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Isabel Gaitan

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En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) aprovechó la conmemoración para presentar el Informe de Libertad de Expresión que corresponde al periodo de enero de 2017 hasta abril 2018.

El documento divulgado detalla las situaciones que atentan contra el ejercicio periodístico y se divide en siete apartados  que abordan diferentes temáticas entre ellas: asesinatos, amenazas verbales, resultado de la cobertura electoral, acceso a la información, restricción de cobertura, fake news, situación de mujeres periodistas y precarización laboral.

“En un contexto de país en que no se está brindando las condiciones para proteger el trabajo que estamos realizando, dedicar un espacio a este tema es vital”, dijo Dalila Arriaza, presidenta de la APES. Asimismo, aseveró que el escrito se ha construido día a día con la información que los mismos periodistas han generado.

Los casos más latentes son los despidos masivos en diferentes medios de comunicación, ante ello las empresas mediáticas aducen que son a causa de problemas económicos o reestructuración y en algunos casos a los despedidos no se les ha proporcionado las prestaciones laborales correspondientes.

Cabe resaltar que, en el periodo estipulado anteriormente, se contabilizaron tres casos de asesinato en la zona central, de los cuales dos están siendo judicializados; el accionar de APES ante tales casos fue presionar a las autoridades correspondiente para investigar a los autores intelectuales y materiales de los hechos.

Intimidación, agresión y prohibición del acceso a los medios de comunicación a los centros de votación, fueron los casos que se obtuvieron del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodista que se instaló el 3 de marzo previo a las Electorales 2018, en total son 25 las denuncias recibidas.

Entre otras categorías las más relevantes fueron las vulneraciones al derecho de acceso a la información por autoridades del órgano judicial, acoso y estigmatización hacia las mujeres periodistas.

Ante dicha situación, la APES muestra su preocupación por la precarización laboral en el sector periodístico, sobre todo las malas condiciones laborales y el retraso de pagos de salarios, sobrecarga laboral, incluso la misma presión de jefaturas de medios para la realización de labores extenuantes, no dotarlos de herramientas esenciales para su trabajo.

Descarga el informe completo aquí:INFORME LIBERTAD DE PRENSA ENERO 2017-ABRIL 2018

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa para Protección a Periodistas y Trabajadores Relacionados a la Información, con el auspicio de Internews, implementaron talleres de consultas para elaboración de Ley Integral de Protección a Periodistas en El Salvador.

El objetivo de los talleres fue la recolección de insumos para elaboración dicha Ley, lo que permitió identificar cuatro grandes rubros de protección integral, entre ellos: seguridad física, laboral, social y previsional.

Según Oscar Campos, facilitador de los talleres, expresó que la preocupación más latente que invade al gremio es la seguridad personal a causa de la delincuencia social; también, la persecución e intimidación, ya sea por parte de funcionarios públicos o jefaturas en los medios de comunicación.

De la misma manera, el acoso laboral de toda índole, sea este de carácter profesional, sexual, intimidación o manipulación. No obstante, las condiciones laborales injustas.

Por otra parte, los hallazgos más relevantes fueron la programación de radios, las pautas o espacios donde se permita la denuncia, incluso   aquellos programas que fomente la denuncia, pueden poner en riesgo la vida de las personas que trabajan en el medio de comunicación.

Con los insumos recopilados se está trabajando en la propuesta de Ley y en la creación de mecanismos para resguardar los derechos del gremio periodístico, que será presentada en los próximos días.

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Foto de referencia

Juez bloquea acceso a periodistas en proceso por corrupción

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información se muestra preocupada ante la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, de no permitir el ingreso de periodistas a la sala de audiencia en el proceso judicial en contra el expresidente Elías Antonio Saca, a pesar que no existe ninguna declaración de reserva total o parcial en el caso.

Por tercer día consecutivo no se permitió el ingreso a los periodistas que dan cobertura noticiosa a los tribunales de justicia donde se desarrolla la audiencia preliminar contra el exmandatario, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, lo que consideramos es una decisión arbitraria del juzgador que coarta el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y las libertades constitucionales de expresión y prensa de quienes transmiten la información. Este caso reviste de importancia para la ciudadanía, por lo cual se debe respetar su derecho a estar informada, sobre todo cuando con la posible comisión de los delitos que se atribuyen, se puede haber generado una afectación colectiva a los ciudadanos.

