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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), frente a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia siete periodistas de la revista digital Factum a declarar en calidad de testigos en el caso del expresidente Mauricio Funes, luego que el medio digital publicara un reportaje titulado “audios revelan que expresidente Funes pagó para comprar diputados”, expresa que:

  • Según información recopilada por la APES, los periodistas recibieron un citatorio de parte de la FGR en la que les piden comparecer personalmente, dicho documento aclara que, si los periodistas no asisten en el día y hora señalados sin causa justificada, serán obligados a comparecer por “apremio”, según establece el artículo 83 de la Fiscalía General de la República.
  • El Art. 6 de la Constitución de la República el Derecho a la Libertad de Expresión, base fundamental para el libre ejercicio periodístico.
  • El Art. 187 del Código Penal plantea el derecho a la no revelación del secreto profesional y el Art. 206 del Código Procesal Penal da el respaldo al gremio al establecer que los periodistas tienen el derecho a abstenerse a declarar en razón del ejercicio periodístico.
  • La Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su principio 8, garantiza que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Asimismo, la APES considera que la confidencialidad, debe entenderse como un elemento del trabajo periodístico que tiene como fin brindar contenidos informativos de interés público.

La resolución CIDH 1/18 sobre “corrupción y derechos humanos”, publicado en marzo del 2018, establece que es necesario “promover un ambiente con garantizas para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción. Esto incluye garantizar la seguridad de periodistas (…), asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; y establecer sistemas de protección de denunciantes de corrupción”.

Además, pide garantizar la independencia de los medios de comunicación social, públicos y privados y establecer legislación que promueva la diversidad y el pluralismo en dichos medios bajo los estándares interamericanos.

En ese sentido, la APES fiel a sus principios gremiales se pronuncia a favor de la Defensa del Derecho al Secreto profesional periodístico, por lo tanto, exigimos a la Fiscalía General de la República que:

  • Se abstenga de realizar procesos judiciales que violenten el libre ejercicio periodístico, omitiendo su verdadera tarea que es investigar a los involucrados sobre los casos de corrupción.
  • Eviten coaccionar a periodistas a servir como testigos en los casos relacionados a su trabajo periodístico, pues tiene un efecto restrictivo hacia la libertad de expresión.
  • Respetar la legislaciones nacionales e internacionales relacionados a garantizar el derecho de las y los periodistas a la reserva de sus fuentes informativas, apuntes y archivos personales y profesionales.
  • Evitar cualquier acción que derive en situaciones de acoso por parte de la FGR hacia las y los periodistas que realizan trabajos de investigación a profundidad.

También, hacemos un llamado a la unidad de gremio periodístico para evitar este tipo de abuso por parte de las autoridades.

En caso de continuar estas acciones, la APES brindará un informe a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dé seguimiento y se pronuncie al respecto.

Finalizamos reiterando que este tipo de acciones podrían evitarse si en la Asamblea Legislativa se iniciara la discusión de la propuesta de ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, presentada en octubre del 2018 por APES y la Mesa de Protección a Periodistas.

San Salvador, 20 de febrero de 2019

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En cumplimiento al acuerdo tomado por el Comité de ética de APES, el pasado 24 de agosto de 2018, se inició un proceso de revisión y actualización del Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la Comunicación en El Salvador, donde se realizaron talleres y un foro los días 29 de septiembre, 31 de octubre y 14 de noviembre de 2018.

Dicho código busca ser una guía para los periodistas  en ejercicio, comunicadores, académicos y estudiantes de las carreras de periodismo y comunicaciones.

Según la institución, la última actualización de la normativa se presentó en julio de 2012; por lo cual, se espera que durante los próximos meses se difunda el producto final actualizado.

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Durante el curso de inducción académica 2019, dirigido a estudiantes de periodismo de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador (UES), directivas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), compartieron temáticas fundamentales que los jóvenes deben conocer como futuros periodistas.

Mónica Rodríguez, secretaria de correspondencia de APES, explicó la situación de las mujeres periodistas en El Salvador y los marcos normativos. Al mismo tiempo, Susana Peñate del comité de ética, habló sobre ética periodística y el uso de las redes sociales.

Ambas periodistas recomendaron a los jóvenes tener mucho cuidado con el uso que le den a sus redes sociales, y con las noticias que leen, ya que actualmente el gremio está en la era de los “fake news”.

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En el marco de las elecciones presidenciales 2019, el pasado 3 de febrero estuvo activo el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas, instancia que registró, verificó, denunció y dio seguimiento a vulneraciones al ejercicio periodístico durante el evento democrático.

