La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera preocupante y grave el allanamiento anómalo de la casa de habitación de la periodista Mónica Rodríguez y Steve Magaña, ocurrido la noche del miércoles 04 de diciembre. Mónica Rodríguez y Magaña trabajan para Bálsamo Radio TV y son importantes defensores de derechos en las comunidades de la cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad. Además, Rodríguez ha realizado un trabajo invaluable como socia y directiva del período 2022-2024 de la APES.
La irrupción en la casa de los periodistas fue realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegaron en vehículos con placas particulares, que no portaban visiblemente sus números de identificación y que ocultaban sus rostros, según testimonios de la periodista. Los agentes afirmaron que es un caso en reserva y por eso se negaron a dar información sobre el motivo o denuncia que justificaba el operativo.
La orden judicial presentada por los agentes no mencionaba los nombres de ninguno de los periodistas, únicamente la dirección y descripción de la vivienda que alquilan.
A pesar de esto, los elementos de la PNC incautaron equipo electrónico como computadoras, discos duros y teléfonos celulares, además de documentación con información personal y equipo electrónico del medio para el que trabajan.
Recordamos a las autoridades que, según el artículo 6 de la Constitución de la República, no pueden ser secuestrados como instrumentos de delito la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento», lo anterior en virtud que en allanamiento se secuestraron instrumentos con los que se ejercía el derecho de libertad de expresión, así como dispositivos que contenían información privilegiada, entre la que se cuenta con información de fuentes protegidas.
Ante este allanamiento, la APES exige a las autoridades competentes que respeten las garantías, derechos fundamentales e integridad de Rodríguez y Magaña, y que se abstengan de utilizar el sistema policial y penal del país como un mecanismo de persecución del periodismo independiente y de la defensa de los derechos humanos.
Este tipo de acciones generan un clima de intimidación y autocensura que afecta la labor informativa en El Salvador y, en consecuencia, la libertad de expresión, prensa y acceso a la información de la población salvadoreña en general.
Desde que ocurrieron los hechos, la APES se mantiene vigilante ante esta situación y se ha hecho cargo del caso por medio del respectivo acompañamiento legal a través de su Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos; y reitera siempre su compromiso con la defensa de la libertad de prensa.
