La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena y externa su mayor preocupación ante la confirmación del uso del software de vigilancia Pegasus para espiar ilegalmente a periodistas de varios medios de comunicación salvadoreños. La APES, coherente con su compromiso de promover la protección, se solidariza con los y las 31 periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y periodistas freelance que han sido víctimas de esta persecución.
La APES agradece y destaca el trabajo de las organizaciones internacionales, Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnesty International, Fundación Acceso, and SocialTIC, que condujeron una seria y profesional investigación que ha determinado el uso de Pegasus para espiar a periodistas y sociedad civil en El Salvador.
Sin existir una orden judicial, las intervenciones telefónicas -o más grave aún, el uso de softwares especializados en vigilancia- son completamente ilegales y representan un atropello a derechos fundamentales y la libertad de expresión y prensa. Cualquier Estado con mínima dignidad, respetuoso de la democracia, debe condenar e investigar a fondo a los responsables.
Es muy preocupante lo que establece la investigación internacional independiente, que señala que NSO Group, como lo ha afirmado en numerosas ocasiones, solo vende el software Pegasus a gobiernos. El punto principal, pues, es que no se trata de aparatos telefónicos intervenidos, son 31 personas perseguidas y vigiladas. El Estado tiene la obligación de protegerlas. De dar una respuesta.
El espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, y desvía cuantiosos recursos en el seguimiento de todas las personas relacionadas en el ambiente personal, profesional y familiar, mientras alienta un mensaje de odio contra el periodismo independiente y profesional.
La revelación sobre la confirmación de Pegasus llega en un momento delicado para el periodismo salvadoreño, en constante ataque por el autoritario gobierno liderado por el presidente Bukele. El actual Gobierno se ha caracterizado desde sus primeros días por imponer límites y restricciones arbitrarias al acceso a la información oficial, a pesar de que este constituye un derecho exigible desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2012.
Además de imponer el secreto de Estado sobre todo lo relativo al trabajo administrativo y operacional del Organismo de Inteligencia del Estado, a las compras y contrataciones durante el primer año de la pandemia, y a todo lo relativo a la implementación de las políticas de salud y seguridad, se ha mantenido por parte del presidente Bukele y sus funcionarios un discurso público en contra de periodistas y medios de comunicación.
Aprovechando este ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, el actual Ministro de Seguridad reconoció en una entrevista radial, a mediados de 2021, que: “Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”. (Entrevista YSKL, 8 de junio 2021). A estas declaraciones se suman los casos de censura previa, proscritos por la Constitución, y que a lo largo del año pasado afectaron mediante órdenes judiciales a la libertad de prensa.
Todo esto forma parte de una escalada de violencia de todo tipo contra quienes hacen periodismo en El Salvador. Del ocultamiento de información se pasó al discurso de odio, luego a la censura de contenidos, más tarde a la amenaza desde los principales órganos del Estado para aprobar una “Ley de Agentes Extranjeros” que obstaculice el sostenimiento de las investigaciones periodísticas, y ahora la revelación sobre espionaje estatal. Es de temer que el siguiente paso comprometa la libertad y la integridad de los periodistas y haga de este oficio uno de los más peligrosos en un país que pretende constituirse en un ejemplo para el mundo.
Pese a la falta de garantías constitucionales o la independencia en las investigaciones fiscales, la APES exige -no pide- al Estado salvadoreño a responder de una manera seria y responsable a este grave señalamiento. Y a la comunidad internacional a no apartar la mirada de El Salvador, que cada vez se entrega a una vorágine autoritaria.
San Salvador, 12 de enero de 2022.