Ante ello expresamos:

  • El sistema judicial debe garantizar los derechos colectivos relativos a la Libertad de Expresión, de prensa y a la información.
  • Por tratarse de un caso de afectación a la economía pública, cuya víctima indirecta es la ciudadanía y no un ente privado, el sistema judicial debe permitir la máxima publicidad del caso para que los ciudadanos estén informados.
  • Que el sistema judicial debe girar directrices para que a nivel nacional se permita la publicidad del proceso penal en aquellos casos en los que la ley no lo prohíba expresamente.
  • Que ante el rechazo del juez a la petición escrita presentada por los periodistas para que se les permitiera el acceso a la diligencia judicial y en caso de persistir la restricción arbitraria que se ha señalado, las organizaciones integrantes de la Mesa nos reservamos el derecho a presentar ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para hacer respetar el derecho ciudadano de acceso a la información como garantía constitucional de la democracia.

    San Salvador, 26 de abril de 2018

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) procesó la denuncia por restricción al ejercicio periodístico por parte del Juez 4° de Instrucción, Rigoberto Chicas, quien dirige el proceso judicial contra el expresidente Antonio Saca y otros siete exfuncionarios.

A partir de la denuncia el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información publicó una alerta en la que se detalla que desde el 16 de abril de 2018, que fue instalada   la audiencia preliminar del caso Saca el juez giró una orden de para impedir el ingreso de los medios de comunicación a la audiencia.

Según los periodistas, siendo el proceso penal de carácter público, el funcionario no deja entrar a la prensa a la audiencia, a pesar que no existe reserva del caso.

“Hemos entrado sin ningún problema a audiencias anteriores sobre el delito de lavado de dinero y nunca nos han negado el acceso”, aseveró Stanley Luna, periodista de El Diario de Hoy (EDH).

Periodistas de varios medios que cubren la fuente judicial han expresado en redes sociales su inconformidad con el proceder del juzgador.

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información prepara un pronunciamiento y no descarta presentar recursos legales ante instancias superiores para lograr que este proceso de trascendencia pública sea conocido por los salvadoreños.

 

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Foto extraída de: http://www.fiscalia.gob.sv/la-fgr-resuelve-caso-de-feminicidio-de-la-periodista-karla-turcios/

La Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información, envía un mensaje a quienes pretendan atentar contra los periodistas en El Salvador, en donde asegura que, la Mesa es una instancia de coordinación; ante el caso de Turcios, la Mesa reunió esfuerzos junto al gremio periodístico, con la finalidad de presionar a las autoridades para que los hechos no quedarán en la impunidad.

Transcurrieron ya diez días desde el asesinato de Karla Turcios, periodista de La Prensa Gráfica (LPG) y según la Fiscalía General de la República (FGR), el caso ha sido solventado a través de indagaciones tecnológicas, revisión de cámaras de videovigilancia y bitácoras de llamadas.

“Como gremio estamos satisfechos de la prontitud mostrada por los organismos de investigación en este caso y esperamos la misma diligencia para actuar en otros hechos en los que las victimas son periodistas o trabajadores de medios relacionados con la información”, manifestó Javier Najarro, miembro directivo de Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

A raíz de una orden administrativa girada por la fiscalía, el lunes 23 de abril, en horas de la noche, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mario Huezo, compañero de vida de la víctima, en las inmediaciones del hotel Real Intercontinental en San Salvador.

Desde que Huezo dio declaraciones sobre el asesinato de su compañera, las autoridades de investigación empezaron a indagar minuciosamente el contexto de los hechos, y no eran congruentes con su versión, por lo tanto, era el principal sospechoso.

Suficientes elementos verídicos sobre el atentado

Douglas Meléndez, fiscal general de la república, dijo que Turcios presentaba dos golpes situados en su rostro, uno en la frente, otro en su boca, antes de ser estrangulada, dichos datos son parte de los elementos que la fiscalía maneja ante el hecho.

“Tenemos elementos suficientes para establecer el feminicidio”, aseguró Howard Cotto, director general de la PNC.

