Este martes 1 de abril la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entregó correspondencia al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero. La carpeta contiene un informe técnico sobre el caso de la periodista comunitaria Mónica Rodríguez y el comunicador Steve Magaña, quienes fueron objeto de un allanamiento irregular en su vivienda la noche del 04 de diciembre de 2024.
La entrega de este informe constituye un llamado a la acción, instando al gobierno y al comisionado a asumir con urgencia y responsabilidad su rol en la situación actual. Es imperativo que ambos actores tomen las medidas necesarias para investigar el caso, rectificar las vulneraciones señaladas y cumplir con su obligación de garantizar el bienestar y los derechos de las personas afectadas, así como tomar medidas de prevención para que estos hechos no se repitan.
La falta de acción y negación de abusos contra periodistas y violaciones a las libertades de expresión y de prensa es síntoma de negligencia o mala fe de las autoridades, protagonistas de la deriva autoritaria que sufre El Salvador.
El caso de Rodríguez y Magaña ha contado con el acompañamiento legal de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la APES; la cual ha proporcionado apoyo en todos los procesos que se han llevado a cabo. A continuación se citan las diligencias más recientes:
- Se solicitaron constancias a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer si existía un proceso de investigación en contra de la periodista y el comunicador. Del resultado de esta gestión se concluyó que, hasta el 27 de febrero de 2025, no existen cargos en su contra ni antecedentes vinculantes.
- El miércoles 26 de marzo de 2025, la APES presentó una demanda de hábeas corpus preventivo ante la Sala de lo Constitucional.
- En el día del allanamiento, el operativo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confiscó equipos de trabajo de los implicados. Por dicha razón, la APES presentó el 26 de marzo de 2025, ante la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud para la devolución de los equipos decomisados, dado que la constancia emitida indica que no existe un proceso de investigación en su contra y, por lo tanto, no hay justificación para mantener los dispositivos confiscados.
El día del allanamiento, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron en vehículos con placas particulares, sin portar identificaciones visibles y con los rostros cubiertos. Además, los agentes se negaron a proporcionar información sobre el motivo o denuncia que justificara la operación, alegando que se trataba de un «caso en reserva».
Después del incidente, en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, a pesar de contar con representación legal, la FGR negó información en tres ocasiones a Mónica Rodríguez y Steve Magaña, quienes son miembros del equipo de Bálsamo Radio TV y defensores de derechos humanos en la comunidad de la cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad.
Desde la APES, acompañamos a los implicados en las gestiones del caso y hacemos un llamado a las autoridades a respetar a los y las profesionales del periodismo en El Salvador.
El Salvador, San Salvador, 01 de abril de 2025
Esta acción y esta comunicación cuentan con el apoyo y respaldo de algunas organizaciones defensores de la libertad de prensa y expresión en Latinoamérica que hacen parte de Redes Contra el Silencio:
