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    Personal de prensa de diferentes medios de comunicación tuvo inconvenientes esta mañana para ingresar al recinto legislativo, ya que empleados de la Asamblea Legislativa dijeron que por órdenes de la Gerencia de Comunicaciones no se daría ingreso a ningún medio. 

    Hasta las 9:00 de la mañana se permitió el ingreso a los equipos de prensa, pero han permanecido en el pasillo que conduce hacia el Salón Azul. No tuvieron acceso al plenario.

    La Junta Directiva de la Asamblea se reunió en el Salón Cuscatlán, pero fue a puerta cerrada, se restringió a los medios de comunicación independientes acercarse a dicho salón, y según periodistas afectados “solo tienen acceso los medios gubernamentales”.

    “No nos permiten acercarnos al Salón Cuscatlán ni las zonas aledañas al mismo”, expresó la periodista de Diario El Mundo, Susana Peñate, al Centro de Monitoreo de APES.

    APES hace un llamado al personal de la Asamblea Legislativa a no restringir el ingreso a periodistas y respetar la labor informativa. Además pide a la nueva jefatura de prensa que defina una política de comunicación con la prensa para evitar replicar las mismas acciones del Órgano Ejecutivo.

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      Personal de prensa de Casa Presidencial (CAPRES) obstaculizó la labor de periodistas de revista Factum, revista Gato Encerrado, El Faro, FOCOS TV, El Diario de Hoy (EDH), La Prensa Gráfica (LPG) entre otros, que cubrían el funcionamiento del «Megacentro de Vacunación» en el Hospital El Salvador. 

      “Personal de prensa de la Secretaría de Prensa está sacando a los periodistas nacionales de la zona donde la población hace cola, previo a su vacunación. Dicen que no hemos sido convocados. Sólo han permitido acceso a medios internacionales”, denunció en su cuenta de Twitter Bryan Avelar, periodista de Factum. 

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        Periodistas de diversos medios de comunicación denunciaron que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han obstaculizado el ingreso a las mesas donde se desarrolla el escrutinio final de los resultados electorales. Las restricciones ocurrieron los días miércoles 3 y jueves 4 de marzo en el hotel donde se lleva a cabo el escrutinio final. 

        “Los policías solo han estado permitiendo el ingreso a los miembros de Canal 10 y personas contratadas del partido Nuevas Ideas que han sido acreditados como multimedia”, denunció un periodista al Centro de Monitoreo de APES. Mientras que el resto de periodistas tienen que esperar hasta que el TSE les deje ingresar para tomar imágenes.

        La oficina de comunicaciones del TSE explicó que el instructivo de cobertura de la prensa establece únicamente dos visitas guiadas a las mesas de escrutinio, para evitar aglomeraciones, pero ese instructivo no se ha respetado.

        APES recomienda al TSE instalar cámaras de video en las mesas de escrutinio y proyectarlas en el set de prensa instalado en el mismo hotel, y de ser posible en su página web, para que se pueda observar el proceso de escrutinio sin aglomeración de personas.

        Además, la asociación pide al TSE mejorar los mecanismos de comunicación con la prensa y se pone a disposición de apoyar protocolos de cobertura segura de contextos electorales.

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          La Secretaria de Prensa de la Presidencia bloqueó de su cuenta de Twitter al periodista de El Faro, Nelson Rauda, luego de hacer un cuestionamiento al asesor jurídico de Casa Presidencial (CAPRES), Javier Argueta,  sobre un tema coyuntural.

          “Bloquear periodistas en cuentas institucionales que difunden información oficial es una limitación a mi derecho de libertad de expresión y va contra las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de febrero de este año, para que pueda ejercer mi profesión”, externó el periodista al Centro de Monitoreo de APES.

          Los bloqueos a periodistas en las cuentas de Twitter de instituciones gubernamentales continúan contra quienes realizan preguntas y cuestionamientos que son parte de la labor informativa.

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            La cuenta de Twitter de la Policía Nacional Civil (PNC) bloqueó a la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, luego de colocar Stamp a unos vídeos que la PNC publicó para contradecir la conferencia de prensa que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el reciente asesinato de dos militantes de un partido político.

            «Es preocupante que una institución que divulga información de interés ciudadano bloquee sin argumentos a periodistas, esto es una vulneración al derecho de acceso a la información y denota una falta de confianza a la institucionalidad», expresó Cárcamo al Centro de Monitoreo de APES.

