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    Funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente de la República, Félix Ulloa; el diputado Romeo Auerbach y usuarios de redes sociales, arremetieron contra periodistas de diferentes medios de comunicación que informaron sobre el alza de homicidios en El Salvador. 

    Durante la plenaria extraordinaria llevada a cabo este domingo 27 de marzo en horas de la madrugada, el diputado Auerbach dijo «los chiqui periodistas y los chiqui políticos estaban contentos porque habían muchos muertos, ¿imagínense que dundos vea?, si es su país; los diarios de siempre, los pakines, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica ya publicando que terrible esta situación«.

    «¿Seriedad periodística? Acusa al GOES de tener un pacto con las pandillas. Su fuente el periódico de oposición: El Faro y «Estados Unidos». Quizás alguien de Kansas o Maine le informó«, mencionó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, después de que el medio internacional El País publicó una nota sobre la situación que enfrenta El Salvador y el accionar del gobierno del presidente Nayib Bukele al asumir poderes extraordinarios y declarar el estado de excepción para supuestamente enfrentar la ola de asesinatos.

    El fotoperiodista Oscar Machón escribió en su cuenta de Twitter que la noche del viernes 25 de marzo leyó un mensaje sobre supuesta «activación de toda la ranfla y válvulas abiertas», quien pensó que era  una noticia falsa, fue allí cuando recibió una serie de amenazas, acoso digital. Usuarios de redes lo catalogan como «informante de pandillas”. 

    Parece que el Machón es pandiller@, a parte del plante, recibe mensajes de activación dice”, escribió la usuaria de Twitter @GloritaFdeH176. 

    https://twitter.com/OscarMachon/status/1507707775123660800

    «Cómo hacerle entender a estos periodistas de bares de esquina que aquí en El Salvador hay una democracia firme y que por cierto funciona mejor que el desmadre que tienen ellos ahí en uno de los países con más caos de la Unión Europea«, expresó el diputado Carlos Hermann Bruch refiriéndose a un corresponsal de El País.

    https://twitter.com/Noalospoliticos/status/1507984301949861888

     

    Mientras que a Kenia Gómez, de radio YSUCA, la tildaron de «jaina de pandilleros por haber escrito una opinión acerca del régimen de excepción. 

    https://twitter.com/kengo1811/status/1507936321649713152

    Al mismo tiempo, Bryan Avelar, periodista freelance, fue catalogado como «vocero de pandillas”, luego de compartir información sobre un homicidio en “Camino a Surf City”.

    APES exige a los funcionarios públicos respeto y tolerancia para la labor del gremio periodístico y pide a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar este tipo de amenazas, difamaciones y acoso digital a periodistas. Informar sobre la situación de violencia nunca debe ser criminalizado. 

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      El jueves 13 de enero de 2022, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, la cuenta de WhatsApp del Centro de Monitoreo de APES fue intervenida y luego la de al menos 8 periodistas de diferentes medios de comunicación y de comunicadores institucionales de la zona central y oriental del país. 

      El número hackeado del Centro de Monitoreo de la APES se utiliza para recibir reportes de vulneraciones al ejercicio periodístico.                              

      Algunos periodistas reportaron a la APES que abandonaron los grupos de WhatsApp, donde recibían convocatorias de prensa e información noticiosa, por temor a que sus números sean vulnerados.

      “Los ataques no se detendrán, mucho menos después de la conferencia de prensa de Fagoaga hace 30 minutos”  fue el mensaje que circuló luego de que la asociación interpusiera un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes 14 de enero de 2022, por las recientes interferencias de comunicaciones y el espionaje hacia 31 periodistas a través de la tecnología Pegasus confirmada por medios salvadoreños e internacionales el miércoles 12 de enero. 

      Directivos de la gremial agregaron que el periodista también socio de APES, Yoni Azenón, denunció esta semana el hackeo de sus redes sociales. Cabe destacar que en las vulneraciones  de los grupos de WhatsApp se ha utilizado su imagen para difundir contenido amenazante y pornográfico. 

      El Art. 24. de la Constitución de la República dice: «La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas».

      Mientras que el Art. 4. de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos dice: “El que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información o la Comunicación, será sancionado con prisión de uno a cuatro años”

      Hasta el momento no se ha identificado al responsable o responsables de la vulneración a la privacidad de las diferentes cuentas de WhatsApp de periodistas y comunicadores.

      Ante esta situación APES exige a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer la investigación pertinente del delito informático, que también afecta la privacidad de varios periodistas. 

       

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        La mañana de este martes 4 de enero un trabajador de la empresa china que realiza la demolición de la Biblioteca Nacional de El Salvador bloqueó el trabajo de dos mujeres periodistas de El Diario de Hoy (EDH), quienes se encontraban realizando un reportaje sobre los avances de la construcción.

        Una de las afectadas dijo a la APES que el periódico ha dado seguimiento al proyecto de construcción y recientemente otro medio publicó una denuncia que no cumplen con el pago de horas extras a los trabajadores.

        APES exhorta respetar el trabajo de periodistas, ya que se trata de una obra de infraestructura pública, por lo que constituye información de relevancia para la ciudadanía.

         

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          23 periodistas de diferentes medios de comunicación informaron que recibieron una alerta de la empresa Apple sobre un “posible espionaje” realizado por el Estado salvadoreño.

          Entre los afectados están periodistas de El Faro, Gato Encerrado, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y periodistas independientes.

          También un directivo de APES está entre los afectados de este posible pesquisa.

