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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presenta los resultados del “Diagnóstico sobre la situación actual de trabajadores freelance en medios digitales”, en el marco del proyecto FIP L.A.  N°60342.

La investigación representa un primer acercamiento a las condiciones de trabajo y afectaciones por no tener garantías en el cumplimiento de sus derechos laborales.

El estudio se realizó del 9 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022, obteniendo el primero directorio de 29 fuentes directas y 60 indirectas y se levantó 25 cuestionarios y 7 entrevistas a profundidad, para un total de 32 fuentes directas. Las y los consultados oscilan entre los 24 y 56 años. Entre los principales hallazgos están: la mayoría de los periodistas freelancers no poseen seguro médico, cotización para pensiones y estabilidad laboral.

Muchos de ellos han sufrido abuso laboral, persecución política, insultos y amenazas en redes sociales, no poseen contratos, no cuentan con horarios fijos, no descansan los fines de semana, atraviesan problemas de salud física y mental, han sido víctimas de violencia de género o de la delincuencia. Los periodistas freelance también son objeto de persecución política y el acoso en redes sociales, incluso de amenazas de muerte e insultos.

Otro hallazgo es que no se les otorgan gastos de depreciación por el uso de sus propios equipos con los que realizan su trabajo, ni gastos para pagar energía eléctrica, internet y telefonía para hacer su trabajo. Algunas veces no se respetan sus derechos de autor o no se les pagan las regalías correspondientes. Lastimosamente, el 68% reporta que no lleva una vida digna con la remuneración y condiciones a su trabajo y el 92% tiene incertidumbre hacia el futuro de la profesión. La mayoría de los entrevistados reconoce la necesidad de sindicalizarse o agremiarse.

Resultados cuantitativos

  • Se contó con una muestra de 32 fuentes, entre los 24 y 56 años. El 54% mujeres, el 42% hombres y 4% no binaries.
  • El 64% trabaja para un medio de comunicación y el 36% presta sus servicios para varios.
  • El 56% dijo que sí cubre sus gastos y el 44% no cubre sus gastos con los ingresos que percibe. El 68% cree que no lleva una vida digna gracias a las condiciones de su trabajo.
  • El 40% no tiene contrato. El 92% tiene incertidumbre hacia el futuro en su profesión.
  • El 52% trabaja más de 40 horas a la semana y el 48% trabaja menos de 40 horas a la semana. Mientras que el 76% expuso que no tiene horario de entrada ni de salida laboral.
  • El 60% de los participantes duerme menos de ocho horas, el 40% no tiene horario fijo para alimentarse. Y el 64% no descansa los fines de semana
  • De los participantes en el estudio, el 72% dijo que su salud física está comprometida por el oficio y el 84% reconoció problemas de salud mental. El 56% considera que tiene baja autoestima laboral.
  • El 76% no cotiza al ISSS y el 64.4% no tiene seguro privado.
  • El 36% expuso haber sido objeto de persecución política a causa de su trabajo. Un 8% ha recibido intento de sobornos por el régimen actual.
  • El 40% ha sido víctima de acoso sexual o ha visto alguno y el 32% ha sufrido violencia de género. El 20% abuso laboral.
  • El 76% de los freelances ha estado expuesto a la delincuencia.
  • El 84% no tiene ingresos de depreciación de equipos de trabajo y el 88% tiene que cubrir por su cuenta los gastos de energía eléctrica, telefonía e internet para desarrollar su trabajo.
  • Algunos de los consultados ejercen otro tipo de actividades además del periodismo, 13.3% ejerce docencia, 20% consultorías y 6.7% otros negocios.

