Comunicados

Comunicados

0 42

La Mesa de Protección a Periodistas pide a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar las denuncias de agresiones sexuales hacia mujeres periodistas, publicadas en el periódico digital Voz de la Diáspora, y en el que es señalado como un presunto acosador sexual,  Roberto Hugo Preza, director de noticias de Grupo Megavisión. 

Para la Mesa, las agresiones sexuales a mujeres periodistas son un hecho inaceptable que atenta contra su dignidad, libertad sexual, el derecho al trabajo sin discriminación, y en específico el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, obligación asumida por el Estado salvadoreño, al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento que dio vida a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; y, afecta el ejercicio periodístico hacia aquellas mujeres que ni siquiera al interior de sus medios de comunicación están seguras, y a quienes pretenden incursionar en el campo profesional, limitando el derecho de las mujeres a desarrollarse en dicha área. 

El “Diagnóstico sobre el Entorno de Trabajo de las Mujeres Periodistas y Comunicadoras Sociales en El Salvador”, publicado en enero de 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los  Derechos Humanos (PDDH), reveló que más del 96% expresó problemas de acoso sexual al interior de los medios de comunicación, y el 100% manifestó sufrir algún tipo de acoso durante su trabajo diario.

La Mesa repudia cualquier tipo de expresión de acoso sexual hacia mujeres periodistas y ofrece a las víctimas que se acerquen a la APES, a la Colectiva de Mujeres Periodistas o a la PDDH, para que reciban información sobre los derechos que las asisten, y proporcionarles acompañamiento psicoemocional y legal. La APES pone a disposición el número 7746 4325, del Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas.

Ante este entorno de violencia, inseguridad, y discriminación, la Mesa de protección a periodistas presentó en octubre de 2018 ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Protección Integral para Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, sin que a la fecha se haya iniciado la discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Dicha propuesta de ley incorpora mecanismos de prevención y atención a mujeres periodistas víctimas de acoso sexual, y obliga a que los medios de comunicación implementen políticas institucionales de género, para abordar de forma oportuna este tipo de casos; además sugiere una serie de acciones para que instancias como FGR, PDDH e ISDEMU tengan un papel más efectivo en la atención de estos casos.

Así mismo, reitera a la Fiscalía General de la República realizar una investigación en respeto al principio de la debida diligencia, con enfoque de género,  independiente y transparente, que permita identificar y enjuiciar a los agresores y garantizarle a las víctimas su derecho a la reparación integral.

Hacemos un llamado a la sociedad civil a la sororidad, reafirmamos que la violencia contra las Mujeres es inaceptable, y reprobable, cualquiera que sea su proveniencia, y reafirmamos nuestro compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral, con énfasis a quienes se dedican al ejercicio periodístico.

La Mesa también exige a la Fiscalía investigar de oficio los ataques digitales contra el medio que publicó las denuncias sobre el señor Preza y los mensajes difamatorios contra las periodistas que hicieron la investigación, la mayor parte de estos ataques provienen de la cuenta de twitter denominada «Brozo».

San Salvador,15 de noviembre de 2019

  

0 68

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  se complacen en invitarles a la capacitación: “Conozcamos qué es el GAFI, sus recomendaciones y conceptos”

  • Objetivo:

Que periodistas y trabajadores de la comunicación conozcan la normativa internacional relacionada al combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas.

  • Contexto:

El día 24 de septiembre ante la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una reunión entre los diputados que la integran y representantes del Grupo de Acción Financiera del Caribe -GAFIC-, quienes recomendaron a los legisladores y Fiscal General de la República realizar procesos de consulta con todos los sectores del país para la evaluación antes mencionada y para la aprobación de la Ley Especial de Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.

  • Facilitadora:

La capacitación será impartida por Claudia Guadamuz, asesora legal para América Latina y el Caribe del International Center for Not-for-Profit Law -ICNL- posee más de diez años de experiencia trabajando en políticas públicas con un enfoque en las áreas de gobernabilidad democrática y fortalecimiento de la sociedad civil. Asimismo, posee amplio conocimiento en temas de estándares internacionales de derechos humanos relacionados al derecho de libre asociación, organizaciones sin fines de lucro y libertad de expresión.

Día: Jueves 24 de octubre 2019 

De: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lugar: Restaurante Los Cebollines, sucursal Escalón, salón Morelos.

Por favor confirmar su participación a la siguiente dirección electrónica:

herbertserafin@fespad.org.sv o a los números 2236-1829 o 7417-9532.

