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Debido al aumento de vulneraciones a periodistas en los últimos años, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trabajó en la elaboración de un Manual de seguridad para la prensa salvadoreña, el cual se dará a conocer en los próximos días.  

El documento incluye recomendaciones desde una perspectiva holística: consejos para la protección personal en el ámbito físico y digital, bioseguridad, auto-cuido y consideraciones para diversos tipos de coberturas, incluyendo desastres por fenómenos naturales. Dicho manual será de acceso libre tanto para periodistas, salas de redacción, estudiantes de periodismo y academia.  

El Informe de Libertad de Expresión en El Salvador 2020 de la APES destaca un incremento de las agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación, los cuales fueron reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. 

En el año 2018 se reportaron 65 casos de agresiones y vulneraciones a la prensa, en el año 2019 la cifra subió a 77 y para el 2020 se reportaron 125 casos, duplicando la cifra registrada en el 2018.  

Dentro de las vulneraciones se destaca la restricción al ejercicio periodístico, el acoso digital, bloqueo al acceso a la información pública, campañas y discursos estigmatizantes, intimidación, hurtos y amenazas verbales. 

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de la prensa incrementando el riesgo en el área de la salud, al tener un mayor grado de exposición por las mismas actividades que conlleva la profesión. 

Esta es la primera vez que la prensa salvadoreña contará con un manual diseñado para la cobertura local tomando en consideración los aspectos mencionados.  

La socialización del manual incluye realizar foros regionales en los que se discutirá sobre la seguridad y medidas de protección para periodistas. APES contará con la participación virtual de Zuliana Laínez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), entre otros. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte del proyecto “Fortalecer la defensa de los derechos de los y las periodistas de El Salvador”. El programa se centra en tres actividades principales: elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la prensa salvadoreña, un manual de seguridad para periodistas salvadoreños y realización de conferencias para discutir sobre los mecanismos y medidas necesarias para una prensa segura.  

UNESCO enmarca este proyecto dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas;” y en la búsqueda de aportar a la garantía y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión en El salvador.

 

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El 23 de octubre de 2018, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el «Anteproyecto de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la comunicación y la información», a la fecha no hay avances por parte de los legisladores. 

Puedes leer el documento aquí: PROYECTO DE LEY_MARZO 2021

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La Mesa de Protección a Periodistas muestra su preocupación ante el aumento de casos de vulneraciones a la libertad de prensa y el acceso a la información que, según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), suman 94 casos durante el 2021.

Las afectaciones se concentran en: restricciones al ejercicio periodístico (61 casos), declaraciones estigmatizantes, bloqueos al acceso a la información pública, bloqueos en redes sociales, acosos digitales, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenaza a la vida.  
Entre los casos más preocupantes están las denuncias de toma de fotografías de casas de habitación de periodistas, el abuso de poder de autoridades de seguridad pública y las expresiones de acoso hacia  mujeres periodistas.

 
Para la Mesa, estos hechos deben ser considerados una alerta que podrían derivar en afectaciones a la integridad física de los y las colegas. 
Por otro lado, es preocupante la instrumentalización de los medios de gobierno como Canal 10, Radio Nacional y Diario El Salvador para hacer propaganda gubernamental y hasta desinformación.

A ello se suman los medios privados administrados por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) en los que se ha despedido personal para contratar personas afines al gobierno de turno. 
Ante este contexto es urgente que la actual Asamblea Legislativa inicie rápidamente la discusión de la propuesta de ley de protección integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que fue presentada en 2018 en el congreso. No aprobar la ley implicaría que la nueva legislatura no la apruebe o le haga reformas con la finalidad de limitar los alcances de la misma. 

La propuesta de ley contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.
Otra propuesta que se encuentra en el parlamento es la de publicidad gubernamental, que busca garantizar una distribución equitativa de la pauta en los medios de comunicación.    

También hacemos un llamado a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa para que se abstenga de realizar acciones que atenten al trabajo periodístico, tales como difamaciones, calumnias y todo tipo de hostigamientos que perjudiquen el acceso a la información por parte de los medios de comunicación a cubrir las sesiones de trabajo y plenarias a realizarse.

En tal contexto, anticipadamente exigimos a la nueva legislatura permitir a la prensa conocer la propuesta de auditoría a realizarse en dicho Órgano de Estado, los resultados de la misma y las acciones a implementar para solventar los hallazgos que esta arroje.

Finalmente, la Mesa hace un llamado a los diversos organismos internacionales a mantener un monitoreo permanente en El Salvador y generar los llamados de atención oportuna para evitar mayores retrocesos a la libertad de expresión. 

San Salvador, 15 de marzo de 2021.

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Si eres periodista, comunicador o trabajador relacionado a la información y quieres formar parte de nuestros agremiados, descarga la solicitud de ingreso aquí SOLICITUD SOCIOS Al completar los datos envíalos junto a tu hoja de vida actualizada al correo apeselsalvador1@gmail.com 

 

 

 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 58 vulneraciones a la prensa desde las 5:00 a.m. del 28 de febrero hasta las 12:00 m.d. del 01 de marzo de 2021. La mayoría de los casos se registraron durante la fase de apertura de los centros de votación, el momento de votación del presidente de la República,  Nayib Bukele, y el cierre de los centros de votación.

Los departamentos afectados son Santa Ana (Santa Ana, Candelaria de la Frontera, Chalchuapa y Tacuba), Ahuachapán (Tacuba), Sonsonate (Nahuizalco); Chalatenango, San Salvador (Nejapa, Apopa, Soyapango, San Salvador, San Marcos, Panchimalco y Rosario de Mora), La Libertad (Antiguo Cuscatlán, Colón, Santa Tecla y Zaragoza), Usulután (Santa Elena, Nueva Granada y Usulután), San Miguel y La Unión (El Sauce y Conchagua).  A nivel regional la zona central reportó 38 casos, la zona occidental 08 y la zona oriental 12.

