El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), organizaciones asociadas por la libertad de prensa, y el Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), expresamos nuestro respaldo al periódico digital El Faro ante el indicio de acoso fiscal del que ha sido sujeto desde julio de 2020.
Un equipo de auditores del Ministerio de Hacienda trasladó a El Faro las conclusiones preliminares de una auditoria planteando que habría evadido impuestos, lo cual carece de fundamento tal como muestra El Faro en su propio editorial.
Estas acusaciones, que son muestra de una posible desviación en el ejercicio del poder gubernamental, afectan el prestigio y credibilidad que El Faro ha cosechado en más de dos décadas de funcionamiento, período en el que ha destapado casos de corrupción de gobiernos anteriores y del actual, con pruebas contundentes y bajo un esquema riguroso de investigación.
De igual manera, periodistas de El Faro han denunciado restricciones y amenazas a su ejercicio como profesionales, que incluye un limitado acceso a información pública y una estigmatización por ser parte de este medio, así como difamación y acoso, e incluso seguimientos. Unas restricciones y amenazas que han dado lugar a unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como Asocio, hacemos un llamado a las autoridades a:
- Actuar apegados a la ley y evitar deslegitimar el trabajo de El Faro por medio de acusaciones que carecen de fundamento y que provocan un desgaste que obstaculiza la labor principal de este medio: hacer periodismo.
- Cesar el ataque contra la integridad del personal de El Faro, así como contra cualquier persona periodista, y respetar su derecho de ciudadanos y ciudadanas a pedir rendición de cuentas, en aras de la transparencia y la democracia.
- Respetar el ejercicio del periodismo en general, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
San Salvador, 22 de abril de 2021.