El 13 de diciembre de 2022, un grupo de periodistas de La Prensa Gráfica fue intimidado y amedrentado por miembros de la policía, el ejército y agentes penitenciarios mientras cubría los avances en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente. Las tres personas del equipo periodístico fueron retenidas por más de dos horas; se les obligó a borrar fotografías y videos que habían tomado del lugar e intentaron decomisar sus cámaras y otras herramientas de trabajo. Además, denunciaron que se les violó su privacidad al revisar sus teléfonos.
La periodista Claudia Espinoza formaba parte de este equipo de periodistas y, con el apoyo de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar las vulneraciones de las cuales fue víctima. El delito señalado en la denuncia tiene que ver con una violación a la libertad de expresión y delito de privación de libertad por parte de un funcionario público (sancionado en el artículo 290 del Código Procesal Penal).
El 24 de octubre de 2024, el equipo legal de la APES fue citado junto a la periodista a una reunión donde la fiscal del caso les notificó el archivo del mismo. La fiscal argumentó su decisión señalando que la víctima se encontraba en una zona de acceso restringido, donde la toma de fotografías y videos está prohibida. Adicionalmente, indicó que el caso no constituye una violación a la libertad de expresión; finalmente, mencionó que las investigaciones no lograron individualizar a los policías involucrados.
Hasta la fecha, se desconoce por la periodista y por el equipo legal de APES la existencia de las diligencias de investigación que se han realizado en la presente investigación, puesto que la fiscal encargada del caso no mostró los resultados de las investigaciones realizadas y tampoco se le permitió ver el expediente como parte de los derechos que poseen las víctimas, según lo establecido en el artículo 106 del Código Procesal Penal.
El 20 de diciembre de 2024, la periodista presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); a la fecha, tampoco se han conocido los resultados de las investigaciones.
La APES insta a las instancias pertinentes a investigar exhaustivamente los hechos, transparentando las diligencias realizadas hasta la fecha. La falta de acceso al expediente y la ausencia de resultados por parte de la fiscalía, sumado a la falta de información sobre la denuncia presentada ante la PDDH, generan incertidumbre y obstaculizan el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa y expresión, y nos solidarizamos con el equipo de profesionales que fue agredido a causa de la obstaculización de su trabajo.
San Salvador, 27 de marzo de 2025.
