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Miami (22 de septiembre de 2021) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por las represalias que un alto funcionario del gobierno de El Salvador tomaría en contra de dos periodistas por usar fuentes anónimas oficiales en un reportaje.

El abogado y asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, Javier Argueta, amenazó en su cuenta de Twitter con iniciar procesos judiciales en contra de los periodistas Karen Moreno y Beatriz Benítez, de la revista GatoEncerrado. Los periodistas usaron una fuente anónima para informar sobre una reunión de Argueta con cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa reunión, Argueta adelantó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema respaldaría la reelección presidencial de Bukele.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó que «el secreto profesional de los periodistas es una figura protegida por la jurisprudencia internacional y tratados de derechos humanos». Agregó que se trata de una «herramienta indispensable para ofrecer información relevante y de interés público que, muchas veces, las fuentes no se atreven a revelar públicamente por miedo a sufrir represalias».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, agregó: «Nos preocupa este tipo de presión en El Salvador, que es muy parecida a la que usan los gobiernos autoritarios. La amenaza, en realidad, no tiene como destinatarios a los periodistas, sino más bien está dirigida a las fuentes oficiales, con la intención de que se inhiban o se callen».

Jornet recordó que en una reciente misión a Nicaragua, la SIP pudo observar que la presión directa e indirecta a las fuentes informativas –oficiales, privadas y ciudadanas– es la forma más eficiente que utiliza el gobierno dictatorial de Nicaragua para silenciar la libertad de prensa y de expresión.

Más allá de reconocer que el derecho a la confidencialidad de las fuentes de los periodistas está garantizado por la Constitución de El Salvador, Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que el secreto profesional de los periodistas está en resguardo en las declaraciones de Chapultepec y Salta sobre libertad de expresión.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

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El Estado salvadoreño ha arreciado su campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente del país. En los últimos días, empleados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos de alto nivel y hasta el señor Nayib Bukele han intensificado sus agresiones, amenazas y difamaciones contra periodistas de medios tradicionales y digitales que durante los últimos dos años han dado a conocer diferentes casos de corrupción de la actual administración.

En un hecho sin precedentes en la actual administración, el principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó al medio GatoEncerrado para que revelara las fuentes de una investigación donde daban a conocer de una reunión entre Argueta y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo. Es una de las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse con total libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar al periodismo información que pueda ser relevante para la opinión pública. Es, además, una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna.

Las leyes salvadoreñas y los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño protegen el secreto profesional del gremio periodístico en El Salvador. El Código Procesal Penal C.Pr.Pn.-, en su artículo 206, y la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en su artículo 20, establecen, de una forma muy clara, que los y las periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.

Tal es el caso de la declaración de principios de libertad de expresión del sistema interamericano, con relación al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en el principio número 8, además, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Traído a nuestra legislación, se encuentra intrínsecamente relacionado al secreto profesional -Art. 205 C.Pr.Pn-, y es así como se reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

Los funcionarios públicos no pueden aducir desconocimiento de las leyes. El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno, que sistemáticamente ha violado la Constitución de la República, de violentar la libertad de prensa en El Salvador.

Es preocupante, además, la interpretación a conveniencia que realizó el asesor jurídico respecto a la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, misma que es clara en señalar que “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política (…) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos  por quienes ejerzan el periodismo”, sin embargo, no es una habilitación a la impunidad, ya que todo regla general tiene su excepción, puesto que si se llegase a comprobar que lo expresado se realizó

con intención de dañar -dolo- sí se estaría sujeto a sanción penal; es decir, lo que se penaliza es cuando en ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, se calumnie o injurie; en principio, estos delitos no son perseguibles por la Fiscalía General de la República porque son de acción privada, es decir, la persona que se sienta agraviada debe iniciar la acusación ante los tribunales de sentencia -Art. 439 C.Pr.Pn.-.

