- Fecha de vulneración: 23 de octubre de 2024
- Espacio: Digital (Twitter), San Salvador
- Agresor: SUTRAMITRAPS, empleados del Ministerio de Trabajo, Ministro de Trabajo
- Afectado: Periodista de Revista Factum
- Agresión: Difamación, acoso digital, restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes
La imagen de la periodista Tania Ortiz, de Revista Factum, fue extraída de un sistema de vigilancia gubernamental y expuesta en redes sociales con fines difamatorios y de acoso por parte de la cuenta de X del Sindicato Unido de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SUTRAMITRAPS). La periodista también fue víctima de publicaciones difamatorias y declaraciones estigmatizantes por parte del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del SUTRAMITRAPS. Además se restringió su derecho al ejercicio periodístico.
El 22 de octubre, Ortiz acudió a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en San Salvador, para averiguar el estado de un requerimiento de información pública y de una solicitud de entrevista con Castro que venía gestionando desde septiembre. Al mencionar que era periodista, le fue negado el acceso al área de comunicaciones del Ministerio.
Posteriormente, el SUTRAMITRAPS publicó un tuit acusando a Ortiz de “acosar” al equipo del Ministerio de Trabajo, acompañado de una foto de ella obtenida de las cámaras de seguridad y divulgada con intenciones lesivas. Esta acusación fue amplificada por el ministro Rolando Castro, quien realizó comentarios estigmatizantes contra la periodista en X y amenazó con tomar medidas contra el medio por el supuesto «acoso». Ortiz negó dichas acusaciones al Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES.
Este caso deja en evidencia el uso discrecional por parte de particulares de los sistemas de vigilancia estatales para afectar la libertad de expresión y prensa.
Es necesario que los funcionarios y empleados públicos tengan presente que, bajo ninguna óptica, la labor periodística de solicitar información pública y declaraciones se puede considerar “acoso”. Por el contrario, constituye el ejercicio de la libertad de expresión, que incluye el derecho de buscar y recabar información, reconocido por la Constitución de la República y numerosos instrumentos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión han señalado que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
La APES se solidariza con la periodista y expresa su profunda preocupación con el accionar del Ministerio y el referido sindicato, quienes además de restringir la labor de la periodista al no atender sus solicitudes, también ocuparon recursos públicos para difamar a la periodista en redes sociales.
