para investigaciones imparciales y transparentes sobre el abuso;

Organización de los Estados Americanos (OEA): a continuar monitoreando la situación en El Salvador, particularmente en torno a los periodistas y la sociedad civil, en relación con el uso del software espía Pegasus de NSO Group; y convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente sobre las implicaciones para los derechos humanos del uso de software espía, e invitar a asistir al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; y

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: solicitar al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares otorgada a El Faro; y continuar con el seguimiento de la situación, y reactivar el mecanismo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para tal fin.

El mundo está atestiguando una explosión sin precedentes del uso de la vigilancia ordenada por el gobierno, con el apoyo de empresas privadas como NSO Group. La falta de rendición de cuentas por una conducta tan atroz de parte de las autoridades públicas y las empresas privadas permite que florezca la cultura de la vigilancia y destruya los derechos humanos. Debemos actuar ahora.

Firmantes

Organizaciones:

Access Now

Amnesty International

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

Article 19 Oficina México y Centroamérica

Committee to Protect Journalists (CPJ)

El Faro

Free Press Unlimited

Front Line Defenders

Fundación Acceso

Gato Encerrado

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

SocialTIC

Individuos:

Ron Deibert, Profesor de Ciencias Políticas y Director de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto

Siena Anstis, Asesora Jurídica Principal, de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto

John Scott-Railton, investigador sénior, de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto

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En El Salvador, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ocurre en un alarmante contexto de hostilidad hacia el ejercicio de la labor periodística, que se acentúa en la estigmatización a las mujeres periodistas quienes sufren acosos digitales e intimidaciones, es decir, existe un doble rasero de violencia por ser mujeres y por su labor como periodistas.

El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) revela que los casos denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de agresión incrementaron en un 165% (69 casos) hasta el mes noviembre de 2021, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26 casos.

Este aumento tiene como raíz el constante acoso que mantiene el régimen actual. APES reportó que casi una tercera parte de las 209 denuncias acumuladas en lo que va de 2021 han sido realizadas por mujeres periodistas. Los incidentes más recurrentes son: restricción al ejercicio periodístico (30), declaraciones estigmatizantes (8), bloqueo al acceso de información pública (7), intimidación (7), acoso digital (6) y despidos injustificados (4).  Otras denuncias incluyen acoso sexual, agresión física, ataque digital y censuras.

La violencia ejercida a través de las redes sociales tiene como característica un ataque diferenciado y sexualizado que busca socavar la dignidad e integridad de las mujeres periodistas, bajo el riesgo de que las amenazas concluyan en un ataque físico.

Además, las vulneraciones son cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad:  Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada; funcionarios del órgano Ejecutivo y Legislativo; simpatizantes de partidos políticos y/o usuarios de redes sociales.

APES ha registrado y publicado diferentes casos donde funcionarios públicos, desde el presidente de la república hasta ministros o diputados del partido oficialista, han realizado declaraciones estigmatizantes o restringido la labor de las colegas de medios de investigación como Gato Encerrado, Factum y El Faro.

Pese a los datos es importante recalcar que las cifras sólo reflejan una parte de la situación que viven las mujeres periodistas en El Salvador. El acoso sexual y laboral, discriminación y desigualdad en diferentes ámbitos siguen permeando la realidad de este sector dentro de los medios de comunicación donde jefaturas y fuentes de información son también los principales agresores, que por su relación de poder influyen en que no se denuncien los casos o que no prosperen en el sistema de justicia.

En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, desde APES alzamos la voz de rechazo a todas las acciones que agredan la integridad de las mujeres periodistas y reiteramos el compromiso de seguir acompañando a todas aquellas colegas que denuncien cualquier vulneración a sus derechos.

Desde este espacio hemos desarrollado diferentes acciones por visibilizar la situación de las mujeres periodistas, que van desde capacitaciones sobre sus derechos hasta el acompañamiento jurídico y procesos atención psicosocial.

Llamamos a las colegas a denunciar cualquier tipo de agresión de la que sean objeto, y exigimos al Gobierno un alto a todas las acciones que vayan en detrimento de los derechos humanos.

APES se mantendrá vigilante del contexto nacional y llama de manera enérgica a la sociedad civil y comunidad internacional a no retirar la mirada de El Salvador, que por hoy encuentra amenazada su democracia y Estado de Derecho.

