La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre la Libertad de Expresión en El Salvador 2020 que recaba algunos casos de agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación y violaciones a sus derechos laborales reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES.

El informe destaca un incremento en las agresiones, destacando restricciones, ataques y acoso digital contra periodistas que cuestionan sobre algunas actuaciones de los funcionarios públicos y opinan de manera crítica en sus redes sociales.

Las cifras de los últimos tres años sobre agresiones a periodistas hablan por sí solas: en 2018 se reportaron 65 casos, en 2019, se reportaron 77 y para 2020 se reportaron 125 casos, duplicando las del año 2018.

Tipos de agresiones

Restricción al ejercicio periodístico, ataque digital, bloqueos al acceso de información pública, despido injustificado, acoso digital, declaraciones estigmatizantes, hurto, amenaza a la vida, amenaza verbal, intimidación, reducción salarial, restricción salarial, adeudo salarial, suspensión de contrato, despido colectivo, daño al equipo de trabajo, desplazamiento forzado, privación de libertad y acoso sexual.

Genera preocupación para la Relatoría de Libertad de Expresión de APES el elevado registro de restricciones al ejercicio periodístico, las cuales aumentaron de 27 en 2019 a 34 en 2020, que equivalen al 27.2% del total de casos registrados.

En comparación al periodo anterior, de los 27 casos de restricciones que se contabilizaron en 2019, 17 fueron cometidos durante las elecciones presidenciales, lo que quiere decir que solamente 10 casos se cometieron en circunstancias distintas al proceso electoral, frente a los 34 de este año cometidos en tiempo no electoral. Cabe destacar que 5 casos de restricción al ejercicio periodístico ocurrieron durante los hechos del 9 de febrero.

Mientras que el 18.4% de los casos fueron clasificados como ataques digitales, el 16% como bloqueos al acceso de información pública y el 11.2% fueron despidos injustificados.

El Centro de Monitoreo recibió 23 denuncias consideradas como ataques, definidos así por ser señalamientos directos contra periodistas, relacionándolos con algún rumor o con el fin de descalificar su labor informativa. En algunos casos se llegó hasta el hackeo de páginas web de algunos medios o cuentas de correo electrónico de periodistas.

Agresores

Los principales agresores de los periodistas en 2020 fueron funcionarios públicos, con el 27.2% de los casos, la Policía Nacional Civil (PNC), con 12.8% y el Gabinete de Salud Ampliado, con el 6.4% de casos. Mientras que el resto agresiones corresponde a instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, La Casa Presidencial, manifestantes, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales.

Violencia de género

Preocupa también que la violencia contra las mujeres periodistas continúa presente de diferentes formas en los medios de comunicación, en el relacionamiento con las fuentes de información y con los agentes del Estado.

Según los registros de APES, el 20% de víctimas eran mujeres, principalmente en ataques y acoso digital, contra quienes se descarga un lenguaje soez, denigrante y estigmatizante.

Retroceso en acceso a la información

En el ámbito del acceso a la información pública y la transparencia, esta Relatoría identifica un retroceso abrupto en 2020. Hubo vicios de ilegalidad en el proceso de elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), propuesto por el sector de periodistas desarrollado en 2020, debido a manipulaciones desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Además, se suspendieron prácticas de transparencia en el IAIP como grabar en formato audio las audiencias, con el argumento de que eso provoca “fuga de información”, y se declaró en reserva información de carácter pública generada en el marco de la pandemia por COVID-19.

En 2020 también hubo bloqueos de periodistas a las cuentas de Twitter del presidente Bukele y otros funcionarios públicos, que es una forma común de negar el acceso a la información oficial. APES registró 18 casos de bloqueo de periodistas de las cuentas oficiales de Twitter del mandatario y otros funcionarios públicos.

San Salvador, 29 de enero de 2021.

Ante el anuncio de la elección de candidatos para comisionados propietarios y suplentes por el sector periodistas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizado por la Presidencia de la República para este 2 de septiembre de 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), nuevamente, hace un llamado a la entidad convocante a que realice un proceso apegado a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su Reglamento. 

El artículo 53 de la LAIP establece que deberá presentarse una terna propuesta por las asociaciones de periodistas debidamente inscritas, lo que requiere de al menos tres asociaciones o entidades proponentes y en el actual proceso que realiza Casa Presidencial solo se cuenta con la participación de dos entidades: la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies) y la Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Redactores de El Salvador (Cafocares).

Además, como se ha señalado por parte de APES en oportunidades anteriores, el actual proceso no contó con los plazos pertinentes para la elección de candidatos, como lo establecen los artículos 63 y  66-a del Reglamento de la LAIP.