La preocupación planteada se extiende cuando recientemente se ha cambiado un criterio jurisprudencial respecto al tema de la reelección presidencial, por lo tanto, sería lamentable que la actual Sala de lo Constitucional cambie el criterio y la confirmación de protección señalada en la Inc. 91-2007 que fue promovida por el ciudadano Roberto Bukele Simán.

La Mesa de Protección a Periodistas también alerta por el reciente ataque contra un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovido por el Órgano Ejecutivo. La ola de ataques y difamaciones, en la que participó activamente el señor Bukele, pretende hacer creer a la opinión pública que el directivo de APES participó en la destrucción de un cajero bitcóin.

Lo preocupante en este caso no es solo las mentiras del oficialismo o su intento de desinformar a la población, si no que la escalada del discurso de odio contra la prensa, y su asociación más representativa, deriven en violencia contra los y las periodistas y en actos arbitrarios como las detenciones ilegales.

En esa línea de irracionalidad e intolerancia se enmarca el más reciente caso de agresión contra periodistas. La semana pasada, un seguridad de la Asamblea Legislativa agredió a un periodista y le arrebató su equipo de trabajo. La Asamblea, controlada por Casa Presidencial, repite por desgracia el guión oficial que busca limitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Como se ha logrado evidenciar con las últimas acciones realizadas por el Ejecutivo y Legislativo en perjuicio del trabajo periodístico, también se identifica que existe una tendencia progresiva de estigmatización ya no solo a la libertad de expresión y prensa, sino también ataques a otras libertades y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos como el derecho a la libre asociación, pues persiste un amplio repertorio de difamación que ha conllevado a asimilar a las organizaciones de sociedad civil de ser manipuladas por agentes o entidades extranjeras -y, por tanto, necesariamente hostiles al Gobierno-, lo que ha elevado a los funcionario públicos a realizar calificaciones infundadas de “terroristas”, o cualquier otra etiqueta ofensiva o criminalizante que permita desacreditar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ante los ojos de la opinión pública.

San Salvador, 20 de septiembre de 2021.

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Objetivo general
  • Coordinar el diplomado para el “Fortalecimiento de capacidades técnicas periodísticas”
Objetivos específicos
  • Velar por el cumplimiento de los objetivos del diplomado, así como de cada una de las acciones y/o actividades planificadas en los contenidos del mismo
  • Ser el referente de APES y de la UCA frente a los y las docentes y el grupo de estudiantes

Las personas interesadas en aplicar a la consultoría deberán enviar su CV, una carta de interés que incluya el valor de sus honorarios y atestados que demuestren su experiencia, a más tardar el 25 de agosto de 2021 al correo electrónico: porlalibertaddeprensa@apes.org.sv

Descarga los TDR coordinación: TDR coordinación diplomado APES

Descargar los TDR asistencia técnica-administrativa: TDR asistenciatécnica 

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OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA:

  • Contratar el servicio de rediseño del sitio web de APES, con arquitectura de software y tecnologías de desarrollo que permitan hacer de este un sitio seguro, de fácil navegación y con un soporte técnico adecuado para que tanto públicos externos como internos puedan tener una ventana de acceso a la información de las actividades que realiza la Asociación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA

  • Realizar el rediseño conceptual y gráfico de la plataforma web de APES, en trabajo conjunto
    con el personal de APES.
  • Poner en línea la nueva plataforma web con la arquitectura de software y tecnologías de
    desarrollo propuestos en los términos de referencia, sin que esto limite al oferente de hacer
    sugerencias que mejoren el producto.
  • Capacitar a las personas que estarán encargadas de la elaboración y manejo de la
    información a ser publicada, así como a quienes estarán encargados de la administración
    técnica del sitio web.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador forma parte de un proyecto denominado “Por la Libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, el cual es ejecutado por un asocio de instituciones conformado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP); quienes además incluyen en su equipo director al Periódico EL FARO, como referente de los medios independientes. 

El proyecto es financiado por la Unión Europea y busca promover del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la calidad de la información y la independencia de los medios para el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña en la promoción, protección y respeto de la democracia y los derechos humanos. 

