El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), organizaciones asociadas por la libertad de prensa, y el Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), expresamos nuestro respaldo al periódico digital El Faro ante el indicio de acoso fiscal del que ha sido sujeto desde julio de 2020.

Un equipo de auditores del Ministerio de Hacienda trasladó a El Faro las conclusiones preliminares de una auditoria planteando que habría evadido impuestos, lo cual carece de fundamento tal como muestra El Faro en su propio editorial.  

Estas acusaciones, que son muestra de una posible desviación en el ejercicio del poder gubernamental, afectan el prestigio y credibilidad que El Faro ha cosechado en más de dos décadas de funcionamiento, período en el que ha destapado casos de corrupción de gobiernos anteriores y del actual, con pruebas contundentes y bajo un esquema riguroso de investigación.

De igual manera, periodistas de El Faro han denunciado restricciones y amenazas a su ejercicio como profesionales, que incluye un limitado acceso a información pública y una estigmatización por ser parte de este medio, así como difamación y acoso, e incluso seguimientos. Unas restricciones y amenazas que han dado lugar a unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como Asocio, hacemos un llamado a las autoridades a:

1. Actuar apegados a la ley y evitar deslegitimar el trabajo de El Faro por medio de acusaciones que carecen de fundamento y que provocan un desgaste que obstaculiza la labor principal de este medio: hacer periodismo.
2. Cesar el ataque contra la integridad del personal de El Faro, así como contra cualquier persona periodista, y respetar su derecho de ciudadanos y ciudadanas a pedir rendición de cuentas, en aras de la transparencia y la democracia.
3. Respetar el ejercicio del periodismo en general, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

San Salvador, 22 de abril de 2021.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena los ataques a través de redes sociales hechos por un empleado público, el secretario de Prensa de la Presidencia, contra la presidenta de esta asociación, la periodista Angélica Cárcamo. 

Desde la cuenta del secretario de Prensa de la Presidencia, quien está cargo de una institución que funciona con fondos públicos, se han publicado durante los últimos dos días una serie de mensajes ofensivos y estigmatizantes, en los que se cuestiona de manera infundada la solvencia e imparcialidad de nuestra representante, quien a la par de su actividad profesional como periodista, trabaja al frente de la principal asociación de periodistas del país.

En forma reiterada, el funcionario en cuestión ha demostrado su intolerancia ante los señalamientos que, a nivel nacional e internacional, se han hecho a la actual administración del Órgano Ejecutivo. El más reciente es el retroceso mostrado en el “Índice Mundial de Libertad de Prensa”, que año con año publica la organización global “Reporteros Sin Fronteras” y que en su último informe demuestra cómo El Salvador retrocedió en ocho posiciones en comparación al año anterior, ubicándose en la categoría de países con una situación problemática.

Las razones por las que fuera del país se tiene una percepción negativa de la libertad de expresión en El Salvador no son imputables al trabajo que desde hace años viene desarrollando la presidenta de APES en defensa de la libertad de prensa y en favor de los derechos humanos. Se deben exclusivamente a la intolerancia de los empleados de gobierno que, en circunstancias como las que ahora denunciamos, muestran irrespeto a la crítica ciudadana y al trabajo periodístico, a pesar de que son los primeros llamados a garantizarlo, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La APES exige al gobierno, a través de sus funcionarios, que cese sus ataques a la prensa salvadoreña y que termine su estrategia que busca estigmatizar a los y las colegas que ejercen un periodismo sin ataduras. Los funcionarios, y en especial el secretario de Prensa de la Presidencia, deben procurar la transparencia en la gestión y el acceso a la información pública, tal como los obliga la ley. 

Nuestra asociación, con 84 años de existencia, es apolítica y es un referente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y de las asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros.

