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    Un miembro de la seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública amenazó a periodistas de diferentes medios de comunicación que daban cobertura a una denuncia de organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones intentaban interponer una solicitud de nulidad al nombramiento del titular de la Dirección  de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovani González.

    “A todos ustedes los voy a demandar”, dijo con un tono molesto el empleado de seguridad. También una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) pidió a los periodistas bajar las cámaras. 

    “Un funcionario del @SeguridadSV amenazó a la prensa en el momento en que las organizaciones pedían entrar a las instalaciones de este ministerio”, informó en su cuenta de Twitter la revista GatoEncerrado. 

    APES expresa su preocupación por este tipo de amenazas y obstrucciones a la labor periodística por parte de funcionarios y empleados públicos, quienes pretenden amedrentar a los periodistas en sus coberturas de temas de interés para la población.

    https://twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1447950401140137987?t=RY4ANaU6SIS9aXSigerbjA&s=08

     

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      El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó a la revista Gato Encerrado de caer en infracciones si no revelan su fuente de información. En la nota, el medio asegura que Argueta convocó a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer su opinión sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que admite la reelección del presidente, Nayib Bukele.

      “Señores @GatoEncerradoSV sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias”, escribió Argueta en su cuenta de Twitter.  

      “Este es el resultado del trabajo periodístico que hacemos en Gato Encerrado, en un contexto en el que el Ejecutivo controla los Órganos e instituciones del Estado, que se supone deberían ser independientes como el TSE”, dijo al Centro de Monitoreo de APES la periodista Karen Moreno, quien redactó la nota.

      APES expresa su preocupación por este tipo de amenazas que pretenden presionar al medio para que revele su fuente confidencial de información, la cual está amparada por el principio Nº 8 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que establece que Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

      Las leyes salvadoreñas también amparan a los periodistas. El artículo 206 del Código Procesal Penal señala que los periodistas, y quienes ejerzan el periodismo, “tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.

      APES recuerda a los funcionarios públicos que están obligados a cumplir y respetar las leyes. 

       

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        Personal de la Asamblea Legislativa junto con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) trataron de obstaculizar la labor informativa del periodista de la revista Gato Encerrado, Marvin Díaz, quien intentó abordar a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Sandra Yanira Martínez, luego de una reunión sostenida en dicha comisión.

        “Un empleado de la Asamblea, acompañado por un agente policial me cuestionó el por qué entrevisté a la funcionaria. Yo me identifiqué como prensa de la Revista Gato Encerrado y les comenté que estaba en mi derecho de preguntar”, dijo el periodista al Centro de Monitoreo de APES.

        Al finalizar la reunión de la comisión, personal de la Asamblea bajó las persianas del auditorio donde estaban reunidos los diputados de Nuevas Ideas y se apagaron los micrófonos, publicó en un tweet la mencionada revista.

        Una vez más, APES le recuerda a los diputados de todas las fracciones políticas que son funcionarios públicos y como tales están obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y al personal de la Asamblea Legislativa le pide no restringir el acceso de periodistas a las fuentes informativas.

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          Un miembro de la seguridad del alcalde del municipio de El Congo, Wilfredo Javier Ramos, restringió la labor periodística que realizaba un equipo de prensa de Punto Noticias de WOW TV, quienes daban cobertura a una protesta de padres de familia por el despido de maestras de primera infancia del Centro de Bienestar Infantil, ubicado en el Polideportivo El Congo, en el departamento de Santa Ana.

          “Si no están autorizados no pueden estar grabando”, dijo el vigilante a los periodistas, al momento que ellos hacían unas tomas fotográficas desde afuera del polideportivo.  

          APES reitera el llamado a los empleados públicos, tanto gubernamentales como municipales, a respetar la labor periodística y ser accesibles con la prensa y no impedir el derecho a la información pública. 

           

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            Periodistas de diferentes medios de comunicación denuncian actos de intimidación de parte de personal de Casa Presidencia y de la Asamblea Legislativa, que se realizan mientras desarrollan sus coberturas de coyuntura política.

            En las últimas semanas, el Centro de monitoreo de APES ha recibido una serie de denuncias por parte de periodistas de que han sido fotografiados por personal de seguridad del presidente del recinto legislativo, Ernesto Castro, el batallón presidencial; incluso, por simpatizantes del partido político Nuevas Ideas. 