0 76

La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por gremios de periodistas, organizaciones de derechos humanos y academias, ve con profunda preocupación una serie de vulneraciones al ejercicio periodístico, libertad de prensa y acceso a la información pública durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los casos expuestos han sido registrados por el Centro de Monitoreo de Atención de Agresiones hacia Periodistas de la APES.

Restricciones a la libertad de prensa

El caso más reciente fue contra periodistas de El Faro y Factum, a quienes se les negó el acceso a una conferencia de prensa en Casa Presidencial en donde se presentaba la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que contó con la participación de un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA).  Anteriormente APES ya había registrado la negativa del equipo de comunicaciones de la presidencia de restringir el derecho de pregunta a ciertos medios de comunicación.  

También vemos con suma preocupación las restricciones de cobertura periodística de hechos de violencia por parte de miembros de la Policía Nacional Civil. El Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas ha registrado 3 casos de restricción a estos hechos en el que se les interpela a los periodistas sobre cómo conocieron el hecho de violencia, les piden eliminar las fotografías o grabaciones de video de los hechos, se les exige el Documento Único de Identidad (DUI) para tomarles una fotografía y, en algunos casos, son amenazados y acusados de “interferir en los procedimientos policiales”. Los casos se han registrado en los departamentos de Cabañas, Chalatenango y Sonsonate.  

La Mesa de Protección a Periodista ve con preocupación esta situación, pues, al consultar a las autoridades sobre los casos, se nos responde que no tienen conocimiento de los hechos. En ese sentido hacemos un llamado al Ministro de Seguridad y Justicia a que retome el diálogo con la Mesa de Protección a Periodistas, tal y como se ha expresado en una carta enviada el pasado 27 de agosto.

Falta de equidad en espacios de entrevistas

Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele vemos con preocupación la falta de equidad en la participación de espacio de entrevistas televisivas y radiales.  

Tras un monitoreo de medios de comunicación, la mayoría de los funcionarios del nuevo gobierno participan en las tres cadenas de medios: Tele Corporación Salvadoreña, Red Salvadoreña de Medios y Grupo Mega visión, en menor cantidad se registra participación de funcionarios en otros medios, misma exclusión enfrenta el canal estatal 10.

Además, vemos con preocupación que, a la fecha, el presidente Bukele no haya brindado ninguna entrevista a medios nacionales. Las pocas entrevistas han sido realizadas por medios internacionales y transmitidas posteriormente por las mismas cadenas.

En ese sentido, la Mesa de Protección a Periodistas recomienda al gobierno del presidente Bukele que implemente una política de comunicación pública que garantice el derecho ciudadano de acceso a la información a todos los sectores de la población salvadoreña. 

Aumento de expresiones de odio en redes sociales

Del 01 de junio al 31 de agosto del 2019 el Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas registró 4 expresiones de odio contra periodistas que mostraron una postura crítica al gobierno del presidente Bukele. Entre ellos están el de las periodistas Mariana Belloso a quién le suspendieron la cuenta de twitter temporalmente, y luego contra la periodista Karen Fernández, a quien la amenazaron con violarla y matarla.

Falta de transparencia y acceso a la información

La Mesa de Protección a Periodistas ve con preocupación que, a 100 días del gobierno del presidente Bukele, se haya eliminado la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia sin que se informe qué instituciones del Estado están sustituyendo a dicha entidad. APES ha registrado casos de periodistas que han hecho solicitudes de acceso a la información de carácter oficiosa, pero los plazos de entrega sobrepasan lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Además, preocupa la negativa de hacer públicos convenios firmados por el gobierno. Ej.: convenio con la Organización de Estados Americanos para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), convenios con el gobierno de Estados Unidos en temas migratorios y seguridad.

Estrategia de comunicación limitada y excluyente

Anteriormente, la Mesa de Protección a Periodistas hizo un llamado al presidente Bukele tras observar una ausencia de una estrategia integral de información hacia la ciudadanía. El uso de redes sociales como Twitter es una estrategia limitada, debido a que no todas las personas tienen acceso y a la dificultad de informar con amplitud, detalle y profundidad sobre el quehacer gubernamental. 

Falta de tutela de los derechos laborales de periodistas despedidos en medios

Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele, APES ha registrado 46 periodistas o profesionales de la información despedidos de forma irregular en distintos medios de comunicación (Radio YSUCA, Diario El Mundo, Canal Gentevé, La Prensa Gráfica y Canal 12) así como instituciones y medios estatales (Ministerio de Obras Públicas y Transparencia Activa).