Peticiones y recomendaciones

  • Algunas de las recomendaciones de los periodistas freelance dirigidas al Estado, Gobierno, instituciones, empresas privadas, medios de comunicación digitales o clientes particulares tienen que ver con tener acceso a servicios médicos a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Aunque algunos pueden pagar las cuotas de U$40 y US$56 mensuales, pero otros no tienen las condiciones para hacerlo.
  • También piden mecanismos para seguir cotizando al sistema de ahorro de pensiones u otras formas de ahorro previsional. Así como tener acceso a seguros de vida y seguros de gastos funerarios.
  • Se destaca entre las peticiones que quienes soliciten sus servicios les den contratos en tiempo y forma. Que los medios digitales respeten sus derechos laborales plenamente y les ofrezcan estabilidad laboral.
  • Pleno respeto de la libertad de expresión y libertad de prensa por parte del gobierno y la sociedad salvadoreña.
  • Capacitaciones para palear la brecha digital o académica y conseguir mejores oportunidades de trabajo.
  • El cese de la violencia de género y el acoso sexual por parte de las fuentes, jefes o colegas es otra de las exigencias, ya que es uno de los problemas que enfrentan periodistas en El Salvador.
  • Contar con atención psicológica a bajo costo o gratuita, así como cursos para el manejo del estrés son otras de las necesidades expresadas por los comunicadores independientes, entre otras.

San Salvador, 17 de enero de 2022.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presenta la Política de Género para periodistas de medios de comunicación digitales y comunitarios, que se realizó en el marco del proyecto FIP L.A N°60342.

Las mujeres periodistas enfrentan de manera habitual obstáculos y violencias que son consecuencia de las inequidades de género por el hecho de ser mujeres. Y a su vez, la interseccionalidad de otras variables como su identidad de género, orientación sexual, raza, clase socioeconómica, etnia, pueden aumentar el riesgo en el ejercicio de su profesión.

Durante el 2021 el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró 219 denuncias, en las que se vieron afectadas 226 personas. De esa cantidad, 70 fueron mujeres y 2 de comunidad LGBTI.

En razón de que no es posible tener una actitud indiferente frente a la inequidad de género, integrar la perspectiva de género en los medios de comunicación significa hacer visibles las desigualdades de género entre hombres y mujeres cisgénero (cis), transgénero (trans) y personas no binarias (nb) que ejercen su oficio como periodistas en medios de comunicación comunitarios y digitales.

Los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres se enmarcan en una estructura de exclusión de las mujeres de la vida pública. Este es un fenómeno multidimensional que incluye una diversidad de factores que se traducen en violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres a lo largo de su vida, tales como la violencia contra las mujeres basada en el género, la prevalencia de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios, la falta de acceso a una educación igualitaria, la pobreza y falta de recursos económicos, las barreras en el acceso a los medios de comunicación y la brecha digital. Todas estas variables también son obstáculos para que las mujeres ejerzan su libertad de expresión y de prensa.

Los actos de violencia contra las mujeres y específicamente contra mujeres periodistas no son actos aislados, sino que responden a patrones socioculturales, patriarcales y misóginos de una estructura de discriminación basada en género.

La Política de Género tiene como objetivo identificar las necesidades de las y los periodistas cisgénero, transgénero y personas no binarias para transversalizar la perspectiva de género y equidad en el ejercicio periodístico dentro de los medios comunitarios y digitales.

Los principios de la Política son: Equidad de género, equidad en cargos de decisión, igualdad de oportunidades, no al ciberacoso ni a la violencia de género en línea; no discriminación basada en género, no a la violencia y acoso sexual; responsabilidad de los cuidados, transversalidad, no sexismo, respeto e inclusión de identidades de género y orientaciones sexuales.

San Salvador, 17 de enero de 2022.

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Crédito: Federación Internacional de Periodistas

Luego de una investigación conducida por diversas organizaciones internacionales, se determinó que al menos 31 periodistas han sufrido el hackeo de sus teléfonos celulares con el sistema creado por la compañía israelí NSO Group. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) le exigió al Estado salvadoreño una respuesta acerca del presunto uso que podrían estar dando a Pegasus. La Federación Internacional de Periodistas repudia cualquier forma de vigilancia ilegal contra lxs trabajadorxs de prensa y se solidariza con lxs comunicadorxs afectadxs.

