El golpe de estado perpetrado en Bolivia y su correlato de amedrentamiento público a la prensa local y extranjera son algunos de los hechos que motivan la presente carta abierta.
El orden constitucional boliviano fue interrumpido en noviembre de 2019 tras semanas de violentas protestas en todo el país en contra de la reelección de Evo Morales. El ahora expresidente del país debió presentar su renuncia tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y de ser expuesto a diversas presiones nacionales e internacionales.
Desde entonces, se ha registrado una persecución constante contra dirigentes políticos y sindicales así como contra periodistas y comunicadores.
La violencia contra periodistas y la prensa sigue en aumento. Es ineludible referirnos especialmente a la situación de los medios comunitarios, en muchos casos representativos de colectividades indígenas o de organizaciones de base que, al mantener su autonomía editorial, se están viendo lisa y llanamente atacados por autoridades estatales o paraestatales.
Es el caso de la Radio Kawsachun Coca, a quien le secuestraron el transmisor de su repetidora y luego le incendiaron parte de sus oficinas de trabajo. Otro ataque se produjo a la Radio Comunidad, dependiente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que incluyó la toma de rehén de su Director, José Aramayo.
Otro tanto ocurre con los medios públicos, que se vieron inmediatamente cooptados por el gobierno autoproclamado. Nos referimos a los resonantes ejemplos de Bolivia TV y de la radioemisora Red Patria Nueva. En ambos casos, muchos de sus trabajadores y trabajadoras fueron despojados de manera violenta por grupos opositores, vulnerados primero y luego forzados a renunciar a sus respectivos puestos de trabajo. Si bien no acusaron responder directamente al gobierno, la posterior inacción ministerial podría ser un indicador sobre la procedencia de estos grupos.
Desde que la ruptura institucional fuera consumada, el gobierno autoproclamado reporta como interlocutores válidos sólo a quienes reproducen sus posiciones políticas. Embarcado en esta lógica, ha llegado al extremo de borrar del aire a cadenas latinoamericanas como Telesur o al canal de televisión internacional ruso, RT.
Dada esta situación de persecución y violencia contra periodistas y medios de comunicación, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe reafirman que la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser siempre garantizado por los distintos gobiernos. Federación Internacional De Periodistas (FIP)
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
- Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)
- Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ)
- Sindicato Nacional de Periodistas (SNP, Panamá)
- Sindicato Nacional de Periodistas (SNP, Costa Rica)
- Asociación de Prensa Hondureña (APH)
- Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
- Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
- Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
- Unión de Periodistas,Artes Gráficas y Ramas Anx. (UPAGRA, Pto.Rico)
- Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP, México)
- Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP, Rep. Dominicana) Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa (SITINPRES, Honduras)
