El jueves 05 de diciembre el equipo de representantes legal de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se acercó a la Fiscalía General de la República (FGR) para constatar el proceso contra la periodista Mónica Rodríguez y Steve Magaña, quienes fueron víctimas de un allanamiento irregular la noche del pasado miércoles 04 de diciembre.
La FGR le negó, al equipo de la CPAJ, toda información a pesar de que se presentó un poder de representación y que existió una orden de allanamiento contra Rodríguez y Magaña, quienes trabajan para Bálsamo Radio TV y se destacan como defensores de derechos humanos en las comunidades de la Cordillera del Bálsamo, en La Libertad.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se desplazaron en vehículos con placas particulares, sin portar identificaciones visibles y con el rostro cubierto. Los agentes alegaron que el caso estaba bajo reserva, negándose a ofrecer detalles sobre el motivo o la denuncia que sustentaba la acción.
La orden judicial presentada por los agentes no mencionaba los nombres de ninguno de los periodistas, únicamente la dirección y descripción de la vivienda que alquilan.
A pesar de esto, los elementos de la PNC incautaron equipo electrónico como computadoras, discos duros y teléfonos celulares, además de documentación con información personal y equipo electrónico del medio para el que trabajan.
La APES recuerda que, según el artículo 6 de la Constitución de la República, no pueden ser confiscados como instrumentos de delito los medios destinados a la difusión del pensamiento. La incautación de herramientas de trabajo periodístico y dispositivos con información privilegiada, incluidas fuentes protegidas, constituye una violación a derechos fundamentales y a la libertad de expresión.
Este tipo de acciones fomentan un ambiente de miedo y autocensura, limitando la labor informativa y atentando contra la libertad de prensa, de expresión y el acceso a la información, pilares fundamentales de la democracia.
Por lo anterior, la APES exige a las autoridades:
- El respeto absoluto de los derechos y garantía de Mónica Rodríguez y Steve Magaña;
- Que se evite utilizar las instituciones policiales y judiciales como instrumentos de intimidación contra el periodismo y la defensa de derechos humanos.
Desde APES nos mantendremos vigilantes ante esta situación y se ha hecho cargo del caso por medio del respectivo acompañamiento legal a través de su Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos y reitera siempre su compromiso con la defensa de la libertad de prensa.