Una investigación encabezada por The Citizen Lab, espacio que depende de la Universidad de Toronto en Canadá, acompañada por organizaciones de derechos humanos, determinó que 35 personas, entre ellas 31 periodistas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en El Salvador. Uno de los medios de comunicación más golpeados por estas revelaciones es El Faro, con 22 personas afectadas. Otros medios que también se encuentran en esa lista son GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, el Diario el Mundo y la revista Disruptiva, así como dos periodistas freelance. En algunos de los dispositivos analizados se encontró evidencia de que fueron infectados hasta cuarenta veces.

César Fagoaga, presidente de la APES -organización afiliada a la FIP-, se refirió a lo sucedido: “espiar a periodistas es un retroceso democrático enorme, cavernario. Una medida de este tipo busca afectar la libertad de prensa y la forma en la que los y las periodistas en El Salvador se relacionan con sus fuentes. Es un momento delicado, pues ante mayor opacidad, de tinieblas gubernamentales, es cuando más y mejor periodismo se necesita. Y el espionaje, además de ser una persecución, un atentado contra los derechos a la intimidad y libertad de expresión, pretende ser una mordaza y una razón para que los y las periodistas se autocensuren. Desde la APES condenamos este nuevo atentado contra la sufrida libertad de prensa salvadoreña y exigimos -no pedimos- una respuesta estatal para determinar la procedencia de este ataque que, como señalan las organizaciones que han hecho esta revelación, solo puede haber sido pagado por un gobierno”.

https://twitter.com/apeselsalvador/status/1481455593160380417

Este sistema, creado por la empresa israelí NSO Group, ya había sido denunciado el año pasado tras las revelaciones realizadas por Forbiden Stories en las cuales se confirmó la utilización de esta herramienta de vigilancia para el espionaje ilegal de al menos 180 periodistas en todo el mundo, de los cuales 26 son oriundxs de México y uno de ellxs, Cecilio Pineda, fue asesinado en el momento en el cual su teléfono se encontraba intervenido.

La Federación Internacional de Periodistas se encuentra en estado de alerta tras estas revelaciones, que confirman el enorme alcance que tiene el uso de softwares de vigilancia ilegal para espiar trabajadorxs de prensa con el objetivo de comprometer sus fuentes, conocer sus movimientos e impedir el avance de investigaciones que comprometan a los grandes sectores del poder. El espionaje ilegal es atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de los pueblos a recibir información veraz, lo cual debilita las democracias. La FIP repudia el uso de este software sufrido por lxs colegas de El Salvador, rechaza cualquier tipo de vigilancia y exige respuestas al Gobierno salvadoreño y a NSO Group, y demanda una investigación que determine fehacientemente las responsabilidades detrás de la compra de este sistema.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena y externa su mayor preocupación ante la confirmación del uso del software de vigilancia Pegasus para espiar ilegalmente a periodistas de varios medios de comunicación salvadoreños. La APES, coherente con su compromiso de promover la protección, se solidariza con los y las 31 periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y periodistas freelance que han sido víctimas de esta persecución.

La APES agradece y destaca el trabajo de las organizaciones internacionales, Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnesty International, Fundación Acceso, and SocialTIC, que condujeron una seria y profesional investigación que ha determinado el uso de Pegasus para espiar a periodistas y sociedad civil en El Salvador.

Sin existir una orden judicial, las intervenciones telefónicas -o más grave aún, el uso de softwares especializados en vigilancia- son completamente ilegales y representan un atropello a derechos fundamentales y la libertad de expresión y prensa. Cualquier Estado con mínima dignidad, respetuoso de la democracia, debe condenar e investigar a fondo a los responsables.

 
Es muy preocupante lo que establece la investigación internacional independiente, que señala que NSO Group, como lo ha afirmado en numerosas ocasiones, solo vende el software Pegasus a gobiernos. El punto principal, pues, es que no se trata de aparatos telefónicos intervenidos, son 31 personas perseguidas y vigiladas. El Estado tiene la obligación de protegerlas. De dar una respuesta.

El espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, y desvía cuantiosos recursos en el seguimiento de todas las personas relacionadas en el ambiente personal, profesional y familiar, mientras alienta un mensaje de odio contra el periodismo independiente y profesional.

La revelación sobre la confirmación de Pegasus llega en un momento delicado para el periodismo salvadoreño, en constante ataque por el autoritario gobierno liderado por el presidente Bukele. El actual Gobierno se ha caracterizado desde sus primeros días por imponer límites y restricciones arbitrarias al acceso a la información oficial, a pesar de que este constituye un derecho exigible desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2012.

Además de imponer el secreto de Estado sobre todo lo relativo al trabajo administrativo y operacional del Organismo de Inteligencia del Estado, a las compras y contrataciones durante el primer año de la pandemia, y a todo lo relativo a la implementación de las políticas de salud y seguridad, se ha mantenido por parte del presidente Bukele y sus funcionarios un discurso público en contra de periodistas y medios de comunicación.

Aprovechando este ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, el actual Ministro de Seguridad reconoció en una entrevista radial, a mediados de 2021, que: “Todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología”. (Entrevista YSKL, 8 de junio 2021). A estas declaraciones se suman los casos de censura previa, proscritos por la Constitución, y que a lo largo del año pasado afectaron mediante órdenes judiciales a la libertad de prensa.

Todo esto forma parte de una escalada de violencia de todo tipo contra quienes hacen periodismo en El Salvador. Del ocultamiento de información se pasó al discurso de odio, luego a la censura de contenidos, más tarde a la amenaza desde los principales órganos del Estado para aprobar una “Ley de Agentes Extranjeros” que obstaculice el sostenimiento de las investigaciones  periodísticas, y ahora la revelación sobre espionaje estatal. Es de temer que el siguiente paso comprometa la libertad y la integridad de los periodistas y haga de este oficio uno de los más peligrosos en un país que pretende constituirse en un ejemplo para el mundo.

Pese a la falta de garantías constitucionales o la independencia en las investigaciones fiscales, la APES exige -no pide- al Estado salvadoreño a responder de una manera seria y responsable a este grave señalamiento. Y a la comunidad internacional a no apartar la mirada de El Salvador, que cada vez se entrega a una vorágine autoritaria.

 

San Salvador, 12 de enero de 2022.

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Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos el uso de la tecnología Pegasus de la empresa NSO Group en El Salvador para la vigilancia de periodistas y la sociedad civil, tal como lo señalaron inicialmente El Faro y Gato Encerrado, y lo confirmaron a través de una investigación conjunta de Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC. Aunque, hasta la fecha, no se ha establecido quién es el perpetrador de esta vigilancia, NSO Group ha afirmado en repetidas ocasiones que solo vende tecnología Pegasus a los gobiernos.

Estos ataques son particularmente alarmantes, debido a que varias de las infecciones ocurrieron después de que las revelaciones del Proyecto Pegasus se hicieran públicas en julio de 2021, lo que indica que quienes estaban detrás de los ataques de spyware estaban al tanto, pero ignoraron, la denuncia generalizada del uso de Pegasus, incluidos los pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos y expertos y funcionarios de la ONU.

Infectando teléfonos de periodistas y activistas: qué es lo que ocurrió

En septiembre de 2021, un grupo de periodistas independientes se puso en contacto con la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now después de probar sus dispositivos con el kit de herramientas de verificación móvil de Amnistía Internacional para detectar el software espía Pegasus. SocialTIC, una organización de la sociedad civil que trabaja en tecnología digital, también remitió casos a Front Line Defenders para su investigación. Todas las infecciones fueron confirmadas a través de un análisis forense realizado por The Citizen Lab, y luego confirmadas de forma independiente por Amnistía Internacional.

