En El Salvador, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ocurre en un alarmante contexto de hostilidad hacia el ejercicio de la labor periodística, que se acentúa en la estigmatización a las mujeres periodistas quienes sufren acosos digitales e intimidaciones, es decir, existe un doble rasero de violencia por ser mujeres y por su labor como periodistas.

El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) revela que los casos denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de agresión incrementaron en un 165% (69 casos) hasta el mes noviembre de 2021, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26 casos.

Este aumento tiene como raíz el constante acoso que mantiene el régimen actual. APES reportó que casi una tercera parte de las 209 denuncias acumuladas en lo que va de 2021 han sido realizadas por mujeres periodistas. Los incidentes más recurrentes son: restricción al ejercicio periodístico (30), declaraciones estigmatizantes (8), bloqueo al acceso de información pública (7), intimidación (7), acoso digital (6) y despidos injustificados (4).  Otras denuncias incluyen acoso sexual, agresión física, ataque digital y censuras.

La violencia ejercida a través de las redes sociales tiene como característica un ataque diferenciado y sexualizado que busca socavar la dignidad e integridad de las mujeres periodistas, bajo el riesgo de que las amenazas concluyan en un ataque físico.

Además, las vulneraciones son cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad:  Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada; funcionarios del órgano Ejecutivo y Legislativo; simpatizantes de partidos políticos y/o usuarios de redes sociales.

APES ha registrado y publicado diferentes casos donde funcionarios públicos, desde el presidente de la república hasta ministros o diputados del partido oficialista, han realizado declaraciones estigmatizantes o restringido la labor de las colegas de medios de investigación como Gato Encerrado, Factum y El Faro.

Pese a los datos es importante recalcar que las cifras sólo reflejan una parte de la situación que viven las mujeres periodistas en El Salvador. El acoso sexual y laboral, discriminación y desigualdad en diferentes ámbitos siguen permeando la realidad de este sector dentro de los medios de comunicación donde jefaturas y fuentes de información son también los principales agresores, que por su relación de poder influyen en que no se denuncien los casos o que no prosperen en el sistema de justicia.

En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, desde APES alzamos la voz de rechazo a todas las acciones que agredan la integridad de las mujeres periodistas y reiteramos el compromiso de seguir acompañando a todas aquellas colegas que denuncien cualquier vulneración a sus derechos.

Desde este espacio hemos desarrollado diferentes acciones por visibilizar la situación de las mujeres periodistas, que van desde capacitaciones sobre sus derechos hasta el acompañamiento jurídico y procesos atención psicosocial.

Llamamos a las colegas a denunciar cualquier tipo de agresión de la que sean objeto, y exigimos al Gobierno un alto a todas las acciones que vayan en detrimento de los derechos humanos.

APES se mantendrá vigilante del contexto nacional y llama de manera enérgica a la sociedad civil y comunidad internacional a no retirar la mirada de El Salvador, que por hoy encuentra amenazada su democracia y Estado de Derecho.

San Salvador, 25 de noviembre de 2021.

El Estado salvadoreño ha arreciado su campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente del país. En los últimos días, empleados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos de alto nivel y hasta el señor Nayib Bukele han intensificado sus agresiones, amenazas y difamaciones contra periodistas de medios tradicionales y digitales que durante los últimos dos años han dado a conocer diferentes casos de corrupción de la actual administración.

En un hecho sin precedentes en la actual administración, el principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó al medio GatoEncerrado para que revelara las fuentes de una investigación donde daban a conocer de una reunión entre Argueta y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo. Es una de las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse con total libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar al periodismo información que pueda ser relevante para la opinión pública. Es, además, una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna.

Las leyes salvadoreñas y los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño protegen el secreto profesional del gremio periodístico en El Salvador. El Código Procesal Penal C.Pr.Pn.-, en su artículo 206, y la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en su artículo 20, establecen, de una forma muy clara, que los y las periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.

Tal es el caso de la declaración de principios de libertad de expresión del sistema interamericano, con relación al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en el principio número 8, además, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Traído a nuestra legislación, se encuentra intrínsecamente relacionado al secreto profesional -Art. 205 C.Pr.Pn-, y es así como se reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

Los funcionarios públicos no pueden aducir desconocimiento de las leyes. El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno, que sistemáticamente ha violado la Constitución de la República, de violentar la libertad de prensa en El Salvador.

Es preocupante, además, la interpretación a conveniencia que realizó el asesor jurídico respecto a la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, misma que es clara en señalar que “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política (…) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos  por quienes ejerzan el periodismo”, sin embargo, no es una habilitación a la impunidad, ya que todo regla general tiene su excepción, puesto que si se llegase a comprobar que lo expresado se realizó

con intención de dañar -dolo- sí se estaría sujeto a sanción penal; es decir, lo que se penaliza es cuando en ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, se calumnie o injurie; en principio, estos delitos no son perseguibles por la Fiscalía General de la República porque son de acción privada, es decir, la persona que se sienta agraviada debe iniciar la acusación ante los tribunales de sentencia -Art. 439 C.Pr.Pn.-.

La preocupación planteada se extiende cuando recientemente se ha cambiado un criterio jurisprudencial respecto al tema de la reelección presidencial, por lo tanto, sería lamentable que la actual Sala de lo Constitucional cambie el criterio y la confirmación de protección señalada en la Inc. 91-2007 que fue promovida por el ciudadano Roberto Bukele Simán.

La Mesa de Protección a Periodistas también alerta por el reciente ataque contra un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovido por el Órgano Ejecutivo. La ola de ataques y difamaciones, en la que participó activamente el señor Bukele, pretende hacer creer a la opinión pública que el directivo de APES participó en la destrucción de un cajero bitcóin.

Lo preocupante en este caso no es solo las mentiras del oficialismo o su intento de desinformar a la población, si no que la escalada del discurso de odio contra la prensa, y su asociación más representativa, deriven en violencia contra los y las periodistas y en actos arbitrarios como las detenciones ilegales.

En esa línea de irracionalidad e intolerancia se enmarca el más reciente caso de agresión contra periodistas. La semana pasada, un seguridad de la Asamblea Legislativa agredió a un periodista y le arrebató su equipo de trabajo. La Asamblea, controlada por Casa Presidencial, repite por desgracia el guión oficial que busca limitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Como se ha logrado evidenciar con las últimas acciones realizadas por el Ejecutivo y Legislativo en perjuicio del trabajo periodístico, también se identifica que existe una tendencia progresiva de estigmatización ya no solo a la libertad de expresión y prensa, sino también ataques a otras libertades y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos como el derecho a la libre asociación, pues persiste un amplio repertorio de difamación que ha conllevado a asimilar a las organizaciones de sociedad civil de ser manipuladas por agentes o entidades extranjeras -y, por tanto, necesariamente hostiles al Gobierno-, lo que ha elevado a los funcionario públicos a realizar calificaciones infundadas de “terroristas”, o cualquier otra etiqueta ofensiva o criminalizante que permita desacreditar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ante los ojos de la opinión pública.

San Salvador, 20 de septiembre de 2021.