Los ataques contra la prensa han sido una constante durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Desde el inicio de la actual administración, muchos funcionarios, y particularmente el presidente, han utilizado los recursos comunicacionales disponibles -conferencias de prensa, mensajes en redes sociales y entrevistas en radio y televisión- para sistemáticamente atentar contra la libertad de expresión y prensa en El Salvador.
La intención de estigmatizar a aquellos medios de comunicación y periodistas que sí hacen periodismo -y que con ello han develado preocupantes casos de corrupción, nepotismo y arbitrariedad en la actual función pública- es evidente, y busca socavar la credibilidad de la prensa no alineada para implantar la narrativa oficial como la única voz legítima. Esa actitud, que criminaliza la pluralidad de pensamiento, no solo atenta contra uno de los deberes constitucionales de la presidencia -buscar la armonía social- sino que fortalece un camino cada vez más autoritario.
Los ataques contra la libertad de prensa tuvieron uno de sus puntos más álgidos este jueves 24 de septiembre. El presidente Bukele montó una cadena de radio y televisión -y ahora también en redes sociales- para pronunciarse, en parte, ante los múltiples señalamientos internacionales por sus ataques a la libertad de prensa. La cadena nacional, irónicamente, fue utilizada para atacar a periodistas.
La Ley de Telecomunicaciones establece, en su artículo 127, que el presidente tiene derecho a convocar cadenas de radio y televisión por motivos de calamidad, guerra o interés nacional, entre otros. Los escasos recursos públicos, lo que incluye a las cadenas nacionales, no deberían ser usados para atentar contra un derecho fundamental como la libertad de expresión y prensa. El periodismo, que está al servicio de la ciudadanía y no de los gobernantes, es un pilar de cualquier sociedad democrática. El interés nacional de un gobernante -y también su deber- debe ser preservarlo.
En una sociedad democrática, el periodismo informa y fiscaliza el uso de los recursos públicos, un ejercicio que posibilita que la ciudadanía tome sus decisiones de forma libre y crítica. Por desconocimiento o mala fe, el presidente de la República ha tergiversado esa función y ha presentado a los periodistas como adversarios. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) le recuerda que los periodistas no son opositores.
En la cadena, el presidente Bukele atacó a los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Mundo y Co-Latino, y a los medios digitales El Faro, Revista Factum y Revista Gato Encerrado. Anunció, además, que el ministerio de Hacienda ha iniciado una investigación por supuesto lavado de dinero en contra de El Faro. Por el contrario, puso de ejemplo de buen periodismo al sitio La Página, dirigido actualmente por el Consejo Nacional de Administración y Bienes (CONAB), una dependencia controlada en gran medida por el Ejecutivo.
En repetidas ocasiones la APES ha expresado su preocupación por el incremento de los ataques, calumnias e insultos contra medios de comunicación y periodistas de parte del gobierno salvadoreño. La asociación condena el uso arbitrario de las cadenas de radio y televisión y de las instituciones públicas. Es la Fiscalía General de la República la única facultada para investigar delitos como el lavado de dinero. Cualquier uso diferente de la información fiscal podría derivar en una persecución política.
Hasta el 26 de septiembre de 2020 la APES registró 88 vulneraciones a la prensa desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 01 de junio de 2019. Las vulneraciones se centran en restricciones al ejercicio periodístico, bloqueos de acceso a la información y ataques digitales.
Pese a las alertas emitidas por nuestro centro de monitoreo, el Ejecutivo se niega a cambiar su trato hostil hacia la prensa; por el contrario, recientemente emitió un comunicado desprestigiando el trabajo de la APES. La gremial, con 84 años de existencia, es apolítica y es un referente ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y de las asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSJ), entre otros.
La APES se suma a los llamados de organismos internacionales y exige al gobierno de Nayib Bukele que modifique cuanto antes las prácticas anti prensa que suponen un boicot al ejercicio periodístico y un retroceso para la democracia del país.
Como asociación, continuaremos con nuestra labor de documentar y denunciar cualquier vulneración contra el gremio de periodistas en El Salvador.
San Salvador, 26 de septiembre de 2020.