San Salvador, 25 de noviembre de 2021.

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El Estado salvadoreño ha arreciado su campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente del país. En los últimos días, empleados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos de alto nivel y hasta el señor Nayib Bukele han intensificado sus agresiones, amenazas y difamaciones contra periodistas de medios tradicionales y digitales que durante los últimos dos años han dado a conocer diferentes casos de corrupción de la actual administración.

En un hecho sin precedentes en la actual administración, el principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó al medio GatoEncerrado para que revelara las fuentes de una investigación donde daban a conocer de una reunión entre Argueta y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo. Es una de las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse con total libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar al periodismo información que pueda ser relevante para la opinión pública. Es, además, una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna.

Las leyes salvadoreñas y los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño protegen el secreto profesional del gremio periodístico en El Salvador. El Código Procesal Penal C.Pr.Pn.-, en su artículo 206, y la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en su artículo 20, establecen, de una forma muy clara, que los y las periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.

Tal es el caso de la declaración de principios de libertad de expresión del sistema interamericano, con relación al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en el principio número 8, además, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Traído a nuestra legislación, se encuentra intrínsecamente relacionado al secreto profesional -Art. 205 C.Pr.Pn-, y es así como se reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

Los funcionarios públicos no pueden aducir desconocimiento de las leyes. El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno, que sistemáticamente ha violado la Constitución de la República, de violentar la libertad de prensa en El Salvador.

Es preocupante, además, la interpretación a conveniencia que realizó el asesor jurídico respecto a la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, misma que es clara en señalar que “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política (…) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos  por quienes ejerzan el periodismo”, sin embargo, no es una habilitación a la impunidad, ya que todo regla general tiene su excepción, puesto que si se llegase a comprobar que lo expresado se realizó

con intención de dañar -dolo- sí se estaría sujeto a sanción penal; es decir, lo que se penaliza es cuando en ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, se calumnie o injurie; en principio, estos delitos no son perseguibles por la Fiscalía General de la República porque son de acción privada, es decir, la persona que se sienta agraviada debe iniciar la acusación ante los tribunales de sentencia -Art. 439 C.Pr.Pn.-.

La preocupación planteada se extiende cuando recientemente se ha cambiado un criterio jurisprudencial respecto al tema de la reelección presidencial, por lo tanto, sería lamentable que la actual Sala de lo Constitucional cambie el criterio y la confirmación de protección señalada en la Inc. 91-2007 que fue promovida por el ciudadano Roberto Bukele Simán.

La Mesa de Protección a Periodistas también alerta por el reciente ataque contra un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovido por el Órgano Ejecutivo. La ola de ataques y difamaciones, en la que participó activamente el señor Bukele, pretende hacer creer a la opinión pública que el directivo de APES participó en la destrucción de un cajero bitcóin.

Lo preocupante en este caso no es solo las mentiras del oficialismo o su intento de desinformar a la población, si no que la escalada del discurso de odio contra la prensa, y su asociación más representativa, deriven en violencia contra los y las periodistas y en actos arbitrarios como las detenciones ilegales.

En esa línea de irracionalidad e intolerancia se enmarca el más reciente caso de agresión contra periodistas. La semana pasada, un seguridad de la Asamblea Legislativa agredió a un periodista y le arrebató su equipo de trabajo. La Asamblea, controlada por Casa Presidencial, repite por desgracia el guión oficial que busca limitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Como se ha logrado evidenciar con las últimas acciones realizadas por el Ejecutivo y Legislativo en perjuicio del trabajo periodístico, también se identifica que existe una tendencia progresiva de estigmatización ya no solo a la libertad de expresión y prensa, sino también ataques a otras libertades y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos como el derecho a la libre asociación, pues persiste un amplio repertorio de difamación que ha conllevado a asimilar a las organizaciones de sociedad civil de ser manipuladas por agentes o entidades extranjeras -y, por tanto, necesariamente hostiles al Gobierno-, lo que ha elevado a los funcionario públicos a realizar calificaciones infundadas de “terroristas”, o cualquier otra etiqueta ofensiva o criminalizante que permita desacreditar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ante los ojos de la opinión pública.

