Pie de foto: Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, en conjunto con las organizaciones de sociedad civil: Cristosal, FESPAD, IDHUCA, DPLF, CEJIL, CCPR, SSPAS, OMCT y la Red de Defensoras de DDHH posterior a la audiencia de la CIDH. Foto: APES
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), junto a organizaciones de la sociedad civil, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado salvadoreño contra la ciudadanía en el marco del régimen de excepción.
Según los datos recopilados por las organizaciones, durante el régimen de excepción se han detenido a 71,479 personas, la mayoría de veces sin informarles la razón de su arresto y han permanecido en condiciones de hacinamiento o en aislamiento total, sin derecho de recibir la visita de familiares ni de defensa legal. Los detenidos bajo el régimen y sus familiares denuncian abusos graves de autoridad, golpizas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Hasta el momento, Cristosal contabiliza 174 muertes bajo custodia del Estado. En algunos de estos casos los familiares ni siquiera fueron informados y en muchas ocasiones las personas fallecidas fueron enterradas en fosas comunes.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, se refirió a los ataques a la prensa que autoridades del gobierno de Nayib Bukele han hecho durante el régimen.
o
“La prensa no está exenta de la realidad expuesta y hoy en día enfrenta niveles de hostilidad que no se habían vivido desde la firma de los Acuerdos de Paz. Según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas (…) en 2022 hubo 136 casos de vulneraciones a la prensa. Pero los datos más alarmantes son los registrados durante la vigencia del Estado de excepción, en donde se reportan 209 afectaciones al gremio, de los cuales el 66% de agresiones provienen del Estado.”
Cárcamo resaltó, también, que la mayoría de estas agresiones las componen discursos de odio, declaraciones estigmatizantes y difamatorias en contra de periodistas y medios no afines a la narrativa oficial, ataques relativos a la seguridad digital de dispositivos de
periodistas y las retenciones o ataques físicos a periodistas durante coberturas.
Asimismo, se reportó el primer caso de un periodista comunitario que fue encarcelado injustificadamente: Víctor Barahona. Durante 11 meses y 12 días Barahona sufrió abusos físicos y psicológicos; le fue negada atención médica a sus padecimientos crónicos y enfermedades que desarrolló por las pobres condiciones de su encierro; se le negó visitas de sus familiares y defensa legal. Además, declaró que mientras se encontraba en el penal de máxima seguridad de Izalco estuvo al borde de morir.
A estas agresiones contra la prensa se añaden recientes reformas hechas por la Asamblea Legislativa que restringen o criminalizan el ejercicio periodístico, explicó la presidenta de APES. Entre estas resaltan las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, que permiten la intervención de llamadas, mensajes de texto y geolocalización sin el conocimiento de las personas bajo el supuesto argumento de combate a la criminalidad. También, fueron aprobadas reformas a la Ley de Proscripción de Maras o pandillas y al Código Penal, que amenazan con cárcel de hasta 15 años contra los periodistas que difundan mensajes que provengan de grupos criminales.
La representación del Estado salvadoreño que participó en la audiencia de la CIDH justificó las medidas del estado de excepción si eso significaba continuar reduciendo los índices de violencia social. El comisionado presidencial para Derechos Humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, dijo: “seis millones de personas deberían tener mucha más importancia que aquellas (los detenidos bajo el régimen) sobre las que se están enfocando”.
Guzmán rechazó las denuncias que las organizaciones han venido haciendo desde el inicio del régimen de excepción sobre violaciones graves a derechos humanos. Dijo que no se habían evidenciado y que hasta el momento en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos “no había ni una sola denuncia.»
En una conferencia posterior, las organizaciones condenaron las declaraciones del
comisionado en nombre del Estado salvadoreño y llamaron al reconocimiento de las víctimas del régimen: “Si creen que estamos mintiendo ¿por qué no le dan paso a los comisionados (de la CIDH)?, ¿por qué no le dan información a las relatorías?”, dijo Angélica Cárcamo.
