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El Proyecto “Defensa de la libertad de prensa en El Salvador” tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que se traduzca también en fortalecer la protección de los y las periodistas en el contexto actual, donde el
periodismo, y particularmente el periodismo de investigación, está bajo ataque. El proyecto contará con el apoyo de Fundación Panamericana para el Desarrollo (por sus siglas en inglés PADF).

Objetivo general
• Promover el respeto y la garantía del derecho a la libertad de prensa de las y los periodistas
en El Salvador.

Objetivos específicos
• Fortalecer el Centro de Monitoreo para analizar la situación de la libertad de prensa.
• Mejorar la capacidad de difusión sobre denuncias de violaciones a la libertad de prensa.
• Brindar asistencia jurídica a periodistas víctimas de violaciones a la libertad de prensa.

Descarga los Términos de Referencia aquí: TDR COORDINADOR/A PADF

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El encuentro nacional entre medios digitales independientes, radios comunitarias y otros medios populares, locales y regionales es un espacio donde se procurará la generación de sinergias y acciones complementarias para fortalecer al gremio en El Salvador.

La actividad se realiza en el marco del Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, el cual es cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por un asocio conformado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP); quienes además incluyen en su equipo director al Periódico El Faro, como referente de los medios independientes.

Objetivo de la consultoría: Coordinar la logística del encuentro nacional de profesionales de periodismo y medios independientes.

Objetivos específicos:

  • Identificar medios y periodistas que participarán en el encuentro y que sean representativos del periodismo a nivel nacional.
  • Garantizar la adecuada estructuración de la agenda con base en los temas de interés y de coyuntura en el encuentro, incluyendo la identificación de panelistas y la confirmación de la participación de los mismos.
  • Establecer y dar seguimiento a la logística del encuentro.

Las personas interesadas en aplicar a la consultoría deberán enviar su CV, una carta de interés que incluya el valor de sus honorarios y atestados que demuestren su experiencia, a más tardar el 3 de junio de de 2022 al correo electrónico: porlalibertaddeprensa@apes.org.sv

Lee los Términos de Referencia aquí: TDR coordinador/a

De la misma manera, se requieren servicios profesionales para facilitador/a del encuentro, estos son los Términos de Referencia: TDR facilitador/a

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Crédito: Federación Internacional de Periodistas

Luego de una investigación conducida por diversas organizaciones internacionales, se determinó que al menos 31 periodistas han sufrido el hackeo de sus teléfonos celulares con el sistema creado por la compañía israelí NSO Group. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) le exigió al Estado salvadoreño una respuesta acerca del presunto uso que podrían estar dando a Pegasus. La Federación Internacional de Periodistas repudia cualquier forma de vigilancia ilegal contra lxs trabajadorxs de prensa y se solidariza con lxs comunicadorxs afectadxs.

Una investigación encabezada por The Citizen Lab, espacio que depende de la Universidad de Toronto en Canadá, acompañada por organizaciones de derechos humanos, determinó que 35 personas, entre ellas 31 periodistas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en El Salvador. Uno de los medios de comunicación más golpeados por estas revelaciones es El Faro, con 22 personas afectadas. Otros medios que también se encuentran en esa lista son GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Diario el Mundo y la revista Disruptiva, así como dos periodistas freelance. En algunos de los dispositivos analizados se encontró evidencia de que fueron infectados hasta cuarenta veces.

César Fagoaga, presidente de la APES -organización afiliada a la FIP-, se refirió a lo sucedido: “espiar a periodistas es un retroceso democrático enorme, cavernario. Una medida de este tipo busca afectar la libertad de prensa y la forma en la que los y las periodistas en El Salvador se relacionan con sus fuentes. Es un momento delicado, pues ante mayor opacidad, de tinieblas gubernamentales, es cuando más y mejor periodismo se necesita. Y el espionaje, además de ser una persecución, un atentado contra los derechos a la intimidad y libertad de expresión, pretende ser una mordaza y una razón para que los y las periodistas se autocensuren. Desde la APES condenamos este nuevo atentado contra la sufrida libertad de prensa salvadoreña y exigimos -no pedimos- una respuesta estatal para determinar la procedencia de este ataque que, como señalan las organizaciones que han hecho esta revelación, solo puede haber sido pagado por un gobierno”.

https://twitter.com/apeselsalvador/status/1481455593160380417

Este sistema, creado por la empresa israelí NSO Group, ya había sido denunciado el año pasado tras las revelaciones realizadas por Forbiden Stories en las cuales se confirmó la utilización de esta herramienta de vigilancia para el espionaje ilegal de al menos 180 periodistas en todo el mundo, de los cuales 26 son oriundxs de México y uno de ellxs, Cecilio Pineda, fue asesinado en el momento en el cual su teléfono se encontraba intervenido.

La Federación Internacional de Periodistas se encuentra en estado de alerta tras estas revelaciones, que confirman el enorme alcance que tiene el uso de softwares de vigilancia ilegal para espiar trabajadorxs de prensa con el objetivo de comprometer sus fuentes, conocer sus movimientos e impedir el avance de investigaciones que comprometan a los grandes sectores del poder. El espionaje ilegal es atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de los pueblos a recibir información veraz, lo cual debilita las democracias. La FIP repudia el uso de este software sufrido por lxs colegas de El Salvador, rechaza cualquier tipo de vigilancia y exige respuestas al Gobierno salvadoreño y a NSO Group, y demanda una investigación que determine fehacientemente las responsabilidades detrás de la compra de este sistema.

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Perfil del/la consultor/a

  • Experiencia en investigación, de preferencia relacionada a la prensa o de carácter social
  • Indispensable conocimiento en metodología de la investigación
  • Experiencia en diseño de herramientas de recolección y sistematización de datos
  • Experiencia en el desarrollo de entrevistas y conducción de grupos focales
  • Excelente habilidad en redacción

Fecha límite para presentar oferta: 

Las personas interesadas pueden enviar sus CV al correo electrónico apeselsalvador1@gmail.com a más tardar el 5 diciembre con el asunto “CV CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO”.

Nota: Se tomarán en cuenta sólo aquellos CV que cumplan con los requisitos establecidos.

Descarga los TDR aquí: TDR DIAGNOSTICO FREELANCE

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La Asociación de Periodistas de El Salvador forma parte de un proyecto denominado “Por la Libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, el cual es ejecutado por un asocio de instituciones conformado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).
Dicha consultoría tiene como objetivo general hacer un análisis estructurado sobre las vulneraciones al ejercicio periodístico en El Salvador en el año 2021, el efecto que esto ha tenido a nivel interno entre la comunidad de periodistas y a nivel externo desde la perspectiva de cooperantes u organismos internacionales.
El proyecto es financiado por la Unión Europea y busca promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la calidad de la información y la independencia de los medios para el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña en la promoción, protección y respeto de la democracia y los derechos humanos.
Las ofertas técnicas y financieras deben enviarse en formato electrónico al correo eléctronico porlalibertaddeprensa@apes.org.sv a más tardar el 15 de diciembre de 2021, a las 5:00 pm.
Para más detalles, descarga los Términos de Referencia que se adjuntan a continuación TDR

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En el marco del proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) invita a periodistas, estudiantes de periodismo, comunicadores y personas trabajadoras relacionadas a la información, a inscribirse al diplomado “Fortalecimiento de las capacidades técnicas periodísticas”, que se realizará a inicios del año 2022. 

Dicha formación tendrá una duración de seis meses, es gratuito y se realizará en modalidad virtual. Se requiere una dedicación de cinco horas semanales para participar en las clases en línea, más la realización de una investigación periodística que será presentada al final de los 8 módulos que conforman el diplomado.

Modalidad: virtual y dos sesiones presenciales
Más información al teléfono: 2260-8130
Descargue el formulario de inscripción aquí Formulario de postulación y envíelo al correo: formacion@apes.org.sv
Fecha última de inscripción: 22 de diciembre de 2021

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En El Salvador, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ocurre en un alarmante contexto de hostilidad hacia el ejercicio de la labor periodística, que se acentúa en la estigmatización a las mujeres periodistas quienes sufren acosos digitales e intimidaciones, es decir, existe un doble rasero de violencia por ser mujeres y por su labor como periodistas.

El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) revela que los casos denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de agresión incrementaron en un 165% (69 casos) hasta el mes noviembre de 2021, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26 casos.

