El subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velásquez, agredió físicamente al periodista Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura a la recuperación del cadáver de un estudiante en la rivera del río Tomayate, en la comunidad El Pino, municipio de Apopa.
Pese a estar lejos del área donde recuperaban el cuerpo del joven estudiante, el inspector pidió al periodista que se retirara de la escena porque a su entender estaba interfiriendo el trabajo policial. El periodista le respondió que no interfería y que estaba lejos, pero el oficial se acercó y lanzó el golpe al rostro del reportero.
“Ustedes son de las personas que están en contra de la policía», dijo el subinspector Martínez Velásquez, luego de golpear al periodista.
Beltrán Luna denunció la agresión en su cuenta de Twitter, a lo que algunos usuarios de esa red social reaccionaron con expresiones de intolerancia
Ante esta situación, APES le recuerda a la PNC que debe respetar el trabajo de la prensa, protegido en el Art. 6 de la Constitución de la República.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, denunció al Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas que encontró a dos elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en un acto de supuesta vigilancia frente a su residencia. El hecho ocurrió la tarde del viernes 18 de junio.
“Los militares justo a la entrada de mi casa se habían metido al parqueo común y se me quedaron viendo de manera intimidante, al ver que yo estaba entrando se fueron”, aseguró Cárcamo al Centro de Monitoreo de APES.
Es la segunda vez que elementos de seguridad se ubican a la entrada de su casa; el 4 de mayo la periodista encontró a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual permaneció durante varias horas en las cercanías de su apartamento.
APES hace un llamado a las autoridades de seguridad a no utilizar prácticas de vigilancia contra periodistas y a respetar la integridad personal.
Personal de la Asamblea Legislativa junto con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) trataron de obstaculizar la labor informativa del periodista de la revista Gato Encerrado, Marvin Díaz, quien intentó abordar a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Sandra Yanira Martínez, luego de una reunión sostenida en dicha comisión.
“Un empleado de la Asamblea, acompañado por un agente policial me cuestionó el por qué entrevisté a la funcionaria. Yo me identifiqué como prensa de la Revista Gato Encerrado y les comenté que estaba en mi derecho de preguntar”, dijo el periodista al Centro de Monitoreo de APES.
Al finalizar la reunión de la comisión, personal de la Asamblea bajó las persianas del auditorio donde estaban reunidos los diputados de Nuevas Ideas y se apagaron los micrófonos, publicó en un tweet la mencionada revista.
Una vez más, APES le recuerda a los diputados de todas las fracciones políticas que son funcionarios públicos y como tales están obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y al personal de la Asamblea Legislativa le pide no restringir el acceso de periodistas a las fuentes informativas.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron e intimidaron a periodistas de diferentes medios de comunicación de la zona oriental del país, quienes daban cobertura a un incendio de una bodega ubicada en Barrio San Felipe en el centro de San Miguel.
Los periodistas pretendían abordar a los cuerpos de socorro quienes estaban brindando declaraciones a los medios oficialistas; sin embargo, la PNC les bloqueó la libre circulación.
“Solamente a Diario El Salvador dejaron tener acceso a la escena, a ellos si los dejaron hacer su trabajo, mientras que a los demás periodistas nos sacaron violentamente. Otro oficial nos andaba persiguiendo y tomando fotos por estarles reclamando que nos dejaran hacer nuestro trabajo”, denunció una periodista al Centro de monitoreo de APES.
Según periodistas afectados, esta no es la primera vez que la PNC les niega declaraciones y obstaculiza las coberturas, principalmente en escenas de incendios y homicidios.
APES insiste a las fuerzas de seguridad de El Salvador que deben respetar la labor informativa de periodistas.
Anexos:
Periodistas de diversos medios de comunicación denunciaron que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han obstaculizado el ingreso a las mesas donde se desarrolla el escrutinio final de los resultados electorales. Las restricciones ocurrieron los días miércoles 3 y jueves 4 de marzo en el hotel donde se lleva a cabo el escrutinio final.
“Los policías solo han estado permitiendo el ingreso a los miembros de Canal 10 y personas contratadas del partido Nuevas Ideas que han sido acreditados como multimedia”, denunció un periodista al Centro de Monitoreo de APES. Mientras que el resto de periodistas tienen que esperar hasta que el TSE les deje ingresar para tomar imágenes.
La oficina de comunicaciones del TSE explicó que el instructivo de cobertura de la prensa establece únicamente dos visitas guiadas a las mesas de escrutinio, para evitar aglomeraciones, pero ese instructivo no se ha respetado.
