La Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó este martes 06 de mayo una solicitud formal de información en la Fiscalía General de la República (FGR), ante la posible existencia de una investigación dirigida contra periodistas del medio digital El Faro.
El equipo legal de la CPAJ que representa a los periodistas implicados actuó con base a lo descrito en el Código Procesal Penal en los artículos del 76 al 80, los cuales establecen que toda persona posee el derecho a conocer si existen imputaciones o investigaciones criminales en su contra.
La acción surge luego que Carlos Dada, director y fundador de El Faro, y Óscar Martínez, jefe de redacción del mismo medio, aseguraran, el pasado 3 de mayo tener información confiable sobre la preparación de órdenes de captura al menos de siete periodistas de su equipo.
Estas acciones, de acuerdo con lo expresado por ambos periodistas, habrían sido motivadas por la publicación de unas entrevistas con dos cabecillas de pandillas que aseguraron haber negociado con el gobierno de Nayib Bukele la reducción de homicidios a cambio de beneficios.
«Nos asiste el derecho a pedir información y queremos saber si los colegas de El Faro están siendo señalados por algo. Los periodistas no somos delincuentes sino que ejercemos nuestro derecho a informar, a revelar y a pedir información», comentó Sergio Arauz, presidente de APES.
Por su parte, el abogado del caso y miembro del equipo legal de la CPAJ, Oswaldo Feusier, mostró su preocupación ante la situación. “Estamos convencidos desde APES que ni la investigación periodística, ni el derecho a informar, ni la libertad de expresión se deben criminalizar”, expresó.
Durante la entrega de la solicitud, la APES estuvo acompañada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Cristosal, FESPAD, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Servicio Social Pasionista y la Red Centroamericana de Periodistas. Estas organizaciones expresaron su respaldo a la labor periodística y su preocupación ante posibles acciones que vulneren la libertad de prensa en El Salvador.
“Las organizaciones de la sociedad civil les estamos acompañando y reconocemos la labor legítima que tiene el periodismo en una democracia. Seguimos apostando por denunciar la situación grave de periodistas y defensores de derechos humanos”, comentó Gabriela Colocho, investigadora en Servicio Social Pasionista.
El año 2024 cerró con un total de 789 agresiones contra periodistas, según los datos registrados en el informe de Libertad de Prensa 2024. Ante esta situación y con acciones como la de hoy, la APES reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas periodistas y exhorta a las instituciones del Estado a actuar con transparencia, apegándose al marco legal y respetando el derecho fundamental a la libertad de expresión.