Este aumento tiene como raíz el constante acoso que mantiene el régimen actual. APES reportó que casi una tercera parte de las 209 denuncias acumuladas en lo que va de 2021 han sido realizadas por mujeres periodistas. Los incidentes más recurrentes son: restricción al ejercicio periodístico (30), declaraciones estigmatizantes (8), bloqueo al acceso de información pública (7), intimidación (7), acoso digital (6) y despidos injustificados (4).  Otras denuncias incluyen acoso sexual, agresión física, ataque digital y censuras.

La violencia ejercida a través de las redes sociales tiene como característica un ataque diferenciado y sexualizado que busca socavar la dignidad e integridad de las mujeres periodistas, bajo el riesgo de que las amenazas concluyan en un ataque físico.

Además, las vulneraciones son cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad:  Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada; funcionarios del órgano Ejecutivo y Legislativo; simpatizantes de partidos políticos y/o usuarios de redes sociales.

APES ha registrado y publicado diferentes casos donde funcionarios públicos, desde el presidente de la república hasta ministros o diputados del partido oficialista, han realizado declaraciones estigmatizantes o restringido la labor de las colegas de medios de investigación como Gato Encerrado, Factum y El Faro.

Pese a los datos es importante recalcar que las cifras sólo reflejan una parte de la situación que viven las mujeres periodistas en El Salvador. El acoso sexual y laboral, discriminación y desigualdad en diferentes ámbitos siguen permeando la realidad de este sector dentro de los medios de comunicación donde jefaturas y fuentes de información son también los principales agresores, que por su relación de poder influyen en que no se denuncien los casos o que no prosperen en el sistema de justicia.

En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, desde APES alzamos la voz de rechazo a todas las acciones que agredan la integridad de las mujeres periodistas y reiteramos el compromiso de seguir acompañando a todas aquellas colegas que denuncien cualquier vulneración a sus derechos.

Desde este espacio hemos desarrollado diferentes acciones por visibilizar la situación de las mujeres periodistas, que van desde capacitaciones sobre sus derechos hasta el acompañamiento jurídico y procesos atención psicosocial.

Llamamos a las colegas a denunciar cualquier tipo de agresión de la que sean objeto, y exigimos al Gobierno un alto a todas las acciones que vayan en detrimento de los derechos humanos.

APES se mantendrá vigilante del contexto nacional y llama de manera enérgica a la sociedad civil y comunidad internacional a no retirar la mirada de El Salvador, que por hoy encuentra amenazada su democracia y Estado de Derecho.

San Salvador, 25 de noviembre de 2021.

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Miami (22 de septiembre de 2021) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por las represalias que un alto funcionario del gobierno de El Salvador tomaría en contra de dos periodistas por usar fuentes anónimas oficiales en un reportaje.

El abogado y asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, Javier Argueta, amenazó en su cuenta de Twitter con iniciar procesos judiciales en contra de los periodistas Karen Moreno y Beatriz Benítez, de la revista GatoEncerrado. Los periodistas usaron una fuente anónima para informar sobre una reunión de Argueta con cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa reunión, Argueta adelantó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema respaldaría la reelección presidencial de Bukele.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó que «el secreto profesional de los periodistas es una figura protegida por la jurisprudencia internacional y tratados de derechos humanos». Agregó que se trata de una «herramienta indispensable para ofrecer información relevante y de interés público que, muchas veces, las fuentes no se atreven a revelar públicamente por miedo a sufrir represalias».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, agregó: «Nos preocupa este tipo de presión en El Salvador, que es muy parecida a la que usan los gobiernos autoritarios. La amenaza, en realidad, no tiene como destinatarios a los periodistas, sino más bien está dirigida a las fuentes oficiales, con la intención de que se inhiban o se callen».

Jornet recordó que en una reciente misión a Nicaragua, la SIP pudo observar que la presión directa e indirecta a las fuentes informativas –oficiales, privadas y ciudadanas– es la forma más eficiente que utiliza el gobierno dictatorial de Nicaragua para silenciar la libertad de prensa y de expresión.

