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    Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obstaculizaron la labor de los periodistas que daban cobertura al hallazgo de osamentas encontradas en el asentamiento el Guarumal, Cantón El Limón, del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. de este martes 19 de octubre.

    La policía dijo a los periodistas que “no se puede pasar para no contaminar la investigación”; sin embargo, los comunicadores institucionales que acompañaban al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, estuvieron dentro del perímetro de la escena, dijo uno de los periodistas que estuvo en el lugar.

    Tanto el ministro como la PNC no dieron declaraciones a la prensa sobre el hallazgo. Elementos policiales argumentaron que “tienen prohibido dar declaraciones a la prensa”.

    APES exhorta a los funcionarios públicos a no obstaculizar el trabajo periodístico y colaborar con la divulgación de información de interés público a toda la prensa,  y no solamente a los comunicadores gubernamentales.

     

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      Un miembro de la seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública amenazó a periodistas de diferentes medios de comunicación que daban cobertura a una denuncia de organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones intentaban interponer una solicitud de nulidad al nombramiento del titular de la Dirección  de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovani González.

      “A todos ustedes los voy a demandar”, dijo con un tono molesto el empleado de seguridad. También una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) pidió a los periodistas bajar las cámaras. 

      “Un funcionario del @SeguridadSV amenazó a la prensa en el momento en que las organizaciones pedían entrar a las instalaciones de este ministerio”, informó en su cuenta de Twitter la revista GatoEncerrado. 

      APES expresa su preocupación por este tipo de amenazas y obstrucciones a la labor periodística por parte de funcionarios y empleados públicos, quienes pretenden amedrentar a los periodistas en sus coberturas de temas de interés para la población.

      https://twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1447950401140137987?t=RY4ANaU6SIS9aXSigerbjA&s=08

       

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        Periodistas de Canal 6, Canal 21, Canal 33, FOCOS, Diario El Mundo, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) y Radio YSUCA, fueron obstaculizados por agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras daban cobertura a la demanda interpuesta por Jueces de la República. 

        “Nunca los dejaron entrar. Los magistrados y jueces tuvieron que salir hasta el estacionamiento para brindarnos declaraciones”, mencionó un periodista al Centro de Monitoreo de APES.

        APES exhorta a la Corte Suprema de Justicia a no obstaculizar el ingreso de periodistas y respetar su labor informativa. Además le insta a definir una política de relacionamiento con la prensa para garantizar el acceso a las instalaciones del Órgano Judicial.

        https://twitter.com/ElMundoSV/status/1433443249788755970

         

         

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          Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) sacaron a periodistas de la Subdirección de Investigaciones al momento que ingresó el vehículo que trasladaba al especialista en criptomonedas y sistemas de información, Mario Gómez, quien fue detenido esta mañana. 

          Según un vídeo periodístico, varios periodistas intentaron entrevistar a Gómez pero fueron obstaculizados por la PNC, quienes los sacaron de las instalaciones policiales.

          “Agentes de la PNC sacaron a los medios de comunicación de la subdirección cuando el pickup ingresó al establecimiento”, denunció en su cuenta de Twitter el diario digital VOCES.

          APES reitera el llamado a la PNC a respetar el libre ejercicio periodístico. Aunque hoy no actuaron con violencia, la obstrucción al trabajo periodístico por parte de los agentes policiales fue igual a lo ocurrido hace dos semanas en el Barrio San Miguelito contra periodistas de dos medios de información.

           

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            El equipo de seguridad de la Asamblea Legislativa intentó restringir el desplazamiento a la periodista de Revista Factum, Loida Martínez Avelar, quien se dirigía a dar cobertura a la plenaria programada para este día, a pesar de que portaba su respectiva credencial de prensa. 

            “El seguridad de una de las entradas de la @AsambleaSV anota el nombre y número de DUI de los periodistas que dan cobertura a la plenaria de hoy. Antes de dejarme entrar hizo una llamada para pedir autorización. Me preguntó si me habían dejado entrar en otras ocasiones”, escribió en un tweet la periodista.

            El Centro de Monitoreo de APES contactó a Avelar, quien también mencionó que una mujer policía registra las mochilas y carteras a las mujeres periodistas en la entrada del portón de acceso por el Centro de Gobierno, donde hay tres agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

            Otra periodista de Diario El Mundo (DEM) dijo que desde el lunes 16 de agosto están pidiendo el DUI a los trabajadores de prensa que ingresan al Parlamento. 