En la APES continuaremos con nuestra labor de documentar y denunciar cualquier vulneración contra el gremio de periodistas en El Salvador, y a la vez, seguiremos exigiendo respeto al trabajo de los y las colegas que cada día desempeñan sus labores a pesar de las restricciones que se les pretende imponer, al ataque infundado de algunos empleados públicos y a la tolerancia de las máximas autoridades que deberían ponerle un alto a estos.

San Salvador, 22 de abril de 2021. 

El ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa es condición fundamental para el ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas. Sin ella, el periodismo no puede cumplir a cabalidad su rol de fiscalizador del poder, principalmente cuando los gobernantes se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía.

Investigar y publicar los hallazgos para informar sobre aquello que está mal en la sociedad, y echar luces sobre lo que el poder quiere mantener a oscuras, es el trabajo de los periodistas y una de las funciones de los medios de información. Pero para lograrlo, periodistas y medios deben tener garantías de libertad de expresión y de prensa, las cuales han comenzado a debilitarse y a transitar hacia un horizonte oscuro.

Esta relatoría ha constatado actos violatorios de la libertad de expresión y de prensa, que insinúan prácticas de censura. Uno de ellos es el reciente cierre en televisión abierta del espacio FOCOS, que se transmitía por el Canal 33 de la televisión salvadoreña. El equipo de FOCOS ha dicho que existe un debilitamiento de la independencia editorial del canal, mientras los propietarios de la empresa televisiva guardan silencio. A este caso se suma el cierre de un programa de opinión en Tele Uno, una semana después de las elecciones del 28 de febrero. Por tanto, esta relatoría considera que:

1. Los medios tradicionales que intentan resistir están bajo fuertes presiones gubernamentales para que modifiquen sus líneas editoriales y cierren programas de periodismo crítico como FOCOS, que era el único espacio de periodismo cuestionante en la televisión salvadoreña. En esa vía, no sería extraño que en adelante otras empresas mediáticas apliquen cambios en sus políticas informativas.

Los gobiernos pasados usaban la pauta publicitaria gubernamental como premio o castigo por plegarse o distanciarse de la narrativa oficial, esa práctica se ha convertido hoy en una especie de chantaje para las empresas de medios tradicionales que dependen de la publicidad para subsistir, y que han tratado de mantener su independencia editorial.

2. Vamos hacia la consolidación de un único discurso mediático, un discurso que no siempre está apegado a la verdad, y que además, promueve la intolerancia total sobre la crítica y estigmatiza a la prensa independiente. Esa versión única de la realidad es divulgada a través de los medios gubernamentales como Canal 10, y a partir del uno de mayo la Televisión Legislativa, además de Diario El Salvador. A ello se suman tres radios gubernamentales de cobertura nacional.

Pero, además, la administración de Bukele controla la línea editorial de dos canales de televisión privados y dos cadenas de radio y medios escritos digitales que son administrados por el Consejo Nacional de Bienes, CONAB. En total, la narrativa gubernamental es replicada por no menos de 20 medios de difusión masiva tradicional, además de los apoyos de youtubers y otras plataformas de distribución de contenidos por  Internet.

3. Los periodistas son restringidos en su ejercicio profesional y afectados en sus derechos como ciudadanos. Los funcionarios de la administración Bukele han mostrado desde el inicio de la gestión una actitud anti prensa. Restringir el derecho a preguntar durante las conferencias de prensa, excluir a periodistas no alineados de las convocatorias de prensa y de los canales de comunicación oficial; además, dañar la imagen, la dignidad y el decoro de los periodistas críticos, son prácticas comunes.
4. La estigmatización de medios y la incitación a la violencia contra periodistas es promovida por funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Esta práctica lleva el propósito de minar la credibilidad de los periodistas independientes. La necesidad de consolidar la narrativa oficial como única, lleva a eliminar otros puntos de vista críticos y a tildar a los periodistas no plegados al oficialismo como “plumas pagadas” o de responder a intereses de “financistas”, frases con las que buscan deslegitimar el trabajo de la prensa independiente.
5. Ante esta realidad, no hay que esperar a que persigan o atenten contra la vida de los primeros periodistas. La sociedad civil y la comunidad internacional deben poner atención a lo que está ocurriendo en el país y hacer lo necesario para evitar el peor de los escenarios, la instauración plena de un régimen autoritario. Detrás de la publicación de una investigación periodística, y luego de un tuit del presidente Bukele o alguno de sus funcionarios, vienen las avalanchas de mensajes violentos o amenazas de los seguidores del gobierno, los cuales pueden llegar a concretarse en atentados a la vida. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas ya registra tres casos de seguimiento por vehículos desconocidos o individuos fotografiando residencias de periodistas. Por tanto, instituciones como la Fiscalía General de la República, FGR, también deben actuar, investigando y aplicando la ley a los responsables de estos y otros actos, para evitar la impunidad.

