El 12 de noviembre del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes que, según las versiones públicas votadas, buscan garantizar la protección de los datos personales y adoptar medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de las instituciones públicas. Aunque reconocemos la importancia de contar con mecanismos de protección de datos personales, y lo relevante de tener una entidad que coordine la ciberseguridad a nivel estatal y para la población, especialmente a la luz de las múltiples vulneraciones sufridas por la sociedad salvadoreña en eventos como los relacionados con la billetera digital Chivo, el software Pegasus, y las filtraciones de datos de entidades públicas, tales como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, creemos que esto no debe llevarse a cabo a costa de poner en riesgo grave el derecho fundamental a la libertad de expresión y de prensa, o de afectar la capacidad operativa del sector privado.