Presentación de detalles de oferta técnica y financiera

La oferta técnica deberá detallar el trabajo que se realizará en el marco de la consultoría, incluida un plan y fechas estimadas para el desarrollo de actividades y una metodología de la ejecución. Se dará ponderación a los factores diferenciadores que se presenten con la oferta técnica.

La propuesta financiera, por su parte, deberá indicar el costo de la oferta en números y en letras, expresados en dólares estadounidenses.

Es importante aclarar que los costos de movilización, alimentación y pernoctación serán cubiertos por APES, por lo que estos no se deben incorporar al presupuesto que se presentará con la oferta financiera.

Las ofertas técnicas y financieras se enviarán en formato electrónico al correo porlalibertaddeprensa@apes.org.sv a más tardar el 30 de julio de 2021, a las 5:00 pm (hora de El Salvador).

Descargue los TDR aquí: TdR revisión PEI

 

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) eligió a sus representantes para el periodo 2021-2022, quienes tomarán posesión el 31 de julio.  La Junta Directiva está conformada por: César Fagoaga, presidente; Susana Peñate, síndica; Kenia Gómez, tesorera; Nelson Rauda, secretario de actas; Mónica Rodríguez, secretaria de correspondencia; Juan Carlos Miguel y William Gómez, vocales.

Mientras que, el Comité de Ética quedó integrado por: Ricardo Rebollo, Aracely Olaizola y Nancy Orellana; y en la Relatoría de Libertad de Expresión fue reelecto por tercer año consecutivo, Serafín Valencia.

Comité de Ética
Relator de Libertad de Expresión

Todos ellos fueron elegidos Asamblea General de socio/as que se llevó a cabo el sábado 26 de junio y el cual fue dirigido por una comisión electoral conformada por las socias: Herminia Funes, Aida Estrada e Isabel Gaitán y como enlace María Teresa Medina.

Dicha Comisión se encargó de recibir, verificar y aprobar las candidaturas a los diferentes órganos de dirección de la APES, gestionar el padrón de socios activos y administrar todo el  proceso de elección.

Las elecciones de la APES fueron a través de voto secreto y se contó con observadores de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Asociación de Estudiantes de Periodismo AEP) y del departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES).

 

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alerta a la comunidad internacional ante las declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, quien confirmó que el Ejecutivo realiza un monitoreo sistemático contra la prensa independiente.

“Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”, dijo Villatoro en una entrevista radiofónica la mañana del martes 08 de junio.

Las declaraciones del Ministro se dan luego de que varios periodistas dieran cobertura a una actividad del Sindicato de Empleados del Instituto de Medicina Legal, quienes denunciaron la manipulación de autopsias a cadáveres recuperados en el caso de Chalchuapa. 

El concepto de “seguimiento” suele emplearse a los delincuentes, por lo que esta Asociación no descarta la persecución y posible captura de periodistas que no son cómodos para el Ejecutivo.  

Es necesario aclararle a los funcionarios públicos que los periodistas nos regimos por la ética y uno de sus pilares es la responsabilidad investigativa, la cual implica indagar un hecho de interés común, como es el caso de Chalchuapa y del cual las autoridades se han negado a brindar información clara y oportuna de uno de los hechos que pone en duda los planes de seguridad implementados por el gobierno.

La APES también les recuerda a los funcionarios públicos que, como ha señalado Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), “el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo”. Pensar que la postura oficial es la única verdad es propio de los regímenes autoritarios, no de una democracia. 

Para la APES es sumamente grave que el gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alineada. Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha demostrado estar en contra del periodismo y, por tanto, en contra de la transparencia. Atacar a la prensa es una afrenta a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental en cualquier sociedad democrática. 

Reiteramos nuestra condena a las amenazas del Ministro de Seguridad y lo responsabilizamos de cualquier vulneración contra nuestro gremio.

San Salvador, 08 de junio de 2021.