Serafín Valencia Martínez

Relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES.

San Salvador, 02 de abril de 2021.

La Mesa de Protección a Periodistas muestra su preocupación ante el aumento de casos de vulneraciones a la libertad de prensa y el acceso a la información que, según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), suman 94 casos durante el 2021.

Las afectaciones se concentran en: restricciones al ejercicio periodístico (61 casos), declaraciones estigmatizantes, bloqueos al acceso a la información pública, bloqueos en redes sociales, acosos digitales, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenaza a la vida.  
Entre los casos más preocupantes están las denuncias de toma de fotografías de casas de habitación de periodistas, el abuso de poder de autoridades de seguridad pública y las expresiones de acoso hacia  mujeres periodistas.

 
Para la Mesa, estos hechos deben ser considerados una alerta que podrían derivar en afectaciones a la integridad física de los y las colegas. 
Por otro lado, es preocupante la instrumentalización de los medios de gobierno como Canal 10, Radio Nacional y Diario El Salvador para hacer propaganda gubernamental y hasta desinformación.

A ello se suman los medios privados administrados por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) en los que se ha despedido personal para contratar personas afines al gobierno de turno. 
Ante este contexto es urgente que la actual Asamblea Legislativa inicie rápidamente la discusión de la propuesta de ley de protección integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que fue presentada en 2018 en el congreso. No aprobar la ley implicaría que la nueva legislatura no la apruebe o le haga reformas con la finalidad de limitar los alcances de la misma. 

La propuesta de ley contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.
Otra propuesta que se encuentra en el parlamento es la de publicidad gubernamental, que busca garantizar una distribución equitativa de la pauta en los medios de comunicación.    

También hacemos un llamado a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa para que se abstenga de realizar acciones que atenten al trabajo periodístico, tales como difamaciones, calumnias y todo tipo de hostigamientos que perjudiquen el acceso a la información por parte de los medios de comunicación a cubrir las sesiones de trabajo y plenarias a realizarse.

En tal contexto, anticipadamente exigimos a la nueva legislatura permitir a la prensa conocer la propuesta de auditoría a realizarse en dicho Órgano de Estado, los resultados de la misma y las acciones a implementar para solventar los hallazgos que esta arroje.

Finalmente, la Mesa hace un llamado a los diversos organismos internacionales a mantener un monitoreo permanente en El Salvador y generar los llamados de atención oportuna para evitar mayores retrocesos a la libertad de expresión. 

San Salvador, 15 de marzo de 2021.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), a través de su Centro de monitoreo, registró un total de 26 afectaciones a la prensa salvadoreña relacionadas al proceso electoral.

El primer caso se registró el 19 de noviembre de 2020 y el último el 17 de febrero de 2021.

Durante las elecciones municipales y legislativas del 2018 el Centro de monitoreo reportó 26 afectaciones y en las elecciones presidenciales del 2019 un total de 24 casos, esto supone un aumento del 100%de los casos para este periodo comparado con el año 2018.

