La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia despidió este 18 de diciembre cerca de 30 personas de Canal 10 y Radio El Salvador, entre ellos: periodistas, camarógrafos, editores y trabajadores relacionados a dichos medios.
Entre las justificaciones que les dio la administración están: supresión de plazas, reestructuración y renuncias, esta última de carácter obligatoria y que es ilegal según lo establece el Código de Trabajo.
Uno de los despedidos dijo al Centro de Monitoreo de APES que al llegar a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia uno de los abogados le comunicó que “su plaza quedó cerrada”, otro de los afectados denunció que le obligaron a firmar una carta de renuncia. Ambos casos han sido documentados y trasladados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para su investigación.
Ante este contexto, APES pide al Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, retomar la mesa de diálogo instalada en septiembre con la Mesa de Protección a Periodistas y en la que se comprometía a dar informes sobre las inspecciones laborales que esa institución realizaría en los diferentes medios de comunicación.
APES invita al personal afectado a ponerse en contacto con el teléfono 7746-4325 para darles asesoría y seguimiento del caso.
