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Isabel Gaitán

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La Mesa de Protección a Periodistas muestra su condena ante las últimas vulneraciones a la libertad de prensa cometidos por diversos agentes del Estado que ponen en duda las garantías para ejercer un periodismo libre e independiente en El Salvador. 

Durante los últimos tres días periodistas de diversos medios de comunicación han enfrentado declaraciones estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país por el simple hecho de ejercer su profesión con rigor y ética. 

El primer caso es el del periodista del canal 33, Luis Muñoz, a quien el magistrado presidente de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Alberto López Jeréz, denigró luego que el colega le hiciera una pregunta “creo que es un periodista con una mentalidad bastante pobre”, fue la frase utilizada por el abogado en un comentario inapropiado para un funcionario público en un claro acto de intolerancia a recibir preguntas. 

El segundo hecho fue el martes 06 de julio cuando el gobierno de Nayib Bukele negó el permiso de residencia al periodista Méxicano, Daniel Lizárraga bajo el argumento que no se pudo comprobar su calidad de periodista. Lizárraga es un reconocido periodista mexicano y maestro de la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación Gabo). Pese a que su estancia terminaba a finales de julio, el gobierno salvadoreño le dio cinco días para salir del país. 

Dicho acto es un agravio al ejercicio periodístico pues el gobierno utiliza un argumento falaz para expulsar al periodista de El Salvador y constituye una antesala para negar el ingreso a periodistas extranjeros. 

El tercer acto, ocurrió la tarde de este 07 de julio cuando el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velasquez, agredió físicamente al periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura a la recuperación de  del cadáver de un estudiante en la rivera del río Tomayate, en el municipio de Apopa. 

Esta acción constituye un acto de intolerancia al ejercicio periodístico de un actor que en lugar de salvaguardar la integridad del periodista, realiza lo contrario. 

Datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a periodistas registran del 01 de enero hasta el 07 de julio del 2021 un total de 153 vulneraciones a la prensa. Durante el 2020 se reportaron 125 agresiones.

El acelerado aumento de vulneraciones a la prensa tiene su efecto ante la narrativa antiprensa que el gobierno Nayib Bukele ha instaurado en el país y del que el resto de funcionarios y seguidores del bukelimo aprovechan para atacar a la prensa independiente en un claro ejemplo de intolerancia, sabiendo que sus actos quedarán en la impunidad. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner los ojos en El Salvador ante un escenario que nos acerca cada día más a países como Nicaragua o Venezuela. 

San Salvador, 08 de julio de 2021.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condena los ataques a través de redes sociales hechos por un empleado público, el secretario de Prensa de la Presidencia, contra la presidenta de esta asociación, la periodista Angélica Cárcamo. 

Desde la cuenta del secretario de Prensa de la Presidencia, quien está cargo de una institución que funciona con fondos públicos, se han publicado durante los últimos dos días una serie de mensajes ofensivos y estigmatizantes, en los que se cuestiona de manera infundada la solvencia e imparcialidad de nuestra representante, quien a la par de su actividad profesional como periodista, trabaja al frente de la principal asociación de periodistas del país.

En forma reiterada, el funcionario en cuestión ha demostrado su intolerancia ante los señalamientos que, a nivel nacional e internacional, se han hecho a la actual administración del Órgano Ejecutivo. El más reciente es el retroceso mostrado en el “Índice Mundial de Libertad de Prensa”, que año con año publica la organización global “Reporteros Sin Fronteras” y que en su último informe demuestra cómo El Salvador retrocedió en ocho posiciones en comparación al año anterior, ubicándose en la categoría de países con una situación problemática.

Las razones por las que fuera del país se tiene una percepción negativa de la libertad de expresión en El Salvador no son imputables al trabajo que desde hace años viene desarrollando la presidenta de APES en defensa de la libertad de prensa y en favor de los derechos humanos. Se deben exclusivamente a la intolerancia de los empleados de gobierno que, en circunstancias como las que ahora denunciamos, muestran irrespeto a la crítica ciudadana y al trabajo periodístico, a pesar de que son los primeros llamados a garantizarlo, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La APES exige al gobierno, a través de sus funcionarios, que cese sus ataques a la prensa salvadoreña y que termine su estrategia que busca estigmatizar a los y las colegas que ejercen un periodismo sin ataduras. Los funcionarios, y en especial el secretario de Prensa de la Presidencia, deben procurar la transparencia en la gestión y el acceso a la información pública, tal como los obliga la ley. 

Nuestra asociación, con 84 años de existencia, es apolítica y es un referente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y de las asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros.

En la APES continuaremos con nuestra labor de documentar y denunciar cualquier vulneración contra el gremio de periodistas en El Salvador, y a la vez, seguiremos exigiendo respeto al trabajo de los y las colegas que cada día desempeñan sus labores a pesar de las restricciones que se les pretende imponer, al ataque infundado de algunos empleados públicos y a la tolerancia de las máximas autoridades que deberían ponerle un alto a estos.

 

San Salvador, 22 de abril de 2021. 

 

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El ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa es condición fundamental para el ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas. Sin ella, el periodismo no puede cumplir a cabalidad su rol de fiscalizador del poder, principalmente cuando los gobernantes se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía.

Investigar y publicar los hallazgos para informar sobre aquello que está mal en la sociedad, y echar luces sobre lo que el poder quiere mantener a oscuras, es el trabajo de los periodistas y una de las funciones de los medios de información. Pero para lograrlo, periodistas y medios deben tener garantías de libertad de expresión y de prensa, las cuales han comenzado a debilitarse y a transitar hacia un horizonte oscuro.

Esta relatoría ha constatado actos violatorios de la libertad de expresión y de prensa, que insinúan prácticas de censura. Uno de ellos es el reciente cierre en televisión abierta del espacio FOCOS, que se transmitía por el Canal 33 de la televisión salvadoreña. El equipo de FOCOS ha dicho que existe un debilitamiento de la independencia editorial del canal, mientras los propietarios de la empresa televisiva guardan silencio. A este caso se suma el cierre de un programa de opinión en Tele Uno, una semana después de las elecciones del 28 de febrero. Por tanto, esta relatoría considera que:

  1. Los medios tradicionales que intentan resistir están bajo fuertes presiones gubernamentales para que modifiquen sus líneas editoriales y cierren programas de periodismo crítico como FOCOS, que era el único espacio de periodismo cuestionante en la televisión salvadoreña. En esa vía, no sería extraño que en adelante otras empresas mediáticas apliquen cambios en sus políticas informativas.

Los gobiernos pasados usaban la pauta publicitaria gubernamental como premio o castigo por plegarse o distanciarse de la narrativa oficial, esa práctica se ha convertido hoy en una especie de chantaje para las empresas de medios tradicionales que dependen de la publicidad para subsistir, y que han tratado de mantener su independencia editorial.

  1. Vamos hacia la consolidación de un único discurso mediático, un discurso que no siempre está apegado a la verdad, y que además, promueve la intolerancia total sobre la crítica y estigmatiza a la prensa independiente. Esa versión única de la realidad es divulgada a través de los medios gubernamentales como Canal 10, y a partir del uno de mayo la Televisión Legislativa, además de Diario El Salvador. A ello se suman tres radios gubernamentales de cobertura nacional.

Pero, además, la administración de Bukele controla la línea editorial de dos canales de televisión privados y dos cadenas de radio y medios escritos digitales que son administrados por el Consejo Nacional de Bienes, CONAB. En total, la narrativa gubernamental es replicada por no menos de 20 medios de difusión masiva tradicional, además de los apoyos de youtubers y otras plataformas de distribución de contenidos por  Internet.

  1. Los periodistas son restringidos en su ejercicio profesional y afectados en sus derechos como ciudadanos. Los funcionarios de la administración Bukele han mostrado desde el inicio de la gestión una actitud anti prensa. Restringir el derecho a preguntar durante las conferencias de prensa, excluir a periodistas no alineados de las convocatorias de prensa y de los canales de comunicación oficial; además, dañar la imagen, la dignidad y el decoro de los periodistas críticos, son prácticas comunes.
  2. La estigmatización de medios y la incitación a la violencia contra periodistas es promovida por funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Esta práctica lleva el propósito de minar la credibilidad de los periodistas independientes. La necesidad de consolidar la narrativa oficial como única, lleva a eliminar otros puntos de vista críticos y a tildar a los periodistas no plegados al oficialismo como “plumas pagadas” o de responder a intereses de “financistas”, frases con las que buscan deslegitimar el trabajo de la prensa independiente.
  3. Ante esta realidad, no hay que esperar a que persigan o atenten contra la vida de los primeros periodistas. La sociedad civil y la comunidad internacional deben poner atención a lo que está ocurriendo en el país y hacer lo necesario para evitar el peor de los escenarios, la instauración plena de un régimen autoritario. Detrás de la publicación de una investigación periodística, y luego de un tuit del presidente Bukele o alguno de sus funcionarios, vienen las avalanchas de mensajes violentos o amenazas de los seguidores del gobierno, los cuales pueden llegar a concretarse en atentados a la vida. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas ya registra tres casos de seguimiento por vehículos desconocidos o individuos fotografiando residencias de periodistas. Por tanto, instituciones como la Fiscalía General de la República, FGR, también deben actuar, investigando y aplicando la ley a los responsables de estos y otros actos, para evitar la impunidad.