Ante esta situación la APES instalará su centro de monitoreo de forma ininterrumpida el 28 de febrero desde las 5:00 am para atender cualquier vulneración a la prensa. Por primera vez, APES cuenta con referentes en el oriente y occidente del país. La Asociación divulgará alertas de forma periódica por medio de Facebook, Twitter y su página web.

Además, realizará dos conferencias de prensa: 10:00 am (para informar sobre las incidencias durante la apertura del proceso electoral) y a las 9:00 pm (para informar sobre el registro de casos durante el conteo de votos).

Ante cualquier vulneración se han habilitado los siguientes números: 7746 4325 (Zona Central), 7009-1497 (Zona Oriental) y el 7009-6656 (Zona Occidental). Previamente APES ha entablado mecanismos de comunicación con instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), La Fiscalía General de la República (FGR) y con diferentes grupos de Observadores nacionales e internacionales para solicitar acompañamiento ante cualquier posible vulneración al gremio durante la jornada electoral.

Finalmente, APES pone a disposición el comunicado de prensa del TSE en la que se hace un llamado al respeto a la libertad de prensa durante el día de las elecciones:  https://twitter.com/TSEElSalvador/status/1365270514684542983?s=20 ; y pone a disposición el Decálogo periodístico para una cobertura ética en contextos electorales: https://twitter.com/apeselsalvador/status/1365392215518945289?s=20

Previo al día de las elecciones APES ha realizado diversas acciones para atender a las necesidades del gremio periodístico como: formación en procesos electorales, talleres de seguridad física, digital e integral, entrega de kits de bioseguridad y monitoreo de vulneraciones a la prensa y acompañamiento a colegas afectados por su ejercicio periodístico.

San Salvador, 27 de febrero de 2021.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre la Libertad de Expresión en El Salvador 2020 que recaba algunos casos de agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación y violaciones a sus derechos laborales reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES.

El informe destaca un incremento en las agresiones, destacando restricciones, ataques y acoso digital contra periodistas que cuestionan sobre algunas actuaciones de los funcionarios públicos y opinan de manera crítica en sus redes sociales.

Las cifras de los últimos tres años sobre agresiones a periodistas hablan por sí solas: en 2018 se reportaron 65 casos, en 2019, se reportaron 77 y para 2020 se reportaron 125 casos, duplicando las del año 2018.

Tipos de agresiones

Restricción al ejercicio periodístico, ataque digital, bloqueos al acceso de información pública, despido injustificado, acoso digital, declaraciones estigmatizantes, hurto, amenaza a la vida, amenaza verbal, intimidación, reducción salarial, restricción salarial, adeudo salarial, suspensión de contrato, despido colectivo, daño al equipo de trabajo, desplazamiento forzado, privación de libertad y acoso sexual.

Genera preocupación para la Relatoría de Libertad de Expresión de APES el elevado registro de restricciones al ejercicio periodístico, las cuales aumentaron de 27 en 2019 a 34 en 2020, que equivalen al 27.2% del total de casos registrados.

En comparación al periodo anterior, de los 27 casos de restricciones que se contabilizaron en 2019, 17 fueron cometidos durante las elecciones presidenciales, lo que quiere decir que solamente 10 casos se cometieron en circunstancias distintas al proceso electoral, frente a los 34 de este año cometidos en tiempo no electoral. Cabe destacar que 5 casos de restricción al ejercicio periodístico ocurrieron durante los hechos del 9 de febrero.

Mientras que el 18.4% de los casos fueron clasificados como ataques digitales, el 16% como bloqueos al acceso de información pública y el 11.2% fueron despidos injustificados.

El Centro de Monitoreo recibió 23 denuncias consideradas como ataques, definidos así por ser señalamientos directos contra periodistas, relacionándolos con algún rumor o con el fin de descalificar su labor informativa. En algunos casos se llegó hasta el hackeo de páginas web de algunos medios o cuentas de correo electrónico de periodistas.