Se trabajó coordinadamente con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDD), la cual logró establecer un despliegue territorial a nivel nacional, el cual garantizó la mediación de los conflictos en tiempo real en cada uno de los centros de votación.

De tal manera que, el monitoreo realizado permitió registrar un total de 24 casos, los más recurrentes fueron de bloqueo de acceso de los periodistas a los centros de votación, seguido de incidentes que fueron solventados en el momento y una agresión física y un ataque digital.  

Según información recopilada por el centro de monitoreo y alertas de APES, en la zona central del país se reportaron 17 casos, en la zona occidental 6 y en la zona oriental 1 caso.

Por lo tanto, la APES y el equipo de Coordinación del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas recomienda:

  1. Al Tribunal Supremo Electoral mayor capacitación y sensibilización a los miembros de las Juntas Electorales Municipales y a las Juntas Receptoras de votos sobre los derechos del gremio periodístico a ejercer la libertad de expresión y de prensa, pues el objetivo es dar a conocer el proceso a la población salvadoreña.
  2. A las Fuerzas de Seguridad del Estado a respetar el libre ejercicio periodístico, dejando de lado el uso de la fuerza física y el maltrato verbal hacia el gremio.
  3. A los partidos políticos y sus dirigentes a ser coherentes en el ejercicio del sistema democrático donde se desenvuelven, permitiendo que el gremio periodístico sea informante y fiscalizador de los procesos electorales sin temor a ser agredidos por sus dirigentes o simpatizantes.
  4. Al gremio periodístico a hacer de la denuncia una herramienta para garantizar la libertad de expresión de prensa durante los procesos electorales.

Por medio del mecanismo de alertas que APES impulsa desde su sitio web, se continuarán registrando los casos de agresiones contra la prensa y se mantiene habilitado el número 7746-4325 para recibir las denuncias de agresiones contra periodistas y atentados contra la libertad de expresión y de prensa.

 

 

 

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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), como representante y defensora de los derechos del gremio periodístico, instaló el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas Elecciones 2019, instancia que registró, verificó, denunció y dio seguimiento a vulneraciones al ejercicio periodístico durante el evento democrático.

El Centro funcionó en las oficinas de la Asociación y estableció un punto de información en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO); Sin embargo, a través de la coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se logró establecer un despliegue territorial a nivel nacional, el cual garantizó la mediación de los conflictos en tiempo real en cada uno de los centros de votación.

La recepción de denuncias se hizo a través de tres números telefónicos, monitoreo en redes sociales, televisión y radio. Se inició desde el sábado 2 de febrero a la 1:00 p.m., funcionando de manera ininterrumpida durante la jornada electoral, terminando el lunes 4 de febrero a las 5:00 p.m.

Durante ese tiempo se recibieron un total de 24 denuncias de vulneración al ejercicio periodístico, las cuales se detallan a continuación:

  • 17 de los casos fueron registrados como restricciones al ejercicio periodístico, 5 como incidentes, 1 agresión física y 1 ataque digital contra periodistas.
  • 13 de las personas vulneradas fueron mujeres, 11 hombres y 1 caso se reportó como colectivo.
  • A nivel territorial los departamentos que reportaron vulneraciones fueron: San Salvador con 10 casos, La Libertad con 5, Santa Ana con 5, Cuscatlán 1, Chalatenango 1, Sonsonate 1 y La Unión 1.
  • Se reportó que los mayores agresores fueron las Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos con 14 casos, luego la Policía Nacional Civil con 3, militantes partidarios con 2, dirigentes de partidos con 2 casos, equipos de seguridad con 2 y otros casos con 1.
  • De las 24 denuncias recibidas se lograron solventar 19, 1 está en seguimiento y 4 sin solventar. Esto da un porcentaje del 83.33% de los casos resueltos o en proceso, mientras que el otro 17.66% los periodistas vulnerados decidieron retirarse de los lugares o no se logró identificar al agresor.

Por lo tanto, la APES y el equipo de Coordinación del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas recomienda:

  1. Al Tribunal Supremo Electoral mayor capacitación y sensibilización a los miembros de las Juntas Electorales Municipales y a las Juntas Receptoras de votos sobre los derechos del gremio periodístico a ejercer la libertad de expresión y de prensa, pues el objetivo es dar a conocer el proceso a la población salvadoreña.
  2. A las Fuerzas de Seguridad del Estado a respetar el libre ejercicio periodístico, dejando de lado el uso de la fuerza física y el maltrato verbal hacia el gremio.
  3. A los partidos políticos y sus dirigentes a ser coherentes en el ejercicio del sistema democrático donde se desenvuelven, permitiendo que el gremio periodístico sea informante y fiscalizador de los procesos electorales sin temor a ser agredidos por sus dirigentes o simpatizantes.
  4. Al gremio periodístico a hacer de la denuncia una herramienta para garantizar la libertad de expresión de prensa durante los procesos electorales.

