Por medio de una publicación en la red social Twitter el diputado del partido Nuevas Ideas Christian Guevara intentó desacreditar la labor del fotoperiodista de El Diario de Hoy Jonathan Funes sobre su cobertura del problema de cárcavas en la residencial Brisas de San Francisco.
«Este «periodista» también vive en una colonia que sufre graves inundaciones y a los que también el FMLN les dio una «solución definitiva». Hace 2 meses, recibió más de mil dólares junto a todos sus vecinos de parte de Obras Públicas y el compromiso de resolver el problema», publicó el diputado Guevara en Twitter.
«Mi trabajo no tiene nada que ver con mi situación de la inundación de la colonia Santa Lucía», aclaró el fotoperiodista en relación al problema en dicha colonia al que también ha denunciado.
Ante esta situación, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) recuerda a los funcionarios públicos que es derecho ciudadano de los y las periodistas tener acceso a los servicios públicos independiente de su labor y línea editorial del medio de comunicación para el que trabajen y recibirlos no debe condicionar su labor. También exhorta a respetar la integridad de periodistas y respetar la labor periodística.
Usuarios de redes sociales difaman y amenazan a fotoperiodista de una institución pública, al acusarlo de administrar la página de Facebook “ITR Bombazo Noticias”.
“Hay que ir tras él y para Mariona”, amenazó otra internauta.
Otros usuarios de redes sociales expusieron fotografías del periodista y lo señalaron de ser un “periodista vendido por compartir calumnias y difamaciones contra el presidente Nayib Bukele”. Declaraciones que el fotoperiodista desmintió ante la APES, además de asegurar que no es él quien maneja dicha plataforma digital.
En lo que va de 2022, este es el cuarto caso de difamación a periodistas que registra el Centro de Monitoreo de la APES.
La gremial condena la difamación contra el fotoperiodista y pide a las autoridades competentes investigar estas vulneraciones contra periodistas.
Un fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH) fue agredido por militares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Santa Lucia de Ilopango, en el departamento de San Salvador, quien se encontraba haciendo fotografías de un operativo de la Fuerza Naval. La agresión ocurrió alrededor de las 12:00 y 12:30 m.
Las fuerzas de seguridad estatal impidieron al fotoperiodista ejercer su labor periodística y le obligaron a borrar el material de su equipo fotográfico.
Según una nota publicada por elsalvador.com el periodista relató al medio que “al llegar al triángulo de la Santa Lucía se encontraba un fuerte operativo de la Fuerza Naval. Al llegar me bajé del transporte y comencé a hacer fotografías. Ellos al percatarse de mi presencia me pidieron que me apartara de la calle, me pusieron contra el muro y pidieron mi equipo”.
APES exige a las fuerzas de seguridad (PNC y FAES) respetar la labor periodística y recuerda que las garantías y derechos del Art.6 de la Constitución de la República no están suspendidos en el actual Régimen de Excepción. Ni la Fuerza Armada ni la Policía pueden censurar el trabajo periodístico. Hacerlo representa un inaceptable retroceso democrático.
Diputados de Nuevas Ideas y usuarios de redes sociales intentaron descalificar la labor del fotoperiodista de el Diario de Hoy (EDH), Jonathan Funes, durante la plenaria realizada el miércoles 7 de diciembre.
Entre los diputados que provocaron el hostigamiento están Christian Guevara, Carlos Bruch, Jorge Castro, Mauricio Ortíz, Walter Coto, Ruben Flores, Walter Alemán y Dania Gonzáles.
“Tan desesperados están que han gastado del dinero que se robaron en super lentes para poder atrapar a los diputados de Nuevas Ideas pero jamás lo harán porque somos responsables siempre, se lo debemos al pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Jorge Castro.
Las diferentes burlas de los diputados se dieron siete días después de que el periódico publicara la nota “¡Con sueño! Así se la pasan algunos diputados en la última plenaria de noviembre en la Asamblea”.
APES exige a legisladores y pide a usuarios de redes sociales respetar la labor periodística y no recurrir a este tipo de acoso digital.
Anexos:
https://twitter.com/ChrisGuevaraG/status/1468364837507977222
https://twitter.com/RubenFloresEs/status/1468285372450885634
https://twitter.com/DaniaGonzalz/status/1468275646107471873
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) trató de intimidar al fotoperiodista de El Faro, Víctor Peña, porque daba cobertura a un retén policial donde se detuvo a personas que se dirigían a la marcha del 17 de octubre. El hecho ocurrió en el cantón Tres Ceibas, en Armenia, Sonsonate.
Peña preguntó al agente: “¿Cuál era el motivo del retén?” ya que la gente tenía más de hora y media esperando que los dejaran ir; lo cual molestó al agente policial, quien procedió a tomarle fotografías como un acto de amedrentamiento.
“Es una lástima que la policía esté al servicio de los intereses de una persona como lo es el presidente de la República”, expresó el periodista al Centro de Monitoreo de agresiones a periodistas.
APES ve con preocupación estás acciones recurrentes de la policía hacía periodistas e insiste a las autoridades de seguridad que deben respetar el trabajo de la prensa, protegido en el Art. 6 de la Constitución de la República.
Oscar Machón, periodista de un medio impreso salvadoreño fue víctima de insultos e intentos de descalificar su labor informativa por parte del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y usuarios de redes sociales. El acoso surgió luego que Machón publicó el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y pandilleros en el municipio de Apopa, San Salvador.
“Con qué facilidad, Oscar Machón mientes y desinformas. Has agarrado una agenda sumamente delicada traspasando la línea del periodismo al activismo, lo que genera zozobra y temor ante la gente. Es una postura nefasta”, escribió Sanabria en su cuenta de Twitter.
Luego de las declaraciones estigmatizantes del Secretario de Prensa, el periodista hizo una aclaración en su cuenta de Twitter, lo que le generó insultos por parte de usuarios de redes sociales.
“Fui a la zona donde se reportó tiroteo en el INA de Apopa dónde se reparten paquetes, todo luce normal; no pude ver el transformador que explotó. Un joven con gafete del gobierno me dijo que solo la gente de CAPRES puede cubrir las entregas y que «todo ha sido un rumor», escribió el periodista en su cuenta de Twitter.
Diario El Salvador denunció que uno de sus fotoperiodistas sufrió restricción a su labor informativa, mientras daba cobertura al partido entre el Atlético Marte y Jocoro. El hecho ocurrió el domingo 25 de abril en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
“Cuando el fotoperiodista de Diario El Salvador tomaba imágenes del público presente en el Cuscatlán. Al medio tiempo, Bertín Auceda bajó a la cancha, se dirigió al empleado de este medio y lo amenazó con pedirle que borrara el material obtenido durante el juego. Incluso, advirtió con represalias por parte del entrenador Carlos Romero, quien estaba en las graderías, si estas eran publicadas. «, denunció el medio a través de una nota informativa.
APES recuerda a la dirigencia de Jocoro que debe garantizar a la prensa el acceso a la información de interés para el público, y permitir la cobertura periodística sin restricciones.
Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) impidieron que un fotoperiodista de Diario El Mundo realizara cobertura sobre el traslado de personas hacia el «Megacentro de Vacunación» de covid-19.
El hecho ocurrió a las 12:00 m. en la octava etapa del centro comercial Metrocentro, de San Salvador, que es uno de los puntos designados por el gobierno para abordar el transporte que conduce hacia el Hospital El Salvador.
APES exige a las autoridades de seguridad y a los funcionarios públicos a respetar la labor informativa del gremio periodístico y no utilizar a las Fuerzas Armadas para bloquear a la prensa.
Un periodista y un fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH) fueron obstaculizados por un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando daban cobertura a la exhumación de un cuerpo en el cementerio del Cantón Santa Teresa de la jurisdicción de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. La vulneración ocurrió el martes 12 de mayo.
“Cuando llegamos los policías nos dijeron que no podíamos pasar, en ese momento no estaba la cinta amarilla, hasta después la colocaron”, mencionó uno de los periodistas afectados.
El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer la versión de la PNC de la Delegación de Zacatecoluca, quienes respondieron en dos ocasiones que, “no estaban autorizado para dar respuesta ante lo sucedido”.
Ante esta situación, APES reitera el llamado a la PNC a respetar el libre ejercicio periodístico, sobre todo en estos momentos de emergencia cuando la información es crucial para la ciudadanía.
Cabe destacar que los periodistas en ningún momento alteraron o interfirieron con los protocolos de acción de la Policía, por lo que se considera injustificable el accionar de los agentes de seguridad.
Un grupo de periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos en los medios escritos La Prensa Gráfica (LPG), Mi Chero y El Gráfico, todos parte del grupo editorial Dutriz.
Según información de uno de los cesados, los despidos iniciaron el miércoles 28 de agosto y se prevé continúen hasta el día 30 del mismo mes bajo el argumento de una reestructuración del medio.
Entre el personal afectado se encuentran trabajadores del área de redacción, corrección de estilo, fotografía, revistas y multimedia.
El 3 de mayo de 2018 ese mismo medio despidió a 120 personas trabajadoras relacionadas a la información. En algunos casos los cesados denuncian violaciones a los procedimientos legales para ejecutar los despidos.
APES pide al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) que proceda también en este caso con una inspección laboral en el medio, para verificar que se haya cumplido con el debido proceso.
También invita a los cesados a activar el número 7746 4325 del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas para recibir asesoría y acompañamiento legal en los casos que lo ameriten. Así mismo, invitamos a poner las denuncias en el call center 130 del Ministerio de Trabajo.
