Comunicados

0 212

La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, es una organización que tiene como misión “el fortalecer la unidad y la organización de los profesionales del periodismo, mejorar su desarrollo profesional a través de la capacitación continua, procurar condiciones laborales dignas, garantizar la defensa de la libertad de expresión y de prensa, y concretar relaciones con organismos nacionales e internacionales relacionados con el quehacer periodístico”. 

Dentro de los últimos años la APES viene registrado una serie de casos de vulneraciones al ejercicio periodístico, mismos que se expresan en diferentes formas como: intimidaciones,  amenazas y restricciones a coberturas mediáticas; pero también, a través de vulneraciones y precarización laboral. 

En el Informe Anual de la Relatoría de Libertad de Prensa de la APES, 2018-2019, se registraron 88 casos de vulneración laboral y se destaca el débil papel que han tenido las instancias como el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República. En un escenario de poco apoyo institucional por parte del Estado, muchos y muchas colegas que se encuentran en situaciones de vulneración laboral acuden ante la APES para solicitar acompañamiento o asesoría legal. 

Si bien, a la fecha, la APES ha venido trabajando las asesorías a través de convenios con organizaciones aliadas que conforman la Mesa de Protección a Periodistas, como FESPAD, ISD, PDDH, entre otras, se considera necesario contar con una asesoría específica. 

La Junta Directiva, 2019-2020, después de una valoración interna y dada la demanda que la APES está recibiendo por parte de los colegas periodistas en esta condición; se ha decidido  buscar asesoría legal a través del contrato de un abogado (a) con especialización en Derecho Laboral para atender específicamente estos casos. El presente término de referencia describe el perfil y las funciones del profesional que se requiere. 

El proceso de selección será abierto, por lo cual se establece un periodo máximo hasta el 22 de agosto para enviar el CV, atestados y propuesta económica; luego habrá un proceso de entrevista individual durante la última semana de agosto, con el objetivo de iniciar la contratación en septiembre.

Descargue los términos de referencia aquí: TDR para contratación de abogado

0 212

Actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que consiste en incorporar un artículo 24-A denominado “Uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables”, cuyo texto de propuesta establece:

“El que, por medio de perfiles falsos, ya sea utilizando la identidad de otra persona o creando personajes, difamare, calumniare, injuriare o divulgare hechos falsos, para dañar el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen de personas naturales o jurídicas, o realizare apología del delito, a través de redes sociales o tecnologías de la información y comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años de prisión.

Igual sanción se aplicará, a los que, por medio de periódicos o revistas digitales, realizaren las conductas descritas en el inciso anterior, siempre y cuando, no identifiquen en sus respectivos sitios web o perfiles en redes sociales, a las personas naturales o jurídicas, responsables de dichos medios.”

La Mesa de Protección a Periodistas expresa su rechazo a la aprobación de la referida reforma, en base a los siguientes argumentos:

  1. La libertad de pensamiento y expresión, definida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende la expresión artística, escrita, oral, impresa o por cualquier otro medio de comunicación. Por tanto, al momento de establecer medidas que puedan impactar a internet se deben tener en cuenta las características que hacen de ese medio un espacio único para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.
  2. El Sistema Interamericano de Justicia otorga protección amplia al tono de las expresiones. En este sentido, expresiones inofensivas o indiferentes son protegidas al igual que aquellas que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Complementariamente, los Estados deben mantener una posición neutral frente a los contenidos de las expresiones, de forma que no existan exclusiones de personas, grupos, ideas o medios de expresión.
  3. Durante 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2434 que reafirma el derecho a la libertad de expresión y exhorta a los Estados miembros a considerar las recomendaciones de la Relatora Especial en materia de leyes sobre difamación, en el sentido de derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito penal el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia y, en tal sentido, regular estas conductas en el ámbito exclusivo del derecho civil.
  4. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que en delitos de difamación debe prevalecer el uso de leyes civiles y no penales; pues ha considerado que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos, vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana.
  5. La CIDH no descarta la vía penal por delitos de difamación, pero la considera desproporcionada en la mayoría de los casos. En ese sentido, las sanciones civiles por difamación tampoco deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, tales sanciones deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al demandante o castigar a la persona demandada.
  6. Es necesario acotar que, dado el carácter fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática, las responsabilidades ulteriores que se impongan por expresiones sobre asuntos de interés público deben ser, en lo posible, de naturaleza civil y no penal, pues este último tiene por efecto desincentivar el ejercicio libre del derecho a expresar opiniones y difundir información de relevancia pública. La CIDH ha reiterado que solamente son legítimas las limitaciones al derecho de expresión cuando ello sea necesario para el logro de alguno de los objetivos legítimos previstos expresamente en el Artículo 13.2 de la Convención Americana de conformidad con la jurisprudencia del sistema interamericano y no en forma amplia.
  7. La jurisprudencia de la CIDH ha reconocido la existencia de tres tipos de expresiones que, dado su valor dentro del sistema democrático, deben tener una mayor protección: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o a la dignidad personales de quien se expresa.