          El espionaje informático está penado en el Art. 12. de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos: El que con fines indebidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenidas en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

          APES considera que esta intervención de comunicación viola la privacidad de personas que ejercen periodismo. Además, la asociación alerta a la comunidad internacional ante esta vulneración que atenta la seguridad de periodistas.

          Anexos: 

           

           

           

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            Dos periodistas de Diario El Mundo (DEM) fueron obstaculizados e intimidados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que custodiaban el cementerio clandestino ubicado en el Guarumal, Cantón El Limón, del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. 

            Según uno de los periodistas, los agentes fotografiaron sus credenciales de prensa y les dijeron que era “para garantizar que no se publicaran fotos que entorpecieron la investigación”. 

            Un equipo de Diario El Mundo visitó ayer el lugar e intentó conocer de primera mano los avances de la investigación,  pero el fiscal del caso dijo que no estaba autorizado para brindar información y pidió que no se publicaran fotografías de la zona”, dice la nota publicada por Diario El Mundo.

            En lo que va de octubre es la segunda vez que la PNC obstaculiza la labor de periodistas que indagan sobre el hallazgo de osamentas encontradas en dicho municipio.

            APES exhorta a la PNC a evitar estas intimidaciones y respetar el libre ejercicio periodístico. 

            https://diario.elmundo.sv/autoridades-exploran-cementerio-clandestino-en-lourdes-con-hermetismo/

            Foto/ cortesía de Diario El Mundo

             

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              Periodistas de diferentes medios de comunicación denunciaron que el personal de seguridad del Centro Cívico Cultural (CCCL) les impidió el ingreso a las instalaciones, a donde había sido convocada la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género para sesionar a partir de las 10:00 a.m. 

              Fue hasta una hora después que se permitió el acceso a quienes estaban esperando; no obstante, no permitieron el ingreso de la periodista de Gato Encerrado, Karen Moreno. 

              APES pide al equipo de Comunicaciones de la Asamblea que garantice el acceso a toda la prensa a las actividades legislativas que se realicen en el Centro Cívico Cultural Legislativo, así como a las sesiones que se desarrollan en el edificio principal del Parlamento.

              https://twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1451595674525605899

               

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                Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron la labor de los periodistas que daban cobertura al hallazgo de osamentas encontradas en el asentamiento el Guarumal, Cantón El Limón, del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. de este martes 19 de octubre.

                La policía dijo a los periodistas que “no se puede pasar para no contaminar la investigación”; sin embargo, los comunicadores institucionales que acompañaban al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, estuvieron dentro del perímetro de la escena, dijo uno de los periodistas que estuvo en el lugar.

                Tanto el ministro como la PNC no dieron declaraciones a la prensa sobre el hallazgo. Elementos policiales argumentaron que “tienen prohibido dar declaraciones a la prensa”.

                APES exhorta a los funcionarios públicos a no obstaculizar el trabajo periodístico y colaborar con la divulgación de información de interés público a toda la prensa,  y no solamente a los comunicadores gubernamentales.

                 

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                  Un miembro de la seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública amenazó a periodistas de diferentes medios de comunicación que daban cobertura a una denuncia de organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones intentaban interponer una solicitud de nulidad al nombramiento del titular de la Dirección  de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovani González.

                  “A todos ustedes los voy a demandar”, dijo con un tono molesto el empleado de seguridad. También una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) pidió a los periodistas bajar las cámaras. 

                  “Un funcionario del @SeguridadSV amenazó a la prensa en el momento en que las organizaciones pedían entrar a las instalaciones de este ministerio”, informó en su cuenta de Twitter la revista GatoEncerrado. 

                  APES expresa su preocupación por este tipo de amenazas y obstrucciones a la labor periodística por parte de funcionarios y empleados públicos, quienes pretenden amedrentar a los periodistas en sus coberturas de temas de interés para la población.

                  https://twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1447950401140137987?t=RY4ANaU6SIS9aXSigerbjA&s=08

                   

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                    Periodistas de Canal 6, Canal 21, Canal 33, FOCOS, Diario El Mundo, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) y Radio YSUCA, fueron obstaculizados por agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras daban cobertura a la demanda interpuesta por Jueces de la República. 

                    “Nunca los dejaron entrar. Los magistrados y jueces tuvieron que salir hasta el estacionamiento para brindarnos declaraciones”, mencionó un periodista al Centro de Monitoreo de APES.

                    APES exhorta a la Corte Suprema de Justicia a no obstaculizar el ingreso de periodistas y respetar su labor informativa. Además le insta a definir una política de relacionamiento con la prensa para garantizar el acceso a las instalaciones del Órgano Judicial.

                    https://twitter.com/ElMundoSV/status/1433443249788755970

                     

                     

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                      Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) sacaron a periodistas de la Subdirección de Investigaciones al momento que ingresó el vehículo que trasladaba al especialista en criptomonedas y sistemas de información, Mario Gómez, quien fue detenido esta mañana. 

                      Según un vídeo periodístico, varios periodistas intentaron entrevistar a Gómez pero fueron obstaculizados por la PNC, quienes los sacaron de las instalaciones policiales.

                      “Agentes de la PNC sacaron a los medios de comunicación de la subdirección cuando el pickup ingresó al establecimiento”, denunció en su cuenta de Twitter el diario digital VOCES.

                      APES reitera el llamado a la PNC a respetar el libre ejercicio periodístico. Aunque hoy no actuaron con violencia, la obstrucción al trabajo periodístico por parte de los agentes policiales fue igual a lo ocurrido hace dos semanas en el Barrio San Miguelito contra periodistas de dos medios de información.