Yearly Archives: 2021

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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), organizaciones asociadas por la libertad de prensa, y el Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), expresamos nuestro respaldo al periódico digital El Faro ante el indicio de acoso fiscal del que ha sido sujeto desde julio de 2020.

Un equipo de auditores del Ministerio de Hacienda trasladó a El Faro las conclusiones preliminares de una auditoria planteando que habría evadido impuestos, lo cual carece de fundamento tal como muestra El Faro en su propio editorial.  

Estas acusaciones, que son muestra de una posible desviación en el ejercicio del poder gubernamental, afectan el prestigio y credibilidad que El Faro ha cosechado en más de dos décadas de funcionamiento, período en el que ha destapado casos de corrupción de gobiernos anteriores y del actual, con pruebas contundentes y bajo un esquema riguroso de investigación.

De igual manera, periodistas de El Faro han denunciado restricciones y amenazas a su ejercicio como profesionales, que incluye un limitado acceso a información pública y una estigmatización por ser parte de este medio, así como difamación y acoso, e incluso seguimientos. Unas restricciones y amenazas que han dado lugar a unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como Asocio, hacemos un llamado a las autoridades a:

  1. Actuar apegados a la ley y evitar deslegitimar el trabajo de El Faro por medio de acusaciones que carecen de fundamento y que provocan un desgaste que obstaculiza la labor principal de este medio: hacer periodismo.
  2. Cesar el ataque contra la integridad del personal de El Faro, así como contra cualquier persona periodista, y respetar su derecho de ciudadanos y ciudadanas a pedir rendición de cuentas, en aras de la transparencia y la democracia.
  3. Respetar el ejercicio del periodismo en general, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

San Salvador, 22 de abril de 2021.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena los ataques a través de redes sociales hechos por un empleado público, el secretario de Prensa de la Presidencia, contra la presidenta de esta asociación, la periodista Angélica Cárcamo. 

Desde la cuenta del secretario de Prensa de la Presidencia, quien está cargo de una institución que funciona con fondos públicos, se han publicado durante los últimos dos días una serie de mensajes ofensivos y estigmatizantes, en los que se cuestiona de manera infundada la solvencia e imparcialidad de nuestra representante, quien a la par de su actividad profesional como periodista, trabaja al frente de la principal asociación de periodistas del país.

En forma reiterada, el funcionario en cuestión ha demostrado su intolerancia ante los señalamientos que, a nivel nacional e internacional, se han hecho a la actual administración del Órgano Ejecutivo. El más reciente es el retroceso mostrado en el “Índice Mundial de Libertad de Prensa”, que año con año publica la organización global “Reporteros Sin Fronteras” y que en su último informe demuestra cómo El Salvador retrocedió en ocho posiciones en comparación al año anterior, ubicándose en la categoría de países con una situación problemática.

Las razones por las que fuera del país se tiene una percepción negativa de la libertad de expresión en El Salvador no son imputables al trabajo que desde hace años viene desarrollando la presidenta de APES en defensa de la libertad de prensa y en favor de los derechos humanos. Se deben exclusivamente a la intolerancia de los empleados de gobierno que, en circunstancias como las que ahora denunciamos, muestran irrespeto a la crítica ciudadana y al trabajo periodístico, a pesar de que son los primeros llamados a garantizarlo, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La APES exige al gobierno, a través de sus funcionarios, que cese sus ataques a la prensa salvadoreña y que termine su estrategia que busca estigmatizar a los y las colegas que ejercen un periodismo sin ataduras. Los funcionarios, y en especial el secretario de Prensa de la Presidencia, deben procurar la transparencia en la gestión y el acceso a la información pública, tal como los obliga la ley. 

Nuestra asociación, con 84 años de existencia, es apolítica y es un referente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y de las asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros.

En la APES continuaremos con nuestra labor de documentar y denunciar cualquier vulneración contra el gremio de periodistas en El Salvador, y a la vez, seguiremos exigiendo respeto al trabajo de los y las colegas que cada día desempeñan sus labores a pesar de las restricciones que se les pretende imponer, al ataque infundado de algunos empleados públicos y a la tolerancia de las máximas autoridades que deberían ponerle un alto a estos.

