La Alcaldía Municipal de Tecoluca, San Vicente, intentó desacreditar la labor informativa e investigativa de la radio comunitaria Tehuacán y de la revista GatoEncerrado, luego de publicar la nota “El engañoso discurso del alcalde de Tecoluca sobre una empresa «generadora de 600 empleos”.
La comuna publicó un comunicado en el que asegura que “tomarán medidas legales sobre las declaraciones realizadas por la radio Tehuacán”.
Ante tal situación, Radio Tehuacan dijo al Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que en reiteradas ocasiones han intentado obtener entrevistas con el edil para abordar temas de impacto para la comunidad pero nunca los atiende.
Asimismo, el comunicado señala a los medios El Faro, Factum y GatoEncerrado de ser «medios opositores» y acusa a radio Tehuacán de prestarse a un «circo mediático de fines políticos».
APES pide a los funcionarios públicos respetar la labor informativa e investigativa que realizan los diferentes medios de comunicación, aun cuando no compartan su línea editorial. Y les recuerda que como funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas y que, en caso de sentirse agraviados, pueden hacer uso del derecho a rectificación y respuesta.
El engañoso anuncio del alcalde de Tecoluca sobre una empresa “generadora de 600 empleos”
Periodistas de diversos medios de comunicación que dan cobertura en la Asamblea Legislativa denunciaron que, por directrices de la Junta Directiva de dicho Órgano de Estado, debían usar ropa formal para ingresar al Salón Azul de la Asamblea.
“Recibí una llamada de parte de la encargada de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa, quien me notificó que había una indicación para que los periodistas que dieran cobertura a las plenarias tuvieran un código de vestimenta formal; sin embargo, se me quedó de notificar en qué consiste ese código”, aseguró uno de los periodistas consultados por el Centro de Monitoreo de APES.
Esta situación llamó la atención de APES, ya que la confirmaron editores de medios, a quienes se les llamó para notificarles tal disposición. Tras la difusión de esa información, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la medida no abarca a medios de comunicación.
https://twitter.com/ECastroES/status/1425250971844681856
APES considera que esta disposición, que aparentemente es un “malentendido», no tiene base legal de aplicación a periodistas, al no ser comunicadores institucionales sujetos a reglas de uniformidad o de tipo laboral con ese Órgano de Estado. Un código de vestimenta no puede ni debe ser limitante para el acceso a la llamada “Casa del Pueblo” ni tampoco que este tipo de situaciones vayan a ser una limitante para el ejercicio periodístico en ningún Órgano de Estado.
20 trabajadores de la Unidad de Prensa de la Asamblea Legislativa fueron despedidos entre el martes 20 y miércoles 21 de julio. Entre los afectados están periodistas, locutores, productores, presentadores, entre otros.
La Gerencia de Recursos Humanos les notificó que, “por instrucciones superiores se acordó finalizar la relación laboral”.
Entre las personas perjudicadas está el periodista y comunicador Javier Azenón, quien trabajó más de tres años en Televisión Legislativa.
Cabe resaltar que el 8 de junio un grupo de trabajadores relacionados a la información fueron despedidos de la Gerencia de Comunicaciones del Órgano Legislativo, a pesar que los puestos no eran de confianza.
APES se mantiene vigilante de que se cumpla el debido proceso y que no se violenten los derechos laborales de los afectados.
El periodista de RTV Izcanal, Carlos Amaya, denuncia violación a su derecho de acceso a información de parte de la alcaldía municipal de Nueva Granada, Usulután, luego que bloqueara hacer su solicitud de información a la entidad el martes 6 de julio.
Amaya denunció en sus redes sociales que, durante dos meses la municipalidad le ha restringido el acceso a la información pública.
“Esta semana me acerqué a la Alcaldía Municipal de Nueva Granada a realizar una solicitud de acceso a la información pública. Resulta que me topé con la sorpresa de que la municipalidad no tiene oficial de acceso a la información. La oficial que estaba, en la anterior administración, la despidieron y no han reemplazado”, escribió el periodista en sus redes sociales.
Tras su denuncia, el alcalde de la comuna, Isaac Guevara, intentó descalificar la labor del periodista. A la vez, el periodista también recibió una serie de acoso digital y declaraciones estigmatizantes por parte de usuarios de redes sociales.
La negatoria a acceder a poder solicitar la información podría incurrir incluso en una violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, dado que las municipalidades también son entes obligados en recibir las solicitudes y tramitarlas como la normativa establece.
APES hace un llamado a funcionarios e instituciones públicas a respetar la labor informativa e investigativa que realizan los periodistas y a no bloquear el derecho de acceso a la información pública.
El viernes 9 de julio, la Dirección General de Migración y Extranjería anuló el permiso de trabajo del periodista estadounidense Roman Gressier, del periódico digital El Faro.
Según informó el medio en su cuenta de Twitter, el argumento de Extranjería fue que Gressier no se encontraba en el país, y en tanto “no tiene el ánimo de permanecer y residir en el país”.
