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    Una vez más, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa intentó descalificar la labor informativa e investigativa de la revista GatoEncerado luego de que el medio escribió un tweet sobre la verificación de una afirmación hecha por el vicepresidente. 

    Ulloa escribió en su cuenta de Twitter “Dice el refrán:“No hay que gastar pólvora en zanates. Pero por esta única vez y para desenmascarar a esos activistas disfrazados de periodistas”. 

    Según el comunicado del equipo AD HOC para el estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República asegura que el proceso fue transparente y que “los pseudoperiodistas de Gato Encerrado jamás solicitaron información sobre el proceso o indicaron su interés por participar en el mismo”. 

    Sin embargo, el medio solicitó las actas o grabaciones de todas las reuniones de las mesas de trabajo del equipo Ad Hoc, pero la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Casa Presidencial declaró inadmisible la solicitud. 

     

    “Por lo que el varapalo que los lectores les propinarán por mentirosos y falsarios se traducirá en lo que el título de esta nota anuncia: de gato encerrado pasarán a ser conocidos como GATO APALEADO”, dice el comunicado haciendo alusión a golpes. 

    El 10 de febrero, el funcionario también emitió declaraciones contra la labor de la revista referente al mismo tema. 

    APES exige respeto para la labor informativa e investigativa que realiza el medio y pide al vicepresidente Ulloa evitar este tipo de declaraciones estigmatizantes. Los funcionarios públicos, además de procurar la armonía social, deben comportarse a la altura de su investidura.

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      El vicepresidente de la República, Felix Ulloa, intentó descalificar la labor informativa e investigativa de la revista GatoEncerrado, luego de que este medio publicara la nota  “El proceso secreto para crear la nueva Constitución de Bukele”.

      “La afirmación del vicepresidente es parte de la práctica de este Gobierno de querer deslegitimar el trabajo periodístico. GatoEncerrado puso en evidencia la falta de transparencia en el proceso de reforma constitucional, que podría devenir en la formalización de la toma total del poder judicial”, expresó la periodista Karen Moreno al Centro de Monitoreo de APES.

      APES pide a los funcionarios públicos tolerancia ante la labor informativa, investigativa y crítica que realizan los medios de comunicación, aun cuando estos sean críticos al accionar del gobierno de turno.

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        El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó a la revista Gato Encerrado de caer en infracciones si no revelan su fuente de información. En la nota, el medio asegura que Argueta convocó a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer su opinión sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que admite la reelección del presidente, Nayib Bukele.

        “Señores @GatoEncerradoSV sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias”, escribió Argueta en su cuenta de Twitter.  

        “Este es el resultado del trabajo periodístico que hacemos en Gato Encerrado, en un contexto en el que el Ejecutivo controla los Órganos e instituciones del Estado, que se supone deberían ser independientes como el TSE”, dijo al Centro de Monitoreo de APES la periodista Karen Moreno, quien redactó la nota.

        APES expresa su preocupación por este tipo de amenazas que pretenden presionar al medio para que revele su fuente confidencial de información, la cual está amparada por el principio Nº 8 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

        Las leyes salvadoreñas también amparan a los periodistas. El artículo 206 del Código Procesal Penal señala que los periodistas, y quienes ejerzan el periodismo, “tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.

        APES recuerda a los funcionarios públicos que están obligados a cumplir y respetar las leyes. 

         

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          El presidente Nayib Bukele atacó a periodistas de la revista Factum y El Faro  durante una conferencia de prensa que brindó la noche del jueves 24 de septiembre; además, descalificó la labor informativa de la revista Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Colatino y Diario El Mundo. 

          Mientras que Canal 33 denunció que se le negó la participación en la ronda de preguntas de la conferencia de prensa.

          En ocasiones anteriores ha mostrado apatía contra los periodistas y medios de comunicación que son críticos a su gestión. 

          Ante esta situación, APES considera que el presidente comete una grave violación al derecho a la libertad de prensa. Además reitera al gobierno de turno que debe respetar la labor informativa e investigativa que realizan algunos medios de comunicación. 