Las agresiones se clasificaron en tres niveles: bajo, medio y alto. Las agresiones se centraron en categoría media con 51 casos relacionados a restricciones al ejercicio periodístico, le siguen 3 casos de categoría baja relacionados a declaraciones estigmatizantes y amenaza verbal, y 4 casos de alto riesgo relacionados a agresión física.

En cuanto a la clasificación de periodistas agredidos, se identificaron 31 hombres, 21 mujeres y 6 casos colectivos (grupos de periodistas afectados).

Entre los afectados se encuentran periodistas, camarógrafos, corresponsales y fotoperiodistas que laboran para medios de televisión, medios digitales, radio, prensa escrita, agencias internacionales, medios comunitarios y medios estatales.

Los agresores se centran en elementos de seguridad pública. La Policía Nacional Civil (PNC) acumuló 23 denuncias y los cuerpos de seguridad presidencial 4. Las Juntas Electorales Municipales (JEM) tienen 11 denuncias, los seguidores de los partidos políticos suman 8 y las Juntas Receptoras de Votas (JRV) tienen 5 señalamientos de afectación a la prensa. En menor grado aparecen votantes, miembros de Juntas Electorales Departamentales (JED), dirigentes de partidos políticos y funcionarios públicos.

Previo a las elecciones APES registró 26 casos que, al sumarse con los del 28 de febrero y del 01 de marzo totalizan 84 afectaciones a la prensa.

La mayoría de las afectaciones fueron atendidas por medio de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). Actualmente se está en la gestión con la fiscal electoral para canalizar las afectaciones altas.

En 2018 APES registró 26 casos durante las elecciones legislativas y municipales, en las presidenciales del 2019 se contabilizaron 24 casos y en las elecciones del 2021 totalizó 84 casos (17 noviembre del 2020 hasta el 01 de marzo a las 12:00 m.d).

Para APES es preocupante que los casos hayan incrementado en un 350% comparado con el 2019 y lamenta que la Policía Nacional Civil (PNC) haya limitado la labor del gremio de periodistas durante la apertura de la jornada de votación.

También condena las agresiones físicas cometidas por el cuerpo de seguridad presidencial contra la fotoperiodista de El Diario de Hoy, Jessica Orellana; el periodista de la Revista Factum, Bryan Avelar; dos periodistas de la revista Comunica (uno de ellos amenazado con arma de fuego) y dos periodistas de medios de televisión.

A estos casos de condena se suma la agresión de simpatizantes del partido político Nuevas Ideas contra el periodista Bryan Avelar, quien fue agredido verbalmente y amenazado durante su cobertura en el reparto Santa Marta, en el barrio San Jacinto de San Salvador. También, una intimidación contra dos periodistas  de Canal 33 por parte de elementos de la Policia Nacional Civil (PNC).

Esta es la primera vez que APES registra cuatro afectaciones de nivel alto, por lo que serán canalizados a la Fiscal electoral para que se realice una investigación sobre las afectaciones al ejercicio periodístico.

Ante esta situación APES lamenta que los discursos estigmatizantes promovidos desde el presidente Nayib Bukele hagan eco en diferentes sectores sociales. La Asociación advierte que estos casos deben verse como un aviso ante posibles afectaciones físicas, a sus equipos de trabajo e incluso a la vida.

El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodista de la APES en contexto electorales estuvo conformada por 25 colaboradores entre corresponsales, referentes regionales, encargados de monitoreos de medios y especialistas de datos.

A partir del 01 de marzo a las 2:00 pm el Centro de Monitoreo regresa a su registro habitual, por lo que invita a la prensa a canalizar cualquier denuncia al 7746 4325.

San Salvador, 01 de marzo de 2021.

 

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De 5:00 hasta las 8:30 am la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 15 vulneraciones al ejercicio periodístico relacionados a la apertura en los Centros de Votación.

Los casos se reportan en los departamentos de San Salvador (Apopa y Panchimalco), La Libertad (Zaragoza, Santa Tecla y Colón), Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán (Tacuba) y San Miguel. Entre los medios afectados se encuentran locales, comunitarios, escritos, radiofónicos, de televisión, agencias de noticias y medios digitales. En total hay 09 hombres, 04 mujeres y 02 colectivos de prensa afectados.

Las restricciones fueron realizadas en su mayoría por la Policía Nacional Civil (PNC) quienes se niegan a cumplir con el artículo 63 del Código Electoral que establece que los medios de comunicación tienen la facultad de dar cobertura a todo el proceso, desde la instalación de las Juntas Receptoras de Votos en los centros de votación, en el conteo de votos y todo el proceso de escrutinio preliminar y final, tal y como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado por medio de un comunicado de prensa.

Ante estas vulneraciones, APES ha estado en constante comunicación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hasta las 9:00 am todos los casos se lograron solventar.

APES hace un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que respete el libre ejercicio periodístico y cumpla con lo establecido en el código electoral. También hace un llamado al TSE para que difundan con sus Juntas Municipales Electorales (JME) las directrices necesarias para garantizar en los Centros de Votación el respeto de la prensa a poder realizar su trabajo.

Finalmente reiteramos el llamado a la prensa a hacer de la denuncia una herramienta para garantizar la libertad de expresión durante el proceso electoral. Recordamos que están disponibles los números 7746 4325 (zona centro), 7009-1497 (zona oriental) y 7009 6656 (zona occidental).

San Salvador, 28 de febrero de 2021.