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    El pasado martes 24 de marzo el Gobierno de El Salvador prohibió por cuarta vez a periodistas de diferentes medios de comunicación hacer preguntas durante la conferencia de prensa realizada por el gabinete de salud ampliado, donde informaron sobre cuatro nuevos casos positivos de COVID-19.

    La conferencia fue avisada con poco tiempo de anticipación en las redes sociales del ejecutivo, además muchos periodistas denuncian ser excluidos del grupo de WhatsApp «Prensa Presidencia», que es manejado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

    Dicho impedimento obstruye la labor periodística es por ello que APES insiste a las autoridades del Gobierno de turno que deben ser abiertos a la prensa y no restringir el derecho a la información pública.

    Es en estos momentos cuando las autoridades del Gobierno deben ser más transparentes y brindar más información al público, para reducir los niveles de incertidumbre y pánico.

    Anexos:

     

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      Wilfredo Córdoba, comunicador de Casa Presidencial de El Salvador (CAPRES) obstaculizó el trabajo de un periodista de Canal 21 al momento que intentaba entrevistar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

      “De varias formas quiso entorpecer mi trabajo, gritando, metiéndose en imágenes, tapando la cámara y queriendo evitar que entrevistara al director de la PNC”, escribió en un tweet el periodista.

      Por otra parte, Loida Martínez Avelar, periodista de la Revista Factum, manifestó que Córdoba, durante una conferencia de prensa realizada por el gabinete de salud ampliado en la que dieron a conocer nuevos casos de COVID-19, de forma molesta le pidió a ella que se quitará de cierto lugar porque iba a colocar una cámara de TV, lo cual nunca paso.

      APES llama a las Secretarías de Prensa y de Comunicaciones de Capres a ser tolerantes con el trabajo de los periodistas y a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. A la vez insta al ambas instancias a definir políticas claras de información y comunicación para la ciudadanía y los medios informativos.

       

       

       

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        Dos soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y un vigilante de el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) impidieron que periodista de un canal de televisión hiciera fotografías sobre el panorama que hay en las inmediaciones del CIFCO, en torno a la construcción del hospital provisional para atender a pacientes con COVID-19. La restricción surgió el lunes 23 de marzo en horas de la tarde.

        “Yo estaba haciendo fotos sobre el movimiento que hay en el lugar, cuando los soldados me revisaron las tomas fotográficas y me hicieron que las borrara en frente de ellos”, manifestó el periodista afectado.

        Al mismo tiempo, los soldados le dijeron que no podía estar allí porque era una base militar momentánea, y que nadie puede grabar sin permiso de las altas autoridades.

        APES recuerda a las fuerzas de seguridad que no deben obligar a los periodistas a borrar su material informativo y exige a la FAES respetar el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, los cuales el Presidente Nayib Bukele se comprometió a no afectar en el marco de la crisis por el Coronavirus.

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          Por tercera ocasión el gobierno negó el derecho de preguntas a periodista que se encontraban dando cobertura al gabinete de salud ampliado, quienes brindaron una actualización sobre la situación del COVID19 y confirmaron dos nuevos casos de personas con el coronavirus.

          La primera restricción ocurrió el 17 de marzo durante la conferencia de prensa del gabinete de salud en la que dieron disposiciones recientes en el marco del COVID19 y en donde no se permitió el derecho de pregunta a tres periodistas de medios digitales de El Faro, Revista Factum y Revista Gato Encerrado. 

          El segundo caso se dio el domingo 22 de marzo cuando el gabinete de seguridad brindó un balance de de las personas enviadas a centros de contención por no acatar la cuarentena obligatoria. En esta conferencia no se permitió preguntas por parte de la prensa, hecho que fue verificado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). 

          El tercer caso ocurrió el lunes 23 de marzo en la conferencia del gabinete de salud ampliado en la que dieron actualización de la cuarentena por el COVID19 y en la que confirmaron dos nuevos casos. Aquí, nuevamente se negó el derecho de preguntas a todos los periodistas. 

          “Los periodistas no tuvimos espacio para hacer preguntas en la conferencia de prensa de esta noche donde el viceministro de Salud @FranAlabi y la comisionada Presidencial Carolina Recinos confirmaron dos casos nuevos de #COVID19 en El Salvador”, publicó una periodista en su cuenta de Twitter. 

          APES rechaza todas estas acciones de parte del Gobierno de turno que afectan la labor informativa, y hace un fuerte llamado a todos los funcionarios públicos a ser accesibles con la prensa y no impedir el derecho a la información pública que es fundamental para que la población esté debidamente informada. 

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            Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) impidió la labor informativa a  un periodista independiente debidamente identificado y que se encontraba tomando fotografías tras las nuevas disposiciones que la presidencia a puesto en marcha por la emergencia nacional por el COVID-19. Los hechos ocurrieron el domingo 22 de marzo en el mercado municipal Zacamil, del municipio de Mejicanos.

            A pesar que el periodista portaba su carnet de prensa, el agente le pidió su documento de identidad y empezó a cuestionar de dónde era y para quién trabajaba, entre otras interrogantes intimidatorias. 

            Según el periodista, él le explicó al agente que andaba dando cobertura para unas agencias de comunicación, y que ellos como autoridad no debían impedir el trabajo de la prensa. 

            APES reitera el llamado a las autoridades de seguridad a respetar el libre ejercicio periodístico, sobre todo cuando los periodistas portan debidamente su credencial y están haciendo su labor sin obstruir las medidas de contención dictadas por el presidente Nayib Bukele.