            Desde 2020 a la fecha, las cuentas institucionales del gobierno del presidente, Nayib Bukele, han bloqueado a periodistas y otros ciudadanos. Ante esta situación, APES hace un llamado a respetar el ejercicio periodístico.

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              Entre el 1 y el 10 de septiembre de 2020, dos periodistas de Diario El Mundo y una periodista de la revista Gato Encerrado fueron bloqueados de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.  

              De la misma manera, tres periodistas del periódico digital El Faro fueron bloqueados de la cuenta del presidente Nayib Bukele en esa red social. Uno de ellos también fue bloqueado por el secretario de Prensa Ernesto Sanabria. 

              Los bloqueos de redes sociales de cuentas institucionales hacia periodistas ocurren contra quienes muestran una postura crítica, hecho que es condenado desde la APES por obstaculizar el ejercicio del derecho a la información pública. 

               

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                l miércoles 2 de septiembre la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia bloqueó de su cuenta de Twitter a Julia Gavarrete, periodista de la revista Gato Encerrado. 

                Según la periodista, fue bloqueada minutos después que puso en el tuit un comentario haciendo uso del «stamp» para evitar que se borrara.

                De la misma manera, el pasado mes de julio la Secretaría de Prensa también bloqueó a la periodista en dicha red social. 

                Las cuentas institucionales del gobierno de turno siguen bloqueando de redes sociales a periodistas que muestran una postura crítica, hecho que es condenado desde la APES por bloqueo de acceso a la información pública. 

                 

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                  La Secretaría de Prensa de la Presidencia bloqueó de su cuenta de Twitter este 27 de mayo a la presidenta de la Asociación de periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo. 

                  “Es irónico que la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia me bloquee de su cuenta. Esta acción me  niega el derecho a información que es de interés público, afectando mi derecho ciudadano a estar debidamente informada; además, afecta con mi labor periodística”, dijo Cárcamo al Centro de Monitoreo.

                  El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer la versión del secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, quien no respondió a los mensajes. 

                  No es la primera vez que cuentas institucionales del gobierno del presidente, Nayib Bukele, bloquean el acceso a periodistas, hecho que es condenado desde la APES y exhorta a la Secretaría de Prensa de la Presidencia a no bloquear más a periodistas de sus cuentas de redes sociales, ya que son un canal institucional para obtener información de carácter público.

                  Anexos: 

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                    El pasado jueves 14 de mayo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia bloqueó de su cuenta de Twitter a la periodista independiente Cecibel Romero. 

                    «No puedo especular cuál fue el motivo de por qué ocurrió el bloqueo a la cuenta de Twitter. Solo sé que sucedió luego de que dí retuit a una frase del secretario jurídico, Conan Castro», dijo la periodista al Centro de Monitoreo de APES.

                    Según Romero, como periodista y ciudadana, considera que se vulneró su derecho al acceso a información de parte de una cuenta oficial como lo es la Secretaría de Prensa.

                    El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer la versión del secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, quien no respondió a los mensajes y llamadas telefónicas.

                    En vista que las redes sociales, particularmente Twitter, son utilizadas por el Gobierno para brindar información oficial de sus acciones y medidas que repercuten en la vida nacional, la APES considera que este tipo de bloqueos afecta negativamente la práctica periodística y vulnera el derecho al acceso a la información pública.

                    Anexo: 

                    Frase del funcionario público que compartió la periodista.
                    Evidencia del bloqueo.

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                      Periodistas de diversos medios de comunicación de la zona oriental denunciaron que algunas instituciones públicas les niegan información o entrevistas con los funcionarios. Esta situación surgió antes de la Emergencia Nacional por el COVID-19 y continúa en estos días de emergencia, cuando la ciudadanía necesita estar debidamente informada.  

                      “Se hacen los desentendidos, dicen que hay que hablar al superior, y al contactarlo dicen que esa información no la pueden dar, cuando es algo básico”, dijo uno de los periodistas afectados, quien pidió omitir el nombre para evitar represalias.

                      Según los periodistas denunciantes, la prensa de la zona oriental enfrenta bloqueo en el acceso a información de carácter pública. 

                      Información sobre las acciones concretas que realiza la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Salud, cuerpos de bomberos, entre otros, son algunas de las consultas que realiza la prensa en la zona del oriente del país sin tener una respuesta al respecto.

                      Ante este bloqueo, APES insta a la Secretaría de Prensa de la Presidencia a definir una política clara de relacionamiento con la prensa, y le recuerda que es su obligación garantizar el acceso a la información a la población salvadoreña.