Personal de prensa de Casa Presidencial (CAPRES) obstaculizó la labor de periodistas de revista Factum, revista Gato Encerrado, El Faro, FOCOS TV, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) entre otros, que cubrían el funcionamiento del «Megacentro de Vacunación» en el Hospital El Salvador.
“Personal de prensa de la Secretaría de Prensa está sacando a los periodistas nacionales de la zona donde la población hace cola, previo a su vacunación. Dicen que no hemos sido convocados. Sólo han permitido acceso a medios internacionales”, denunció en su cuenta de Twitter Bryan Avelar, periodista de Factum.
Órbita TV, Órbita FM y Diario La Página, medios que pertenecen a Grupo Órbita incumplen el pago de salarios a un grupo de periodistas y trabajadores relacionados a la información. Dicho Grupo es administrado por el Consejo Nacional de Bienes, (CONAB) desde que fue intervenido por el Estado en 2017.
Entre los afectados están: periodistas, camarógrafos, editores, realizadores y presentadores.
“Nos vienen debiendo salario, nos dan un poquito y nos dicen que ya nos lo van a pagar completo”, denunció una de las personas afectadas.
Fuentes al interior del medio denunciaron al Centro de Monitoreo de APES que, la empresa les descuenta seguro, AFP y renta, pero no las pagan a Hacieda ni a las AFPs.
“Mi preocupación más grande es que si me enfermo de COVID-19 yo no tengo seguro dónde ir porque no lo han pagado”, expresó un periodista de ese grupo mediático.
APES pide respetar los derechos laborales de los trabajadores y hace un llamado al administrador del CONAB para que realice las acciones necesarias a fin de ponerse al día con las obligaciones patronales hacia los colegas.
Agente de la Policía Nacional Civil (PNC) amedrentó a periodistas que daban cobertura en las inmediaciones del Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) del municipio de Soyapango, en San Salvador. El equipo de reporteros recibía declaraciones de enfermeras que denunciaban la falta de equipo de autoprotección para evitar contagios de COVID-19.
Una reportera de Revista Factum expuso que el agente hizo videos a los periodistas y a las enfermeras que daban declaraciones sobre el desabastecimiento de insumos, pero cuando se percató que era observado por la prensa dejó de hacerlo.
APES insiste a las autoridades policiales y militares que deben respetar la labor periodística, sobre todo cuando la prensa busca información de interés público. La actuación del agente policial esta mañana atenta contra la libertad de prensa y de expresión, derechos que no están limitados en el marco del estado de excepción.
La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Quijano prohibió a periodistas y camarógrafos de diferentes medios de comunicación dar cobertura a la junta realizada este martes 31 de marzo, donde presentaron una serie de videos para demostrar la presunta participación del funcionario en negociaciones con líderes de pandillas.
Según un tweet publicado por Telenoticias 21, “la comisión acordó seguir viendo en privado los videos y le pidieron a la prensa que abandonara el salón”.
Al mismo tiempo, dicha junta solicitó que los periodistas pudieran ver los vídeos con la modalidad «Off the record», lo cual no fue aprobado.
Con este tipo de restricciones los diputados que conforman dicha comisión están restringiendo el acceso al derecho de información de interés público. Ante esto, APES exhorta a los funcionarios públicos a respetar la libertad de prensa y brindar la información para facilitar el ejercicio periodístico, evitando cualquier tipo de restricciones o condicionantes.
36 trabajadores relacionados a la información de Televisión de El Salvador, TVES (Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador, RNES (96.9) fueron despedidos este martes 10 de septiembre por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Ambos medios son operados por el Estado salvadoreño.
La justificación que dio la administración de estos medios a los afectados fue que al asumir el gobierno de Bukele encontraron una «sobrecarga económica y de personal», por lo que decidieron suprimir las plazas.
Entre el personal despedido se encuentran periodistas, jefaturas, personal técnico y administrativo. Uno de los afectados dijo al Centro de Monitoreo de APES que “a todos los cesados se les respetó todos los parámetros que exige la Ley del Servicio Civil”.
El 28 de septiembre de 2018, el gobierno de turno despidió un grupo de diez empleados relacionados a la información de Canal 10; en aquella ocasión se les dio el mismo argumento.
APES se mantiene vigilante del proceso de despidos en medios de comunicación a nivel general e invita a colegas que consideren en riesgo su estabilidad laboral a ponerse en contacto al teléfono 7746-4325 para brindarles asesoría y seguimiento del caso.