San Salvador, 20 de septiembre de 2021.

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La Mesa de Protección a Periodistas muestra su condena ante las últimas vulneraciones a la libertad de prensa cometidos por diversos agentes del Estado que ponen en duda las garantías para ejercer un periodismo libre e independiente en El Salvador. 

Durante los últimos tres días periodistas de diversos medios de comunicación han enfrentado declaraciones estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país por el simple hecho de ejercer su profesión con rigor y ética. 

El primer caso es el del periodista del canal 33, Luis Muñoz, a quien el magistrado presidente de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jeréz, denigró luego que el colega le hiciera una pregunta “creo que es un periodista con una mentalidad bastante pobre”, fue la frase utilizada por el abogado en un comentario inapropiado para un funcionario público en un claro acto de intolerancia a recibir preguntas. 

El segundo hecho fue el martes 06 de julio cuando el gobierno de Nayib Bukele negó el permiso de residencia al periodista Méxicano, Daniel Lizárraga bajo el argumento que no se pudo comprobar su calidad de periodista. Lizárraga es un reconocido periodista mexicano y maestro de la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación Gabo). Pese a que su estancia terminaba a finales de julio, el gobierno salvadoreño le dio cinco días para salir del país. 

Dicho acto es un agravio al ejercicio periodístico pues el gobierno utiliza un argumento falaz para expulsar al periodista de El Salvador y constituye una antesala para negar el ingreso a periodistas extranjeros. 

El tercer acto, ocurrió la tarde de este 07 de julio cuando el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velasquez, agredió físicamente al periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura a la recuperación de  del cadáver de un estudiante en la rivera del río Tomayate, en el municipio de Apopa. 

Esta acción constituye un acto de intolerancia al ejercicio periodístico de un actor que en lugar de salvaguardar la integridad del periodista, realiza lo contrario. 

Datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a periodistas registran del 01 de enero hasta el 07 de julio del 2021 un total de 153 vulneraciones a la prensa. Durante el 2020 se reportaron 125 agresiones.

El acelerado aumento de vulneraciones a la prensa tiene su efecto ante la narrativa antiprensa que el gobierno Nayib Bukele ha instaurado en el país y del que el resto de funcionarios y seguidores del bukelimo aprovechan para atacar a la prensa independiente en un claro ejemplo de intolerancia, sabiendo que sus actos quedarán en la impunidad. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner los ojos en El Salvador ante un escenario que nos acerca cada día más a países como Nicaragua o Venezuela. 

San Salvador, 08 de julio de 2021.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alerta a la comunidad internacional ante las declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, quien confirmó que el Ejecutivo realiza un monitoreo sistemático contra la prensa independiente.

“Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”, dijo Villatoro en una entrevista radiofónica la mañana del martes 08 de junio.

Las declaraciones del Ministro se dan luego de que varios periodistas dieran cobertura a una actividad del Sindicato de Empleados del Instituto de Medicina Legal, quienes denunciaron la manipulación de autopsias a cadáveres recuperados en el caso de Chalchuapa. 

El concepto de “seguimiento” suele emplearse a los delincuentes, por lo que esta Asociación no descarta la persecución y posible captura de periodistas que no son cómodos para el Ejecutivo.  

Es necesario aclararle a los funcionarios públicos que los periodistas nos regimos por la ética y uno de sus pilares es la responsabilidad investigativa, la cual implica indagar un hecho de interés común, como es el caso de Chalchuapa y del cual las autoridades se han negado a brindar información clara y oportuna de uno de los hechos que pone en duda los planes de seguridad implementados por el gobierno.

La APES también les recuerda a los funcionarios públicos que, como ha señalado Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), “el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo”. Pensar que la postura oficial es la única verdad es propio de los regímenes autoritarios, no de una democracia. 

Para la APES es sumamente grave que el gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alineada. Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha demostrado estar en contra del periodismo y, por tanto, en contra de la transparencia. Atacar a la prensa es una afrenta a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental en cualquier sociedad democrática. 

Reiteramos nuestra condena a las amenazas del Ministro de Seguridad y lo responsabilizamos de cualquier vulneración contra nuestro gremio.

San Salvador, 08 de junio de 2021.

