Comunicados

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La Mesa de Protección a Periodistas considera urgente la aprobación de una normativa que garantice los derechos de las/os periodistas y asegure el ejercicio de su labor en condiciones dignas. Por eso, reiteramos a la Asamblea Legislativa nuestro llamado para aprobar cuanto antes la Ley de Protección Integral a Periodistas, Comunicadores/as y Trabajadores/as de la Información, que presentamos en octubre de 2018 y está pendiente de analizarse en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La persistencia de un contexto desfavorable para el trabajo informativo, caracterizado por constantes vulneraciones a la seguridad y violaciones a los derechos de las/os periodistas, hace necesario contar con un marco jurídico que establezca mecanismos de protección, asegure condiciones laborales dignas y garantice el cumplimiento de derechos específicos de la profesión, dada la función clave que ésta tiene en la vigente democracia.

Nuestro llamado a la protección del periodismo y las/os periodistas es también para el Órgano Ejecutivo. Durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele se han incrementado los casos de vulneraciones, principalmente relacionados con la falta de acceso a la información pública y las descalificaciones, estigmatizaciones y ataques digitales contra periodistas, especialmente mujeres; lo cual constituye violaciones a la libertad de prensa y atenta contra la seguridad, la dignidad y los derechos de las/los periodistas, como lo plantea la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos ataques contra periodistas y medios de comunicación están impunes; por tanto, también exigimos la actuación diligente y oportuna de la Fiscalía General de la República para investigar de oficio todas esas vulneraciones. Es reprochable que la institución responsable de hacer valer la legalidad y perseguir el cometimiento de delitos contra el honor y se amenace a periodistas, con el propósito de intimidar, amedrentar y callar al periodismo crítico.

Finalmente, en este Día de las y los Periodistas, como Mesa apostamos por la unidad y el fortalecimiento del gremio periodístico; así mismo exhortamos a todos los sectores democráticos del país a no permitir que se siga vulnerando las libertades de expresión, de prensa, el ejercicio periodístico y el acceso a la información pública, que son principios fundamentales y condiciones básicas para la existencia de una sociedad democrática.

AñadirSan Salvador, 31 de julio de 2020

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A finales de esta semana el periódico digital La Página, que es administrado por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB), publicó una nota en la que acusa a un periodista del periódico digital El Faro de cometer supuestos actos de acoso sexual contra una periodista. Un día después, el medio digital reconoce que han ocurrido expresiones de violencia contra las mujeres al interior del medio, menciona que han elaborado documentos para prevenir este tipo de situaciones y se ponen a disposición para poder ser investigados. 

Ante esta situación, la Mesa de Protección a Periodistas, expone:

  1. La Mesa de Protección a Periodistas condena toda violencia hacia las mujeres periodistas sin importar el medio de comunicación o lugar en donde ocurra.  Si bien la violencia de género responde a un problema estructural, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para una atención integral a las víctimas, que deriva en la credibilidad de las instituciones para que éstas sientan confianza en denunciar, realizar juicios expeditos, promulgar condenas acorde al nivel de afectación e implementar medidas de reparación.
  2. Es totalmente repudiable que un hecho de violencia sea utilizado con tintes políticos por parte del Presidente Nayib Bukele y que las instituciones como el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) sean  instrumentalizadas. Los casos deben ser investigados y enjuiciados y deben respetarse ante todo la decisión que la persona afectada tome al respecto. 
  3. La Mesa le recuerda al actual gobierno que, además de las acusaciones a un periodista de El Faro, hay pendientes denuncias de acoso contra el ex director de noticias Roberto Hugo Preza sin que ISDEMU se haya pronunciado hasta el momento. Los casos de violencia sexual hacia mujeres periodistas no son nuevos, recordamos los casos de ex presentador de noticias Carlos Toledo y el del ex presentador del programa Domingo Para Todos, Maximiliano GonzálezEs una doble moral del Presidente Bukele visibilice un caso y guarde silencio en otros, especialmente los señalamientos hacia su propio secretario de prensa, Ernesto Sanabria, acusado de violencia hacia su ex pareja.
  4. La situación de violencia hacia mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información lamentablemente no es una problemática, así lo refleja un diagnóstico de PDDH publicado en 2018 en la que se establece  que más del 90% reconoce prácticas discriminatorias por condición de género al interior de los medios de comunicación, el 96% confirmó que hay problemas de acoso sexual al interior de los medios y el 100% manifestó ser víctima de al menos una expresión de acoso durante su trabajo de campo.  

