Es importante que el Estado, los propietarios de los medios de comunicación privados o sociales y las gremiales de profesionales del periodismo, alcancen el establecimiento de sinergias que les permitan generar un ambiente donde no existan presiones profesionales, políticas, económicas, laborales o que atenten contra su integridad física, laboral o familiar. Aunado a ello, la falta de marcos normativos específicos que prevengan regule o sancionen las vulneraciones que sufre el gremio periodístico en El Salvador, así como aquellos que resguarden sus derechos personales, familiares y laborales, debe ser un aspecto prioritario y el cual necesita atención de manera inmediata por parte de las autoridades legislativas.
El Salvador, dentro de su ordenamiento jurídico cuenta con normas constitucionales que contemplan principios de igualdad y de reconocimiento al ser humano como inicio y fin del Estado, evidenciando la obligatoriedad de resguardo de los derechos de las personas que se encuentren dentro del territorio salvadoreño.
Sin embargo, la creación, modificación y derogación de leyes secundarias no suelen obedecer a la buena voluntad de las personas gobernantes con facultad de legislar, sino a la lucha de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por salvaguardar sus derechos, por lo que como punto de partida se debe de comprender que en una sociedad tan diversa, el resultado de las acciones, leyes propuestas por el Estado no se puede medir con el mismo rasero, por lo que se vuelve necesario e indispensable la creación de leyes, protocolos, políticas y planes que tutelen derechos a ciertos sectores o poblaciones en específico.
Por ello, el presente anteproyecto de Ley busca llenar ese vacío de ley que actualmente no permite una efectiva e integral protección de todas aquellas personas que ejercen la labor periodística o que están relacionados con las labores que se realizan en medios de comunicación e información.
Puedes descargar el anteproyecto aquí: ANTEPROYECTO DE LEY
