La Secretaría de Prensa de la Presidencia limitó el derecho a preguntar a la periodista de la revista Gato Encerrado, Karen Moreno, en la conferencia de prensa que dio el presidente, Nayib Bukele, para anunciar el resultado de las acciones en contra de la corrupción que se realizó el viernes 4 de junio.
A pesar que la periodista fue de las primeras en llegar, no le permitieron anotarse en el listado de preguntas. Sin embargo, al finalizar la conferencia ella alzó su voz para preguntar.
«No permitir mi derecho a anotarme en el listado para preguntar fue una violación al derecho de libertad de prensa. La población salvadoreña merece tener respuestas sobre las acciones de los funcionarios, pero eso solo se logrará a través de la apertura a medios críticos. Las agresiones a la libertad de prensa son un reflejo del contexto político que solo admite el discurso oficial», dijo la periodista al Centro de Monitoreo de APES.
También otros periodistas denunciaron que se priorizó a los medios oficialistas para la ronda de preguntas.
Esta no es la primera vez que los equipos de comunicaciones de Casa Presidencial restringen el espacio de preguntas a la prensa. APES rechaza estas acciones que afectan la labor informativa y hace un enérgico llamado a la Secretaría de Prensa a no limitar el acceso a preguntas a la prensa independiente.
Personal de prensa de Casa Presidencial (CAPRES) obstaculizó la labor de periodistas de revista Factum, revista Gato Encerrado, El Faro, FOCOS TV, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) entre otros, que cubrían el funcionamiento del «Megacentro de Vacunación» en el Hospital El Salvador.
“Personal de prensa de la Secretaría de Prensa está sacando a los periodistas nacionales de la zona donde la población hace cola, previo a su vacunación. Dicen que no hemos sido convocados. Sólo han permitido acceso a medios internacionales”, denunció en su cuenta de Twitter Bryan Avelar, periodista de Factum.
Luego de trabajar durante nueve años en Televisión de El Salvador (TVES) la periodista Mónica Rodríguez fue despedida este 2 de octubre de 2020.
Según la periodista, al momento de notificarle su despido Casa Presidencial le dijo que era por “supresión de plaza y pérdida de confianza”. Cabe destacar que la periodista no tenía un puesto de confianza sino un contrato por Ley de Salario.
Rodríguez formó parte de la junta directiva de APES durante dos períodos consecutivos y actualmente es integrante del Comité de Ética de la gremial. Además, es defensora de derechos humanos.
Ante esta situación, APES se mantiene vigilante de que se cumpla el debido proceso y que no se violenten los derechos laborales de la periodista.
También, invita a otros periodistas que viven en igual situación a denunciar cuando atenten contra sus derechos laborales, al correo electrónico apeselsalvador1@gmail.com o al teléfono 7746 4325.
El presidente Nayib Bukele atacó a periodistas de la revista Factum y El Faro durante una conferencia de prensa que brindó la noche del jueves 24 de septiembre; además, descalificó la labor informativa de la revista Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Colatino y Diario El Mundo.
Mientras que Canal 33 denunció que se le negó la participación en la ronda de preguntas de la conferencia de prensa.
En ocasiones anteriores ha mostrado apatía contra los periodistas y medios de comunicación que son críticos a su gestión.
Ante esta situación, APES considera que el presidente comete una grave violación al derecho a la libertad de prensa. Además reitera al gobierno de turno que debe respetar la labor informativa e investigativa que realizan algunos medios de comunicación.
Dos periodistas de Radio El Salvador y un trabajador del área de producción de Televisión de El Salvador (TVES) fueron despedidos el miércoles 8 de julio.
Los despidos fueron notificados por el departamento de Recursos Humanos de Casa Presidencial (CAPRES), bajo el argumento de “suspensión de plazas”; pero les hicieron firmar un documento de renuncia.
“Fui despedido en medio de una pandemia, en pleno mes del periodista bajo el argumento de supresión de plazas”, expresó uno de los periodistas afectados.
En septiembre y diciembre de 2019, 66 trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de ambos medios por “sobrecarga económica y de personal”.
APES se mantiene vigilante del proceso de despidos y pide a los patronos respetar los derechos laborales de los periodistas.
La Secretaría de Prensa de la Presidencia restringe el derecho de acceso a la información pública a periodistas de diversos medios de comunicación que participan de un grupo de WhatsApp titulado “Prensa presidencia”, el cual creó la Secretaría de Prensa con el fin de compartir información oficial al gremio periodístico; sin embargo, no hay ningún tipo de interacción con los administradores.
Según algunos periodistas, en el contexto de la emergencia nacional por el Covid-19, el grupo es usado como medio de difusión unilateral y no como grupo de interacción con sus administradores en los.momentos en que se necesita información oficial.
Ante las denuncias, APES envió una carta al secretario de prensa, Ernesto Sanabria, en la cual solicitó el protocolo de trato con la prensa y la gestión de espacios para entrevistas en los medios de comunicación, pero no se obtuvo respuesta; de igual forma, Sanabria no contestó las llamadas.
Esta no es la primera vez que periodistas denuncian dicha situación, es por ello que APES considera que la Secretaría de Prensa debe ser accesible al sector de periodistas y debe garantizarse la gestión de entrevistas en medios gubernamentales, comunitarios y alternativos, sin importar la línea editorial.
El Decreto Ejecutivo Nº 14 presentado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, excluye al gremio periodístico de la libertad de movilidad para hacer su trabajo en el marco de la Emergencia Nacional.
Dicho decreto, tiene como objetivo regular el flujo de personas que transitan por las calles, con el objetivo de prevenir el peligro de propagación de la pandemia COVID-19, sin embargo, no menciona la labor de los periodistas y personas trabajadoras de los diversos medios de comunicación.
Ante esta situación, APES exige que se modifique dicho decreto en el que se incluya a periodistas y personal relacionado a los medios de comunicación, de lo contrario, las autoridades policiales y militares podrían restringir arbitrariamente la movilidad del personal de prensa.
El pasado martes 24 de marzo el Gobierno de El Salvador prohibió por cuarta vez a periodistas de diferentes medios de comunicación hacer preguntas durante la conferencia de prensa realizada por el gabinete de salud ampliado, donde informaron sobre cuatro nuevos casos positivos de COVID-19.
La conferencia fue avisada con poco tiempo de anticipación en las redes sociales del ejecutivo, además muchos periodistas denuncian ser excluidos del grupo de WhatsApp «Prensa Presidencia», que es manejado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Dicho impedimento obstruye la labor periodística es por ello que APES insiste a las autoridades del Gobierno de turno que deben ser abiertos a la prensa y no restringir el derecho a la información pública.
Es en estos momentos cuando las autoridades del Gobierno deben ser más transparentes y brindar más información al público, para reducir los niveles de incertidumbre y pánico.
Anexos:
Por tercera ocasión el gobierno negó el derecho de preguntas a periodista que se encontraban dando cobertura al gabinete de salud ampliado, quienes brindaron una actualización sobre la situación del COVID19 y confirmaron dos nuevos casos de personas con el coronavirus.
La primera restricción ocurrió el 17 de marzo durante la conferencia de prensa del gabinete de salud en la que dieron disposiciones recientes en el marco del COVID19 y en donde no se permitió el derecho de pregunta a tres periodistas de medios digitales de El Faro, Revista Factum y Revista Gato Encerrado.
El segundo caso se dio el domingo 22 de marzo cuando el gabinete de seguridad brindó un balance de de las personas enviadas a centros de contención por no acatar la cuarentena obligatoria. En esta conferencia no se permitió preguntas por parte de la prensa, hecho que fue verificado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El tercer caso ocurrió el lunes 23 de marzo en la conferencia del gabinete de salud ampliado en la que dieron actualización de la cuarentena por el COVID19 y en la que confirmaron dos nuevos casos. Aquí, nuevamente se negó el derecho de preguntas a todos los periodistas.
“Los periodistas no tuvimos espacio para hacer preguntas en la conferencia de prensa de esta noche donde el viceministro de Salud @FranAlabi y la comisionada Presidencial Carolina Recinos confirmaron dos casos nuevos de #COVID19 en El Salvador”, publicó una periodista en su cuenta de Twitter.
APES rechaza todas estas acciones de parte del Gobierno de turno que afectan la labor informativa, y hace un fuerte llamado a todos los funcionarios públicos a ser accesibles con la prensa y no impedir el derecho a la información pública que es fundamental para que la población esté debidamente informada.
La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia despidió este 18 de diciembre cerca de 30 personas de Canal 10 y Radio El Salvador, entre ellos: periodistas, camarógrafos, editores y trabajadores relacionados a dichos medios.
Entre las justificaciones que les dio la administración están: supresión de plazas, reestructuración y renuncias, esta última de carácter obligatoria y que es ilegal según lo establece el Código de Trabajo.
Uno de los despedidos dijo al Centro de Monitoreo de APES que al llegar a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia uno de los abogados le comunicó que “su plaza quedó cerrada”, otro de los afectados denunció que le obligaron a firmar una carta de renuncia. Ambos casos han sido documentados y trasladados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para su investigación.
Ante este contexto, APES pide al Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, retomar la mesa de diálogo instalada en septiembre con la Mesa de Protección a Periodistas y en la que se comprometía a dar informes sobre las inspecciones laborales que esa institución realizaría en los diferentes medios de comunicación.
APES invita al personal afectado a ponerse en contacto con el teléfono 7746-4325 para darles asesoría y seguimiento del caso.