            APES hace un llamado a toda autoridad a respetar la integridad física y moral de los periodistas.También, insta a los colegas periodistas a reportar al Centro de Monitoreo todo acto intimidatorio en su contra. 

             

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              Personal que portaba distintivos de la Fiscalía General de la República (FGR) restringió la cobertura informativa a un grupo de periodistas de Canal 33, Diario El Mundo (DEM), El Diario de Hoy (EDH) y Revista Gato Encerrado; esto ocurrió a la llegada del nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, en la madrugada del domingo 2 de abril de 2021 en la sede de la fiscalía en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

              “Solo permitieron el ingreso de periodistas de Noticiero El Salvador y Diario El Salvador y del medio digital ITV El Salvador”, mencionó una periodista al Centro de Monitoreo de APES.

              También, los periodistas de dichos medios fueron fotografiados por una persona que no portaba identificación. 

              APES hace un llamado a las autoridades a respetar la libertad de prensa y de expresión, e insta las instancias pertinentes a investigar el hostigamiento que enfrentan los periodistas. 

               

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                Empleados de prensa de Casa Presidencial (CAPRES) acosaron a Jorge Beltrán, periodista de El Diario de Hoy (EDH), mientras él intentaba abordar al viceministro  de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en Antiguo Cuscatlán.

                “Cuando salió el ministro de interponer una denuncia contra una empresa por evasión fiscal, trate de obtener una declaración, mientras unos empleados de CAPRES me empezaron a tomar fotos y vídeos de manera furtiva; uno de ellos, me pusó la cámara casi en la cara”, dijo el periodista al Centro de Monitoreo. 

                APES llama a los empleados de las Secretarías de Prensa y Comunicaciones a respetar y ser tolerantes con el trabajo de los periodistas de diversos medios de comunicación.

                 

                 

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                  Wilfredo Córdoba, comunicador de Casa Presidencial de El Salvador (CAPRES) obstaculizó el trabajo de un periodista de Canal 21 al momento que intentaba entrevistar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

                  “De varias formas quiso entorpecer mi trabajo, gritando, metiéndose en imágenes, tapando la cámara y queriendo evitar que entrevistara al director de la PNC”, escribió en un tweet el periodista.

                  Por otra parte, Loida Martínez Avelar, periodista de la Revista Factum, manifestó que Córdoba, durante una conferencia de prensa realizada por el gabinete de salud ampliado en la que dieron a conocer nuevos casos de COVID-19, de forma molesta le pidió a ella que se quitará de cierto lugar porque iba a colocar una cámara de TV, lo cual nunca paso.

                  APES llama a las Secretarías de Prensa y de Comunicaciones de Capres a ser tolerantes con el trabajo de los periodistas y a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. A la vez insta al ambas instancias a definir políticas claras de información y comunicación para la ciudadanía y los medios informativos.

                   

                   

                   

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                    Una asistente de la ministra de salud, Ana María Orellana, empujó con violencia a Jorge Álvarez, periodista de Canal Sol TV, quien daba cobertura a la inauguración de la “Campaña Nacional Antirrábica Canina y Felina” en Osicala, departamento de Morazán.

                    “Al terminar el evento, le pedí a la ministra que me diera unas palabras y que habláramos sobre el Coronavirus, pero ella no respondió y le habló a su asistente, quien violentamente me empujó para evitar que abordara a la ministra”, manifestó el periodista.

                    Álvarez mencionó que posteriormente una jefatura regional de salud y otra de la zona oriental, le pidieron disculpas por el incidente, quienes aseguraron que la mujer se había “deslizado”, sin embargo, en un vídeo que circula en redes se ve lo contrario. 

                    El Centro de Monitoreo de APES intentó conocer  la versión del Ministerio de Salud, pero no hubo respuestas a las llamadas. 

                    Ante esta situación, APES reitera su llamado a los funcionarios públicos a respetar la labor periodística, a ser tolerantes con los medios críticos y a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

                    Anexo: https://twitter.com/Nelsonrivera_sv/status/1234580948563480581

                     

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                      La seguridad de la Presidencia de la República empujó a varios periodistas que daban cobertura al momento que el jefe de estado emitió el sufragio en el Centro de Votación Domingo Sabio. En ese marco, se generó una fuerte discusión con un camarógrafo de Grupo Megavisión. Uno de lo elementos de la seguridad intentó empujar a la periodista junto al  camarógrafo,  luego de pidieron que se tranquilizara.