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              Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) obstaculizaron el ejercicio periodístico a un reportero de Radio Segundo Montes cuando se encontraba haciendo unas tomas de fotografías en el desvío del municipio de Jocoaitique, en el departamento de Morazán. Los agentes le pidieron el celular y le borraron todas las fotos, a pesar de que él portaba su respectiva credencial de prensa. 

              Según el reportero, él se dirigía a la radio y aprovechó para hacer unas fotografìas del panorama que se vive en el lugar, tras las medidas restrictivas de circulación anunciadas por el Ejecutivo durante cadena nacional transmitida la noche del  sábado 21 de marzo. 

              Ante esta restricción, APES hace un enérgico llamado a las autoridades de seguridad a respetar la labor periodística. Cabe resaltar que, la asociación se encuentra vigilante de las vulneraciones a los derechos del gremio de periodistas, sobre todo, cuando las mismas autoridades de seguridad pública son las principales agresores.

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                Una asistente de la ministra de salud, Ana María Orellana, empujó con violencia a Jorge Álvarez, periodista de Canal Sol TV, quien daba cobertura a la inauguración de la “Campaña Nacional Antirrábica Canina y Felina” en Osicala, departamento de Morazán.

                “Al terminar el evento, le pedí a la ministra que me diera unas palabras y que habláramos sobre el Coronavirus, pero ella no respondió y le habló a su asistente, quien violentamente me empujó para evitar que abordara a la ministra”, manifestó el periodista.

                Álvarez mencionó que posteriormente una jefatura regional de salud y otra de la zona oriental, le pidieron disculpas por el incidente, quienes aseguraron que la mujer se había “deslizado”, sin embargo, en un vídeo que circula en redes se ve lo contrario. 

                El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer  la versión del Ministerio de Salud, pero no hubo respuestas a las llamadas. 

                Ante esta situación, APES reitera su llamado a los funcionarios públicos a respetar la labor periodística, a ser tolerantes con los medios críticos y a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

                Anexo: https://twitter.com/Nelsonrivera_sv/status/1234580948563480581

                 

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                  El periodista del Diario de Hoy (EDH), Jorge Beltrán abordó al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para que diera su derecho de respuesta por el caso de la contratación de la empresa Constructora Durán Vásquez, S.A. de C.V., a la que se le adjudicó un contrato para construcción del Hotel Estancia Militar y el edificio que albergará al Estado Mayor General del Ejército (EMGE). 

                  El alcalde había llegado al Centro Judicial Isidro Menéndez donde fue citado el pasado 7 de febrero por el caso de las negociaciones con pandillas, lugar donde negó dar declaraciones argumentando que el periódico tiene una línea editorial en su contra.

                  “Lo abordé para darle su derecho de respuesta sobre el tema que estaba por salir publicado en EDH, pero al salir del juzgado me dijo que no me daría declaraciones porque EDH tiene una línea editorial en su contra”, aseguró el periodista.

                  Al respecto, el martes 11 de febrero el alcalde tuiteo “medias verdades mentiras totales”, refiriéndose al caso investigado, sobre el que no quiso dar declaraciones a Beltrán.

                  Ante esta situación, APES hace un llamado a los funcionarios públicos a respetar  labor periodística, aún cuando las preguntas sean incómodas.

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                    El Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró dos obstrucciones a la labor informativa por parte del Consejo Municipal de la Alcaldía de Usulután y su Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

                    Uno de los periodistas afectados denunció que el pasado 4 de noviembre, la municipalidad le negó el acceso a darle cobertura a una reunión entre el Consejo Municipal y líderes de la comunidad “Calle Antigua a Santa María”, en donde se informó sobre un cambio en el destino de los fondos que estaban presupuestados para la reparación de la calle de esta localidad.

                     “La comunidad quería cobertura periodística para evidenciar porqué la municipalidad decidió destinar a una cuenta corriente de la comuna un dinero que en un principio estaba contemplado para reparar la calle de la comunidad; el Consejo Municipal dijo que yo no podía entrar y tampoco me dieron la resolución del caso” expresó el periodista afectado.

                    Además, el 25 de octubre, durante el evento de coronación de la reina de las fiestas patronales de Usulután, agentes del CAM obstaculizaron el trabajo de un grupo de periodistas, alejándolos de la tarima principal y dejándolos sin opciones para darle cobertura al evento.

                    “Los del CAM nos exigieron retirarnos porque según ellos obstruimos la visión de las personas; por lo cual decidimos sentarnos en el suelo y hacer nuestro trabajo desde allí, pero también nos dijeron que nos quitáramos”, manifestó uno de los periodistas afectados a la APES.

                    De este caso, se logró solventar a través de la mediación del gerente de la municipalidad; posterior a ello se les permitió hacer su trabajo. También, el Centro de Monitoreo de APES intentó conocer la versión del Concejo Municipal pero no obtuvo respuesta a las llamadas telefónicas. 

                    APES considera que estas situaciones afectan el libre ejercicio periodístico por lo cual hace un llamado a las autoridades correspondientes a no obstaculizar la cobertura de la prensa.

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                      Equipo de comunicaciones de Casa Presidencial de El Salvador (CAPRES) negó el derecho de pregunta a Jimmy Alvarado, periodista de El Faro, en conferencia de prensa presidida por el Gobierno de turno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

                      “Yo estaba en la lista de los medios que iban a tener su participación en el espacio de preguntas pero me restringieron”, aseguró Alvarado al Centro de Monitoreo de APES.

                      El periodista  pidió una explicación a tres personas del equipo de comunicaciones de CAPRES y le dijeron que “no podían dar declaraciones”.

                      Cabe destacar que, únicamente los periodistas de Canal 19 y Canal 12 fueron los que preguntaron, quedando fuera otros medios que estaban en la lista para tener su intervención en el espacio de preguntas.