Hasta la fecha, se ha confirmado que 37 dispositivos pertenecientes a 35 personas están infectados. Veintitrés de esos dispositivos pertenecen a profesionales afiliados al medio regional El Faro, y cuatro al medio nacional Gato Encerrado. El Faro y Gato Encerrado son medios de investigación independientes que a menudo han publicado información crítica de las acciones del gobierno salvadoreño. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a otros medios de comunicación incluyen: un dispositivo del personal de La Prensa Gráfica, uno de Revista Digital Disruptiva, uno de El Diario de Hoy, uno de El Diario El Mundo y dos periodistas independientes. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a ONG incluyen: uno de Cristosal, dos de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y uno de una ONG que desea permanecer en el anonimato.

Los dispositivos fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021, algunos más de 40 veces, lo que refleja uno de los usos conocidos más persistentes e intensos de Pegasus para vigilar a los periodistas en el mundo. No descartamos la posibilidad de que más personas de los medios independientes y de la sociedad civil en El Salvador puedan ser objetivos de Pegasus y otros programas de espionaje.

El 23 de noviembre de 2021, El Faro anunció que 12 de sus periodistas recibieron una notificación oficial de Apple, alertándolos sobre la posibilidad de que sus dispositivos pudieran haber sido atacados por el spyware Pegasus. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció que un total de 23 periodistas de distintas redacciones recibieron la misma información. Otros que recibieron notificaciones de Apple que podrían haber sido objetivo de Pegasus incluyen a Jhonny Wright Sol, diputado (exmiembro del partido Arena y fundador del partido Nuestro Tiempo), y Héctor Silva, concejal de San Salvador.

Un Estado y un presidente matón

El trato hostil de Nayib Bukele a los medios comenzó temprano en su presidencia, cuando, durante los primeros meses de su mandato, generalmente evitaba dar conferencias de prensa. En cambio, usó su cuenta personal de Twitter para emitir órdenes, despedir a funcionarios y acosar a periodistas, a quienes a menudo clasifica arbitrariamente como “activistas políticos”.

El gobierno salvadoreño ha hostigado repetidamente a los periodistas de El Faro y Gato Encerrado en particular. En septiembre de 2019, El Faro y otros medios fueron bloqueados de una conferencia de prensa por “mal comportamiento” en el pasado. Desde julio de 2020, El Faro denunció ser víctima de hostigamiento administrativo por parte del gobierno en forma de auditorías desproporcionadas, acompañadas de falsas acusaciones de evasión fiscal. En el mismo mes, Julia Gavarrete, una víctima de Pegasus que actualmente trabaja en El Faro y anteriormente en Gato Encerrado, denunció el robo de su computadora portátil de trabajo, lo que generó sospechas sobre si las autoridades estaban involucradas. En febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 integrantes de El Faro por “supuestamente ser objeto de hostigamiento, amenazas, intimidación y estigmatización, principalmente a través de las redes sociales, en razón de su trabajo como periodistas”. Y en septiembre de 2021, Javier Argueta, asesor legal de la casa presidencial amenazó a Gato Encerrado con infracciones si no revelaba su fuente de información. El presidente Bukele ha realizado múltiples acusaciones desacreditando a ambos medios en Twitter.

El presidente Bukele también ha contribuido a menospreciar y tergiversar el trabajo de algunas mujeres periodistas. Después de los tuits de Bukele, los usuarios de Twitter las acosaron y algunos incluso dijeron que deseaban que las mujeres fueran violadas.

De manera alarmante, el acoso del presidente a la sociedad civil en El Salvador está siendo imitado por otros funcionarios gubernamentales. En junio de 2021, el Ministro de Seguridad afirmó que “vivimos en libertad de expresión, pero como siempre digo, todo tiene sus límites, y sí, estamos dando seguimiento a muchos periodistas”. En octubre, el partido del presidente, Nuevas Ideas, discutió una propuesta de “agentes digitales encubiertos”, que permitiría a la Fiscalía General eludir la necesidad de órdenes judiciales y autorizar a los agentes, poniendo en serio peligro la privacidad de las personas. Y en diciembre, el asesor legal de Casa Presidencial recomendó a los funcionarios designados por actos que pudieran estar relacionados con la corrupción por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emprender acciones legales contra quienes escriban sobre ello en El Salvador.

