La APES exige al Gobierno que rinda cuentas sobre revelación de plan para espiar a periodistas
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) externa su preocupación y exige al Gobierno que rinda cuentas por las revelaciones hechas por una investigación periodística, según la cual altos funcionarios del Estado habrían acordado establecer un centro de espionaje contra periodistas. El espionaje afecta especialmente a Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy; y Carlos Dada, director de El Faro.
Una investigación del periodista Héctor Silva Ávalos, publicada el domingo 15 de septiembre en los medios digitales Infobae y Prensa Comunitaria, expone grabaciones realizadas por el fallecido Alejandro Muyshondt, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele. Entre esas grabaciones se encuentra una con el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Según indica la investigación, la conversación tuvo lugar en agosto de 2020, cuando Castro era secretario privado de Bukele. En esa ocasión Muyshondt y Castro habrían acordado instalar un centro de espionaje contra periodistas y opositores políticos llamado «proyecto C815», que habría estado a cargo de un operador que estaría vinculado con ataques contra el medio digital Factum en octubre de 2019.
Esta nueva información no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un ataque sistemático contra la prensa independiente en El Salvador. Solo en 2023, la APES registró un incremento de más del 66 % de las vulneraciones contra las personas que ejercen el periodismo en comparación con 2022. Mientras que hasta julio de 2024, se contabilizaron 101 agresiones, de las cuales 34 provinieron de funcionarios o empleados públicos.
A esto se suman los casos documentados por organismos internacionales de espionaje contra más de 30 periodistas mediante el software Pegasus, que la empresa NSO Group únicamente vende a los Gobiernos. Caso que ha sido debidamente denunciado ante la Fiscalía General de la República y que no presenta avances desde hace años.
La prensa salvadoreña, y en consecuencia la ciudadanía en general, también padece del ocultamiento de información pública, la censura de contenidos, el hostigamiento de funcionarios, la detención de familiares de periodistas y otra serie de vulneraciones que ha documentado el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES.
El espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, representa un gasto innecesario para el Estado; y causa un grave daño a quienes ejercen el periodismo de manera profesional e independiente.
Frente a lo anterior la APES exige:
Que el Gobierno rinda cuentas sobre los audios en los que sus funcionarios se escuchan planificando espionaje y ataques digitales contra periodistas, y del uso de recursos públicos para tal fin.
Que la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de sus obligaciones, dé impulso a las denuncias presentadas por el espionaje contra periodistas mediante el software Pegasus.
Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documente y denuncie públicamente esta situación como parte de la constante vulneración de los derechos de quienes ejercen el periodismo.
La APES también llama a instancias internacionales a mantenerse pendientes de la situación de la libertad de expresión y prensa en El Salvador ante un escenario de escalada de las vulneraciones.
San Salvador, 20 de septiembre de 2024.