Hemos visto cómo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) realiza inspecciones laborales en algunos medios, pero en otros no actúa.

Recientemente la Mesa de Protección a Periodistas solicitó una reunión al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, que recién fue confirmada por su equipo de trabajo, y en el cual buscamos que el Ministerio garantice el respeto de los derechos laborales de las y los periodistas en El Salvador.

Falta de transparencia y asignación de la pauta gubernamental 

En los últimos meses APES ha registrado un monitoreo de la pauta gubernamental en medios de comunicación. Los cuales se ve en su mayoría en 3 cadenas televisivas y dos medios escritos. Al consultar a otros medios de comunicación, la asignación de la pauta es mínima o nula. APES ha solicitado información detallada da la asignación de la pauta gubernamental, a través de una solicitud de acceso a la información pública para tener detalles de la distribución de estos fondos del Estado.  

La Mesa de Protección a Periodistas considera que la pauta gubernamental no puede ser vista como un medio de premio o castigo y que deben establecerse políticas transparentes y equitativas para su asignación.

Ante este panorama, la Mesa de Protección a Periodistas exhorta nuevamente al presidente Nayib Bukele, así como a sus funcionarios/as y sus colaboradores/as, respetar la libertad de prensa y facilitar el ejercicio periodístico, evitando cualquier tipo de restricción o condicionamiento. De igual manera, demandamos la implementación de una política de comunicación pública que garantice el derecho ciudadano de acceso a la información.

Finalmente, la Mesa de Protección a Periodistas pide a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU mantenerse pendiente de la situación de la libertad de prensa y derecho de información en El Salvador.

San Salvador, 10 de septiembre de 2019.

0 127


La Mesa de Protección a Periodistas y personas Trabajadoras relacionadas a la Información, conformada por APES, ASPIES, Colectiva de Mujeres Periodistas, ARPAS, FESPAD, UCA y PDDH, muestra su preocupación ante el aumento de vulneraciones laborales hacia periodistas de distintos medios de comunicación en El Salvador. 

Datos del Centro de Monitoreo de atención a periodistas de APES registra del 01 de enero hasta el 29 de agosto de 2019 más de 140 casos de vulneraciones laborales y despidos irregulares en los medios de comunicación, tales como: Gentevé, Megavisión, YSUCA, El Salvador Times, El Diario de Hoy, Mix de Medio, Telecorporación Salvadoreña, Radio Bálsamo, Diario El Mundo y recientemente en La Prensa Gráfica, Periódico Mi Chero y El Gráfico.  

Entre las denuncias de vulneraciones laborales se encuentran la retención de prestaciones laborales, pago irregular de salario, horas extras no pagadas, modificación de contrato para disminución de salario, acoso laboral y coacción psicológica para realizar coberturas de alto riesgo sin contar con las garantías mínimas de seguridad, amenazando con despido sino se realiza lo solicitado.

Respecto a los despidos reportados en los últimos 8 meses del 2019, las empresas mediáticas argumentan que lo hacen por “reestructuración” o “crisis económica”, este último punto es el argumento más utilizado en los últimos años, pero se ha vuelto una práctica para cesar y contratar nuevos periodistas, en su mayoría con salarios más bajos. 

La Mesa de Protección a Periodistas denuncia los despidos masivos y el clima de acoso e inestabilidad laboral que continúan al interior de las empresas de comunicación. Además, insta a los empresarios de medios a no sacrificar su principal capital que es la credibilidad, sustentada en la experiencia de su personal que ahora están despidiendo, por bajos salarios y estratégias de mercado basadas en los “clicks”.

Desde APES se han tenido registros de colegas que han sufrido vulneraciones a sus derechos laborales en medios de comunicación privados que denuncian a través del call center 130, pero al llamar para solicitar la inspección hacia el medio de comunicación, se les pide que asistan de forma personal o grupal a las instalaciones del MTPS para hacer la denuncia oficial, y que no aplica la inspección al hacer la denuncia por medio telefónico.  Sin embargo, se conocen de inspecciones en Gentevé y Mayavisión aplicando este procedimiento de llamada anónima.

Reiteramos al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, la solicitud de retomar el convenio entre APES y MTPS realizado en 2017, y cuya carta de solicitud de reunión se envió el 26 de agosto del presente año, de la cual aún no hemos obtenido respuesta.