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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), organizaciones asociadas por la libertad de prensa, y el Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), expresamos nuestro respaldo al periódico digital El Faro ante el indicio de acoso fiscal del que ha sido sujeto desde julio de 2020.

Un equipo de auditores del Ministerio de Hacienda trasladó a El Faro las conclusiones preliminares de una auditoria planteando que habría evadido impuestos, lo cual carece de fundamento tal como muestra El Faro en su propio editorial.  

Estas acusaciones, que son muestra de una posible desviación en el ejercicio del poder gubernamental, afectan el prestigio y credibilidad que El Faro ha cosechado en más de dos décadas de funcionamiento, período en el que ha destapado casos de corrupción de gobiernos anteriores y del actual, con pruebas contundentes y bajo un esquema riguroso de investigación.

De igual manera, periodistas de El Faro han denunciado restricciones y amenazas a su ejercicio como profesionales, que incluye un limitado acceso a información pública y una estigmatización por ser parte de este medio, así como difamación y acoso, e incluso seguimientos. Unas restricciones y amenazas que han dado lugar a unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como Asocio, hacemos un llamado a las autoridades a:

  1. Actuar apegados a la ley y evitar deslegitimar el trabajo de El Faro por medio de acusaciones que carecen de fundamento y que provocan un desgaste que obstaculiza la labor principal de este medio: hacer periodismo.
  2. Cesar el ataque contra la integridad del personal de El Faro, así como contra cualquier persona periodista, y respetar su derecho de ciudadanos y ciudadanas a pedir rendición de cuentas, en aras de la transparencia y la democracia.
  3. Respetar el ejercicio del periodismo en general, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

San Salvador, 22 de abril de 2021.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena los ataques a través de redes sociales hechos por un empleado público, el secretario de Prensa de la Presidencia, contra la presidenta de esta asociación, la periodista Angélica Cárcamo. 

Desde la cuenta del secretario de Prensa de la Presidencia, quien está cargo de una institución que funciona con fondos públicos, se han publicado durante los últimos dos días una serie de mensajes ofensivos y estigmatizantes, en los que se cuestiona de manera infundada la solvencia e imparcialidad de nuestra representante, quien a la par de su actividad profesional como periodista, trabaja al frente de la principal asociación de periodistas del país.

En forma reiterada, el funcionario en cuestión ha demostrado su intolerancia ante los señalamientos que, a nivel nacional e internacional, se han hecho a la actual administración del Órgano Ejecutivo. El más reciente es el retroceso mostrado en el “Índice Mundial de Libertad de Prensa”, que año con año publica la organización global “Reporteros Sin Fronteras” y que en su último informe demuestra cómo El Salvador retrocedió en ocho posiciones en comparación al año anterior, ubicándose en la categoría de países con una situación problemática.

Las razones por las que fuera del país se tiene una percepción negativa de la libertad de expresión en El Salvador no son imputables al trabajo que desde hace años viene desarrollando la presidenta de APES en defensa de la libertad de prensa y en favor de los derechos humanos. Se deben exclusivamente a la intolerancia de los empleados de gobierno que, en circunstancias como las que ahora denunciamos, muestran irrespeto a la crítica ciudadana y al trabajo periodístico, a pesar de que son los primeros llamados a garantizarlo, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La APES exige al gobierno, a través de sus funcionarios, que cese sus ataques a la prensa salvadoreña y que termine su estrategia que busca estigmatizar a los y las colegas que ejercen un periodismo sin ataduras. Los funcionarios, y en especial el secretario de Prensa de la Presidencia, deben procurar la transparencia en la gestión y el acceso a la información pública, tal como los obliga la ley. 

Nuestra asociación, con 84 años de existencia, es apolítica y es un referente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y de las asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros.

En la APES continuaremos con nuestra labor de documentar y denunciar cualquier vulneración contra el gremio de periodistas en El Salvador, y a la vez, seguiremos exigiendo respeto al trabajo de los y las colegas que cada día desempeñan sus labores a pesar de las restricciones que se les pretende imponer, al ataque infundado de algunos empleados públicos y a la tolerancia de las máximas autoridades que deberían ponerle un alto a estos.

 

San Salvador, 22 de abril de 2021.