APES recomienda al TSE instalar cámaras de video en las mesas de escrutinio y proyectarlas en el set de prensa instalado en el mismo hotel, y de ser posible en su página web, para que se pueda observar el proceso de escrutinio sin aglomeración de personas.
Además, la asociación pide al TSE mejorar los mecanismos de comunicación con la prensa y se pone a disposición de apoyar protocolos de cobertura segura de contextos electorales.
Un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) restringió el trabajo de un camarógrafo del medio Noticiero Punto Noticias mientras daba cobertura a una campaña de salud en el Centro Escolar Francisco Gavidia, ubicado en el municipio de El Refugio, en el departamento de Ahuachapán.
El agente sacó al periodista del centro educativo argumentando que “no tenían permiso de los medios estatales para permitir el ingreso a otros medios de comunicación”.
APES reitera el llamado a las autoridades de seguridad a respetar el libre ejercicio periodístico y recuerda que los eventos a los que asisten funcionarios de gobierno son públicos y no deben estar sujetos a restricciones arbitrarias de ningún tipo.
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron el libre ejercicio profesional de un periodista freelance, quién hacía tomas fotográficas de la fachada del Banco Central de Reserva (BCR) para un reportaje sobre economía. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. de este viernes 10 de julio.
“Los agentes me pidieron que me retirará de hacer material frente al BCR, porque según me expresaron, nadie puede estar frente a un edificio donde esté un ministro”, expresó el periodista.
Según el afectado, los agentes le dijeron que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas era quien se encontraba en el banco en ese momento.
De acuerdo con la versión de la PNC, desde la institución no se ha dado ninguna directriz que restringa el ejercicio periodístico.
APES demanda de la Policía Nacional Civil y de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial definir y comunicar claramente las políticas de relacionamiento con la prensa para evitar estos inconvenientes. Además, demanda respeto al libre ejercicio periodístico.
Un periodista y un fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH) fueron obstaculizados por un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando daban cobertura a la exhumación de un cuerpo en el cementerio del Cantón Santa Teresa de la jurisdicción de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. La vulneración ocurrió el martes 12 de mayo.
“Cuando llegamos los policías nos dijeron que no podíamos pasar, en ese momento no estaba la cinta amarilla, hasta después la colocaron”, mencionó uno de los periodistas afectados.
El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer la versión de la PNC de la Delegación de Zacatecoluca, quienes respondieron en dos ocasiones que, “no estaban autorizado para dar respuesta ante lo sucedido”.
Ante esta situación, APES reitera el llamado a la PNC a respetar el libre ejercicio periodístico, sobre todo en estos momentos de emergencia cuando la información es crucial para la ciudadanía.
Cabe destacar que los periodistas en ningún momento alteraron o interfirieron con los protocolos de acción de la Policía, por lo que se considera injustificable el accionar de los agentes de seguridad.
Seis soldados de la fuerza Armada de El Salvador (FAES) y tres elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron la labor informativa de un corresponsal de la Radio La Voz de Mi Gente, quien se dirigía hacer una cobertura en un punto de sanitización en la entrada del casco urbano de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán.
El corresponsal pretendía informar a los lugareños sobre las medidas preventivas que está impulsando la localidad ante la emergencia por el COVID-19, pero las fuerzas de seguridad no le permitieron realizar su trabajo. Cabe destacar que el corresponsal portaba su respectiva credencial de prensa.
APES insiste a las fuerzas de seguridad de El Salvador que deben respetar el libre ejercicio periodístico, ya que la labor periodística está garantizada en el decreto ejecutivo 19 que está vigente.
Una fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH) y un fotoperiodista de La Prensa Gráfica (LPG) fueron impedidos de realizar su trabajo por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras daban cobertura a un accidente de tránsito en el Redondel Integración, al norte de San Salvador. La agresión ocurrió este viernes 17 de abril a las 7:30 a.m.
“Yo llegué, intenté hacer fotos de una distancia prudente, sin estorbar, tomando las precauciones. (Pero) el agente me empujó y dijo que no me acercara, que podía provocar un accidente”, dijo el fotoperiodista de LPG al Centro de Monitoreo de APES.
En la misma escena y de manera violenta, el agente tomó de los brazos e intentó apartar a la fotoperiodista de EDH.
Según los afectados, en ningún momento entorpecieron el trabajo que realizaba la PNC y aún así fueron impedidos de realizar su labor periodística.
APES condena este tipo de restricciones a la labor de la prensa por parte de la PNC, y pide a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue este hecho de violación a la libertad de prensa.