 

San Salvador, 22 de abril de 2021. 

 

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El ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa es condición fundamental para el ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas. Sin ella, el periodismo no puede cumplir a cabalidad su rol de fiscalizador del poder, principalmente cuando los gobernantes se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía.

Investigar y publicar los hallazgos para informar sobre aquello que está mal en la sociedad, y echar luces sobre lo que el poder quiere mantener a oscuras, es el trabajo de los periodistas y una de las funciones de los medios de información. Pero para lograrlo, periodistas y medios deben tener garantías de libertad de expresión y de prensa, las cuales han comenzado a debilitarse y a transitar hacia un horizonte oscuro.

Esta relatoría ha constatado actos violatorios de la libertad de expresión y de prensa, que insinúan prácticas de censura. Uno de ellos es el reciente cierre en televisión abierta del espacio FOCOS, que se transmitía por el Canal 33 de la televisión salvadoreña. El equipo de FOCOS ha dicho que existe un debilitamiento de la independencia editorial del canal, mientras los propietarios de la empresa televisiva guardan silencio. A este caso se suma el cierre de un programa de opinión en Tele Uno, una semana después de las elecciones del 28 de febrero. Por tanto, esta relatoría considera que:

  1. Los medios tradicionales que intentan resistir están bajo fuertes presiones gubernamentales para que modifiquen sus líneas editoriales y cierren programas de periodismo crítico como FOCOS, que era el único espacio de periodismo cuestionante en la televisión salvadoreña. En esa vía, no sería extraño que en adelante otras empresas mediáticas apliquen cambios en sus políticas informativas.

Los gobiernos pasados usaban la pauta publicitaria gubernamental como premio o castigo por plegarse o distanciarse de la narrativa oficial, esa práctica se ha convertido hoy en una especie de chantaje para las empresas de medios tradicionales que dependen de la publicidad para subsistir, y que han tratado de mantener su independencia editorial.

  1. Vamos hacia la consolidación de un único discurso mediático, un discurso que no siempre está apegado a la verdad, y que además, promueve la intolerancia total sobre la crítica y estigmatiza a la prensa independiente. Esa versión única de la realidad es divulgada a través de los medios gubernamentales como Canal 10, y a partir del uno de mayo la Televisión Legislativa, además de Diario El Salvador. A ello se suman tres radios gubernamentales de cobertura nacional.

Pero, además, la administración de Bukele controla la línea editorial de dos canales de televisión privados y dos cadenas de radio y medios escritos digitales que son administrados por el Consejo Nacional de Bienes, CONAB. En total, la narrativa gubernamental es replicada por no menos de 20 medios de difusión masiva tradicional, además de los apoyos de youtubers y otras plataformas de distribución de contenidos por  Internet.

  1. Los periodistas son restringidos en su ejercicio profesional y afectados en sus derechos como ciudadanos. Los funcionarios de la administración Bukele han mostrado desde el inicio de la gestión una actitud anti prensa. Restringir el derecho a preguntar durante las conferencias de prensa, excluir a periodistas no alineados de las convocatorias de prensa y de los canales de comunicación oficial; además, dañar la imagen, la dignidad y el decoro de los periodistas críticos, son prácticas comunes.
  2. La estigmatización de medios y la incitación a la violencia contra periodistas es promovida por funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Esta práctica lleva el propósito de minar la credibilidad de los periodistas independientes. La necesidad de consolidar la narrativa oficial como única, lleva a eliminar otros puntos de vista críticos y a tildar a los periodistas no plegados al oficialismo como “plumas pagadas” o de responder a intereses de “financistas”, frases con las que buscan deslegitimar el trabajo de la prensa independiente.
  3. Ante esta realidad, no hay que esperar a que persigan o atenten contra la vida de los primeros periodistas. La sociedad civil y la comunidad internacional deben poner atención a lo que está ocurriendo en el país y hacer lo necesario para evitar el peor de los escenarios, la instauración plena de un régimen autoritario. Detrás de la publicación de una investigación periodística, y luego de un tuit del presidente Bukele o alguno de sus funcionarios, vienen las avalanchas de mensajes violentos o amenazas de los seguidores del gobierno, los cuales pueden llegar a concretarse en atentados a la vida. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas ya registra tres casos de seguimiento por vehículos desconocidos o individuos fotografiando residencias de periodistas. Por tanto, instituciones como la Fiscalía General de la República, FGR, también deben actuar, investigando y aplicando la ley a los responsables de estos y otros actos, para evitar la impunidad.