Cabe destacar que, el 21 de junio la administración de dicho periódico había solicitado residencia temporal de trabajo para el periodista, la cual le fue otorgada por 90 días para entrar y salir de El Salvador, el permiso tenía vigencia hasta el 22 de septiembre.
De la misma manera, dos días antes el gobierno negó la concesión de residencia de trabajo al periodista Méxicano, Daniel Lizárraga, bajo el argumento que no se pudo comprobar su calidad de periodista.
APES pide al gobierno del presidente Bukele, respetar la labor informativa e investigativa que realizan los corresponsales internacionales dentro del territorio salvadoreño.
También, la gremial pide a los organismos internacionales estar pendientes de lo que acontece en cuanto a retrocesos a la libertad de expresión y de prensa en el país.
El Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador ordenó a Diario Colatino el retiro de cualquier información relacionada a la sociedad Química Agrícola Internacional S.A. de C.V (QUIMAGRO), justificando que el caso tiene “reserva de publicidad”. La orden surgió el miércoles 9 de junio de 2021, pero no señala la fecha desde cuándo es efectiva tal reserva de publicidad.
Este es el tercer caso de censura ordenada por un juez contra un medio de información, ordenando que se bajen noticias cuestionadas de manera genérica.
APES pide a las autoridades competentes no afectar la libertad de prensa ni de expresión a periodistas y medios de comunicación que sólo buscan informar temas de interés ciudadano.
La Secretaría de Prensa de la Presidencia limitó el derecho a preguntar a la periodista de la revista Gato Encerrado, Karen Moreno, en la conferencia de prensa que dio el presidente, Nayib Bukele, para anunciar el resultado de las acciones en contra de la corrupción que se realizó el viernes 4 de junio.
A pesar que la periodista fue de las primeras en llegar, no le permitieron anotarse en el listado de preguntas. Sin embargo, al finalizar la conferencia ella alzó su voz para preguntar.
«No permitir mi derecho a anotarme en el listado para preguntar fue una violación al derecho de libertad de prensa. La población salvadoreña merece tener respuestas sobre las acciones de los funcionarios, pero eso solo se logrará a través de la apertura a medios críticos. Las agresiones a la libertad de prensa son un reflejo del contexto político que solo admite el discurso oficial», dijo la periodista al Centro de Monitoreo de APES.
También otros periodistas denunciaron que se priorizó a los medios oficialistas para la ronda de preguntas.
Esta no es la primera vez que los equipos de comunicaciones de Casa Presidencial restringen el espacio de preguntas a la prensa. APES rechaza estas acciones que afectan la labor informativa y hace un enérgico llamado a la Secretaría de Prensa a no limitar el acceso a preguntas a la prensa independiente.
Personal de Comunicaciones de la Presidencia obstaculizó la labor de los periodistas que daban cobertura al discurso presentado por el presidente, Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa. El hecho ocurrió al culminar el evento el pasado martes 1 de junio de 2021.
“Casa Presidencial impidió salir a los medios de comunicación para evitar que funcionarios dieran declaraciones sobre la redención de cuentas del Presidente”, escribió en su cuenta de Twitter un periodista.
APES pide a los funcionarios públicos respetar el libre ejercicio periodístico y evitar este tipo de obstrucciones al trabajo de la prensa.
Anexo:
Personal de prensa de diferentes medios de comunicación tuvo inconvenientes esta mañana para ingresar al recinto legislativo, ya que empleados de la Asamblea Legislativa dijeron que por órdenes de la Gerencia de Comunicaciones no se daría ingreso a ningún medio.
Hasta las 9:00 de la mañana se permitió el ingreso a los equipos de prensa, pero han permanecido en el pasillo que conduce hacia el Salón Azul. No tuvieron acceso al plenario.
La Junta Directiva de la Asamblea se reunió en el Salón Cuscatlán, pero fue a puerta cerrada, se restringió a los medios de comunicación independientes acercarse a dicho salón, y según periodistas afectados “solo tienen acceso los medios gubernamentales”.
“No nos permiten acercarnos al Salón Cuscatlán ni las zonas aledañas al mismo”, expresó la periodista de Diario El Mundo, Susana Peñate, al Centro de Monitoreo de APES.
APES hace un llamado al personal de la Asamblea Legislativa a no restringir el ingreso a periodistas y respetar la labor informativa. Además pide a la nueva jefatura de prensa que defina una política de comunicación con la prensa para evitar replicar las mismas acciones del Órgano Ejecutivo.
Personal de prensa de Casa Presidencial (CAPRES) obstaculizó la labor de periodistas de revista Factum, revista Gato Encerrado, El Faro, FOCOS TV, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) entre otros, que cubrían el funcionamiento del «Megacentro de Vacunación» en el Hospital El Salvador.
“Personal de prensa de la Secretaría de Prensa está sacando a los periodistas nacionales de la zona donde la población hace cola, previo a su vacunación. Dicen que no hemos sido convocados. Sólo han permitido acceso a medios internacionales”, denunció en su cuenta de Twitter Bryan Avelar, periodista de Factum.
