La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera preocupante que cuatro meses después de presentada la documentación para solicitar las credenciales de la junta directiva de APES; el Ministerio de Gobernación obstaculiza la inscripción de la junta que fue electa en agosto de 2024 alegando requisitos de forma.

El derecho a la libertad de asociación, más cuando se trata de una organización nacida en 1936 y que promueve principios universales como la libertad de expresión y de prensa, es una acción que evidencia un grave retroceso en un Estado que se supone promueve libertades. Según el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó hoy información sobre la detención arbitraria del periodista comunitario Víctor Barahona, que fue encarcelado en el

El jueves 05 de diciembre el equipo de representantes legal de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se acercó a la Fiscalía General de la República (FGR) para constatar el proceso contra la periodista Mónica Rodríguez y Steve Magaña, quienes fueron víctimas de un allanamiento irregular la noche del pasado miércoles 04 de diciembre.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera preocupante y grave
el allanamiento anómalo de la casa de habitación de la periodista Mónica Rodríguez
y Steve Magaña, ocurrido la noche del miércoles 04 de diciembre. Mónica
Rodríguez y Magaña trabajan para Bálsamo Radio TV y son importantes defensores
de derechos en las comunidades de la cordillera del Bálsamo, en el departamento
de La Libertad. Además, Rodríguez ha realizado un trabajo invaluable como socia y
directiva del período 2022-2024 de la APES.

El 12 de noviembre del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes que, según las versiones públicas votadas, buscan garantizar la protección de los datos personales y adoptar medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de las instituciones públicas. Aunque reconocemos la importancia de contar con mecanismos de protección de datos personales, y lo relevante de tener una entidad que coordine la ciberseguridad a nivel estatal y para la población, especialmente a la luz de las múltiples vulneraciones sufridas por la sociedad salvadoreña en eventos como los relacionados con la billetera digital Chivo, el software Pegasus, y las filtraciones de datos de entidades públicas, tales como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, creemos que esto no debe llevarse a cabo a costa de poner en riesgo grave el derecho fundamental a la libertad de expresión y de prensa, o de afectar la capacidad operativa del sector privado.