Comunicados

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El golpe de estado perpetrado en Bolivia y su correlato de amedrentamiento público a la prensa local y extranjera son algunos de los hechos que motivan la presente carta abierta.

El orden constitucional boliviano fue interrumpido en noviembre de 2019 tras semanas de violentas protestas en todo el país en contra de la reelección de Evo Morales.  El ahora expresidente del país debió presentar su renuncia tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y de ser expuesto a diversas presiones nacionales e internacionales.

Desde entonces, se ha registrado una persecución constante contra dirigentes políticos y sindicales así como contra periodistas y comunicadores.

La violencia contra periodistas y la prensa sigue en aumento. Es ineludible referirnos especialmente a la situación de los medios comunitarios, en muchos casos representativos          de      colectividades       indígenas    o        de organizaciones de base que, al mantener su autonomía editorial, se están viendo lisa y llanamente atacados por autoridades estatales o paraestatales.

Es el caso de la Radio Kawsachun Coca, a quien le secuestraron el transmisor de su repetidora y luego le incendiaron parte de sus oficinas de trabajo. Otro ataque se produjo a la Radio Comunidad, dependiente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que incluyó la toma de rehén de su Director, José Aramayo.

Otro tanto ocurre con los medios públicos, que se vieron inmediatamente cooptados por el gobierno autoproclamado. Nos referimos a los resonantes ejemplos de Bolivia TV y de la radioemisora Red Patria Nueva. En ambos casos, muchos de sus trabajadores y trabajadoras fueron despojados de manera violenta por grupos opositores, vulnerados primero y luego forzados a renunciar a sus respectivos puestos de trabajo. Si bien no acusaron responder directamente al gobierno, la posterior inacción ministerial podría ser un indicador sobre la procedencia de estos grupos.

Desde que la ruptura institucional fuera consumada, el gobierno autoproclamado reporta como interlocutores válidos sólo a quienes reproducen sus posiciones políticas. Embarcado en esta lógica, ha llegado al  extremo de borrar del aire a cadenas latinoamericanas como Telesur o al canal de televisión internacional ruso, RT.

Dada esta situación de persecución y violencia contra periodistas y medios de comunicación, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe reafirman que la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser siempre garantizado por los distintos gobiernos. Federación Internacional De Periodistas (FIP)

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

  • Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) 
  • Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ) 
  • Sindicato Nacional de Periodistas (SNP, Panamá)
  • Sindicato Nacional de Periodistas (SNP, Costa Rica)
  • Asociación de Prensa Hondureña (APH)
  • Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) 
  • Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
  • Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
  • Unión de Periodistas,Artes Gráficas y Ramas Anx. (UPAGRA, Pto.Rico)
  • Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP, México)
  • Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) 
  • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP, Rep. Dominicana)  Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa (SITINPRES, Honduras)

 

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OBJETIVO: Aplicar técnicas de auditoría interna para asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). 

PERFIL PROFESIONAL:

  • Título profesional en el ámbito de contaduría, ciencias jurídicas, sociales, económicas o afines.
  • Experiencia en auditoria externas, como mínimo cinco años, en el sector público o privado.
  • Conocimiento de leyes y normas legales de contaduría.
  • Autorizado y registrado como auditor por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública (con credencial de identidad).
  • Experiencias en auditoria en asociaciones sin fines de lucro.

RESPONSABILIDADES:

  • Racionabilidad de cifras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
  • Estados financieros (Balances, estados de resultados, fuentes y uso de fondos).

 

Las personas interesadas pueden enviar su CV y su oferta de servicios profesionales al correo: apeselsalvador1@gmail.com 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Info yo urmación Pública (LAIP) y en su calidad de entidad proponente, hace pública la convocatoria para la recepción de documentación a las personas interesadas a optar al cargo de comisionado y comisionada al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Dicho proceso será guiado por una comisión denominada “Comisión especial para elección de comisionado al IAIP”, conformada por miembros de Junta Directiva, Relatoría de Libertad de Expresión y Comité de ética de APES. Quienes garantizarán el cumplimiento del debido proceso.

La terna que se elija será presentada a la entidad convocante (Secretaría de comunicaciones de la Presidencia).

Los requisitos para las personas interesadas son, según artículo 54 de la LAIP: 

a. Ser salvadoreño con título universitario y haberse desempeñado destacadamente en
actividades profesionales, de servicio público o académicas.
b. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley
de Ética Gubernamental en los últimos cinco años.
c. Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la República,
la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y la Hacienda Pública. En caso de profesiones regladas, no haber sido condenado
por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.