Y tomando en cuenta que el proceso que se inició este año se vio interrumpido por la emergencia por la pandemia del COVID-19, el mismo debió retomarse considerando el desfase de los tiempos y las condiciones irregulares producto de la pandemia por COVID-19, a fin de garantizar la mayor participación de entidades proponentes.

Realizar el proceso de elección en las actuales condiciones solo restaría legitimidad a un procedimiento tan importante para la vida institucional del país, sobre todo, al evitar la participación de APES, entidad que ha estado comprometida junto a otras organizaciones civiles con la transparencia y el acceso a la información pública.

Es necesario mencionar que a mayor participación de organizaciones de periodistas también se garantiza la idoneidad de las candidaturas, para no repetir experiencias del pasado.

APES envió correspondencias a la Presidencia solicitando se reconsiderara los plazo establecidos, pero no fueron tomadas en cuenta.
Debido a estas irregularidades y tomando en cuenta los antecedentes de procesos anteriores para elegir comisionados por el sector periodistas que se declararon desiertos por la falta de tres entidades proponentes, de llevar a cabo la elección en estas mismas condiciones tendría nuevamente vicios de ilegalidad.

Exhortamos a la Presidencia de la República a dar muestras de transparencia y compromiso con la legalidad del proceso, brindando la apertura necesaria para garantizar la mayor participación, legalidad y legitimidad del proceso.

San Salvador, 31 de agosto de 2020.

La semana pasada la Asamblea Legislativa acordó crear una comisión especial para investigar ataques digitales contra periodistas, los cuales han sido denunciados por informadores, medios de comunicación, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y por esta Mesa integrada por gremiales periodísticas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión e información, universidades y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); así como también por la Relatoría de Libertad de Expresión  de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y otras instancias internacionales.

Ante esto, como Mesa de Protección a Periodistas, expresamos lo siguiente:

1. Consideramos positiva esta decisión de la Asamblea Legislativa, pues es necesario que las instituciones públicas actúen en defensa de la libertad de expresión e información, el ejercicio periodístico y los derechos de las/los periodistas. Ojalá que otras instancias estatales también lo hagan: que el Ejecutivo implemente políticas públicas de protección y que la Fiscalía General de la República investigue violaciones a las vulneraciones contra periodistas.
2. Esperamos que el trabajo de la referida comisión legislativa sea efectivo y que sus objetivos respondan a un interés genuino de proteger a las/los periodistas; y que no se deba a propósitos políticos ajenos a la procura de la libertad de prensa y garantía del ejercicio periodístico.
3. Solicitamos que, como parte esencial de su trabajo, dicha comisión parlamentaria retome el estudio del Proyecto de Ley de Protección Integral de Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información, presentada por esta Mesa en octubre de 2018 y que hasta ahora no ha sido analizada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Creemos que el mejor aporte que la comisión puede hacer para defender a las/los periodistas es proponer al pleno legislativo la aprobación de tan urgente normativa.
4. La comisión también podría plantear un debate amplio sobre otras temáticas relacionadas con la libertad de expresión, acceso a información y el ejercicio periodístico, que conduzca a la actualización de normativas como la Ley de Acceso a la Información Público (LAIP) y a la promulgación de marcos jurídicos sobre publicidad oficial, protección de datos personales y otras aspectos relacionados con el cada vez más omnipresente ámbito info-comunicacional y sus impactos en la democracia.
5. Finalmente, instamos a la comisión a realizar una discusión seria, a fondo, amplia, incluyente y plural sobre las temáticas antes mencionadas; para lo cual es necesaria la participación de todos los sectores, actores e instancias involucradas y/o que pueden aportar al debate: gremio periodístico, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, academia, IAIP y PDDH, así como las secretarías presidenciales de Comunicaciones y de Prensa. También es importante invitar a instancias internacionales como la Relatoría de la CIDH, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, entre otros.

La Mesa de Protección a Periodistas y cada una de las organizaciones e instituciones miembras estamos en total disposición de colaborar con la comisión, así como también con cualquier otra instancia estatal que promueva acciones para la defensa y protección de la libertad de expresión acceso a la información y libre ejercicio periodístico. 

San Salvador 17 de agosto de 2020.

Tras la renuncia del comisionado Juan Carlos Turcios y su suplente, Mauricio Fuentes, debido a señalamientos de elección irregular en sus nombramientos, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia en su calidad de entidad convocante, aperturó un nuevo proceso de elección a comisionados por el sector de periodistas brindando un período del 21 de febrero al 20 de marzo. 

El artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece en su procedimiento de elección que la convocatoria de elección deberá ser de sesenta días previos a la fecha del inicio de funciones y que la convocatoria de asamblea general se realizará con quince días de anticipación. Al respecto la Entidad proponente ha incumplido con la convocatoria de elección al haber brindado únicamente un período de 29 días calendario de los 60 que establece la LAIP. 

Pese a esta situación,  APES retomó en febrero su proceso de elección interna para elección de precandidatos a conformar las ternas al IAIP por parte del sector de periodistas, para dicho proceso se realizó una convocatoria en su página web y se cuenta con la supervisión de observadores como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y que puede corroborarse en nuestro sitio web: http://apes.org.sv/?s=IAIP

Sin embargo, la entidad convocante suspendió el proceso debido a la pandemia del Covid-19 el 14 de marzo, situación que obligó a APES congelar el proceso de evaluación de precandidatos y su asamblea extraordinaria de socios para la elección de candidatos. 

Si bien la entidad convocante explicó que al terminar el plazo correspondiente se retomaría el plazo en el estado en el que ocurrió la interrupción de este procedimiento, la APES advirtió en febrero que dicha convocatoria tenía vicios de ilegalidad al incumplir el artículo 53 de la LAIP y el artículo 63 de su reglamento: 

http://apes.org.sv/apes-advierte-de-vicios-de-ilegalidad-en-nueva-convocatoria-a-comisionados-del-iaip-por-el-sector-periodistas/

Además, la convocatoria actual no toma en cuenta las afectaciones hacia el gremio de periodistas producto de la pandemia del Covid-19 y que dificulta  el desarrollo adecuado del proceso, entre ellas la posiblidad de convocar a una actividad que genere concentraciones de personas como es la Asamblea Extraordinaria de Socios para la elección de candidatos. 

APES, también tendría que haber retomado la comunicación con sus observadores, terminar el proceso de evaluaciones de los precandidatos, las personas participantes deberían actualizar sus solvencias y todo esto bajo las limitaciones dadas por la primera fase de reapertura económica tras la emergencia nacional. 

Sumado a ello, nuestra asociación ha tenido que enfrentar una atención de casos de vulneraciones a periodistas durante la pandemia del covid-19, la atención de periodistas despedidos en diversos medios de comunicación, se han realizado gestiones de kits de bioseguridad y  se mantiene un monitoreo  de periodistas con Covid-19 para proporcionar apoyo.

En ese sentido, APES reitera su compromiso e interés en participar en el proceso de elección de candidaturas a ternas al IAIP por el gremio de periodistas, pero bajo condiciones adecuadas que garanticen un proceso democrático, participativo, transparente y con el cumplimiento del debido proceso en la LAIP y la RLAIP.

Por ello, se solicita de forma expresa a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en su calidad de entidad convocante, que respete los tiempos establecidos en la LAIP y su reglamento, así como los procesos internos de cada asociación para elegir a sus candidaturas. Esto garantiza que no se repitan situaciones como la anterior donde los electos fueron cuestionados por la falta de transparencia en el proceso y terminó con su renuncia, llevando a que todo se reiniciara de cero.

Así mismo, pedimos que se reconsidere el impacto y las afectaciones de la pandemia al gremio de periodistas, el cual ha costado incluso vidas de colegas que informan desde la primera línea lo que sucede durante el desarrollo de la pandemia por Covid-19, tal como hemos explicado anteriormente. 

Finalmente,  APES invita a las demás asociaciones de periodistas y comunicadores a velar y exigir que el proceso de elección de comisionados del IAIP se realice apegado a las normativas y que sea transparente.

San Salvador 13 de agosto de 2020.

La Mesa de Protección a Periodistas considera urgente la aprobación de una normativa que garantice los derechos de las/os periodistas y asegure el ejercicio de su labor en condiciones dignas. Por eso, reiteramos a la Asamblea Legislativa nuestro llamado para aprobar cuanto antes la Ley de Protección Integral a Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información, que presentamos en octubre de 2018 y está pendiente de analizarse en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La persistencia de un contexto desfavorable para el trabajo informativo, caracterizado por constantes vulneraciones a la seguridad y violaciones a los derechos de las/os periodistas, hace necesario contar con un marco jurídico que establezca mecanismos de protección, asegure condiciones laborales dignas y garantice el cumplimiento de derechos específicos de la profesión, dada la función clave que ésta tiene en la vigente democracia.