Dicho lo anterior, la propuesta de reforma está dirigida a proteger intereses políticos, más no de carácter o beneficio para la población, y, aunque fuese con este último interés, la iniciativa no se encuentra acorde a estándares internacionales de derechos humanos con relación al derecho de libertad de expresión. Cabe comparar que ni nuestro Código Penal impone pena de prisión ante el cometimiento de delitos relativos al honor y la intimidad.

Aunado a lo anterior, desde el año 2016 se cuenta con la Ley de Reparación por Daño Moral, cuyo objetivo es que las personas que consideren agraviado su honor o intimidad, pueden ejercer el derecho a la indemnización por daños morales ante calumnias, injurias o difamaciones; el resarcimiento de daños según esta ley se da por medio de indemnización de carácter pecuniaria, descartando la pena de prisión.

La Mesa de Protección a Periodistas también expresa su preocupación por una propuesta legislativa que busca prohibir que periodistas o ciudadanos tomen fotografías o videos a efectivos militares en tareas de seguridad pública. 

La propuesta, presentada por el Ministerio de Defensa, podría ser un grave obstáculo a la libertad de prensa y -al igual que la mencionada reforma a la Ley contra Delitos Informáticos podría desincentivar la denuncia ciudadana y fomentar la impunidad de abusos o malos procedimientos cometidos por militares-.

La Mesa, finalmente, reitera a los diputados y diputadas, el llamado a analizar y aprobar la propuesta de Ley de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación e Información, presentada en octubre del año pasado.

Exhortamos, pues, a todos los grupos parlamentarios a que -si realmente quieren proteger la libertad de expresión y el derecho de información- retomen cuanto antes esta iniciativa de ley en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.  

San Salvador, 27 de mayo de 2019.

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El 24 de agosto de 2018 el Comité de Ética de la Asociación de Periodistas Es Salvador (APES) tomó el acuerdo de iniciar un proceso de revisión del Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la Comunicación en El Salvador, con el propósito de actualizarlo de acuerdo con los cambios sociales y los avances en los medios de comunicación, en concordancia con lo que el mismo Código establece entre las responsabilidades de la comisión de ética. 

Se realizaron talleres y un foro los días 29 de septiembre, 31 de octubre y 14 de noviembre de 2018 y 16 de febrero de 2019, desarrollando las temáticas sobre la No violencia contra la mujer y Ética periodística y redes sociales, con el fin de analizar el ejercicio periodístico en ambos temas de relevancia social. 

Se contó con la colaboración del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES) para realizar las actividades. 

También se tuvo el apoyo de estudiantes de comunicaciones de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD) en la redacción de las propuestas y la colaboración e insumos por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

El Código de Ética busca ser una guía tanto para periodistas en ejercicio, comunicadores, académicos y estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicaciones. 

Algunos aspectos incorporados tienen que ver con conocer y respetar la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), deberes relacionados a la promoción de la no violencia por razones de género y la cobertura de sucesos de violencia y discriminación contra la mujer, incorporando aspectos de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

Otro tema que incorpora la actualización es sobre el periodismo digital y las nuevas tecnologías, respetando las normativas nacionales y aplicando principios éticos a las publicaciones en plataformas digitales y redes sociales, así como evitar la divulgación de noticias falsas o “fake news”.

San Salvador, 21 de mayo de 2019.

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La Relatoría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por parte de Reino Unido tras la decisión del gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Lenin Moreno, de retirarle la condición de asilo y la ciudadanía ecuatoriana a Assange. Dichas acciones constituyen un golpe a la libertad de expresión.

Para la Relatoría de APES es preocupante una posible extradición de Assange a los Estados Unidos, pues considera que se podrían vulnerar sus derechos humanos por revelar información confidencial. El mismo relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, manifestó este 11 de abril que si Assange fuese expulsado de la Embajada Ecuatoriana “podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluidas la libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Así mismo, el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, manifestó en su cuenta de twitter que el fin del asilo para Assange y su posible extradición a Estados Unidos “Es un desafío para la libertad de prensa. Más allá de su rol y toda controversia, en el tema de fondo el principio es que los periodistas no deberían ser penalizados por publicar información de interés público (aún si era reservada)”.