Agresores

Los principales agresores de los periodistas en 2020 fueron funcionarios públicos, con el 27.2% de los casos, la Policía Nacional Civil (PNC), con 12.8% y el Gabinete de Salud Ampliado, con el 6.4% de casos. Mientras que el resto agresiones corresponde a instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, La Casa Presidencial, manifestantes, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales.

Violencia de género

Preocupa también que la violencia contra las mujeres periodistas continúa presente de diferentes formas en los medios de comunicación, en el relacionamiento con las fuentes de información y con los agentes del Estado.

Según los registros de APES, el 20% de víctimas eran mujeres, principalmente en ataques y acoso digital, contra quienes se descarga un lenguaje soez, denigrante y estigmatizante.

Retroceso en acceso a la información

En el ámbito del acceso a la información pública y la transparencia, esta Relatoría identifica un retroceso abrupto en 2020. Hubo vicios de ilegalidad en el proceso de elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), propuesto por el sector de periodistas desarrollado en 2020, debido a manipulaciones desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Además, se suspendieron prácticas de transparencia en el IAIP como grabar en formato audio las audiencias, con el argumento de que eso provoca “fuga de información”, y se declaró en reserva información de carácter pública generada en el marco de la pandemia por COVID-19.

En 2020 también hubo bloqueos de periodistas a las cuentas de Twitter del presidente Bukele y otros funcionarios públicos, que es una forma común de negar el acceso a la información oficial. APES registró 18 casos de bloqueo de periodistas de las cuentas oficiales de Twitter del mandatario y otros funcionarios públicos.

San Salvador, 29 de enero de 2021.

Ante el anuncio de la elección de candidatos para comisionados propietarios y suplentes por el sector periodistas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizado por la Presidencia de la República para este 2 de septiembre de 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), nuevamente, hace un llamado a la entidad convocante a que realice un proceso apegado a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su Reglamento. 

El artículo 53 de la LAIP establece que deberá presentarse una terna propuesta por las asociaciones de periodistas debidamente inscritas, lo que requiere de al menos tres asociaciones o entidades proponentes y en el actual proceso que realiza Casa Presidencial solo se cuenta con la participación de dos entidades: la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies) y la Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Redactores de El Salvador (Cafocares).

Además, como se ha señalado por parte de APES en oportunidades anteriores, el actual proceso no contó con los plazos pertinentes para la elección de candidatos, como lo establecen los artículos 63 y  66-a del Reglamento de la LAIP.

Y tomando en cuenta que el proceso que se inició este año se vio interrumpido por la emergencia por la pandemia del COVID-19, el mismo debió retomarse considerando el desfase de los tiempos y las condiciones irregulares producto de la pandemia por COVID-19, a fin de garantizar la mayor participación de entidades proponentes.

Realizar el proceso de elección en las actuales condiciones solo restaría legitimidad a un procedimiento tan importante para la vida institucional del país, sobre todo, al evitar la participación de APES, entidad que ha estado comprometida junto a otras organizaciones civiles con la transparencia y el acceso a la información pública.

Es necesario mencionar que a mayor participación de organizaciones de periodistas también se garantiza la idoneidad de las candidaturas, para no repetir experiencias del pasado.

APES envió correspondencias a la Presidencia solicitando se reconsiderara los plazo establecidos, pero no fueron tomadas en cuenta.
Debido a estas irregularidades y tomando en cuenta los antecedentes de procesos anteriores para elegir comisionados por el sector periodistas que se declararon desiertos por la falta de tres entidades proponentes, de llevar a cabo la elección en estas mismas condiciones tendría nuevamente vicios de ilegalidad.

Exhortamos a la Presidencia de la República a dar muestras de transparencia y compromiso con la legalidad del proceso, brindando la apertura necesaria para garantizar la mayor participación, legalidad y legitimidad del proceso.

San Salvador, 31 de agosto de 2020.