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    Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) trató de intimidar al fotoperiodista de El Faro, Víctor Peña, porque daba cobertura a un retén policial donde se detuvo a personas que se dirigían a la marcha del 17 de octubre. El hecho ocurrió en el cantón Tres Ceibas, en Armenia, Sonsonate. 

    Peña preguntó al agente: “¿Cuál era el motivo del retén?” ya que la gente tenía más de hora y media esperando que los dejaran ir; lo cual molestó al agente policial, quien procedió a tomarle fotografías como un acto de amedrentamiento.

    “Es una lástima que la policía esté al servicio de los intereses de una persona como lo es el presidente de la República”, expresó el periodista al Centro de Monitoreo de agresiones a periodistas.

    APES ve con preocupación estás acciones recurrentes de la policía hacía periodistas e insiste a las autoridades de seguridad que deben respetar el trabajo de la prensa, protegido en el Art. 6 de la Constitución de la República. 

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      Oscar Machón, periodista de un medio impreso salvadoreño fue víctima de insultos e intentos de descalificar su labor informativa por parte del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y usuarios de redes sociales. El acoso surgió luego que Machón publicó el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y pandilleros en el municipio de Apopa, San Salvador.  

      “Con qué facilidad, Oscar Machón mientes y desinformas. Has agarrado una agenda sumamente delicada traspasando la línea del periodismo al activismo, lo que genera zozobra y temor ante la gente. Es una postura nefasta”, escribió Sanabria en su cuenta de Twitter. 

      Luego de las declaraciones estigmatizantes del Secretario de Prensa, el periodista hizo una aclaración en su cuenta de Twitter, lo que le generó insultos por parte de usuarios de redes sociales. 

      “Fui a la zona donde se reportó tiroteo en el INA de Apopa dónde se reparten paquetes, todo luce normal; no pude ver el transformador que explotó. Un joven con gafete del gobierno me dijo que solo la gente de CAPRES puede cubrir las entregas y que «todo ha sido un rumor», escribió el periodista en su cuenta de Twitter. 

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        Diario El Salvador denunció que uno de sus fotoperiodistas sufrió restricción a su labor informativa, mientras daba cobertura al partido entre el Atlético Marte y Jocoro. El hecho ocurrió el domingo 25 de abril en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

        “Cuando el fotoperiodista de Diario El Salvador tomaba imágenes del público presente en el Cuscatlán. Al medio tiempo, Bertín Auceda bajó a la cancha, se dirigió al empleado de este medio y lo amenazó con pedirle que borrara el material obtenido durante el juego. Incluso, advirtió con represalias por parte del entrenador Carlos Romero, quien estaba en las graderías, si estas eran publicadas. «, denunció el medio a través de una nota informativa.

        APES recuerda a la dirigencia de Jocoro que debe garantizar a la prensa el acceso a la información de interés para el público, y permitir la cobertura periodística sin restricciones. 

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          Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) impidieron que un fotoperiodista de Diario El Mundo realizara cobertura sobre el traslado de personas hacia el «Megacentro de Vacunación» de covid-19. 

          El hecho ocurrió a las 12:00 m. en la octava etapa del centro comercial Metrocentro, de San Salvador, que es uno de los puntos designados por el gobierno para abordar el transporte que conduce hacia el Hospital El Salvador. 

          APES exige a las autoridades de seguridad y a los funcionarios públicos a respetar la labor informativa del gremio periodístico y no utilizar a las Fuerzas Armadas para bloquear a la prensa.

           

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            Un periodista y un fotoperiodista de El Diario de Hoy (EDH) fueron obstaculizados por un grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando daban cobertura a la exhumación de un cuerpo en el cementerio del Cantón Santa Teresa de la jurisdicción de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. La vulneración ocurrió el martes 12 de mayo.

            “Cuando llegamos los policías nos dijeron que no podíamos pasar, en ese momento no estaba la cinta amarilla, hasta después la colocaron”, mencionó uno de los periodistas afectados.

            El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer  la versión de la PNC de la Delegación de Zacatecoluca, quienes respondieron en dos ocasiones que, “no estaban autorizado para dar respuesta  ante lo sucedido”. 

            Ante esta situación, APES reitera el llamado a la PNC a respetar el libre ejercicio periodístico, sobre todo en estos momentos de emergencia cuando la información es crucial para la ciudadanía.

            Cabe destacar que los periodistas en ningún momento alteraron o interfirieron con los protocolos de acción de la Policía, por lo que se considera injustificable el accionar de los agentes de seguridad.

             

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              Un grupo de periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos en los medios escritos La Prensa Gráfica (LPG), Mi Chero y El Gráfico, todos parte del grupo editorial Dutriz.

              Según información de uno de los cesados, los despidos iniciaron el  miércoles 28 de agosto y se prevé continúen hasta el día 30 del mismo mes bajo el argumento de una reestructuración del medio. 

              Entre el personal afectado se encuentran trabajadores del área de redacción, corrección de estilo, fotografía, revistas y multimedia.

              El 3 de mayo de 2018 ese mismo medio despidió a 120 personas trabajadoras relacionadas a la información. En algunos casos los cesados denuncian violaciones a los procedimientos legales para ejecutar los despidos. 

              APES pide al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) que proceda también en este caso con una inspección laboral en el medio, para verificar que se haya cumplido con el debido proceso. 

              También invita a los cesados a activar el número 7746 4325 del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas para recibir asesoría y acompañamiento legal en los casos que lo ameriten. Así mismo, invitamos a poner las denuncias en el call center 130 del Ministerio de Trabajo. 

               

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                Un fotoperiodista de la Prensa Gráfica (LPG) fue amenazado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 1 de agosto de 2019, mientras daba cobertura a un homicidio registrado en el municipio de Sensuntepeque, en Cabañas. Según el relato del colega, dos agentes de la PNC destacados en el sector se le acercaron y le exigieron borrar las imágenes del hecho. “Si las fotos que has tomado salen publicadas, te vas a atener a las consecuencias”, le amenazó uno de ellos.

                Según el fotoperiodista, los agentes de la PNC le aseguraron que “tienen orden de no permitir fotos de escenas de homicidios”.

                El fotoperiodista dijo al centro de monitoreo de atención de alertas a periodistas de  APES que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones mientras realiza coberturas de violencia. En reiteradas ocasiones agentes de la PNC han restringido su ejercicio periodístico.

                Al conversar con autoridades de la PNC de Cabañas, mencionaron que «había sido un mal entendido lo ocurrido con el fotoperiodista».

                Sobre el caso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a tomado la denuncia y está en proceso de seguimiento.

                Asimismo, APES se encuentra vigilante de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la información, sobre todo, cuando las mismas autoridades de seguridad pública son los principales agresores.

                Por lo cual, APES hace un llamado a las autoridades correspondientes a respetar el libre ejercicio periodístico y realice las investigaciones pertinentes.

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                  Periodistas que dan cobertura al caso de Evelyn Hernández, quien enfrenta nuevamente juicio por parto extrahospitalario y emergencia obstétrica, denunciaron  restricción a su ejercicio periodístico  en el Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado.

                  Sin embargo, después de tres horas de espera se permitió  a la prensa ingresar «únicamente por 30 segundos para tomar fotografías, sin permiso de permanecer en la audiencia». Aunque el equipo de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez mencionó que había un problema de comunicaciones que sí se permitió el acceso a la prensa. 

                  APES recomienda a los equipos de comunicaciones de los juzgados a permitir la libertad de prensa en aquellos casos que no tienen reserva para su divulgación. En el caso de impedir el acceso a la prensa se deben buscar los mecanismos de comunicación adecuados con la prensa para evitar inconvenientes.

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                    Cerca de 30 periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), que aglutina los canales 2, 4, 6. Según fuentes consultadas, los despidos se deben a un “déficit económico que tiene la empresa”.

                    Entre los despidos se encuentran periodistas, presentadores, editores y técnicos.

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                      En el Centro de Votación establecido en el Colegio Cristóbal Colón, en San Salvador, se impidió el ingreso del fotoperiodista Juan Carlos Villafranco de Diario Co Latino, a las 6:00 a.m. cuando se encontraba a la espera de los preparativos de la jornada electoral.