Finalmente, la Mesa reitera la importancia de la aprobación de la Ley de Protección Integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que aún está pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa.

 

San Salvador, 30 de agosto de 2019. 

 

0 618

La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, es una organización que tiene como misión “el fortalecer la unidad y la organización de los profesionales del periodismo, mejorar su desarrollo profesional a través de la capacitación continua, procurar condiciones laborales dignas, garantizar la defensa de la libertad de expresión y de prensa, y concretar relaciones con organismos nacionales e internacionales relacionados con el quehacer periodístico”. 

Dentro de los últimos años la APES viene registrado una serie de casos de vulneraciones al ejercicio periodístico, mismos que se expresan en diferentes formas como: intimidaciones,  amenazas y restricciones a coberturas mediáticas; pero también, a través de vulneraciones y precarización laboral. 

En el Informe Anual de la Relatoría de Libertad de Prensa de la APES, 2018-2019, se registraron 88 casos de vulneración laboral y se destaca el débil papel que han tenido las instancias como el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República. En un escenario de poco apoyo institucional por parte del Estado, muchos y muchas colegas que se encuentran en situaciones de vulneración laboral acuden ante la APES para solicitar acompañamiento o asesoría legal. 

Si bien, a la fecha, la APES ha venido trabajando las asesorías a través de convenios con organizaciones aliadas que conforman la Mesa de Protección a Periodistas, como FESPAD, ISD, PDDH, entre otras, se considera necesario contar con una asesoría específica. 

La Junta Directiva, 2019-2020, después de una valoración interna y dada la demanda que la APES está recibiendo por parte de los colegas periodistas en esta condición; se ha decidido  buscar asesoría legal a través del contrato de un abogado (a) con especialización en Derecho Laboral para atender específicamente estos casos. El presente término de referencia describe el perfil y las funciones del profesional que se requiere. 

El proceso de selección será abierto, por lo cual se establece un periodo máximo hasta el 27 de agosto para enviar el CV, atestados y propuesta económica; luego habrá un proceso de entrevista individual durante la última semana de agosto, con el objetivo de iniciar la contratación en septiembre.

Descargue los términos de referencia aquí: TDR para contratación de abogado

0 268

Actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que consiste en incorporar un artículo 24-A denominado “Uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables”, cuyo texto de propuesta establece:

“El que, por medio de perfiles falsos, ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes, difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos, para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales o jurídicas, o realizare apología del delito, a través de redes sociales o tecnologías de la información y comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión.

Igual sanción se aplicará, a los que, por medio de periódicos o revistas digitales, realizaren las conductas descritas en el inciso anterior, siempre y cuando, no identifiquen en sus respectivos sitios web o perfiles en redes sociales, a las personas naturales o jurídicas, responsables de dichos medios.”

La Mesa de Protección a Periodistas expresa su rechazo a la aprobación de la referida reforma, en base a los siguientes argumentos:

  1. La libertad de pensamiento y expresión, definida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende la expresión artística, escrita, oral, impresa o por cualquier otro medio de comunicación. Por tanto, al momento de establecer medidas que puedan impactar a internet se deben tener en cuenta las características que hacen de ese medio un espacio único para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.
  2. El Sistema Interamericano de Justicia otorga protección amplia al tono de las expresiones. En este sentido, expresiones inofensivas o indiferentes son protegidas al igual que aquellas que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Complementariamente, los Estados deben mantener una posición neutral frente a los contenidos de las expresiones, de forma que no existan exclusiones de personas, grupos, ideas o medios de expresión.
  3. Durante 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2434 que reafirma el derecho a la libertad de expresión y exhorta a los Estados miembros a considerar las recomendaciones de la Relatora Especial en materia de leyes sobre difamación, en el sentido de derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito penal el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia y, en tal sentido, regular estas conductas en el ámbito exclusivo del derecho civil.
  4. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que en delitos de difamación debe prevalecer el uso de leyes civiles y no penales; pues ha considerado que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos, vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana.
  5. La CIDH no descarta la vía penal por delitos de difamación, pero la considera desproporcionada en la mayoría de los casos. En ese sentido, las sanciones civiles por difamación tampoco deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, tales sanciones deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al demandante o castigar a la persona demandada.
  6. Es necesario acotar que, dado el carácter fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática, las responsabilidades ulteriores que se impongan por expresiones sobre asuntos de interés público deben ser, en lo posible, de naturaleza civil y no penal, pues este último tiene por efecto desincentivar el ejercicio libre del derecho a expresar opiniones y difundir información de relevancia pública. La CIDH ha reiterado que solamente son legítimas las limitaciones al derecho de expresión cuando ello sea necesario para el logro de alguno de los objetivos legítimos previstos expresamente en el Artículo 13.2 de la Convención Americana de conformidad con la jurisprudencia del sistema interamericano y no en forma amplia.
  7. La jurisprudencia de la CIDH ha reconocido la existencia de tres tipos de expresiones que, dado su valor dentro del sistema democrático, deben tener una mayor protección: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o a la dignidad personales de quien se expresa.