  • Solvencias de la Corte de Cuentas de la República
  • Solvencia de la Procuraduría General de la República
  • Solvencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
  • Solvencia del Tribunal de Ética Gubernamental
  • Solvencia de antecedentes penales
  • Solvencia de antecedentes policiales
  • Solvencia tributaria

d. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su designación.

Requisitos establecidos por la Asamblea de APES:

  • Experiencia de al menos 5 años en el ejercicio periodístico y que demuestre que ha trabajado temas relacionados a la transparencia y el acceso a la información pública.
  • Que esté activo o haya laborado en una empresa de medio de comunicación legalmente establecido.
  • Carta de solicitud de inscripción de candidato
  • Currículum vitae y documentos de identidad
  • Declaración jurada sobre cumplimiento de requisitos legales y no incompatibilidad para el cargo.
  • No estar agremiado en otra asociación de periodistas.

(Las solvencias deben ir dirigidas a Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia)

Las personas a aplicar deberán hacer constar si aplican para el cargo de comisionado propietario o suplente.

El procedimiento de selección de candidatos será el siguiente, tomando en cuenta los artículos 70 y 71 del RELAIP:

Convocatoria para recepción de documentos: 05 de enero de 2020

Cierre de recepción de documentos: las y los interesados deberán enviar sus solicitudes a más tardar el día 19 de enero hasta las 12:00 m.d. El correo para enviar sus solicitudes es: postulacioniaip@apes.org.sv

NOTA: No se aceptarán documentos incompletos, por favor leer detalladamente los requisitos a cumplir.

Revisión de documentos: el 20 de enero la Comisión revisará cada uno de los documentos recibidos al correo electrónico. Sólo podrán continuar con el proceso quienes hayan presentado toda la documentación.

Evaluación de candidatos: las personas que cumplan con los requisitos de documentación serán convocados a un proceso de evaluación el día 21 de enero. La evaluación estará divida en dos partes: un cuestionario escrito y una entrevista oral; de acá surgirán cinco propuestas para propietarios y cinco suplentes que pasarán a la siguiente fase.

Selección de candidatos y publicación para participación en Asamblea Extraordinaria: Los resultados de las evaluaciones de cada participante serán notificados a sus correos electrónicos y publicados en el sitio web de APES. Se eligirán las cinco mejores propuestas para propietarios y otros cinco para suplentes.

Campaña de difusión de las propuestas por cada candidato. 

Asamblea extraordinaria: el día sábado 25 de enero a las 9:00 am se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria con la membresía activa de APES para la elección de comisionados al IAIP. Se entregará una papeleta con las cinco propuestas a comisionados propietarios y otra con las propuestas a suplente.

La propuesta que tenga más votos será considerada como la primera opción a comisionado al IAIP, la segunda y tercera más votadas serán integradas al grupo de terna que será enviado a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

Para la actividad se contará con la participación de un equipo de observadores.

Certificación de punto de acta y firma de carta de aceptación de las tres propuestas a presentar a la Secretaría de Comunicaciones: el día 25 de enero al finalizar la Asamblea se hará la certificación de punto de acta y las tres personas propuestas firmarán la carta de aceptación para participar en el proceso. Dicho procedimiento se hará en la oficina de APES con ayuda de un abogado.

Presentación de documentación a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia: el día 27 de enero a las 9:00 a.m. será enviada la propuesta de terna a comisionados suplentes y propietarios a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia. Se hará conferencia de prensa.

Calendario:

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La Mesa de Protección a Periodistas pide a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar las denuncias de agresiones sexuales hacia mujeres periodistas, publicadas en el periódico digital Voz de la Diáspora, y en el que es señalado como un presunto acosador sexual,  Roberto Hugo Preza, director de noticias de Grupo Megavisión. 

Para la Mesa, las agresiones sexuales a mujeres periodistas son un hecho inaceptable que atenta contra su dignidad, libertad sexual, el derecho al trabajo sin discriminación, y en específico el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, obligación asumida por el Estado salvadoreño, al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento que dio vida a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; y, afecta el ejercicio periodístico hacia aquellas mujeres que ni siquiera al interior de sus medios de comunicación están seguras, y a quienes pretenden incursionar en el campo profesional, limitando el derecho de las mujeres a desarrollarse en dicha área. 

El “Diagnóstico sobre el Entorno de Trabajo de las Mujeres Periodistas y Comunicadoras Sociales en El Salvador”, publicado en enero de 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los  Derechos Humanos (PDDH), reveló que más del 96% expresó problemas de acoso sexual al interior de los medios de comunicación, y el 100% manifestó sufrir algún tipo de acoso durante su trabajo diario.

La Mesa repudia cualquier tipo de expresión de acoso sexual hacia mujeres periodistas y ofrece a las víctimas que se acerquen a la APES, a la Colectiva de Mujeres Periodistas o a la PDDH, para que reciban información sobre los derechos que las asisten, y proporcionarles acompañamiento psicoemocional y legal. La APES pone a disposición el número 7746 4325, del Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas.

Ante este entorno de violencia, inseguridad, y discriminación, la Mesa de protección a periodistas presentó en octubre de 2018 ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Protección Integral para Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, sin que a la fecha se haya iniciado la discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Dicha propuesta de ley incorpora mecanismos de prevención y atención a mujeres periodistas víctimas de acoso sexual, y obliga a que los medios de comunicación implementen políticas institucionales de género, para abordar de forma oportuna este tipo de casos; además sugiere una serie de acciones para que instancias como FGR, PDDH e ISDEMU tengan un papel más efectivo en la atención de estos casos.

Así mismo, reitera a la Fiscalía General de la República realizar una investigación en respeto al principio de la debida diligencia, con enfoque de género,  independiente y transparente, que permita identificar y enjuiciar a los agresores y garantizarle a las víctimas su derecho a la reparación integral.

Hacemos un llamado a la sociedad civil a la sororidad, reafirmamos que la violencia contra las Mujeres es inaceptable, y reprobable, cualquiera que sea su proveniencia, y reafirmamos nuestro compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral, con énfasis a quienes se dedican al ejercicio periodístico.

La Mesa también exige a la Fiscalía investigar de oficio los ataques digitales contra el medio que publicó las denuncias sobre el señor Preza y los mensajes difamatorios contra las periodistas que hicieron la investigación, la mayor parte de estos ataques provienen de la cuenta de twitter denominada «Brozo».

San Salvador,15 de noviembre de 2019

  

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  se complacen en invitarles a la capacitación: “Conozcamos qué es el GAFI, sus recomendaciones y conceptos”

  • Objetivo:

Que periodistas y trabajadores de la comunicación conozcan la normativa internacional relacionada al combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas.

  • Contexto:

El día 24 de septiembre ante la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa se llevó a cabo una reunión entre los diputados que la integran y representantes del Grupo de Acción Financiera del Caribe -GAFIC-, quienes recomendaron a los legisladores y Fiscal General de la República realizar procesos de consulta con todos los sectores del país para la evaluación antes mencionada y para la aprobación de la Ley Especial de Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.

  • Facilitadora:

La capacitación será impartida por Claudia Guadamuz, asesora legal para América Latina y el Caribe del International Center for Not-for-Profit Law -ICNL- posee más de diez años de experiencia trabajando en políticas públicas con un enfoque en las áreas de gobernabilidad democrática y fortalecimiento de la sociedad civil. Asimismo, posee amplio conocimiento en temas de estándares internacionales de derechos humanos relacionados al derecho de libre asociación, organizaciones sin fines de lucro y libertad de expresión.

Día: Jueves 24 de octubre 2019 

De: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lugar: Restaurante Los Cebollines, sucursal Escalón, salón Morelos.

Por favor confirmar su participación a la siguiente dirección electrónica:

herbertserafin@fespad.org.sv o a los números 2236-1829 o 7417-9532.

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La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por gremios de periodistas, organizaciones de derechos humanos y academias, ve con profunda preocupación una serie de vulneraciones al ejercicio periodístico, libertad de prensa y acceso a la información pública durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Los casos expuestos han sido registrados por el Centro de Monitoreo de Atención de Agresiones hacia Periodistas de la APES.

Restricciones a la libertad de prensa

El caso más reciente fue contra periodistas de El Faro y Factum, a quienes se les negó el acceso a una conferencia de prensa en Casa Presidencial en donde se presentaba la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que contó con la participación de un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA).  Anteriormente APES ya había registrado la negativa del equipo de comunicaciones de la presidencia de restringir el derecho de pregunta a ciertos medios de comunicación.  

También vemos con suma preocupación las restricciones de cobertura periodística de hechos de violencia por parte de miembros de la Policía Nacional Civil. El Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas ha registrado 3 casos de restricción a estos hechos en el que se les interpela a los periodistas sobre cómo conocieron el hecho de violencia, les piden eliminar las fotografías o grabaciones de video de los hechos, se les exige el Documento Único de Identidad (DUI) para tomarles una fotografía y, en algunos casos, son amenazados y acusados de “interferir en los procedimientos policiales”. Los casos se han registrado en los departamentos de Cabañas, Chalatenango y Sonsonate.  

La Mesa de Protección a Periodista ve con preocupación esta situación, pues, al consultar a las autoridades sobre los casos, se nos responde que no tienen conocimiento de los hechos. En ese sentido hacemos un llamado al Ministro de Seguridad y Justicia a que retome el diálogo con la Mesa de Protección a Periodistas, tal y como se ha expresado en una carta enviada el pasado 27 de agosto.

