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    La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia despidió este 18 de diciembre cerca de 30 personas de Canal 10 y Radio El Salvador, entre ellos: periodistas, camarógrafos, editores y trabajadores relacionados a dichos medios.

    Entre las justificaciones que les dio la administración están: supresión de plazas, reestructuración y renuncias, esta última de carácter obligatoria y que es ilegal según lo establece el Código de Trabajo.

    Uno de los despedidos dijo al Centro de Monitoreo de APES que al llegar a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia uno de los abogados le comunicó que “su plaza quedó cerrada”, otro de los afectados denunció  que le obligaron a firmar una carta de renuncia. Ambos casos han sido documentados y trasladados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para su investigación.

    Ante este contexto, APES pide al Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, retomar la mesa de diálogo instalada en septiembre con la Mesa de Protección a Periodistas y en la que se comprometía a dar informes sobre las inspecciones laborales que esa institución realizaría en los diferentes medios de comunicación. 

    APES invita al personal afectado a ponerse en contacto con el teléfono 7746-4325 para darles asesoría y seguimiento del caso.

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      36 trabajadores relacionados a la información de Televisión de El Salvador, TVES (Canal 10) y Radio Nacional de El Salvador, RNES (96.9) fueron despedidos este martes 10 de septiembre por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Ambos medios son operados por el Estado salvadoreño.

      La justificación que dio la administración de estos medios a los afectados fue que al asumir el gobierno de Bukele encontraron una «sobrecarga económica y de personal», por lo que decidieron suprimir las plazas.

      Entre el personal despedido se encuentran periodistas,  jefaturas, personal técnico y administrativo. Uno de los afectados dijo al Centro de Monitoreo de APES que “a todos los cesados se les respetó todos los parámetros que exige la Ley del Servicio Civil”.

      El 28 de septiembre de 2018, el gobierno de turno despidió un grupo de diez empleados relacionados a la información de Canal 10; en aquella ocasión se les dio el mismo argumento. 

      APES se mantiene vigilante del proceso de despidos en medios de comunicación a nivel general e invita a colegas que consideren en riesgo su estabilidad laboral a ponerse en contacto al teléfono 7746-4325 para brindarles asesoría y seguimiento del caso. 

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        Un grupo de periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos en los medios escritos La Prensa Gráfica (LPG), Mi Chero y El Gráfico, todos parte del grupo editorial Dutriz.

        Según información de uno de los cesados, los despidos iniciaron el  miércoles 28 de agosto y se prevé continúen hasta el día 30 del mismo mes bajo el argumento de una reestructuración del medio. 

        Entre el personal afectado se encuentran trabajadores del área de redacción, corrección de estilo, fotografía, revistas y multimedia.

        El 3 de mayo de 2018 ese mismo medio despidió a 120 personas trabajadoras relacionadas a la información. En algunos casos los cesados denuncian violaciones a los procedimientos legales para ejecutar los despidos. 

        APES pide al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) que proceda también en este caso con una inspección laboral en el medio, para verificar que se haya cumplido con el debido proceso. 

        También invita a los cesados a activar el número 7746 4325 del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas para recibir asesoría y acompañamiento legal en los casos que lo ameriten. Así mismo, invitamos a poner las denuncias en el call center 130 del Ministerio de Trabajo. 

         

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          Por segunda ocasión, Canal 29 S.A. de C.V. incumplió el pago de indemnización a los periodistas y trabajadores relacionados a la información despedidos de este medio televisivo, el pasado 18 de junio de 2019.

          Según los exempleados, Gentevé acordó pagar sus indemnizaciones en cuatro cuotas. Sin embargo, no se han llevado a cabo los primeros dos abonos, que según el calendario de pagos debieron efectuarse el 28 de junio y el 31 de julio.

          La respuesta de la administración del medio es que “aún no cuentan con los fondos necesarios para cumplir”, aludiendo que el canal está intervenido por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

          En mayo de 2018, Canal 29 también despidió a un grupo de periodistas. En su momento, el director del CONAB aclaró que no se había ordenado ningún despido desde esa instancia.

          De acuerdo con el canal, los despidos se deben a una reestructuración organizativa en todas las áreas del medio. La empresa se encuentra intervenida por la Fiscalía General de la República (FGR) desde diciembre de 2017.

          A la fecha, APES se encuentra esperando la respuesta del CONAB ante esta situación.

          APES hace un llamado a la dirección de canal Gentevé y CONAB para que realicen las acciones necesarias a fin de ponerse al día con las obligaciones patronales hacia los colegas que han sido despedidos desde hace más de un mes.

          Hasta el cierre de esta alerta APES registra 44 colegas cesados de este medio.

          Fuente: Fragmento de la carta de despido, donde se establece las cuotas a pagar de la indemnización. 

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            Cerca de 30 periodistas y trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), que aglutina los canales 2, 4, 6. Según fuentes consultadas, los despidos se deben a un “déficit económico que tiene la empresa”.

            Entre los despidos se encuentran periodistas, presentadores, editores y técnicos.

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              Este día, un grupo de trabajadores de El Diario de Hoy y el periódico Más fueron despedidos; la justificación del medio es  por «falta de presupuesto».

              Según información recopilada por APES, fueron 10 afectados, entre ellos se encuentran:  jefaturas, periodistas, editores y  diseñadores. 

              Fuentes al interior del periódico  informaron que a todos los cesados se les dio su respectiva indemnización. 

              Como gremial reiteramos  la necesidad de contar con una Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.