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    El ministro de Trabajo, Rolando Castro, trató de descalificar la labor informativa que realiza la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), luego de publicar un tweet sobre la verificación que realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ante el estado de salud de las obreras de Industrias Florenzi, quienes se encuentran en huelga de hambre, tras varios meses de despido y sin la atención del  Ministerio de Trabajo. 

    Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, dijo que esta descalificación es “un acto de censura indirecta”.

    APES rechaza declaraciones estigmatizantes que buscan desacreditar el trabajo de ARPAS y exige a los funcionarios públicos respeto por el trabajo informativo que realizan los medios de comunicación, aun cuando estos sean críticos a su posición política. 

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      Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencia de El Salvador descalificó el trabajo informativo que realiza la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), tras compartir un artículo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el cual piden al gobierno de El Salvador mayor transparencia y dejar a periodistas realizar su labor informativa sobre el COVID-19.

      “Si bien la prensa no debe servir al gobierno, sino que, a los gobernados, tampoco su rol es ser oposición. ARPAS ha sido siempre uno de los brazos mediáticos de la izquierda representada en el FMLN. Muestra de ello es su silencio cómplice en la corrupción del partido”, publicó en un tweet el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria.

      Por otra parte, el director ejecutivo de ARPAS, Leonel Herrera denunció que este tipo de publicaciones de parte del funcionario público son un atropello a la libertad de prensa en el país.

      APES rechaza esta desacreditación hacia ARPAS y considera que los funcionarios públicos deben respetar el trabajo informativo que realizan los medios de comunicación, aun cuando estos sean incómodos a su posición política. 

       

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        El pasado 16 de agosto Radio Güija, situada en Metapán, Santa Ana, recibió un atentado por desconocidos, quienes hicieron un agujero de 30 cm en la pared de la emisora.

        También, radio Bálsamo, ubicada en Zaragosa, La Libertad, extraños destrozaron la puerta de una repetidora intentando ingresar al espacio.

        Directivas de las transmisoras aseveran ambos atentados son por las denuncias que difunden sobre los daños al medio ambiente ocasionados por empresas privadas.

         

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          El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó de forma arbitraria las credenciales al equipo de reporteros de radio Cadena Mi Gente, incluso cuando ellos solicitaron con tiempo los documentos e hicieron el procedimiento solicitado; un día antes de las elecciones no tenían respuesta certera de la institución.

           

           

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            A través de una carta dirigida a los directivos de la radio comunitaria “La Voz de Mi Gente”, el alcalde de Tacuba Joel Ernesto Ramírez Acosta, amenazó por coartar la libertad de expresión.

            Según la correspondencia, el funcionario manifestó que el medio de comunicación está siendo utilizado con fines propagandísticos y asegura que lo están difamado, por lo que advirtió que cesaran con esas acciones.

            Evidencia: este es el escrito emitido por el funcionario.

             

             

             

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              La resolución emitida el pasado lunes 23 de octubre por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia incorpora nuevas restricciones a la ciudadanía y por ende a los periodistas en contravención a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

              La Sala de lo Constitucional establece criterios discrecionales a favor de los entes obligados y los funcionarios de turno, lo cual no abona los avances democráticos previamente observados con la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

              Dichas valoraciones o criterios discrecionales van en contra de las resoluciones emitidas por IAIP y de los estándares internacionales en materia de acceso y por tanto significan también un retroceso en el derecho del ciudadano y los periodistas a obtener información púbica.