En ese sentido, exhortamos:

  1. A la Corte Suprema de Justicia, por medio de los juzgados especializados, a que administre pronta y cumplida justicia a favor de mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia en sus diferentes modalidades.  
  2. Al Fiscal General de la República, investigar de forma oportuna todos los casos de violencia hacia mujeres periodistas y no de forma selectiva.
  3. Instamos al Presidente Bukele que deje de instrumentalizar al Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) y se retome el convenio con APES, el cual incluía la adopción de procesos de formación en género a periodistas, la creación de políticas institucionales de género para medios de comunicación y la canalización de posibles denuncias ante las instancias correspondientes. 
  4. Al Presidente de la República, que deje de utilizar el caso en comento, con fines políticos y sin un interés real de atacar las causas estructurales de la violencia de género. 

 

San Salvador, 04 de julio de 2020.

Anexos: 

Periodistas denuncian acoso sexual en canal de televisión de El Salvador

 

Pronunciamiento de comunicadoras sobre agresión sexual

“Te voy a matar y nadie se dará cuenta dónde te voy a enterrar”: Funcionario salvadoreño a expareja

 

 

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La agencia internacional de noticias Voz de la Diáspora, integrada por corresponsales salvadoreños en los 5 continentes, ante la opinión pública, expresamos con profundo dolor, nuestro rechazo y preocupación a la situación que están enfrentando nuestros colegas periodistas en El Salvador, que han estado expuestos a riesgos de salud durante esta pandemia.

Además, expresamos nuestra preocupación ante el alto número de casos positivos entre los periodistas y lamentamos profundamente que esta enfermedad haya cobrado la vida de cuatro personas de nuestro gremio.

El periodismo en El Salvador pasa por uno de sus peores momentos. La pandemia, la crisis política y la falta de leyes que protejan a los periodistas están cobrando un precio muy alto a muchos hombres y mujeres que cada día se dedican, con pasión a informar a la población salvadoreña.

Condenamos que algunos periodistas han tenido que continuar realizando su trabajo y sus labores para producir las noticias, sin que las empresas les provean las herramientas necesarias para proteger su salud y garantizar así, también la protección de la salud y la tranquilidad de sus familias.

Condenamos la falta de protocolos de protección a la salud pública que -como lo ha mencionado la Asociación de Periodistas de El Salvador APES- deben tener las autoridades y entidades, como parte de sus responsabilidades.

Condenamos que durante los últimos años, el gremio periodístico ha sido obligado a realizar largas jornadas de trabajo cuando el país enfrenta una situación de crisis, sin que se reconozca su gran labor y sin que las empresas de medios de comunicación doten a sus periodistas con lo necesario para salir al campo.

Nos solidarizamos con todos nuestros colegas que por temor a perder su empleo, se ven obligados a callar las injusticias y la falta de protección para su salud y la de su entorno.

Exigimos a las autoridades, y a las empresas de los medios de comunicación brindar mayor protección a nuestros periodistas, dotándolos de insumos y equipos para que puedan cumplir con sus tareas diarias con mayor seguridad.

Pedimos también a las empresas que incluyan a todos los periodistas, productores y personal que trabaja en la producción de las noticias, en programas médicos que permitan a este grupo tener acceso a salud en caso necesario y garantizar su cobertura de salud, especialmente en este momento que el país enfrenta la pandemia por el COVID-19.

Nuestros periodistas han hecho por años un importante aporte  a la Democracia del país; es por ello, que pedimos mayor sensibilidad y consideraciones para ellos. Son hombres y mujeres que aman su país y que han sacrificado tanto para contar la historia de esta nación.

No podemos dar la espalda a quienes se arriesgan para que día a día el país y el mundo puedan estar debidamente informados. Hoy alzamos la Voz por todos nuestros periodistas salvadoreños y exigimos que los protejan.

Que Dios bendiga a los hombres y mujeres de prensa. Que Dios bendiga a El Salvador.

Milagro Vallecillos, presidenta Voz de la Diáspora

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A un año de gobierno de Nayib Bukele expresamos nuestra profunda preocupación por el elevado nú-mero de vulneraciones a la libertad de prensa, expre-sión y acceso a la información.

El centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra 61 vulneraciones en el periodo del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo del 2020.

En un año hubo 30 restricciones al ejercicio periodísti-co, 10 bloqueos al acceso a la información pública, 10 ataques digitales, 4 acosos digitales, 2 amenazas a la vida, 2 declaraciones estigmatizantes, 2 despidos in-justificados y 1 despido masivo cometido por el Ór-gano Ejecutivo. Comparando el primer año del gobierno de Bukele con el último de su antecesor, Sánchez Cerén, las cifras se han cuadruplicado y dejan un total de 71 víctimas, entre ellos: 30 hombres, 17 mujeres, 14 co-lectivos y 10 medios de comunicación.

Las agresiones iniciaron desde su primer día en el car-go, al impedirle el acceso al acto de toma de posesión a un periodista de El Diario de Hoy por parte del Bata-llón Presidencial. Posteriormente, las agresiones y restricciones se dieron de forma sistemática para im-pedir que la prensa tenga información que pueda cuestionar la gestión gubernamental.

Esto ha llevado a que el Ejecutivo impida a Revista Factum y Periódico El Faro el ingreso a conferencias de prensa, que las Fuerzas Armadas y la Policía Na-cional Civil obligue a periodistas a eliminar mate-rial gráfico de sus equipos, e incluso que sufran ame-nazas.

A nivel digital, el mismo Presidente Bukele desde su cuenta de Twitter ha incitado a que periodistas que han publicado información sensible al gobierno sean acosados y atacados digitalmente, mientras que a otros, entre ellos Angélica Cárcamo, presidenta de APES, sean bloqueados de las cuentas oficiales vio-lentando el acceso a la información pública.

Para la prensa ha sido difícil, ya que grupos de Whatsapp de la Secretaría de Prensa de Casa Presi-dencial han sido cerrados y hasta se reportan intentos de vulneración digital a las cuentas de algunos perio-distas que han querido ir más allá de la información oficial.
La pauta publicitaria del gobierno es otorgada co-mo premio o castigo, con lo que intenta doblegar la independencia informativa de los medios al ser retira-da si se le critica o publica información incómoda para la gestión.
Esta situación se agravó durante el actual periodo de Emergencia Nacional por el Covid-19.
La Mesa de Protección a Periodistas ha buscado es-pacios de entendimiento y diálogo con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y el Instituto de Desarrollo de la Mu-jer, pero no hubo respuesta.

Es así que exigimos al Gobierno de Nayib Bukele asumir una política de apertura hacia la prensa, como elemento democratizador de nuestra sociedad, ya que solo el libre ejercicio periodístico podrá garanti-zar la transparencia a través de brindar información preci-sa a la población.

San Salvador, 3 de junio de 2020.

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La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por gremios de periodistas, academias y entidades de derechos humanos, insta a las autoridades a respetar la libertad de prensa ante las nuevas disposiciones interpuestas en el decreto ejecutivo 22 y el decreto legislativo 639 aprobados el 05  y el  06 de mayo y publicados posteriormente en el Diario Oficial.

Como instancia que promueve la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información recordamos a las y los funcionarios que tienen la obligación de generar las condiciones para el libre ejercicio de la prensa y, principalmente, brindar información veraz y oportuna para tener una sociedad debidamente informada.

Tras el inicio de la cuarentena, preocupa el registro de 34 vulneraciones al gremio durante los meses de marzo y abril, la mayoría referentes a abusos del poder por parte de los cuerpos de seguridad pública, falta de acceso a información oportuna y declaraciones estigmatizantes por funcionarios en el Ejecutivo.

Ante esta situación, la Mesa recuerda a las y los periodistas portar debidamente su credencial de prensa y ante una posible detención, recordar a las autoridades que el decreto ejecutivo 22, en su artículo 3 numeral 21 reconoce a los medios de comunicación y prensa como un servicio esencial, lo que permite su circulación; asimismo el decreto legislativo 639 en su artículo 8, literal “d” reconoce la misma excepción, siempre y cuando porten su carné de identificación.

Ambos decretos pueden encontrarse en el sitio web de El Diario Oficial y en la página web de APES www.apes.org.sv

La suspensión del transporte público también constituye una forma de restricción al ejercicio periodístico. Recordamos a las autoridades que hay periodistas de medios comunitarios, locales e independientes que no cuentan con medios de transporte propio para poder movilizarse, por lo general utilizan transporte público como bus, taxi o incluso Uber.

