Cuenta de Twitter bajo el seudónimo “El Divergente SV” intimida a la periodista de la revista GatoEncerrado y socia de APES, Karen Moreno.
“Bien intelectual se ve @KarenMorenoPala en esa foto, si supieran lo venenosa que se ve en persona y ella ni cuenta se da”, escribió la cuenta troll
De la misma manera, dicha cuenta anónima ha intentado descalificar la labor de la revista GatoEncerrado.
APES considera que este tipo de acoso digital afecta la vida personal de periodistas, por lo cual pide a las autoridades competentes estar alertas ante acoso digital y hacer la investigación pertinente.
Funcionarios públicos, sitios de internet y usuarios de redes sociales acusan falsamente a la periodista de radio YSUCA y directiva de APES, Kenia Gómez, de ser empleada y defender a las empresas Simán. La difamación ocurrió luego de publicar un tweet sobre la rapidez con la que el gobierno supuestamente encontró la fuente de contaminación de la quebrada El Piro.
“Bien rápido encontraron que el contaminante que tiraron a la quebrada El Piro es de la planta de St. Jack’s. de la familia Siman”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista, lo que originó una serie de difamaciones y declaraciones estigmatizantes contra ella.
El presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Federico Anliker difamó a la periodista al señalar “como es su patrón y capataz no dice nada”.
En lo que va de 2022, este es el quinto caso de difamación a periodistas que registra el Centro de Monitoreo de la APES.
APES exige a las autoridades competentes investigar estas vulneraciones que afectan a periodistas y trabajadores de la información.
Cuenta de Twitter bajo el seudónimo “Brozo” intimida en redes sociales al periodista Edwin Segura.
“Saludos a @easegura que a esta hora almuerza en el Pollo Campero de la San Benito, bien acompañado de un hombre joven y fornido. ¡Buen provecho!”, escribió el Brozo en su cuenta de Twitter.
Desde 2019 la cuenta de brozo se ha dedicado a acosar en redes sociales a periodistas y a difundir información falsa con el fin de desacreditarlos.
APES considera que este tipo de seguimientos e intimidaciones afecta la vida personal de periodistas, por lo cual pide a las autoridades competentes estar alertas ante acoso digital y hacer la investigación pertinente.
Las redes sociales de la dirigente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Mónica Rodriguez, fueron hackeadas.
Desconocidos vulneraron su cuenta de Facebook y WhatsApp e hicieron publicaciones de contenido sexual, de las que la periodista se desligó.
El Art. 4. de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos dice: El que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información o la Comunicación, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.
Hasta el momento no se ha identificado al responsable o responsables de la vulneración a la privacidad de las redes de la periodista Monica Rodríguez.
Desde que Rodríguez participó en una conferencia de la Mesa de Protección a Periodistas, usuarios de redes sociales comenzaron a acusarla de ser “jaina y pandillera”.
APES pide a las autoridades, principalmente a la Fiscalía General de la República, investigar esta acción ilegal y aplicar la ley a los responsables.
Una vez más el periodista freelance Bryan Avelar fue difamado por usuarios de redes sociales, quienes lo tildan como “vocero de pandillas y marero”.
Según el periodista, desde el pasado sábado 26 de marzo, cuando empezó a informar sobre el alza de homicidios, se “incrementaron los comentarios en su contra”.
Entre los comentarios están: “Ya caerás vos también por delincuente, vos sos marero, marero definiendo mareros”.
Esta no es la primera vez que Avelar recibe este tipo de difamaciones y amenazas. Desde 2019 a la fecha ha recibido amenazas de muerte, sobre todo cuando comparte información o investiga “temas sensibles” para el gobierno de turno.
A pesar de que en 2019 y 2021 APES hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para tomar de oficio estas amenazas contra Avelar, la institución nunca abrió un expediente ni se conoció que diera seguimiento al caso.
Ante esta situación, la Asociación pide evitar el discurso de odio contra el gremio periodístico y exige a las autoridades competentes estar atentos ante estas vulneraciones que afectan a periodistas.
El director general de Transporte Terrestre, Raúl López y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, evadieron dar declaraciones a periodista de FOCOS, quien lo abordó luego de brindar declaraciones sin dar espacio a preguntas de la prensa. El hecho ocurrió en el punto de microbuses de la ruta 42 y 52 sobre la Avenida Independencia en San Salvador.