Serafín Valencia Martínez

Relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES.

San Salvador, 02 de abril de 2021.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) da a conocer este día el Manual de seguridad para la prensa salvadoreña, a los periodistas de las tres zonas del país. 

Este manual se planteó como una respuesta al aumento de vulneraciones a periodistas en los últimos años, de acuerdo con los datos reportados por el Centro de Monitoreo de agresiones contra la prensa de APES. En 2018 se registraron 65 casos, la cifra aumentó para el 2019 con 77 incidentes y en el año 2020 se reportaron 125 casos.

Entre las recomendaciones que se pueden encontrar en el manual se encuentran consejos en caso de acoso digital, coberturas en zonas de riesgo y durante desastres naturales, cobertura de manifestaciones, primeros auxilios básicos, manejo del estrés, mensajería segura, entre otros temas que han tomado un auge en el contexto nacional.

Este es el primer manual diseñado para la cobertura local con el objetivo de brindar una cobertura integral a los y las periodistas. Para ello el manual contempla recomendaciones en tres áreas interconectadas: seguridad física, seguridad digital y auto-cuido psicosocial.

APES entregó a los y las periodistas el manual en su versión digital para la consulta y uso personal y de salas de redacción. También facilitó el documento a docentes de periodismo de las universidades del sector para contribuir a la formación de los futuros profesionales.

El manual estará disponible en la página web de la asociación www.apes.org.sv/manual-seguridad para su consulta y descarga gratuita. Así mismo, el portal contará con una variedad de recursos adicionales a la seguridad y protección. En el sitio se podrán encontrar videos cortos con recomendaciones dadas por periodistas, afiches con recomendaciones básicas por áreas, un directorio de organizaciones para el apoyo en las tres áreas mencionadas, entre otros.

Este manual se ha desarrollado como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la defensa de los derechos de los y las periodistas de El Salvador”, que cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

UNESCO enmarca este proyecto dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas;” y en la búsqueda de aportar a la garantía y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión.

San Salvador, 26 de marzo de 2021.

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Andorra la Vella, 18 de marzo de 2021. El Gobierno de Andorra ha abierto el plazo para la acreditación de periodistas y medios de comunicación que deseen cubrir de manera presencial o virtual la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el 21 de abril en este país.

Los periodistas o medios que quieran acreditarse para realizar la cobertura presencial de la Cumbre Iberoamericana desplazándose a Andorra deben hacerlo a través del siguiente enlace, prestando especial atención a la documentación necesaria para ingresar a Andorra, así como los requisitos sanitarios relacionados con el COVID-19.

Los periodistas o medios que deseen realizar la cobertura de la XXVII Cumbre Iberoamericana de manera virtual deben registrarse aquí.

Quienes se acrediten (tanto en la modalidad presencial como en la virtual) tendrán a su disposición contenidos útiles para la cobertura periodística, accederán a las transmisiones y a recursos multimedia, recibirán alertas de todos los eventos dentro y fuera de la agenda, y podrán formular preguntas durante las ruedas de prensa.

El periodo de acreditaciones para medios de comunicación y prensa será entre el 18 de marzo y el 12 de abril.

La XXVII Cumbre Iberoamericana será la primera ocasión en la que los 22 Jefes de Estado y de Gobierno de la región se reúnan desde que empezó la pandemia del COVID-19 con el fin de articular soluciones concretas para la recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental.

El lema escogido por Andorra para la Cumbre es “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.

Fuente: Secretaría General Iberoamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Debido al aumento de vulneraciones a periodistas en los últimos años, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trabajó en la elaboración de un Manual de seguridad para la prensa salvadoreña, el cual se dará a conocer en los próximos días.  

El documento incluye recomendaciones desde una perspectiva holística: consejos para la protección personal en el ámbito físico y digital, bioseguridad, auto-cuido y consideraciones para diversos tipos de coberturas, incluyendo desastres por fenómenos naturales. Dicho manual será de acceso libre tanto para periodistas, salas de redacción, estudiantes de periodismo y academia.  