Además, el nuevo proyecto de ley de Agentes Extranjeros, si se aprueba, podría contribuir a un clima de miedo y censura al limitar y controlar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades “son directa o indirectamente financiadas por un extranjero”. Este incremento de autoridad incluye inspecciones gubernamentales, un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera y la apertura de las puertas a la censura al prohibir las actividades políticas. Leyes similares se promulgaron en Rusia y Nicaragua se han utilizado para hostigar y silenciar a organizaciones de derechos humanos, medios independientes, periodistas, blogueros y activistas.

Lo que sigue: un llamado a la acción para proteger a los periodistas y a la sociedad civil del spyware

Hacemos un llamado a los periodistas y activistas en El Salvador, sin importar su afiliación, a comunicarse con la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now para confirmar si sus dispositivos han sido infectados. Como ya sabemos, el software espía Pegasus de NSO Group puede infectar silenciosamente el dispositivo de una persona, sin necesidad de que se haga clic en un enlace o se atienda una llamada telefónica. Cuando se infecta, Pegasus tiene acceso completo al dispositivo de su anfitrión, incluidas fotos, contactos, conversaciones y más.

Reiteramos nuestros llamados a los estados para que implementen una suspensión inmediata sobre la venta, transferencia y uso de dicha tecnología de vigilancia hasta que se establezcan las garantías adecuadas de derechos humanos.

Exigimos a las autoridades de El Salvador tomar las siguientes acciones urgentes:

Dejar de acosar a periodistas y defensores de derechos humanos de cualquier forma, proteger la libertad de expresión, opinión y prensa, y respetar la privacidad de sus ciudadanos;

Iniciar una investigación, a través de la Fiscalía General de la República de El Salvador, sobre el uso de Pegasus en el país;

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones realizadas recientemente por la CIDH en su informe, especialmente en lo relativo al Capítulo 6: el derecho a la libertad de expresión; y

Cumplir a cabalidad con las medidas cautelares otorgadas a favor de periodistas de El Faro por la CIDH.

Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales y regionales para que tomen las siguientes acciones urgentes:

La ONU: a denunciar el desarrollo y la violación de derechos humanos a una escala sin precedentes por parte de los Estados facilitadas por el uso del software espía Pegasus del Grupo NSO, y ofrecer un apoyo sólido para investigaciones imparciales y transparentes sobre el abuso;

Organización de los Estados Americanos (OEA): a continuar monitoreando la situación en El Salvador, particularmente en torno a los periodistas y la sociedad civil, en relación con el uso del software espía Pegasus de NSO Group; y convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente sobre las implicaciones para los derechos humanos del uso de software espía, e invitar a asistir al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; y

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: solicitar al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares otorgada a El Faro; y continuar con el seguimiento de la situación, y reactivar el mecanismo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para tal fin.

El mundo está atestiguando una explosión sin precedentes del uso de la vigilancia ordenada por el gobierno, con el apoyo de empresas privadas como NSO Group. La falta de rendición de cuentas por una conducta tan atroz de parte de las autoridades públicas y las empresas privadas permite que florezca la cultura de la vigilancia y destruya los derechos humanos. Debemos actuar ahora.

Firmantes

Organizaciones:

Access Now

Amnesty International

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

Article 19 Oficina México y Centroamérica

Committee to Protect Journalists (CPJ)

El Faro

Free Press Unlimited

Front Line Defenders

Fundación Acceso

Gato Encerrado

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

SocialTIC

Individuos:

Ron Deibert, Profesor de Ciencias Políticas y Director de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto

Siena Anstis, Asesora Jurídica Principal, de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto

John Scott-Railton, investigador sénior, de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto