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    Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron el libre ejercicio profesional de un periodista freelance, quién hacía tomas fotográficas de la fachada del Banco Central de Reserva (BCR) para un reportaje sobre economía. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. de este viernes 10 de julio.  

    “Los agentes me pidieron que me retirará de hacer material frente al BCR, porque según me expresaron, nadie puede estar frente a un edificio donde esté un ministro”, expresó el periodista. 

    Según el afectado, los agentes le dijeron que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas era quien se encontraba en el banco en ese momento. 

    De acuerdo con la versión de la PNC, desde la institución no se ha dado ninguna directriz que restringa el ejercicio periodístico. 

    APES demanda de la Policía Nacional Civil y de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial definir y comunicar claramente las políticas de relacionamiento con la prensa para evitar estos inconvenientes. Además, demanda respeto al libre ejercicio periodístico.

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      Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) impidió la labor informativa a  un periodista independiente debidamente identificado y que se encontraba tomando fotografías tras las nuevas disposiciones que la presidencia a puesto en marcha por la emergencia nacional por el COVID-19. Los hechos ocurrieron el domingo 22 de marzo en el mercado municipal Zacamil, del municipio de Mejicanos.

      A pesar que el periodista portaba su carnet de prensa, el agente le pidió su documento de identidad y empezó a cuestionar de dónde era y para quién trabajaba, entre otras interrogantes intimidatorias. 

      Según el periodista, él le explicó al agente que andaba dando cobertura para unas agencias de comunicación, y que ellos como autoridad no debían impedir el trabajo de la prensa. 

      APES reitera el llamado a las autoridades de seguridad a respetar el libre ejercicio periodístico, sobre todo cuando los periodistas portan debidamente su credencial y están haciendo su labor sin obstruir las medidas de contención dictadas por el presidente Nayib Bukele.

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        La resolución emitida el pasado lunes 23 de octubre por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia incorpora nuevas restricciones a la ciudadanía y por ende a los periodistas en contravención a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

        La Sala de lo Constitucional establece criterios discrecionales a favor de los entes obligados y los funcionarios de turno, lo cual no abona los avances democráticos previamente observados con la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

        Dichas valoraciones o criterios discrecionales van en contra de las resoluciones emitidas por IAIP y de los estándares internacionales en materia de acceso y por tanto significan también un retroceso en el derecho del ciudadano y los periodistas a obtener información púbica.