           

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            El presidente Nayib Bukele atacó digitalmente a los medios digitales El Faro y revista Factum, además de los medios impresos El Diario de Hoy (EDH) y La Prensa Gráfica (LPG), a través de su cuenta de Twitter. 

            Tras publicar información sobre los presuntos casos de nepotismo y corrupción cometidos por altos funcionarios de su administración, el mandatario lanzó los nuevos mensajes para deslegitimar a los periódicos antes mencionados.

            APES recuerda al presidente que el trabajo de la prensa es investigar e informar sobre los temas de interés público, y el de los administradores públicos es dar cuentas de sus actuaciones. 

            https://twitter.com/nayibbukele/status/1276339316508307456

             

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              Presidente de la República, Nayib Bukele, ataca verbalmente a periodistas de El Faro y Factum durante una conferencia de prensa el domingo 31 de mayo.

              En la conferencia, el presidente manifestó que algunos periodistas “malintencionados” le tomaron fotografías a la inundación que se hizo en Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) tres, el último sector en proceso de construcción. 

              «Yo ya sé quienes los financias a ustedes Factum, El Faro. Ya sabemos quién es, sabemos lo que buscan, sabemos lo que quieren ¡Son libren, háganlo!. En sus corazones, en sus almas, en su vida pesará lo que trataron de hacerle al país», señaló el presidente. 

              No es la primera vez que el presidente Bukele realiza declaraciones estigmatizantes, en ese sentido, APES hace un llamado al presidente a respetar el trabajo periodístico que es tan importante en el marco de un país democrático.

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                El pasado sábado 16 de mayo fue hackeada la página web de la revista Disruptiva, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

                “Lastimosamente este no es un post habitual de Disruptiva. Es uno para comunicarles que nuestro sitio ha sido atacado por bots y que de momento se encuentra inactivo. Creemos que estamos haciendo aportes valiosos durante esta pandemia y los seguiremos haciendo desde redes”, publicó la revista en su cuenta de Twitter el día del hackeo.

                La revista Disruptiva es una publicación académica especializada en ciencias, tecnología, desigualdad y cultura. 

                Según Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG, la revista logró restablecer su página, sin embargo, no han identificado los responsables del hackeo.

                Ante esta situación, APES pide a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación sobre la vulneración hecha contra la seguridad digital de la revista.

                 

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                  Esta tarde un equipo de la Secretaria de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador restringió el acceso a periodistas del periódico digital El Faro y de la Revista Factum a la conferencia de prensa que dio el presidente Nayib Bukele, para anunciar  la Comisión contra la Corrupción e Impunidad de El Salvador (CICIES). 

                  Según un tweet publicado por El Faro “Delegados de la Secretaría de Prensa de la Presidencia informaron que por órdenes del secretario de Prensa no tienen autorización para ingresar a la conferencia programada este día”.

                  Asimismo, Factum denunció a través de Twitter que, el jefe de guardia del Estado Mayor Presidencial de El Salvador (EMP) explicó que recibió órdenes de prensa de Casa Presidencial para no permitir el acceso a periodistas de ambos medios.

                  Al intentar conocer la versión del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no respondió las llamadas ni los mensajes realizadas por el Centro de Monitoreo de APES.

                  APES condena estas acciones que afectan el libre ejercicio periodístico, sobre todo cuando vienen por parte de funcionarios públicos, ya que esta no es la primera vez que periodistas denuncian a los equipos de comunicaciones de la Presidencia.

                   

                   

                   

                   

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                    La resolución emitida el pasado lunes 23 de octubre por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia incorpora nuevas restricciones a la ciudadanía y por ende a los periodistas en contravención a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

                    La Sala de lo Constitucional establece criterios discrecionales a favor de los entes obligados y los funcionarios de turno, lo cual no abona los avances democráticos previamente observados con la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

                    Dichas valoraciones o criterios discrecionales van en contra de las resoluciones emitidas por IAIP y de los estándares internacionales en materia de acceso y por tanto significan también un retroceso en el derecho del ciudadano y los periodistas a obtener información púbica.

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