El ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa es condición fundamental para el ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas. Sin ella, el periodismo no puede cumplir a cabalidad su rol de fiscalizador del poder, principalmente cuando los gobernantes se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía.
Investigar y publicar los hallazgos para informar sobre aquello que está mal en la sociedad, y echar luces sobre lo que el poder quiere mantener a oscuras, es el trabajo de los periodistas y una de las funciones de los medios de información. Pero para lograrlo, periodistas y medios deben tener garantías de libertad de expresión y de prensa, las cuales han comenzado a debilitarse y a transitar hacia un horizonte oscuro.
Esta relatoría ha constatado actos violatorios de la libertad de expresión y de prensa, que insinúan prácticas de censura. Uno de ellos es el reciente cierre en televisión abierta del espacio FOCOS, que se transmitía por el Canal 33 de la televisión salvadoreña. El equipo de FOCOS ha dicho que existe un debilitamiento de la independencia editorial del canal, mientras los propietarios de la empresa televisiva guardan silencio. A este caso se suma el cierre de un programa de opinión en Tele Uno, una semana después de las elecciones del 28 de febrero. Por tanto, esta relatoría considera que:
- Los medios tradicionales que intentan resistir están bajo fuertes presiones gubernamentales para que modifiquen sus líneas editoriales y cierren programas de periodismo crítico como FOCOS, que era el único espacio de periodismo cuestionante en la televisión salvadoreña. En esa vía, no sería extraño que en adelante otras empresas mediáticas apliquen cambios en sus políticas informativas.
Los gobiernos pasados usaban la pauta publicitaria gubernamental como premio o castigo por plegarse o distanciarse de la narrativa oficial, esa práctica se ha convertido hoy en una especie de chantaje para las empresas de medios tradicionales que dependen de la publicidad para subsistir, y que han tratado de mantener su independencia editorial.
- Vamos hacia la consolidación de un único discurso mediático, un discurso que no siempre está apegado a la verdad, y que además, promueve la intolerancia total sobre la crítica y estigmatiza a la prensa independiente. Esa versión única de la realidad es divulgada a través de los medios gubernamentales como Canal 10, y a partir del uno de mayo la Televisión Legislativa, además de Diario El Salvador. A ello se suman tres radios gubernamentales de cobertura nacional.
Pero, además, la administración de Bukele controla la línea editorial de dos canales de televisión privados y dos cadenas de radio y medios escritos digitales que son administrados por el Consejo Nacional de Bienes, CONAB. En total, la narrativa gubernamental es replicada por no menos de 20 medios de difusión masiva tradicional, además de los apoyos de youtubers y otras plataformas de distribución de contenidos por Internet.
- Los periodistas son restringidos en su ejercicio profesional y afectados en sus derechos como ciudadanos. Los funcionarios de la administración Bukele han mostrado desde el inicio de la gestión una actitud anti prensa. Restringir el derecho a preguntar durante las conferencias de prensa, excluir a periodistas no alineados de las convocatorias de prensa y de los canales de comunicación oficial; además, dañar la imagen, la dignidad y el decoro de los periodistas críticos, son prácticas comunes.
- La estigmatización de medios y la incitación a la violencia contra periodistas es promovida por funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Esta práctica lleva el propósito de minar la credibilidad de los periodistas independientes. La necesidad de consolidar la narrativa oficial como única, lleva a eliminar otros puntos de vista críticos y a tildar a los periodistas no plegados al oficialismo como “plumas pagadas” o de responder a intereses de “financistas”, frases con las que buscan deslegitimar el trabajo de la prensa independiente.
- Ante esta realidad, no hay que esperar a que persigan o atenten contra la vida de los primeros periodistas. La sociedad civil y la comunidad internacional deben poner atención a lo que está ocurriendo en el país y hacer lo necesario para evitar el peor de los escenarios, la instauración plena de un régimen autoritario. Detrás de la publicación de una investigación periodística, y luego de un tuit del presidente Bukele o alguno de sus funcionarios, vienen las avalanchas de mensajes violentos o amenazas de los seguidores del gobierno, los cuales pueden llegar a concretarse en atentados a la vida. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas ya registra tres casos de seguimiento por vehículos desconocidos o individuos fotografiando residencias de periodistas. Por tanto, instituciones como la Fiscalía General de la República, FGR, también deben actuar, investigando y aplicando la ley a los responsables de estos y otros actos, para evitar la impunidad.
Serafín Valencia Martínez
Relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES.
San Salvador, 02 de abril de 2021.
