Un fotoperiodista de la Prensa Gráfica (LPG) fue amenazado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 1 de agosto de 2019, mientras daba cobertura a un homicidio registrado en el municipio de Sensuntepeque, en Cabañas. Según el relato del colega, dos agentes de la PNC destacados en el sector se le acercaron y le exigieron borrar las imágenes del hecho. “Si las fotos que has tomado salen publicadas, te vas a atener a las consecuencias”, le amenazó uno de ellos.
Según el fotoperiodista, los agentes de la PNC le aseguraron que “tienen orden de no permitir fotos de escenas de homicidios”.
El fotoperiodista dijo al centro de monitoreo de atención de alertas a periodistas de APES que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones mientras realiza coberturas de violencia. En reiteradas ocasiones agentes de la PNC han restringido su ejercicio periodístico.
Al conversar con autoridades de la PNC de Cabañas, mencionaron que «había sido un mal entendido lo ocurrido con el fotoperiodista».
Sobre el caso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a tomado la denuncia y está en proceso de seguimiento.
Asimismo, APES se encuentra vigilante de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la información, sobre todo, cuando las mismas autoridades de seguridad pública son los principales agresores.
Por lo cual, APES hace un llamado a las autoridades correspondientes a respetar el libre ejercicio periodístico y realice las investigaciones pertinentes.
Periodistas que dan cobertura al caso de Evelyn Hernández, quien enfrenta nuevamente juicio por parto extrahospitalario y emergencia obstétrica, denunciaron restricción a su ejercicio periodístico en el Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado.
Sin embargo, después de tres horas de espera se permitió a la prensa ingresar «únicamente por 30 segundos para tomar fotografías, sin permiso de permanecer en la audiencia». Aunque el equipo de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez mencionó que había un problema de comunicaciones que sí se permitió el acceso a la prensa.
APES recomienda a los equipos de comunicaciones de los juzgados a permitir la libertad de prensa en aquellos casos que no tienen reserva para su divulgación. En el caso de impedir el acceso a la prensa se deben buscar los mecanismos de comunicación adecuados con la prensa para evitar inconvenientes.
Cerca de 30 periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), que aglutina los canales 2, 4, 6. Según fuentes consultadas, los despidos se deben a un “déficit económico que tiene la empresa”.
Entre los despidos se encuentran periodistas, presentadores, editores y técnicos.
En el Centro de Votación establecido en el Colegio Cristóbal Colón, en San Salvador, se impidió el ingreso del fotoperiodista Juan Carlos Villafranco de Diario Co Latino, a las 6:00 a.m. cuando se encontraba a la espera de los preparativos de la jornada electoral.
El fotoperiodista de Diario El Mundo Oscar Machón fue lesionado con una piedra en una de sus rodillas, durante los disturbios entre vendedores informales y miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Santa Tecla.
Durante los mismos disturbios, una bala rozó el pantalón de Ricardo Chicas Segura, fotoperiodista de Diario Co Latino; Segura narró que una mochila con medicamentos que portaba impidió que la bala llegará hasta su cuerpo; el proyectil impactó en un frasco de medicina que llevaba en la mochila.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 8 de noviembre en las inmediaciones del Mercado Municipal de Santa Tecla.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) pide que se investiguen los hechos, ya que estos ataques ponen en riesgo la seguridad de las y los periodistas.
Un fiscal prohibió a un fotoperiodista de prensa escrita tomar fotografías mientras daba cobertura a una escena de un homicidio.
Según el relato, el fiscal que procesaba la escena le prohibió tomar imágenes aunque lo hacía respetando los protocolos para esos casos.
El fotoperiodista le argumentó que solo hacia su trabajo, sin embargo, el fiscal no solo insistió en bloquear su labor, sino que además procedió a fotografiarlo.
El hecho ocurrió el jueves 25 en horas de la tarde en el kilómetro 22 de la carretera al Puerto de la Libertad.
Según el trabajador del medio de comunicación no es la primera vez que le ocurre un hecho similar. A la vez mostró su preocupación porque un empleado del ministerio público restringe una vez más el ejercicio periodístico.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador prohibió a los reporteros ingresar con cámaras, grabadoras y celulares a la audiencia en contra del expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios públicos.
Según periodistas de diversos medios, la restricción se debe al audio filtrado de la confesión del expresidente, donde confeso que trasladó fondos públicos a cuentas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Sin embargo, con este tipo de regulaciones se esta violando el Derecho a la Información Pública.
Marvin Recinos, fotoperiodista de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), fue agredido en Nicaragua por un grupo de paramiliatres quienes le quitaron su equipo de trabajo.
Varios periodistas y trabajadores de otras áreas de La Prensa Gráfica fueron despedidos este 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa.
Inicialmente se conoció de al menos 120 trabajadores cesados, sin embargo se ha comprobado diez entre redactores, fotoperiodistas, multimedia y transporte. Entre los afectados por el recorte de personal se encuentra el fotoperiodista Frederick Meza, quien fue amenazado por su trabajo en noviembre del año pasado.
Fuentes al interior del periódico han informado que para mañana han convocado a reunión a otro grupo, por lo que no se descarta que haya más afectados.
La justificación es, como siempre, nuevas readecuaciones en la empresa.
El juez Rigoberto Chicas, que procesa el caso contra el expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios públicos, de manera reiterada ha negado el acceso de la prensa a la Sala de Audiencias, donde se realiza la audiencia preliminar del proceso penal por lavado de dinero y otro delitos de corrupción.
Según la denuncia de periodistas de varios medios de comunicación, el proceso no tiene reserva por lo que la restricción a la prensa es una acto arbitrario del juzgador.
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