El Estado salvadoreño ha arreciado su campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente del país. En los últimos días, empleados de la Asamblea Legislativa, funcionarios públicos de alto nivel y hasta el señor Nayib Bukele han intensificado sus agresiones, amenazas y difamaciones contra periodistas de medios tradicionales y digitales que durante los últimos dos años han dado a conocer diferentes casos de corrupción de la actual administración.
En un hecho sin precedentes en la actual administración, el principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó al medio GatoEncerrado para que revelara las fuentes de una investigación donde daban a conocer de una reunión entre Argueta y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo. Es una de las condiciones para que el periodismo pueda ejercerse con total libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar al periodismo información que pueda ser relevante para la opinión pública. Es, además, una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna.
Las leyes salvadoreñas y los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado salvadoreño protegen el secreto profesional del gremio periodístico en El Salvador. El Código Procesal Penal C.Pr.Pn.-, en su artículo 206, y la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, en su artículo 20, establecen, de una forma muy clara, que los y las periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.
Tal es el caso de la declaración de principios de libertad de expresión del sistema interamericano, con relación al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en el principio número 8, además, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Traído a nuestra legislación, se encuentra intrínsecamente relacionado al secreto profesional -Art. 205 C.Pr.Pn-, y es así como se reconoce el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información, así como el producto de sus investigaciones a entidad privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.
Los funcionarios públicos no pueden aducir desconocimiento de las leyes. El señor Argueta no desconoce estos preceptos legales por lo que debe asumirse que no es ignorancia en este caso; es simplemente la intención de un gobierno, que sistemáticamente ha violado la Constitución de la República, de violentar la libertad de prensa en El Salvador.
Es preocupante, además, la interpretación a conveniencia que realizó el asesor jurídico respecto a la sentencia de inconstitucionalidad 91-2007, misma que es clara en señalar que “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política (…) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo”, sin embargo, no es una habilitación a la impunidad, ya que todo regla general tiene su excepción, puesto que si se llegase a comprobar que lo expresado se realizó
con intención de dañar -dolo- sí se estaría sujeto a sanción penal; es decir, lo que se penaliza es cuando en ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, se calumnie o injurie; en principio, estos delitos no son perseguibles por la Fiscalía General de la República porque son de acción privada, es decir, la persona que se sienta agraviada debe iniciar la acusación ante los tribunales de sentencia -Art. 439 C.Pr.Pn.-.
La preocupación planteada se extiende cuando recientemente se ha cambiado un criterio jurisprudencial respecto al tema de la reelección presidencial, por lo tanto, sería lamentable que la actual Sala de lo Constitucional cambie el criterio y la confirmación de protección señalada en la Inc. 91-2007 que fue promovida por el ciudadano Roberto Bukele Simán.
La Mesa de Protección a Periodistas también alerta por el reciente ataque contra un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovido por el Órgano Ejecutivo. La ola de ataques y difamaciones, en la que participó activamente el señor Bukele, pretende hacer creer a la opinión pública que el directivo de APES participó en la destrucción de un cajero bitcóin.
Lo preocupante en este caso no es solo las mentiras del oficialismo o su intento de desinformar a la población, si no que la escalada del discurso de odio contra la prensa, y su asociación más representativa, deriven en violencia contra los y las periodistas y en actos arbitrarios como las detenciones ilegales.
En esa línea de irracionalidad e intolerancia se enmarca el más reciente caso de agresión contra periodistas. La semana pasada, un seguridad de la Asamblea Legislativa agredió a un periodista y le arrebató su equipo de trabajo. La Asamblea, controlada por Casa Presidencial, repite por desgracia el guión oficial que busca limitar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Como se ha logrado evidenciar con las últimas acciones realizadas por el Ejecutivo y Legislativo en perjuicio del trabajo periodístico, también se identifica que existe una tendencia progresiva de estigmatización ya no solo a la libertad de expresión y prensa, sino también ataques a otras libertades y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos como el derecho a la libre asociación, pues persiste un amplio repertorio de difamación que ha conllevado a asimilar a las organizaciones de sociedad civil de ser manipuladas por agentes o entidades extranjeras -y, por tanto, necesariamente hostiles al Gobierno-, lo que ha elevado a los funcionario públicos a realizar calificaciones infundadas de “terroristas”, o cualquier otra etiqueta ofensiva o criminalizante que permita desacreditar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ante los ojos de la opinión pública.
San Salvador, 20 de septiembre de 2021.