El medio aseguró que ellos consultaron sobre “el marco legal para confiscar los buses de una empresa privada”.
La periodista afectada dijo al Centro de Monitoreo de APES que en reiteradas ocasiones diferentes funcionarios públicos han restringido su labor y no responden a las interrogantes de la prensa.
APES hace el llamado a los funcionarios públicos a ser accesibles a la prensa ya que ellos están obligados a responder interrogantes sobre temas de interés para la población, en su condición de funcionarios públicos.
Luego de dos audiencias en busca de conciliación, El Urbano News se niega a pagar indemnización de una periodista que fue despedida el 15 de noviembre de 2021.
El medio argumentó a la periodista de que “iban a prescindir de sus servicios profesionales porque hay nueva jefatura”.
APES hace un llamado al medio a cumplir con sus obligaciones de ley, e invita a otros periodistas que viven igual situación a reportar cualquier vulneración a sus derechos laborales al correo electrónico monitoreo@apes.org.sv o al teléfono 7746 4325.
Hackean las redes sociales del periodista freelance, Yoni Azenón, luego de criticar las acciones de la Alcaldía Municipal de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad.
“Han ingresado también a mi WhatsApp, y a todas las redes hacer críticas al gobierno municipal de Opico, y una fuente me alertó que desde el CUBO del Sitio del Niño están dirigiendo estos ataques”, escribió el periodista en su cuenta de Facebook.
Azenón también recibió amenazas a través de su cuenta de WhatsApp.
Hasta el momento no se ha identificado al responsable o responsables de la vulneración a la privacidad de la cuenta del periodista.
El Art. 4. de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos dice: El que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las Tecnologías de la Información o la Comunicación, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.
APES pide a las autoridades competentes estar alertas ante estos ataques digitales y hacer la investigación pertinente.
Periodista despedida de Diario 1 denunció una vulneración a su derecho laboral por el descuento de una incapacidad médica. El despido ocurrió el miércoles 21 de diciembre de 2021. Según la periodista, la justificación que dio su jefe fue que “por reestructuración del medio tenían que prescindir de sus servicios profesionales”.
La afectada dijo al Centro de Monitoreo de APES que en la primera semana de diciembre estuvo incapacitada por tres días y en el pago de la quincena el medio le descontó los tres días completos; por lo cual habló con la encargada de recursos humanos, quien dijo que no era obligación de la empresa pagar los días de incapacidad.
“Yo le enfatice que en el Código de Trabajo no decía eso y que me dijera en qué se basaba ella para decirme eso y no me quiso resolver, ante la situación le dije que buscaría ayuda en el Ministerio de Trabajo”, dijo la periodista al Centro de Monitoreo de APES.
APES llama a los empleadores a cumplir con sus obligaciones en la normativa laboral.
Dos elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) revisaron teléfonos celulares de periodistas con la intención de eliminar material periodístico, mientras daban cobertura a la protesta de trabajadores despedidos de la Alcaldía Municipal de San Salvador. El hecho ocurrió a las 9:30 a.m. de este jueves 16 de diciembre previo a la conferencia de prensa de la Alianza Nacional El Salvador en Paz que se pronunció por la incertidumbre laboral de los empleados públicos.
Un periodista de YSUCA manifestó al Centro de Monitoreo de APES que, mientras él y el periodista de Diario El Mundo (DEM) daban cobertura a la manifestación, se les acercó un elemento del CAM y les preguntó “¿quiénes son ustedes?” y al identificarse como prensa les exigió que le mostraran las fotos que habían tomado en sus teléfonos porque creía que a ellos los estaban fotografiando, incluso manipularon ellos mismo un equipo para revisarlo.
El obligar a periodistas a borrar material gráfico en los lugares de cobertura se ha vuelto una constante por parte de agentes de seguridad privada, municipal, policial y militar, lo cual es una obstrucción al trabajo periodístico.
APES exhorta, en este caso al CAM, a no obstaculizar el trabajo informativo que realizan periodistas de diferentes medios de comunicación ni realizar acciones para las que no tiene facultades legales.
