La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera preocupante que cuatro meses después de presentada la documentación para solicitar las credenciales de la junta directiva de APES; el Ministerio de Gobernación obstaculiza la inscripción de la junta que fue electa en agosto de 2024 alegando requisitos de forma.
El derecho a la libertad de asociación, más cuando se trata de una organización nacida en 1936 y que promueve principios universales como la libertad de expresión y de prensa, es una acción que evidencia un grave retroceso en un Estado que se supone promueve libertades. Según el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.
El miércoles 11 de diciembre una comitiva de APES realizó una visita a las oficinas del Registro del Ministerio de Gobernación para dar seguimiento al proceso de gestión de credenciales 2024-2026. Ese día nos fue comunicado que la solicitud seguía bajo estudio. Sin embargo, el 18 de diciembre (una semana después), tras volver a realizar una visita al registro, se nos comunicó la denegatoria de las credenciales.
La medida de Gobernación se suma a un patrón de agresiones del Gobierno de El Salvador para silenciar a la prensa: el 4 de diciembre la Policía confiscó equipos y llevó a cabo un allanamiento irregular a la vivienda de la periodista y ex directiva de APES, Mónica Rodríguez; el 6 de diciembre, APES denunció que Fiscalía está presionando a un periodista para que revele las fuentes de una de sus investigaciones; y el 31 de agosto, la Policía interrogó a la madre de un editor tras la publicación de una investigación sobre la existencia de grupos de exterminio dentro de la Policía.
La respuesta de Gobernación a la APES sucede días después de que la asociación dio a conocer que llevará el caso de Víctor Barahona, periodista detenido a través del Régimen de Excepción, a una relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La APES apelará la decisión y exhorta a la comunidad internacional a poner atención a este preocupante patrón de agresiones a la prensa y a este avance en la reducción del espacio cívico de las organizaciones que defendemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y al gremio de periodistas.