Dicho lo anterior, la propuesta de reforma está dirigida a proteger intereses políticos, más no de carácter o beneficio para la población, y, aunque fuese con este último interés, la iniciativa no se encuentra acorde a estándares internacionales de derechos humanos con relación al derecho de libertad de expresión. Cabe comparar que ni nuestro Código Penal impone pena de prisión ante el cometimiento de delitos relativos al honor y la intimidad.

Aunado a lo anterior, desde el año 2016 se cuenta con la Ley de Reparación por Daño Moral, cuyo objetivo es que las personas que consideren agraviado su honor o intimidad, pueden ejercer el derecho a la indemnización por daños morales ante calumnias, injurias o difamaciones; el resarcimiento de daños según esta ley se da por medio de indemnización de carácter pecuniaria, descartando la pena de prisión.

La Mesa de Protección a Periodistas también expresa su preocupación por una propuesta legislativa que busca prohibir que periodistas o ciudadanos tomen fotografías o videos a efectivos militares en tareas de seguridad pública. 

La propuesta, presentada por el Ministerio de Defensa, podría ser un grave obstáculo a la libertad de prensa y -al igual que la mencionada reforma a la Ley contra Delitos Informáticos podría desincentivar la denuncia ciudadana y fomentar la impunidad de abusos o malos procedimientos cometidos por militares-.

La Mesa, finalmente, reitera a los diputados y diputadas, el llamado a analizar y aprobar la propuesta de Ley de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación e Información, presentada en octubre del año pasado.

Exhortamos, pues, a todos los grupos parlamentarios a que -si realmente quieren proteger la libertad de expresión y el derecho de información- retomen cuanto antes esta iniciativa de ley en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.  

San Salvador, 27 de mayo de 2019.

0 272

El 24 de agosto de 2018 el Comité de Ética de la Asociación de Periodistas Es Salvador (APES) tomó el acuerdo de iniciar un proceso de revisión del Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la Comunicación en El Salvador, con el propósito de actualizarlo de acuerdo con los cambios sociales y los avances en los medios de comunicación, en concordancia con lo que el mismo Código establece entre las responsabilidades de la comisión de ética. 

Se realizaron talleres y un foro los días 29 de septiembre, 31 de octubre y 14 de noviembre de 2018 y 16 de febrero de 2019, desarrollando las temáticas sobre la No violencia contra la mujer y Ética periodística y redes sociales, con el fin de analizar el ejercicio periodístico en ambos temas de relevancia social. 

Se contó con la colaboración del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES) para realizar las actividades. 

También se tuvo el apoyo de estudiantes de comunicaciones de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD) en la redacción de las propuestas y la colaboración e insumos por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

El Código de Ética busca ser una guía tanto para periodistas en ejercicio, comunicadores, académicos y estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicaciones. 

Algunos aspectos incorporados tienen que ver con conocer y respetar la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), deberes relacionados a la promoción de la no violencia por razones de género y la cobertura de sucesos de violencia y discriminación contra la mujer, incorporando aspectos de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

Otro tema que incorpora la actualización es sobre el periodismo digital y las nuevas tecnologías, respetando las normativas nacionales y aplicando principios éticos a las publicaciones en plataformas digitales y redes sociales, así como evitar la divulgación de noticias falsas o «fake news».

San Salvador, 21 de mayo de 2019.

0 135

La Relatoría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por parte de Reino Unido tras la decisión del gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Lenin Moreno, de retirarle la condición de asilo y la ciudadanía ecuatoriana a Assange. Dichas acciones constituyen un golpe a la libertad de expresión.

