Juez bloquea acceso a periodistas en proceso por corrupción
La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información se muestra preocupada ante la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, de no permitir el ingreso de periodistas a la sala de audiencia en el proceso judicial en contra el expresidente Elías Antonio Saca, a pesar que no existe ninguna declaración de reserva total o parcial en el caso.
Por tercer día consecutivo no se permitió el ingreso a los periodistas que dan cobertura noticiosa a los tribunales de justicia donde se desarrolla la audiencia preliminar contra el exmandatario, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, lo que consideramos es una decisión arbitraria del juzgador que coarta el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y las libertades constitucionales de expresión y prensa de quienes transmiten la información. Este caso reviste de importancia para la ciudadanía, por lo cual se debe respetar su derecho a estar informada, sobre todo cuando con la posible comisión de los delitos que se atribuyen, se puede haber generado una afectación colectiva a los ciudadanos.
Ante ello expresamos:
- El sistema judicial debe garantizar los derechos colectivos relativos a la Libertad de Expresión, de prensa y a la información.
- Por tratarse de un caso de afectación a la economía pública, cuya víctima indirecta es la ciudadanía y no un ente privado, el sistema judicial debe permitir la máxima publicidad del caso para que los ciudadanos estén informados.
- Que el sistema judicial debe girar directrices para que a nivel nacional se permita la publicidad del proceso penal en aquellos casos en los que la ley no lo prohíba expresamente.
- Que ante el rechazo del juez a la petición escrita presentada por los periodistas para que se les permitiera el acceso a la diligencia judicial y en caso de persistir la restricción arbitraria que se ha señalado, las organizaciones integrantes de la Mesa nos reservamos el derecho a presentar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para hacer respetar el derecho ciudadano de acceso a la información como garantía constitucional de la democracia.
San Salvador, 26 de abril de 2018