Con las nuevas disposiciones este sector no tiene capacidad de movilidad y si deciden caminar hacia las zonas de cobertura se ponen en riesgo, pues muchos viven en lugares de alta peligrosidad. 

Ante esta situación, la Mesa de Protección a Periodistas recuerda el número 7746-4325 del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas y los contactos de la PDDH 7740-4306 y 7854-9127 para atender cualquier vulneración hacia el gremio periodístico.

 

San Salvador, 7 de mayo de 2020

 

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El jueves 2 de abril, la Presidencia de la República de El Salvador hizo público el Decreto Ejecutivo N°15 en el que se creó una autorización especial para la libre circulación de periodistas y medios de comunicación. La inclusión se da luego de que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció la omisión de periodistas en el Decreto Ejecutivo N°14.

Ante esa situación, APES exigió que se modificará tal decreto y que incluyera a periodistas y personal relacionado a los medios de comunicación.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y en su calidad de entidad proponente, hace pública la convocatoria para la recepción de documentación a las personas interesadas a optar al cargo de comisionado y comisionada al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Dicho proceso será guiado por una comisión denominada “Comisión especial para elección de comisionado al IAIP”, conformada por miembros de Junta Directiva, Relatoría de Libertad de Expresión y Comité de ética de APES. Quienes garantizarán el cumplimiento del debido proceso.

La terna que se elija será presentada a la entidad convocante (Secretaría de comunicaciones de la Presidencia) siempre y cuando se respeten los marcos legales establecidos en la LAIP y su reglamento.

Los requisitos para las personas interesadas son, según artículo 54 de la LAIP:

a. Ser salvadoreño con título universitario y haberse desempeñado destacadamente en
actividades profesionales, de servicio público o académicas.
b. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley
de Ética Gubernamental en los últimos cinco años.
cEstar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la República,
la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y la Hacienda Pública. En caso de profesiones regladas, no haber sido condenado
por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.

  • Solvencias de la Corte de Cuentas de la República
  • Solvencia de la Procuraduría General de la República
  • Solvencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
  • Solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental
  • Solvencia de antecedentes penales
  • Solvencia de antecedentes policiales
  • Solvencia tributaria

d. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su designación.

Se invita a periodistas activos o en el ejercicio de la docencia a participar en este proceso.

(Las solvencias deben ir dirigidas a Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia)

Las personas a aplicar deberán hacer constar si aplican para el cargo de comisionado propietario o suplente.

El procedimiento de selección de candidatos será el siguiente, tomando en cuenta los artículos 70 y 71 del RELAIP:

Convocatoria para recepción de documentos: 25 de febrero del 2020

Cierre de recepción de documentos: las y los interesados deberán enviar sus solicitudes a más tardar el día 12 de marzo hasta las 12:00 m.d. El correo para enviar sus solicitudes es: postulacioniaip@apes.org.sv

NOTA: No se aceptarán documentos incompletos, por favor leer detalladamente los requisitos a cumplir.

Revisión de documentos: el 12 de marzo por la tarde la Comisión revisará cada uno de los documentos recibidos al correo electrónico. Sólo podrán continuar con el proceso quienes hayan presentado toda la documentación.

Evaluación de candidatos: las personas que cumplan con los requisitos de documentación serán convocados a un proceso de evaluación el día viernes 13 de marzo. La evaluación estará divida en dos partes: un cuestionario escrito y una entrevista oral; de acá surgirán cinco propuestas para propietarios y cinco suplentes que pasarán a la siguiente fase.

Selección de candidatos y publicación para participación en Asamblea Extraordinaria: Los resultados de las evaluaciones de cada participante serán notificados a sus correos electrónicos. Se eligirán las cinco mejores propuestas para propietarios y otros cinco para suplentes.

Campaña de difusión de las propuestas por cada candidato. 

Asamblea extraordinaria: el día sábado 14 de marzo a las 2:00 pm se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria con la membresía activa de APES para la elección de comisionados al IAIP. Se entregará una papeleta con las cinco propuestas a comisionados propietarios y otra con las propuestas a suplente.