Para la Relatoría de APES es preocupante una posible extradición de Assange a los Estados Unidos, pues considera que se podrían vulnerar sus derechos humanos por revelar información confidencial. El mismo relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, manifestó este 11 de abril que si Assange fuese expulsado de la Embajada Ecuatoriana “podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluidas la libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Así mismo, el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, manifestó en su cuenta de twitter que el fin del asilo para Assange y su posible extradición a Estados Unidos “Es un desafío para la libertad de prensa. Más allá de su rol y toda controversia, en el tema de fondo el principio es que los periodistas no deberían ser penalizados por publicar información de interés público (aún si era reservada)”.

En ese sentido la Relatoría de Libertad de Expresión de APES se suma al resto de organismos internacionales y nacionales que solicitan al Reino Unido garantizar el respeto a los derechos de Assange y no extraditarlo a Estados Unidos. Dicha acción sentaría un precedente negativo para aquellos periodistas, activistas o cualquier persona que divulgue información sensible de gobiernos y que son de interés público. 

Finalmente APES hace un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que retome nuevamente el expediente de solicitud de medidas cautelares  interpuesta por el fundador de Wikileaks, en la que solicitaba salvaguardar su asilo en la embajada de Ecuador en Londres. 

San Salvador, 11 de abril de 2019.

0 177

La Mesa de Protección a Periodistas, Comunicadores y Trabajadores de la Información muestra su rechazo sobre las acciones de intimidación ejercidas por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ante un grupo de periodistas que daban cobertura a las manifestaciones por la defensa del derecho al agua.

Según testimonios de colegas de diferentes medios de comunicación, un grupo de periodistas se vieron en riesgo durante los desórdenes de los manifestantes en las cercanías de la Asamblea Legislativa. Uno de los colegas explicó que un miembro de la UMO, al sentir la presión por parte de los manifestantes procedió a realizar disparos con balas de goma en dirección a un grupo de colegas.

La Mesa de Protección a Periodistas considera estas acciones un atentado a la libertad de expresión y de prensa de quienes únicamente se dedican a documentar los hechos de la realidad.

Ante esta situación, exigimos:

A las autoridades, a realizar las investigaciones necesarias, a fin de determinar a las personas responsables de las acciones que colocaron en riesgos a los colegas.

Además, pedimos que se mejoren las acciones de protocolo para atender situaciones de conflicto, pues medidas de este tipo corresponden a escenarios complejos, que, según declaraciones brindadas por los colegas e imágenes recopiladas por la Mesa, los hechos no eran lo suficientemente graves para hacer disparos hacia personas y poner en peligro su integridad.  Es importante que la UMO dé cumplimiento a los Principios Básicos (4 y 9) sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Finalmente, exhortamos al gremio a retomar las medidas de seguridad pertinentes ante coberturas de riesgo e invitamos a los colegas a denunciar cualquier vulneración ante el sistema de alerta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) o ante las instituciones respectivas, a fin de que casos de este tipo no queden en la impunidad.

 

 

San Salvador, 20 de marzo de 2019

0 306

La inestabilidad laboral en los medios de comunicación salvadoreños continúa. Los despidos recientes en empresas periodísticas demuestran que mientras los reacomodos en los medios tradicionales sigan, los mayores costos los cargarán los trabajadores, entre ellos, periodistas.

Recientemente conocimos el caso de 10 trabajadores despedidos de El Diario de Hoy, entre ellos  periodistas, editores y fotógrafos, quienes pese a haber recibido sus indemnizaciones, no se les garantizó el debido proceso.

Por otra parte, El Juzgado de lo Civil de Usulután aceptó la demanda laboral contra el presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo, José Modesto Segovia Torres, presentada por el periodista Diego Alemán, a quien se le vulneraron sus derechos laborales. 

Otro caso que esta Mesa da seguimiento es del periodista Alfredo Aguilar del periódico digital El Viroleño, quien sufrió una intimidación por parte de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), en el departamento de La Paz. Ante ello, se interpuso una denuncia para iniciar un proceso de investigación.

Ante estos hechos, la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Información plantea lo siguiente:

  • Denuncia el despido masivo y el clima de acoso laboral que continúa al interior de la empresa arriba mencionada.
  • Advierte sobre una nueva modalidad de despidos, como es la subcontratación de oficinas especializadas para estos fines.
  • Insta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y, realizar las respectivas inspecciones laborales.
  • La Mesa se compromete a estar vigilante de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la información.
  • Hacemos el llamado al gremio a que denuncien cualquier tipo de vulneración que atenten contra su ejercicio periodístico.
  • Finalmente, la Mesa reitera la importancia de la aprobación de la Ley de Protección Integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que aún está pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa.

San Salvador, 15 de marzo de 2019