Nuestro llamado a la protección del periodismo y las/os periodistas es también para el Órgano Ejecutivo. Durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele se han incrementado los casos de vulneraciones, principalmente relacionados con la falta de acceso a la información pública y las descalificaciones, estigmatizaciones y ataques digitales contra periodistas, especialmente mujeres; lo cual constituye violaciones a la libertad de prensa y atenta contra la seguridad, la dignidad y los derechos de las/los periodistas, como lo plantea la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos ataques contra periodistas y medios de comunicación están impunes; por tanto, también exigimos la actuación diligente y oportuna de la Fiscalía General de la República para investigar de oficio todas esas vulneraciones. Es reprochable que la institución responsable de hacer valer la legalidad y perseguir el cometimiento de delitos contra el honor y se amenace a periodistas, con el propósito de intimidar, amedrentar y callar al periodismo crítico.

Finalmente, en este Día de las y los Periodistas, como Mesa apostamos por la unidad y el fortalecimiento del gremio periodístico; así mismo exhortamos a todos los sectores democráticos del país a no permitir que se siga vulnerando las libertades de expresión, de prensa, el ejercicio periodístico y el acceso a la información pública, que son principios fundamentales y condiciones básicas para la existencia de una sociedad democrática.

AñadirSan Salvador, 31 de julio de 2020

A finales de esta semana el periódico digital La Página, que es administrado por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB), publicó una nota en la que acusa a un periodista del periódico digital El Faro de cometer supuestos actos de acoso sexual contra una periodista. Un día después, el medio digital reconoce que han ocurrido expresiones de violencia contra las mujeres al interior del medio, menciona que han elaborado documentos para prevenir este tipo de situaciones y se ponen a disposición para poder ser investigados. 

Ante esta situación, la Mesa de Protección a Periodistas, expone:

1. La Mesa de Protección a Periodistas condena toda violencia hacia las mujeres periodistas sin importar el medio de comunicación o lugar en donde ocurra.  Si bien la violencia de género responde a un problema estructural, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para una atención integral a las víctimas, que deriva en la credibilidad de las instituciones para que éstas sientan confianza en denunciar, realizar juicios expeditos, promulgar condenas acorde al nivel de afectación e implementar medidas de reparación.
2. Es totalmente repudiable que un hecho de violencia sea utilizado con tintes políticos por parte del Presidente Nayib Bukele y que las instituciones como el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) sean  instrumentalizadas. Los casos deben ser investigados y enjuiciados y deben respetarse ante todo la decisión que la persona afectada tome al respecto. 
3. La Mesa le recuerda al actual gobierno que, además de las acusaciones a un periodista de El Faro, hay pendientes denuncias de acoso contra el ex director de noticias Roberto Hugo Preza sin que ISDEMU se haya pronunciado hasta el momento. Los casos de violencia sexual hacia mujeres periodistas no son nuevos, recordamos los casos de ex presentador de noticias Carlos Toledo y el del ex presentador del programa Domingo Para Todos, Maximiliano González.  Es una doble moral del Presidente Bukele visibilice un caso y guarde silencio en otros, especialmente los señalamientos hacia su propio secretario de prensa, Ernesto Sanabria, acusado de violencia hacia su ex pareja.
4. La situación de violencia hacia mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información lamentablemente no es una problemática, así lo refleja un diagnóstico de PDDH publicado en 2018 en la que se establece  que más del 90% reconoce prácticas discriminatorias por condición de género al interior de los medios de comunicación, el 96% confirmó que hay problemas de acoso sexual al interior de los medios y el 100% manifestó ser víctima de al menos una expresión de acoso durante su trabajo de campo.  

En ese sentido, exhortamos:

1. A la Corte Suprema de Justicia, por medio de los juzgados especializados, a que administre pronta y cumplida justicia a favor de mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia en sus diferentes modalidades.  
2. Al Fiscal General de la República, investigar de forma oportuna todos los casos de violencia hacia mujeres periodistas y no de forma selectiva.
3. Instamos al Presidente Bukele que deje de instrumentalizar al Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) y se retome el convenio con APES, el cual incluía la adopción de procesos de formación en género a periodistas, la creación de políticas institucionales de género para medios de comunicación y la canalización de posibles denuncias ante las instancias correspondientes. 
4. Al Presidente de la República, que deje de utilizar el caso en comento, con fines políticos y sin un interés real de atacar las causas estructurales de la violencia de género. 

San Salvador, 04 de julio de 2020.

Anexos: 

Periodistas denuncian acoso sexual en canal de televisión de El Salvador

Pronunciamiento de comunicadoras sobre agresión sexual

“Te voy a matar y nadie se dará cuenta dónde te voy a enterrar”: Funcionario salvadoreño a expareja