En ese sentido la Relatoría de Libertad de Expresión de APES se suma al resto de organismos internacionales y nacionales que solicitan al Reino Unido garantizar el respeto a los derechos de Assange y no extraditarlo a Estados Unidos. Dicha acción sentaría un precedente negativo para aquellos periodistas, activistas o cualquier persona que divulgue información sensible de gobiernos y que son de interés público. 

Finalmente APES hace un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que retome nuevamente el expediente de solicitud de medidas cautelares  interpuesta por el fundador de Wikileaks, en la que solicitaba salvaguardar su asilo en la embajada de Ecuador en Londres. 

San Salvador, 11 de abril de 2019.

0 136

La Mesa de Protección a Periodistas, Comunicadores y Trabajadores de la Información muestra su rechazo sobre las acciones de intimidación ejercidas por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ante un grupo de periodistas que daban cobertura a las manifestaciones por la defensa del derecho al agua.

Según testimonios de colegas de diferentes medios de comunicación, un grupo de periodistas se vieron en riesgo durante los desórdenes de los manifestantes en las cercanías de la Asamblea Legislativa. Uno de los colegas explicó que un miembro de la UMO, al sentir la presión por parte de los manifestantes procedió a realizar disparos con balas de goma en dirección a un grupo de colegas.

La Mesa de Protección a Periodistas considera estas acciones un atentado a la libertad de expresión y de prensa de quienes únicamente se dedican a documentar los hechos de la realidad.

Ante esta situación, exigimos:

A las autoridades, a realizar las investigaciones necesarias, a fin de determinar a las personas responsables de las acciones que colocaron en riesgos a los colegas.

Además, pedimos que se mejoren las acciones de protocolo para atender situaciones de conflicto, pues medidas de este tipo corresponden a escenarios complejos, que, según declaraciones brindadas por los colegas e imágenes recopiladas por la Mesa, los hechos no eran lo suficientemente graves para hacer disparos hacia personas y poner en peligro su integridad.  Es importante que la UMO dé cumplimiento a los Principios Básicos (4 y 9) sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Finalmente, exhortamos al gremio a retomar las medidas de seguridad pertinentes ante coberturas de riesgo e invitamos a los colegas a denunciar cualquier vulneración ante el sistema de alerta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) o ante las instituciones respectivas, a fin de que casos de este tipo no queden en la impunidad.

 

 

San Salvador, 20 de marzo de 2019

0 242

La inestabilidad laboral en los medios de comunicación salvadoreños continúa. Los despidos recientes en empresas periodísticas demuestran que mientras los reacomodos en los medios tradicionales sigan, los mayores costos los cargarán los trabajadores, entre ellos, periodistas.

Recientemente conocimos el caso de 10 trabajadores despedidos de El Diario de Hoy, entre ellos  periodistas, editores y fotógrafos, quienes pese a haber recibido sus indemnizaciones, no se les garantizó el debido proceso.

Por otra parte, El Juzgado de lo Civil de Usulután aceptó la demanda laboral contra el presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo, José Modesto Segovia Torres, presentada por el periodista Diego Alemán, a quien se le vulneraron sus derechos laborales. 

Otro caso que esta Mesa da seguimiento es del periodista Alfredo Aguilar del periódico digital El Viroleño, quien sufrió una intimidación por parte de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), en el departamento de La Paz. Ante ello, se interpuso una denuncia para iniciar un proceso de investigación.

Ante estos hechos, la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Información plantea lo siguiente:

  • Denuncia el despido masivo y el clima de acoso laboral que continúa al interior de la empresa arriba mencionada.
  • Advierte sobre una nueva modalidad de despidos, como es la subcontratación de oficinas especializadas para estos fines.
  • Insta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y, realizar las respectivas inspecciones laborales.
  • La Mesa se compromete a estar vigilante de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la información.
  • Hacemos el llamado al gremio a que denuncien cualquier tipo de vulneración que atenten contra su ejercicio periodístico.
  • Finalmente, la Mesa reitera la importancia de la aprobación de la Ley de Protección Integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que aún está pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa.

San Salvador, 15 de marzo de 2019

0 134

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), como representante y defensora de los derechos del gremio periodístico, instaló el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas Elecciones 2019, instancia que registró, verificó, denunció y dio seguimiento a vulneraciones al ejercicio periodístico durante el evento democrático.

El Centro funcionó en las oficinas de la Asociación y estableció un punto de información en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO); Sin embargo, a través de la coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se logró establecer un despliegue territorial a nivel nacional, el cual garantizó la mediación de los conflictos en tiempo real en cada uno de los centros de votación.

La recepción de denuncias se hizo a través de tres números telefónicos, monitoreo en redes sociales, televisión y radio. Se inició desde el sábado 2 de febrero a la 1:00 p.m., funcionando de manera ininterrumpida durante la jornada electoral, terminando el lunes 4 de febrero a las 5:00 p.m.