            “Nos anotan los de seguridad privada de la Asamblea, no los de seguridad institucional, ellos nos toman la temperatura y revisan carteras. No me opongo a medidas de seguridad, pero que no sean pretexto para impedir el ingreso”, expresó la periodista de DEM, Susana Peñate. 

            APES llama a la Gerencia de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa a no poner obstáculos para el ingreso de periodistas y respetar su labor informativa. Además le insta a definir una política de relacionamiento con la prensa para garantizar el acceso a las instalaciones del Órgano Legislativo.

             

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              Periodistas de diversos medios de comunicación que dan cobertura en la Asamblea Legislativa denunciaron que, por directrices de la Junta Directiva de dicho Órgano de Estado, debían usar ropa formal para ingresar al Salón Azul de la Asamblea. 

              “Recibí una llamada de parte de la encargada de comunicación institucional de la Asamblea  Legislativa, quien me notificó que había una indicación para que los periodistas que dieran cobertura a las plenarias tuvieran  un código de vestimenta formal; sin embargo, se me quedó de notificar en qué consiste ese código”, aseguró uno de los periodistas consultados por el Centro de Monitoreo de APES.

              Esta situación llamó la atención de APES, ya que la confirmaron editores de medios, a quienes se les llamó para notificarles tal disposición. Tras la difusión de esa información, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la medida no abarca a medios de comunicación.

              https://twitter.com/ECastroES/status/1425250971844681856

              APES considera que esta disposición, que aparentemente es un “malentendido», no tiene base legal de aplicación a periodistas, al no ser comunicadores institucionales sujetos a reglas de uniformidad o de tipo laboral con ese Órgano de Estado. Un código de vestimenta no puede ni debe ser limitante para el acceso a la llamada “Casa del Pueblo” ni tampoco que este tipo de situaciones vayan a ser una limitante para el ejercicio periodístico en ningún Órgano de Estado.

               

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                20 trabajadores de la Unidad de Prensa de la Asamblea Legislativa fueron despedidos entre el martes 20 y miércoles 21 de julio. Entre los afectados están periodistas, locutores, productores, presentadores, entre otros. 

                La Gerencia de Recursos Humanos les notificó que, “por instrucciones superiores se acordó finalizar la relación laboral”.

                Entre las personas perjudicadas está el periodista y comunicador Javier Azenón, quien trabajó más de tres años en Televisión Legislativa. 

                Cabe resaltar que el 8 de junio un grupo de trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de la Gerencia de Comunicaciones del Órgano Legislativo, a pesar que los puestos no eran de confianza. 

                APES se mantiene vigilante de que se cumpla el debido proceso y que no se violenten los derechos laborales de los afectados.  

                 

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                  El miércoles 30 de junio, el periódico La Prensa Gráfica (LPG) despidió personal del área de diseño, infografía y fotografía.

                  Inicialmente se ha conocido que fueron cuatro los afectados, entre ellos jefaturas de rango medio. Hay otros que han sido citados por sus jefaturas y temen que continúen los despidos.

                  APES se mantiene vigilante de los procesos de despido en medios de comunicación y pide a los patronos respetar los derechos laborales de los periodistas.

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                    Un miembro de la seguridad del alcalde del municipio de El Congo, Wilfredo Javier Ramos, restringió la labor periodística que realizaba un equipo de prensa de Punto Noticias de WOW TV, quienes daban cobertura a una protesta de padres de familia por el despido de maestras de primera infancia del Centro de Bienestar Infantil, ubicado en el Polideportivo El Congo, en el departamento de Santa Ana.

                    “Si no están autorizados no pueden estar grabando”, dijo el vigilante a los periodistas, al momento que ellos hacían unas tomas fotográficas desde afuera del polideportivo.  

                    APES reitera el llamado a los empleados públicos, tanto gubernamentales como municipales, a respetar la labor periodística y ser accesibles con la prensa y no impedir el derecho a la información pública. 

                     

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                      Periodistas de diferentes medios de comunicación denuncian actos de intimidación de parte de personal de Casa Presidencia y de la Asamblea Legislativa, que se realizan mientras desarrollan sus coberturas de coyuntura política.

                      En las últimas semanas, el Centro de monitoreo de APES ha recibido una serie de denuncias por parte de periodistas de que han sido fotografiados por personal de seguridad del presidente del recinto legislativo, Ernesto Castro, el batallón presidencial; incluso, por simpatizantes del partido político Nuevas Ideas. 

                      APES hace un llamado a toda autoridad a respetar la integridad física y moral de los periodistas.También, insta a los colegas periodistas a reportar al Centro de Monitoreo todo acto intimidatorio en su contra.