Serafín Valencia Martínez

Relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES.

San Salvador, 02 de abril de 2021.

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Andorra la Vella, 18 de marzo de 2021. El Gobierno de Andorra ha abierto el plazo para la acreditación de periodistas y medios de comunicación que deseen cubrir de manera presencial o virtual la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el 21 de abril en este país.

Los periodistas o medios que quieran acreditarse para realizar la cobertura presencial de la Cumbre Iberoamericana desplazándose a Andorra deben hacerlo a través del siguiente enlace, prestando especial atención a la documentación necesaria para ingresar a Andorra, así como los requisitos sanitarios relacionados con el COVID-19.

Los periodistas o medios que deseen realizar la cobertura de la XXVII Cumbre Iberoamericana de manera virtual deben registrarse aquí.

Quienes se acrediten (tanto en la modalidad presencial como en la virtual) tendrán a su disposición contenidos útiles para la cobertura periodística, accederán a las transmisiones y a recursos multimedia, recibirán alertas de todos los eventos dentro y fuera de la agenda, y podrán formular preguntas durante las ruedas de prensa.

El periodo de acreditaciones para medios de comunicación y prensa será entre el 18 de marzo y el 12 de abril.

La XXVII Cumbre Iberoamericana será la primera ocasión en la que los 22 Jefes de Estado y de Gobierno de la región se reúnan desde que empezó la pandemia del COVID-19 con el fin de articular soluciones concretas para la recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental.

El lema escogido por Andorra para la Cumbre es “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.

Fuente: Secretaría General Iberoamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Debido al aumento de vulneraciones a periodistas en los últimos años, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trabajó en la elaboración de un Manual de seguridad para la prensa salvadoreña, el cual se dará a conocer en los próximos días.  

El documento incluye recomendaciones desde una perspectiva holística: consejos para la protección personal en el ámbito físico y digital, bioseguridad, auto-cuido y consideraciones para diversos tipos de coberturas, incluyendo desastres por fenómenos naturales. Dicho manual será de acceso libre tanto para periodistas, salas de redacción, estudiantes de periodismo y academia.  

El Informe de Libertad de Expresión en El Salvador 2020 de la APES destaca un incremento de las agresiones contra periodistas y trabajadores de la comunicación, los cuales fueron reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. 

En el año 2018 se reportaron 65 casos de agresiones y vulneraciones a la prensa, en el año 2019 la cifra subió a 77 y para el 2020 se reportaron 125 casos, duplicando la cifra registrada en el 2018.  

Dentro de las vulneraciones se destaca la restricción al ejercicio periodístico, el acoso digital, bloqueo al acceso a la información pública, campañas y discursos estigmatizantes, intimidación, hurtos y amenazas verbales. 

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de la prensa incrementando el riesgo en el área de la salud, al tener un mayor grado de exposición por las mismas actividades que conlleva la profesión. 

Esta es la primera vez que la prensa salvadoreña contará con un manual diseñado para la cobertura local tomando en consideración los aspectos mencionados.  

La socialización del manual incluye realizar foros regionales en los que se discutirá sobre la seguridad y medidas de protección para periodistas. APES contará con la participación virtual de Zuliana Laínez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), entre otros. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte del proyecto “Fortalecer la defensa de los derechos de los y las periodistas de El Salvador”. El programa se centra en tres actividades principales: elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la prensa salvadoreña, un manual de seguridad para periodistas salvadoreños y realización de conferencias para discutir sobre los mecanismos y medidas necesarias para una prensa segura.  

UNESCO enmarca este proyecto dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas;” y en la búsqueda de aportar a la garantía y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión en El salvador.

 

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El 23 de octubre de 2018, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el «Anteproyecto de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la comunicación y la información», a la fecha no hay avances por parte de los legisladores. 

Puedes leer el documento aquí: PROYECTO DE LEY_MARZO 2021