Durante ese tiempo se recibieron un total de 24 denuncias de vulneración al ejercicio periodístico, las cuales se detallan a continuación:

  • 17 de los casos fueron registrados como restricciones al ejercicio periodístico, 5 como incidentes, 1 agresión física y 1 ataque digital contra periodistas.
  • 13 de las personas vulneradas fueron mujeres, 11 hombres y 1 caso se reportó como colectivo.
  • A nivel territorial los departamentos que reportaron vulneraciones fueron: San Salvador con 10 casos, La Libertad con 5, Santa Ana con 5, Cuscatlán 1, Chalatenango 1, Sonsonate 1 y La Unión 1.
  • Se reportó que los mayores agresores fueron las Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos con 14 casos, luego la Policía Nacional Civil con 3, militantes partidarios con 2, dirigentes de partidos con 2 casos, equipos de seguridad con 2 y otros casos con 1.
  • De las 24 denuncias recibidas se lograron solventar 19, 1 está en seguimiento y 4 sin solventar. Esto da un porcentaje del 83.33% de los casos resueltos o en proceso, mientras que el otro 17.66% los periodistas vulnerados decidieron retirarse de los lugares o no se logró identificar al agresor.

Por lo tanto, la APES y el equipo de Coordinación del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas recomienda:

  1. Al Tribunal Supremo Electoral mayor capacitación y sensibilización a los miembros de las Juntas Electorales Municipales y a las Juntas Receptoras de votos sobre los derechos del gremio periodístico a ejercer la libertad de expresión y de prensa, pues el objetivo es dar a conocer el proceso a la población salvadoreña.
  2. A las Fuerzas de Seguridad del Estado a respetar el libre ejercicio periodístico, dejando de lado el uso de la fuerza física y el maltrato verbal hacia el gremio.
  3. A los partidos políticos y sus dirigentes a ser coherentes en el ejercicio del sistema democrático donde se desenvuelven, permitiendo que el gremio periodístico sea informante y fiscalizador de los procesos electorales sin temor a ser agredidos por sus dirigentes o simpatizantes.
  4. Al gremio periodístico a hacer de la denuncia una herramienta para garantizar la libertad de expresión de prensa durante los procesos electorales.

Finalmente, informamos al gremio que la APES mantendrá funcionando el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, por lo cual hacemos el llamado a reportar cualquier tipo de agresión física, verbal, intimidación, restricción al ejercicio periodístico, acoso laboral o sexual al 7746-4325 o a nuestras redes sociales.

San Salvador, 5 de febrero de 2019

0 137

La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por gremios periodísticos, academias e instituciones para la defensa de derechos humanos, ante las vulneraciones a la prensa, expresa lo siguiente:

Que en octubre del 2018 la Mesa de Protección a Periodistas presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la cual se encuentra a esta fecha estancada dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sin que, durante esta legislatura, se haya agendado su estudio.

La falta de legislaciones o marcos legales que protejan al gremio  atenta contra el derecho a la prensa y la libertad de expresión; al grado que muchas de las personas periodistas y trabajadoras de medios de comunicación son agredidas, acosadas, amenazadas e incluso asesinadas.

En el actual contexto electoral es importante que los candidatos a la presidencia se pronuncien sobre la importancia de garantizar la seguridad de las y los periodistas.

En los últimos meses hemos tenido casos de agresiones, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, de violencia contra la mujer y despidos que confirman la necesidad de contar con una Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información  que garantice políticas públicas.

POR TANTO EXIGIMOS QUE:

  1. Que las diputadas y diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales retomen con prontitud la propuesta de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información. Dicha propuesta de ley tiene como objetivo garantizar la prevención, protección y resguardo ante cualquier tipo de vulneración, agresión o atentado que ponga en riesgo la vida, integridad, seguridad y el goce de los derechos relacionados al ejercicio de la labor periodística o comunicacional.
  2. Que los candidatos a la presidencia de la república por los partidos ARENA, FMLN, GANA y VAMOS, muestren su clara voluntad de incluir en sus planes de gobierno la garantía para tener una prensa plural e independiente, pidiendo a sus partidos la discusión y pronta aprobación de dicha propuesta de ley.
  3. Que en los casos de asesinatos y otras agresiones registrados en los últimos meses, las autoridades correspondientes realicen una pronta y debida investigación, para evitar la impunidad.
  4. Finalmente, hacemos el llamado al gremio periodístico a que nos unamos y presionemos para que los diputados discutan y aprueben esta ley, la cual nos beneficiará en lo laboral, la seguridad personal y social.

San Salvador, 24 de enero de 2019.

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