Más allá de reconocer que el derecho a la confidencialidad de las fuentes de los periodistas está garantizado por la Constitución de El Salvador, Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que el secreto profesional de los periodistas está en resguardo en las declaraciones de Chapultepec y Salta sobre libertad de expresión.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

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El Estado salvadoreño ha arreciado su campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente del país. En los últimos días, empleados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos de alto nivel y hasta el señor Nayib Bukele han intensificado sus agresiones, amenazas y difamaciones contra periodistas de medios tradicionales y digitales que durante los últimos dos años han dado a conocer diferentes casos de corrupción de la actual administración.

En un hecho sin precedentes en la actual administración, el principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó al medio GatoEncerrado para que revelara las fuentes de una investigación donde daban a conocer de una reunión entre Argueta y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo. Es una de las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse con total libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar al periodismo información que pueda ser relevante para la opinión pública. Es, además, una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna.

Las leyes salvadoreñas y los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño protegen el secreto profesional del gremio periodístico en El Salvador. El Código Procesal Penal C.Pr.Pn.-, en su artículo 206, y la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en su artículo 20, establecen, de una forma muy clara, que los y las periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.

Tal es el caso de la declaración de principios de libertad de expresión del sistema interamericano, con relación al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en el principio número 8, además, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Traído a nuestra legislación, se encuentra intrínsecamente relacionado al secreto profesional -Art. 205 C.Pr.Pn-, y es así como se reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

Los funcionarios públicos no pueden aducir desconocimiento de las leyes. El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno, que sistemáticamente ha violado la Constitución de la República, de violentar la libertad de prensa en El Salvador.

Es preocupante, además, la interpretación a conveniencia que realizó el asesor jurídico respecto a la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, misma que es clara en señalar que “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política (…) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos  por quienes ejerzan el periodismo”, sin embargo, no es una habilitación a la impunidad, ya que todo regla general tiene su excepción, puesto que si se llegase a comprobar que lo expresado se realizó

con intención de dañar -dolo- sí se estaría sujeto a sanción penal; es decir, lo que se penaliza es cuando en ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, se calumnie o injurie; en principio, estos delitos no son perseguibles por la Fiscalía General de la República porque son de acción privada, es decir, la persona que se sienta agraviada debe iniciar la acusación ante los tribunales de sentencia -Art. 439 C.Pr.Pn.-.

La preocupación planteada se extiende cuando recientemente se ha cambiado un criterio jurisprudencial respecto al tema de la reelección presidencial, por lo tanto, sería lamentable que la actual Sala de lo Constitucional cambie el criterio y la confirmación de protección señalada en la Inc. 91-2007 que fue promovida por el ciudadano Roberto Bukele Simán.

La Mesa de Protección a Periodistas también alerta por el reciente ataque contra un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovido por el Órgano Ejecutivo. La ola de ataques y difamaciones, en la que participó activamente el señor Bukele, pretende hacer creer a la opinión pública que el directivo de APES participó en la destrucción de un cajero bitcóin.

Lo preocupante en este caso no es solo las mentiras del oficialismo o su intento de desinformar a la población, si no que la escalada del discurso de odio contra la prensa, y su asociación más representativa, deriven en violencia contra los y las periodistas y en actos arbitrarios como las detenciones ilegales.

En esa línea de irracionalidad e intolerancia se enmarca el más reciente caso de agresión contra periodistas. La semana pasada, un seguridad de la Asamblea Legislativa agredió a un periodista y le arrebató su equipo de trabajo. La Asamblea, controlada por Casa Presidencial, repite por desgracia el guión oficial que busca limitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Como se ha logrado evidenciar con las últimas acciones realizadas por el Ejecutivo y Legislativo en perjuicio del trabajo periodístico, también se identifica que existe una tendencia progresiva de estigmatización ya no solo a la libertad de expresión y prensa, sino también ataques a otras libertades y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos como el derecho a la libre asociación, pues persiste un amplio repertorio de difamación que ha conllevado a asimilar a las organizaciones de sociedad civil de ser manipuladas por agentes o entidades extranjeras -y, por tanto, necesariamente hostiles al Gobierno-, lo que ha elevado a los funcionario públicos a realizar calificaciones infundadas de “terroristas”, o cualquier otra etiqueta ofensiva o criminalizante que permita desacreditar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ante los ojos de la opinión pública.

San Salvador, 20 de septiembre de 2021.