El Informe de Libertad de Expresión en El Salvador 2020 de la APES destaca un incremento de las agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación, los cuales fueron reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. 

En el año 2018 se reportaron 65 casos de agresiones y vulneraciones a la prensa, en el año 2019 la cifra subió a 77 y para el 2020 se reportaron 125 casos, duplicando la cifra registrada en el 2018.  

Dentro de las vulneraciones se destaca la restricción al ejercicio periodístico, el acoso digital, bloqueo al acceso a la información pública, campañas y discursos estigmatizantes, intimidación, hurtos y amenazas verbales. 

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de la prensa incrementando el riesgo en el área de la salud, al tener un mayor grado de exposición por las mismas actividades que conlleva la profesión. 

Esta es la primera vez que la prensa salvadoreña contará con un manual diseñado para la cobertura local tomando en consideración los aspectos mencionados.  

La socialización del manual incluye realizar foros regionales en los que se discutirá sobre la seguridad y medidas de protección para periodistas. APES contará con la participación virtual de Zuliana Laínez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), entre otros. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte del proyecto “Fortalecer la defensa de los derechos de los y las periodistas de El Salvador”. El programa se centra en tres actividades principales: elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la prensa salvadoreña, un manual de seguridad para periodistas salvadoreños y realización de conferencias para discutir sobre los mecanismos y medidas necesarias para una prensa segura.  

UNESCO enmarca este proyecto dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas;” y en la búsqueda de aportar a la garantía y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión en El salvador.

 

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El 23 de octubre de 2018, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el «Anteproyecto de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la comunicación y la información», a la fecha no hay avances por parte de los legisladores. 

Puedes leer el documento aquí: PROYECTO DE LEY_MARZO 2021

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La Mesa de Protección a Periodistas muestra su preocupación ante el aumento de casos de vulneraciones a la libertad de prensa y el acceso a la información que, según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), suman 94 casos durante el 2021.

Las afectaciones se concentran en: restricciones al ejercicio periodístico (61 casos), declaraciones estigmatizantes, bloqueos al acceso a la información pública, bloqueos en redes sociales, acosos digitales, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenaza a la vida.  
Entre los casos más preocupantes están las denuncias de toma de fotografías de casas de habitación de periodistas, el abuso de poder de autoridades de seguridad pública y las expresiones de acoso hacia  mujeres periodistas.

 
Para la Mesa, estos hechos deben ser considerados una alerta que podrían derivar en afectaciones a la integridad física de los y las colegas. 
Por otro lado, es preocupante la instrumentalización de los medios de gobierno como Canal 10, Radio Nacional y Diario El Salvador para hacer propaganda gubernamental y hasta desinformación.

A ello se suman los medios privados administrados por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) en los que se ha despedido personal para contratar personas afines al gobierno de turno. 
Ante este contexto es urgente que la actual Asamblea Legislativa inicie rápidamente la discusión de la propuesta de ley de protección integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que fue presentada en 2018 en el congreso. No aprobar la ley implicaría que la nueva legislatura no la apruebe o le haga reformas con la finalidad de limitar los alcances de la misma. 

La propuesta de ley contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.
Otra propuesta que se encuentra en el parlamento es la de publicidad gubernamental, que busca garantizar una distribución equitativa de la pauta en los medios de comunicación.    

También hacemos un llamado a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa para que se abstenga de realizar acciones que atenten al trabajo periodístico, tales como difamaciones, calumnias y todo tipo de hostigamientos que perjudiquen el acceso a la información por parte de los medios de comunicación a cubrir las sesiones de trabajo y plenarias a realizarse.

En tal contexto, anticipadamente exigimos a la nueva legislatura permitir a la prensa conocer la propuesta de auditoría a realizarse en dicho Órgano de Estado, los resultados de la misma y las acciones a implementar para solventar los hallazgos que esta arroje.

Finalmente, la Mesa hace un llamado a los diversos organismos internacionales a mantener un monitoreo permanente en El Salvador y generar los llamados de atención oportuna para evitar mayores retrocesos a la libertad de expresión. 

San Salvador, 15 de marzo de 2021.