También, accidentalmente al agresor se le cayó de su bolsillo una nota similar a la que había encontrado en su casa (la diferencia de ese escrito era la letra “A”) y que posteriormente entregó a las autoridades.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), impulsó el proyecto “Seguridad  de Periodistas de El Salvador”, la vacante para coordinador del proyecto se publicó el 12 de marzo de 2018.

En relación a lo anterior, ocho periodistas aplicaron  a la plaza de coordinación, sin embargo, el perfil que más se apegó a los Términos de Referencia (TDR)  fue el de Byron René Sosa, Lic. en Periodismo, quien según la Junta Directiva de APES llenó el perfil que se estaba buscando.

Sosa tiene una amplia experiencia en el área de prensa escrita, multimedia, funciones administrativas, coordinación de proyectos; además, su proactividad  en trabajos anteriores  le ha permitido desarrollar competencias profesionales eficientes, entre ellas: capacidad de gestión y elaboración de informes.

El objetivo del proyecto es fortalecer mecanismos de protección a los periodistas mediante la sensibilización, formación y cambio de prácticas por parte del gremio y de fomentar protocolos de protección por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

Al ejecutar el proyecto, la APES espera brindar herramientas a los periodistas para autoprotección por medio de de seis talleres dirigidos al gremio y fuerzas de seguridad; asimismo, serán distribuidos en la zona central, oriental y occidental del país, y darán  inicio el 12 de mayo.

Al mismo tiempo, la gremial pretende mejorar la reducción de los niveles de agresiones contra el gremio y que exista una mejor comunicación entre las fuerzas de seguridad y los periodistas.

Cabe resaltar que, las líneas de acción de la gremial son mejorar el desarrollo profesional del gremio periodístico, por medio de formación continua y en conjunto con organismos nacionales e internacionales vinculados al quehacer periodístico.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador(APES), en conjunto a la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y maestrantes de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) desarrollaron el taller sobre “Empoderando Periodistas en Derechos Humanos y Género”, dirigido a periodistas.

El taller contó con temas complementarios alusivos a las prácticas periodísticas a la luz de los derechos humanos, ya que es una temática que requiere de conocimientos que permitan a los comunicadores ser entes de cambio en el abordaje de temas de género, defensores de los derechos de la sociedad, incluso de  sus propios derechos.

“Los periodistas deben asumir el rol defensor de los derechos de la población al igual que sus propios derechos, para que sea un mecanismo recíproco entre la población salvadoreña y el gremio periodístico, expresó Mónica Rodríguez, miembro de Junta Directiva de APES.

Además, agregó Rodríguez que estas actividades pretenden generar espacios de sensibilización en los temas tratados, asimismo, continuar realizando actividades formativas en beneficio del gremio.

Dinámicas: asistentes al taller participaron en las dinámicas  inclusivas de derechos humanos.

El objetivo de dichas actividades es concientizar a los periodistas para no excluir, ni discriminar a las personas por su género; al respecto, estas dinámicas promueven el respeto que deben tener los comunicadores a la integridad y la igualdad de las personas, al momento de difundir noticias sobre temas de género.

“Los periodistas debemos ser defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información y derecho a la verdad”, detalló Keli Durán, facilitadora del taller.

El taller fue impartido por: Keli Durán, Dinora Torres y Ileana Corado, egresadas de la maestría en derechos humanos y educación para la paz.

Con el taller se benefició un grupo de 15 personas, entre ellos periodistas y estudiantes de comunicaciones de la zona central del país.

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores Relacionados a la Información de El Salvador, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) , el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña repudiamos y expresamos nuestra más enérgica condena ante la violencia desatada por la fuerzas del gobierno y grupos opositores, contra periodistas y medios de comunicación nicaragüenses, que en las últimas horas dejó como resultado el asesinato del reportero Ángel Eduardo Gahona, así como la destrucción y el cierre de varios medios de comunicación.

La Declaración de Principios de Libertad de expresión de la Relatoría Especial de la OEA, establece que la libertad de expresión “es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” y a la luz de esta declaración observamos que en Nicaragua está en riesgo ese derecho, por lo que expresamos nuestra profunda preocupación ante la amenaza de coartar el libre ejercicio periodístico e incitar a mayor violencia contra la prensa, venga de donde venga.

Nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense ante la situación de violencia generada.  La población se manifestó en las calles por las reformas al seguro social anunciadas, las cuales han sido el detonante de los disturbios que han provocado muertos, heridos y destrucción.

Exhortamos a la Policía y al Ejército de Nicaragua  y grupos violentos, a respetar el derecho a la libre protesta, la vida e integridad de los jóvenes estudiantes que se mantienen en resistencia y en general al respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión de toda la población nicaragüense, y advertimos que denunciaremos regional e internacionalmente los abusos y violaciones contra los manifestantes.

Como gremios de periodistas alzamos nuestra voz de protesta y repudio frente a las agresiones de las que son objeto nuestros colegas nicaragüenses y expresamos nuestra condena y solidaridad por el asesinato del periodista Ángel Gahona, director del noticiero independiente El Meridiano, quien fue vilmente asesinado  mientras hacía una transmisión en directo por Facebook Live  sobre las protestas en Bluefields.

Exigimos a la justicia nicaragüense hacer una exhaustiva investigación de lo ocurrido y estaremos atentos a las acciones técnicas y científicas de los resultados para que este y otros asesinatos de la población civil no queden impunes.

El numeral 9 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Relatoría Especial de la OEA, expresa: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Hacemos un llamado a los periodistas de la región centroamericana a hacer un frente común para defendernos frente a los atropellos sistemáticos que en los últimos años han sido recurrentes en nuestros países; exhortamos también a nuestros colegas a generar mecanismos propios de protección, pues al no existir garantías de parte de los Estados, el riesgo se incrementa para quienes ejercemos la profesión.

Hoy más que nunca, los periodistas de Centroamérica debemos adoptar acciones regionales para enfrentar la violencia indiscriminada que, además, de ser un mal endémico en Centroamérica, afecta a nuestros pueblos y toca directamente al gremio periodístico cuando se denuncian actos graves que van en contra de los derechos humanos.

Estaremos atentos y denunciaremos como gremiales de periodistas todas las acciones que vayan en contra de los principios de libertad de expresión y de prensa no importando los actores que lo provoquen o de donde se origine, pues lo que debe predominar es el irrestricto respeto a los derechos humanos y que nuestros pueblos puedan vivir en paz.

Centroamérica,  22 de abril de 2018

 

  • Dalila Arriaza

Presidenta Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

Mesa Para la Protección de Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información

  • Dagoberto Rodríguez

Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)

  • Julio Edgar García

Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)

  • Carlos Ortiz

Presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH)

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El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se reunió con la Mesa de Protección a Periodistas, jefes de prensa de diferentes medios de comunicación y autoridades de seguridad, para abordar el tema de seguridad del gremio periodístico.

A raíz de la desaparición y luego el asesinato de la periodista Karla Turcios, la Mesa de Protección a Periodistas accionó con prontitud, condenando el hecho.

El objetivo de la Mesa ante el suceso ha sido unificar y fortalecer al gremio, sobre todo hacer un llamado a los comunicadores para que no permitan otro hecho como este y denuncien cualquier tipo de agresión que atente contra su vida.

 “Nunca ha habido una política pública orientadas a fortalecer, proteger al gremio periodístico”, expresó el director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y miembro de la Mesa, Leonel Herrera.

El presidente, Salvador Sánchez Cerén reafirmó su compromiso con los periodistas, y aseguró que su gobierno respaldará las propuestas en a favor de los periodistas al igual que el ministro de seguridad y el director de la PNC.

 Asimismo, el mandatario externó que el sector periodístico necesita tener toda la confianza y toda la tranquilidad para realizar sus labores, que son labores necesarias para un país, como es mantener informada a la población.

Por otra parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, anunció el nombramiento de un enlace policial permanente para atender las denuncias y solicitudes de apoyo a su seguridad que demanden los profesionales de las comunicaciones.

Finalmente, la presidente de la APES, Dalila Arriaza hizo un llamado a los dirigentes de prensa para que escuchen a sus empleados y sean considerados en cuanto a la asignación de coberturas en zonas de alto riesgo.

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