La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre la Libertad de Expresión en El Salvador 2020 que recaba algunos casos de agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación y violaciones a sus derechos laborales reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES.
El informe destaca un incremento en las agresiones, destacando restricciones, ataques y acoso digital contra periodistas que cuestionan sobre algunas actuaciones de los funcionarios públicos y opinan de manera crítica en sus redes sociales.
Las cifras de los últimos tres años sobre agresiones a periodistas hablan por sí solas: en 2018 se reportaron 65 casos, en 2019, se reportaron 77 y para 2020 se reportaron 125 casos, duplicando las del año 2018.
Tipos de agresiones
Restricción al ejercicio periodístico, ataque digital, bloqueos al acceso de información pública, despido injustificado, acoso digital, declaraciones estigmatizantes, hurto, amenaza a la vida, amenaza verbal, intimidación, reducción salarial, restricción salarial, adeudo salarial, suspensión de contrato, despido colectivo, daño al equipo de trabajo, desplazamiento forzado, privación de libertad y acoso sexual.
Genera preocupación para la Relatoría de Libertad de Expresión de APES el elevado registro de restricciones al ejercicio periodístico, las cuales aumentaron de 27 en 2019 a 34 en 2020, que equivalen al 27.2% del total de casos registrados.
En comparación al periodo anterior, de los 27 casos de restricciones que se contabilizaron en 2019, 17 fueron cometidos durante las elecciones presidenciales, lo que quiere decir que solamente 10 casos se cometieron en circunstancias distintas al proceso electoral, frente a los 34 de este año cometidos en tiempo no electoral. Cabe destacar que 5 casos de restricción al ejercicio periodístico ocurrieron durante los hechos del 9 de febrero.
Mientras que el 18.4% de los casos fueron clasificados como ataques digitales, el 16% como bloqueos al acceso de información pública y el 11.2% fueron despidos injustificados.
El Centro de Monitoreo recibió 23 denuncias consideradas como ataques, definidos así por ser señalamientos directos contra periodistas, relacionándolos con algún rumor o con el fin de descalificar su labor informativa. En algunos casos se llegó hasta el hackeo de páginas web de algunos medios o cuentas de correo electrónico de periodistas.
Agresores
Los principales agresores de los periodistas en 2020 fueron funcionarios públicos, con el 27.2% de los casos, la Policía Nacional Civil (PNC), con 12.8% y el Gabinete de Salud Ampliado, con el 6.4% de casos. Mientras que el resto agresiones corresponde a instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, La Casa Presidencial, manifestantes, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales.
Violencia de género
Preocupa también que la violencia contra las mujeres periodistas continúa presente de diferentes formas en los medios de comunicación, en el relacionamiento con las fuentes de información y con los agentes del Estado.
Según los registros de APES, el 20% de víctimas eran mujeres, principalmente en ataques y acoso digital, contra quienes se descarga un lenguaje soez, denigrante y estigmatizante.
Retroceso en acceso a la información
En el ámbito del acceso a la información pública y la transparencia, esta Relatoría identifica un retroceso abrupto en 2020. Hubo vicios de ilegalidad en el proceso de elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), propuesto por el sector de periodistas desarrollado en 2020, debido a manipulaciones desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Además, se suspendieron prácticas de transparencia en el IAIP como grabar en formato audio las audiencias, con el argumento de que eso provoca “fuga de información”, y se declaró en reserva información de carácter pública generada en el marco de la pandemia por COVID-19.
En 2020 también hubo bloqueos de periodistas a las cuentas de Twitter del presidente Bukele y otros funcionarios públicos, que es una forma común de negar el acceso a la información oficial. APES registró 18 casos de bloqueo de periodistas de las cuentas oficiales de Twitter del mandatario y otros funcionarios públicos.
San Salvador, 29 de enero de 2021.