Falta de equidad en espacios de entrevistas

Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele vemos con preocupación la falta de equidad en la participación de espacio de entrevistas televisivas y radiales.  

Tras un monitoreo de medios de comunicación, la mayoría de los funcionarios del nuevo gobierno participan en las tres cadenas de medios: Tele Corporación Salvadoreña, Red Salvadoreña de Medios y Grupo Mega visión, en menor cantidad se registra participación de funcionarios en otros medios, misma exclusión enfrenta el canal estatal 10.

Además, vemos con preocupación que, a la fecha, el presidente Bukele no haya brindado ninguna entrevista a medios nacionales. Las pocas entrevistas han sido realizadas por medios internacionales y transmitidas posteriormente por las mismas cadenas.

En ese sentido, la Mesa de Protección a Periodistas recomienda al gobierno del presidente Bukele que implemente una política de comunicación pública que garantice el derecho ciudadano de acceso a la información a todos los sectores de la población salvadoreña. 

Aumento de expresiones de odio en redes sociales

Del 01 de junio al 31 de agosto del 2019 el Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas registró 4 expresiones de odio contra periodistas que mostraron una postura crítica al gobierno del presidente Bukele. Entre ellos están el de las periodistas Mariana Belloso a quién le suspendieron la cuenta de twitter temporalmente, y luego contra la periodista Karen Fernández, a quien la amenazaron con violarla y matarla.

Falta de transparencia y acceso a la información

La Mesa de Protección a Periodistas ve con preocupación que, a 100 días del gobierno del presidente Bukele, se haya eliminado la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia sin que se informe qué instituciones del Estado están sustituyendo a dicha entidad. APES ha registrado casos de periodistas que han hecho solicitudes de acceso a la información de carácter oficiosa, pero los plazos de entrega sobrepasan lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Además, preocupa la negativa de hacer públicos convenios firmados por el gobierno. Ej.: convenio con la Organización de Estados Americanos para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), convenios con el gobierno de Estados Unidos en temas migratorios y seguridad.

Estrategia de comunicación limitada y excluyente

Anteriormente, la Mesa de Protección a Periodistas hizo un llamado al presidente Bukele tras observar una ausencia de una estrategia integral de información hacia la ciudadanía. El uso de redes sociales como Twitter es una estrategia limitada, debido a que no todas las personas tienen acceso y a la dificultad de informar con amplitud, detalle y profundidad sobre el quehacer gubernamental. 

Falta de tutela de los derechos laborales de periodistas despedidos en medios

Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele, APES ha registrado 46 periodistas o profesionales de la información despedidos de forma irregular en distintos medios de comunicación (Radio YSUCA, Diario El Mundo, Canal Gentevé, La Prensa Gráfica y Canal 12) así como instituciones y medios estatales (Ministerio de Obras Públicas y Transparencia Activa).

Hemos visto cómo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) realiza inspecciones laborales en algunos medios, pero en otros no actúa.

Recientemente la Mesa de Protección a Periodistas solicitó una reunión al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, que recién fue confirmada por su equipo de trabajo, y en el cual buscamos que el Ministerio garantice el respeto de los derechos laborales de las y los periodistas en El Salvador.

Falta de transparencia y asignación de la pauta gubernamental 

En los últimos meses APES ha registrado un monitoreo de la pauta gubernamental en medios de comunicación. Los cuales se ve en su mayoría en 3 cadenas televisivas y dos medios escritos. Al consultar a otros medios de comunicación, la asignación de la pauta es mínima o nula. APES ha solicitado información detallada da la asignación de la pauta gubernamental, a través de una solicitud de acceso a la información pública para tener detalles de la distribución de estos fondos del Estado.  

La Mesa de Protección a Periodistas considera que la pauta gubernamental no puede ser vista como un medio de premio o castigo y que deben establecerse políticas transparentes y equitativas para su asignación.

Ante este panorama, la Mesa de Protección a Periodistas exhorta nuevamente al presidente Nayib Bukele, así como a sus funcionarios/as y sus colaboradores/as, respetar la libertad de prensa y facilitar el ejercicio periodístico, evitando cualquier tipo de restricción o condicionamiento. De igual manera, demandamos la implementación de una política de comunicación pública que garantice el derecho ciudadano de acceso a la información.

Finalmente, la Mesa de Protección a Periodistas pide a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU mantenerse pendiente de la situación de la libertad de prensa y derecho de información en El Salvador.

San Salvador, 10 de septiembre de 2019.

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