La propuesta que tenga más votos será considerada como la primera opción a comisionado al IAIP, la segunda y tercera más votadas serán integradas al grupo de terna que será enviado a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

Para la actividad se contará con la participación de un equipo de observadores.

Certificación de punto de acta y firma de carta de aceptación de las tres propuestas a presentar a la Secretaría de Comunicaciones: del 16 al 18 de marzo se hará la certificación de punto de acta y las tres personas propuestas firmarán la carta de aceptación para participar en el proceso. Dicho procedimiento se hará en la oficina de APES con ayuda de un abogado.

Presentación de documentación a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia: el día 19 de marzo a las 9:00 a.m. será enviada la propuesta de terna a comisionados suplentes y propietarios a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia. Se hará conferencia de prensa.

Nota: APES se reserva el derecho de inscribir candidaturas si el procedimiento de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia incumple lo establecido en la LAIP y su reglamento.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advierte de vicios de ilegalidad en la nueva convocatoria a elección de ternas para comisionados propietario y suplente por el sector periodistas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), anunciada el día 20 de febrero de 2020.

El artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y artículo 63 de su Reglamento establecen que la convocatoria a elección de ternas de las entidades proponentes, en este caso asociaciones de periodistas, debe tener un plazo de 60 días; pero la convocatoria presentada por la Presidencia, a través de su Secretaría de Comunicaciones, establece un plazo de 29 días (del 21 de febrero al 20 de marzo) para la inscripción de ternas y 12 días después la asamblea de elección de ternas.

Esta es la segunda convocatoria que realiza el actual Gobierno para elegir a comisionados propietario y suplente ante el IAIP por el sector de periodistas, luego que las personas que fueron elegidas en el acto administrativo del 31 de enero renunciaran a sus cargos, hecho que se notificó formalmente al IAIP el 13 de febrero de 2020.

Ante esta situación, la APES hace un llamado a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en su calidad de entidad convocante, para que corrija los plazos de la segunda convocatoria y apegarse a lo dictaminado en la LAIP y su Reglamento. 

De no hacerlo, APES se reserva el derecho de participar en un proceso que no cumple con los principios de transparencia, idoneidad y representación de los diferentes sectores del gremio. 

Sin embargo, consideramos importante abrir nuestro proceso interno a partir de este 25 de febrero para la recepción de solicitudes de interesados en participar por APES, reiterando que únicamente inscribiremos candidatos luego que nuestra membresía lo acuerde en nuestra Asamblea Extraordinaria. Hemos habilitado el número 7746 4325 para la recepción de consultas.

Así mismo, solicita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que delegue a una persona para que garantice el debido proceso a realizar por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y que actúe como intermediador con las asociaciones de periodistas interesadas en participar.

Además, APES invita a las demás asociaciones de periodistas y comunicadores a velar y exigir que el proceso de elección de comisionados del IAIP se realice apegado a las normativas y que sea transparente. 

Contexto: La convocatoria anterior se lanzó el día 9 de diciembre de 2019, señalando como fecha límite para inscribir candidatos a comisionados el 27 de enero de 2020; en tal sentido, la APES llevó a cabo un proceso de elección interna de candidatos a través de asamblea general extraordinaria, oportunidad en la cual, aspirantes a candidatos manifestaron no haber recibido en tiempo las constancias que requiere la LAIP para participar en el proceso de elección. 

Ante ello, APES solicitó una prórroga de 60 días para fomentar la participación de quienes quedaban excluidos y así cumplir con el proceso de elección interna que dictan los artículos 63 y 71 del Reglamento de la LAIP.

Sin embargo, la Comisión del proceso de selección de ternas del sector de periodistas, delegada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, solo dio un plazo de cuatro días y procedió a inscribir candidatos de dos entidades proponentes. Luego desarrolló la elección sin brindar información ni apertura al evento, a pesar que organizaciones de la sociedad civil solicitaron ser observadores del proceso y que el artículo 74 del Reglamento señala que en todo momento se debe garantizar la publicidad del mismo.

APES reitera que el proceso de elección pasado incumplió con la Ley y el Reglamento al inscribir candidatos que no cumplían con los requisitos y por realizar la elección con solo dos entidades proponentes, por lo que no se podía establecer la terna que debía presentarse al Presidente de la República.

San Salvador, 25 de febrero de 2020.