Finalmente, informamos al gremio que la APES mantendrá funcionando el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, por lo cual hacemos el llamado a reportar cualquier tipo de agresión física, verbal, intimidación, restricción al ejercicio periodístico, acoso laboral o sexual al 7746-4325 o a nuestras redes sociales.

San Salvador, 5 de febrero de 2019

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Por segundo año consecutivo el equipo de monitoreo de APES podrá vigilar el Proceso Electoral para que se cumplan los derechos del gremio y se garantice la libertad de expresión y de prensa.

En el marco de Elecciones Presidenciales 2019, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en conjunto con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) e Irex, presentaron el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas, el cual estará funcionando durante el proceso electoral a celebrarse el próximo 3 de febrero.  

El objetivo primordial del Centro de Monitoreo es garantizar la libertad de expresión y de prensa a través del registro, verificación y seguimiento de casos. Asimismo, se pretende asegurar el derecho de la ciudadanía a estar informada desde diversos enfoques. 

 “Hay que hacer de la denuncia una herramienta, una herramienta en contra de la impunidad y de las agresiones contra periodistas, y por lo tanto, es una garantía para que la libertad de expresión fluya sin tropiezos”, expresó Claudia Rivera, gerente regional de IREX.

William Gómez, directivo de APES indicó que cualquier tipo de agresión en contra del gremio periodístico, deben denunciarlas a tres números que se estarán habilitando,será un número por cada zona geográfica del país.

Según los representantes de APES, desde la presión del monitoreo se espera que las autoridades competentes brinden seguridad integral al gremio periodístico a nivel nacional.

Taller Cobertura Electoral Segura 2019

En el mismo contexto, se desarrolló un taller “Cobertura Electoral Segura 2019” impartido por IREX, con el fin de preparar a los periodistas para que realicen una cobertura lo más segura posible durante el próximo evento electoral.

Cabe resaltar que, el taller contempló una serie de consejos fundamentales para la seguridad física, digital y buenas prácticas.  

“Los reporteros y sus editores no deben olvidar que son jueces; deben mostrar hechos y sustentar las investigaciones con pruebas”, puntualizó Rivera.

Participantes: 41 periodistas de radio, televisión, prensa escrita y digital, fueron capacitados en el taller.

 

 

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La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por gremios periodísticos, academias e instituciones para la defensa de derechos humanos, ante las vulneraciones a la prensa, expresa lo siguiente:

Que en octubre del 2018 la Mesa de Protección a Periodistas presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la cual se encuentra a esta fecha estancada dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sin que, durante esta legislatura, se haya agendado su estudio.

La falta de legislaciones o marcos legales que protejan al gremio  atenta contra el derecho a la prensa y la libertad de expresión; al grado que muchas de las personas periodistas y trabajadoras de medios de comunicación son agredidas, acosadas, amenazadas e incluso asesinadas.

En el actual contexto electoral es importante que los candidatos a la presidencia se pronuncien sobre la importancia de garantizar la seguridad de las y los periodistas.

En los últimos meses hemos tenido casos de agresiones, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, de violencia contra la mujer y despidos que confirman la necesidad de contar con una Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información  que garantice políticas públicas.

POR TANTO EXIGIMOS QUE:

  1. Que las diputadas y diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales retomen con prontitud la propuesta de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información. Dicha propuesta de ley tiene como objetivo garantizar la prevención, protección y resguardo ante cualquier tipo de vulneración, agresión o atentado que ponga en riesgo la vida, integridad, seguridad y el goce de los derechos relacionados al ejercicio de la labor periodística o comunicacional.
  2. Que los candidatos a la presidencia de la república por los partidos ARENA, FMLN, GANA y VAMOS, muestren su clara voluntad de incluir en sus planes de gobierno la garantía para tener una prensa plural e independiente, pidiendo a sus partidos la discusión y pronta aprobación de dicha propuesta de ley.
  3. Que en los casos de asesinatos y otras agresiones registrados en los últimos meses, las autoridades correspondientes realicen una pronta y debida investigación, para evitar la impunidad.
  4. Finalmente, hacemos el llamado al gremio periodístico a que nos unamos y presionemos para que los diputados discutan y aprueben esta ley, la cual nos beneficiará en lo laboral, la seguridad personal y social.

San Salvador, 24 de enero de 2019.

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