El relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Hugo Sánchez, tuvo una participación especial en la presentación del “Informe de Vulneraciones al Espacio Cívico” de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Este informe incluía un apartado enfocado en las tipologías de agresiones contra la libertad de prensa y expresión, para el cual se habían retomado datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES.
Los datos del informe indicaron que entre enero y agosto de este año se registraron 73 casos de violaciones al espacio cívico. De estos, 36 corresponden a la libertad de expresión, lo que representa el 49.3% del total.
Además, el informe destacó que el gremio periodístico y los medios de comunicación son los perfiles más afectados, con un 42.5% de las agresiones. Los principales agresores identificados son funcionarios públicos, que representan el 38.4% del total de agresiones.
“Desde el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES se han identificado patrones y vulneraciones sistemáticas que están ocurriendo en el país en contra de la libertad de expresión y prensa. No solo se están atacando discursos, sino que también hay ataques tecnológicos en sitios web para dejarlos fuera de línea”, expresó Hugo Sánchez durante su intervención en la presentación del informe.
De enero a septiembre de 2024, la APES ha contabilizado 380 agresiones contra la prensa. Asimismo, entre 2022 y 2024 se han registrado 27 casos de movilizaciones de periodistas debido a la falta de un entorno seguro para el ejercicio periodístico libre.
El informe presentado por FESPAD se basó en la herramienta del Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLN), que también definía que el espacio cívico ideal permite la defensa de los derechos de la sociedad civil y la construcción de políticas públicas que garanticen el buen funcionamiento de los poderes políticos.
Desde APES, reconocemos que la defensa del derecho a la libre expresión es crucial para fortalecer nuestra democracia y promover la participación activa de la sociedad civil en un espacio seguro. Asimismo, hacemos un llamado a la acción para abordar estas vulneraciones y fomentar un diálogo abierto y constructivo por y para nuestra comunidad.
